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El Almeria 4 2 2012: TSJA da un ultimatum al Algarrobico

2012-02-06T23:05:00.000+01:00

El TSJA da un ultimátum de cinco días al hotel de El Algarrobico

ELALMERÍA* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado a Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Carboneras un plazo que expira dentro de cinco días (hasta el próximo día 10) para que declaren como "no urbanizable" el suelo sobre el que se levanta el hotel de la playa del Algarrobico. La resolución sigue la doctrina marcada por el Tribunal Supremo que el pasado mes de septiembre declaró que la zona debe estar amparada por el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de 1994 en lugar del de 2008 por garantizar el primero de ellos un mayor nivel de protección.

Las dos administraciones, local y autonómica, deberán acreditar en el plazo marcado, la "adopción de medidas" para restablecer a la zona el nivel de protección que tenía en 1994, es decir calificarlo como "espacio protegido no urbanizable". El requerimiento tiene lugar como consecuencia de un escrito dictado por la organización ecologista Greenpeace, que informaba tanto al TSJA como al Supremo, de los "incumplimientos reiterados" sobre los pronunciamientos de ambos órganos jurídicos.

Al hotel, por lo tanto, le queda ese tiempo (5 días) para estar considerado como un edificio ilegal' por estar construido en suelo no urbanizable. Su camino que parece inexorable hacia la demolición, se encuentra ahora más allanado.

El TSJA continúa la senda marcada por el Supremo quien en un fallo demoledor para los intereses de la promotora Azata del Sol, aseguraba que de continuar amparando la construcción del hotel dentro de los límites de protección determinados por el PORN de 2008 se produciría "un efecto devastador en la zona". Asimismo, la propia doctrina del Alto Tribunal Andaluz el marzo de 2009, "el interés público en proteger el medio físico es el que aconseja la suspensión del PORN de 2008", ya que la zona "queda mejor amparada" por la legislación de 1994.

El destino del hotel de 411 habitaciones parece pues sentenciado, a pesar de que contra el fallo cabe un recurso de casación, que al parecer va a interponer el Ayuntamiento de Carboneras. De hecho, ayer mismo el primer edil de la localidad, Salvador Hernández, quien criticó a la Junta de Andalucía por no haber puesto en marcha "los controles urbanísticos previos a la construcción del hotel de 20 plantas" e insistió en que la postura del equipo de Gobierno "apuesta por la apertura del hotel", algo que quedó demostrado por la negativa a ejecutar la sentencia que declaró nula la licencia de obras por los "daños irreparables que podía causar a la promotora, Azata del Sol".

La otra parte implicada en el cumplimiento de la resolución del TSJA, la Junta de Andalucía, se pronunció ayer en un comunicado de la Consejería de Medio Ambiente, en el que se aseguraba que se iba a "poner en manos de los tribunales, toda la información requerida y en el plazo marcado", a la vez que insistió en que su único interés es "recuperar la zona", al mismo tiempo que "respetar un procedimiento que permita alcanzar este objetivo con la totalidad de garantías jurídicas".

LA Consejería firmó a finales del año pasado un protocolo de actuación con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, para proceder a la demolición y a la posterior regeneración de la playa del Algarrobico, una vez que se produzca una resolución judicial en firme". Su hora parece haber llegado después de su construcción en 2003.

* El Almería - ÓSCAR LEZAMETA /04.02.2012

El Pais 11 12 2012: Andalucia permite la regularizacion de 250.000 casas ilegales

2012-01-14T09:18:00.001+01:00

Andalucía permite la regularización de 250.000 casas ilegales

ELPAÍS* : La Junta de Andalucía aprobó ayer el decreto que persigue la regularización de miles de casas que se han levantado de forma ilegal en suelos no urbanizables durante las últimas décadas. La norma abre la puerta al "reconocimiento" de las casas, una figura legal que les permitiría salir del limbo jurídico y acceder, por ejemplo, al suministro de agua y luz. "Son viviendas que no pueden ser demolidas ni legalizadas", detalló ayer la consejera andaluza de Obras Públicas, Josefina Cruz Villalón.

El Gobierno regional desconoce el número exacto de edificaciones que se verán afectadas. La consejería solo dispone de algunos censos parciales y estimaciones. Gloria Vega González, secretaria general de Ordenación del Territorio y Urbanismo, señaló que la Junta calcula que en Andalucía hay entre 300.000 y 350.000 viviendas irregulares aisladas. Alrededor de un 10%, añadió Vega, nunca podrán legalizarse, porque están en suelos protegidos y zonas inundables o porque el delito urbanístico no ha prescrito. Otro 10% sí pueden ser legalizado con el planeamiento actual. En el 80% restante -es decir, entre 200.000 y 250.000 edificaciones- el delito ha prescrito y, aunque nunca serán legales por estar en suelo no urbanizable, los Ayuntamientos podrán otorgarles un "reconocimiento" jurídico como "asimiladas a fuera de ordenamiento".

El decreto introduce novedades fundamentalmente en este último caso. Los propietarios podrán ahora inscribir las edificaciones en el Registro de la Propiedad, con lo que ganan en seguridad jurídica, y las compañías suministradoras podrán darles acceso a agua y luz con todas las de la ley.

Críticas
Cruz Villalón insistió ayer en que todos los gastos que se deriven de la aplicación de la norma tendrán que ser asumidos por los propietarios. "El decreto no es una norma de regularización indiscriminada sino una respuesta concreta acorde a cada situación".

Pero su aprobación cosechó ayer críticas. Las organizaciones ecologistas consideraron un "error" la regularización. En opinión de WWF y Ecologistas en Acción, la Junta lanza el mensaje de que existen leyes que "no es necesario cumplir, pues luego vendrá la Administración para resolver el problema creado al respecto". Para el PP, sin embargo, la norma se queda corta ya que las casas "van a seguir siendo ilegales".

* El País - MANUEL PLANELLES - Sevilla - 11/01/2012
Foto: El Puerto (Cádiz), viviendas ilegales - diariodecadiz.es

Noticias de Almeria 12 1 2012: Griñán hace legal lo ilegal

2012-01-14T09:12:00.001+01:00

Griñán hace legal lo ilegal

PEDRO TENA* : La Junta va a librar de la piqueta 9 de cada 10 casas ilegalmente construidas en Andalucía, con lo que se hace bueno el dicho de tú construye que una vez hecha la casa, no la cae nadie. En lo que cabe considerar como una amnistía encubierta de delitos urbanísticos, la decisión de Griñán hace que el esfuerzo de respetar la legalidad que hacen millones de ciudadanos andaluces seas equivalente al esfuerzo de quebrantarla que realiza una minoría que ahora ve que no cumplir la ley es bien rentable como se quiere electoralmente rentable la medida impulsada por José Antonio Griñán.
El 90 por ciento de las viviendas construidas en Andalucía en suelos no urbanizables podrán regularizarse a través de las distintas fórmulas y sólo un 10 por ciento de las alrededor de las 250.000 edificaciones que están al margen de la legislación corren el riesgo de ser derribadas.
Si escandalosa es la situación jurídica creada, más escandalosa aún es la explicación aportada por la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz, que dice que el objetivo del Decreto del gobierno Griñán es adaptar la «realidad física a la jurídica» así como «acotar un fenómeno del pasado», que es como califica al urbanismo descontrolado y consentido por la Junta hace muchos años. De este modo se justifica que cualquiera haga lo que quiera, porque, después, se adaptará la realidad física a la jurídica.

En Andalucía alrededor de 250.000 viviendas ilegales de uso residencvial que no pueden ser demolidas ahora porque ha prescrito el delito urbanístico pero que tampoco podían ser legalizadas. Hasta ese punto ha sido negligente y dolosa la conducta de la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE desde 1982, hace treinta años.

La consejera ha dicho que no se trata de una regularización indiscriminada ni de una «ley de punto final». Según ella y con el censo realizado en la mano,
«de cada diez viviendas una se puede legalizar directamente, ocho podrán ver reconocida su situación y se les dotará de servicios básicos, pues no se pueden demoler porque el posible delito ha prescrito, pero tampoco se legalizarán; y una de cada diez viviendas sería demolida y no se podría legalizar». Estas últimas son las que se encuentran en suelos de especial protección y/o en zonas inundables.

* Noticias de Almería - Opnión - 12.1.12

Fwd: Tercera - Opinion 2 1 2012: La Plataforma por una Vivienda Digna denuncia una ayuda encubierta a los bancos...

2012-01-05T09:25:00.001+01:00

La Plataforma por una Vivienda Digna denuncia una ayuda encubierta a los bancos de 100.000 millones de euros

PLATAFORMAPORUNAVIVIENDADIGNA* : Cronología de la Burbuja Inmobiliaria y situación actual: en el Consejo de Ministros del 30-12-2011 se recupera la desgravación en el IRPF por adquisición de vivienda habitual en las mismas condiciones que existían hasta el 31 de diciembre de 2010 con el anterior gobierno con el fin de reactivar el mercado de viviendas y, por tanto, la especulación inmobiliaria.

En 1990 el gobierno de Felipe González reformó la Ley del Suelo en España (ley 8/1990), con un texto refundido en 1992 que supuso una primera etapa de conversión de suelo rústico a suelo urbanizable.

En 1998, el primer gobierno Aznar vuelve a reformar la ley del suelo liberalizándolo aún más y simplificando los tipos de suelo a tres: urbano, urbanizable y no urbanizable, fijando además la siguiente premisa: que "salvo que esté expresamente prohibido por una disposición jurídica, todo suelo es, a partir de ahora, urbanizable". La finalidad era conseguir "un drástico aumento de la oferta de suelo", lo que, según el entonces ministro Arias-Salgado, se debería traducir a medio plazo en "una reducción del precio del suelo y, por tanto, de la vivienda".

Una noticia del diario El Mundo titulada "La Ley del Suelo aumentará la cantidad de terreno urbanizable" aseguraba en su subtítulo que "la nueva norma aprobada ayer pretend[ía] también abaratar la vivienda". Otro editorial de Marzo de 1998 -"Suelo barato"- del mismo diario reflexionaba sobre las consecuencias de la aprobación de la nueva Ley del Suelo del gobierno del PP, posicionándose claramente a favor de la misma.

Otros medios situados ideológicamente en posturas neoliberales publicaban informaciones parecidas, refiriéndose a la situación anterior del suelo en España como "una estricta regulación administrativa". El editorial de El Mundo concluía;

"Habrá que dar tiempo al tiempo hasta que esta iniciativa pueda dar sus frutos. Sólo entonces podremos hacer un juicio definitivo".

Cualquiera puede ahora sacar conclusiones acertadas sobre las consecuencias de esa decisiva iniciativa a largo plazo. Desde la oposición de izquierda se advertía entonces que la nueva ley favorecería la especulación inmobiliaria y aumentaría el precio de la vivienda. Efectivamente, la burbuja inmobiliaria se ponía en marcha por esas fechas.

Tras el cambio del gobierno, el PSOE aprobaba desgravaciones fiscales a la compra de vivienda entre otras medidas, contradiciendo su postura cuando era parte de la oposición al gobierno anterior y alimentado el falso modelo "productivo" que el PP había puesto en marcha en 1998. Se creaban cientos de miles de puestos de trabajo vinculados al sector de la construcción, empleos que empezaron a destruirse aceleradamente desde el estallido de la actual crisis económica internacional y de la burbuja inmobiliaria interna. Gran parte del 20% de desempleo actual proviene -sin duda- de la construcción.

Estos días, a raíz de las últimas medidas aprobadas por el nuevo gobierno Rajoy relativas a la vivienda en fechas en las que la opinión pública anda bastante distraída, la PVD ha publicado un importante comunicado que difundimos a continuación;

"La asociación de carácter estatal Plataforma por una Vivienda Digna, tras revisar el real decreto-ley de "medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público", denuncia que contiene una ayuda de 100.000 millones de euros en avales para las entidades financieras, que no ha sido comunicada a la ciudadanía ni en la rueda de prensa, ni en el documento difundido por La Moncloa con posterioridad. Asimismo, esta asociación califica de inconcebible la recuperación de las desgravaciones fiscales a la compra de vivienda con todas las recomendaciones nacionales e internacionales en contra.

Revisando el contenido del real decreto-ley publicado el 31 de diciembre de 2011 en el Boletín Oficial del Estado, se puede observar un incremento muy significativo en los límites máximos de la cuantía destinada a los avales del Estado para entidades financieras privadas, que se incrementa con esta norma hasta la cifra de 196.043 millones de euros. Si uno compara esta cifra con la del real decreto-ley precedente, en la que el importe ascendía a 115.543,5 millones de euros, se observa que, aparte de la abultada partida destinada a los avales al fondo de "Facilidad Europea de Estabilización Financiera" -que permanece invariable-, aparece un nuevo concepto (que en el anterior decreto análogo no aparecía) que va a permitir al Estado avalar y hacerse cargo con vigencia indefinida en caso de ejecución de la deuda privada y sus intereses- por valor de 100.000 millones de euros.

En concreto, el real decreto-ley, en la disposición final decimoséptima (página 146.637 del BOE), expone textualmente:

«Con efectos de 1 de enero de 2012 y vigencia indefinida () b) 100.000.000 miles de euros para el otorgamiento de avales a las obligaciones económicas derivadas de las emisiones de bonos y obligaciones nuevas que realicen las entidades de crédito residentes en España con una actividad significativa en el mercado de crédito nacional. El aval garantizará el principal de la emisión y los intereses ordinarios. De producirse la ejecución del aval, siempre que la misma se inste dentro de los 5 días naturales siguientes a la fecha de vencimiento de la obligación garantizada, el Estado satisfará una compensación a los titulares legítimos de los valores garantizados, sin perjuicio de las cantidades que deba abonar en virtud del aval.»

Mal, muy mal inicia la andadura el nuevo gobierno, si comienza mintiendo y ocultando información de este monumental calibre a los hastiados ciudadanos de España, peor si eso se hace en nombre de la verdad, mucho peor si es para intentar sostener con recursos públicos una situación inmobiliaria que lleva tiempo siendo y es a todas luces insostenible; y tremendamente nefasta, si esa ocultación se hace tirando por tierra las palabras del presidente Mariano Rajoy, cuando en la campaña electoral ha negado hasta la saciedad que fuese a subir impuestos y a otorgar ayudas a las entidades financieras.

Las desgravaciones, un canto de sirena que comprometerá las políticas públicas de vivienda, tan necesarias en estos momentos

Por otra parte, esta asociación ha venido reiterando en consonancia con instituciones como el BCE, el Banco de España, la OCDE, Funcas, el FMI, el Consejo Económico y Social, CCOO, la Comisión Europea y un larguísimo etcétera de organismos nacionales e internacionales de todo tipo de signo y condición, que las desgravaciones fiscales a la compra de vivienda han estado en el origen del cáncer inmobiliario que ha degenerado en la brutal crisis económica que padecemos en España y por tanto, nos vemos obligados a alzar la voz una vez más criticando ferozmente el reforzamiento de estas "ayudas" y reiterando nuestra petición de que se retiren de manera paulatina y no retroactiva.

En estos momentos de excepcionalidad, además nos parece tremendamente grave que el grueso del dinero de las políticas públicas de vivienda e incentivos como el IVA al 4%, se vuelvan a focalizar en la compra de vivienda -lo que no deja realmente de ser otra ayuda a bancos y promotores en base a un supuesto fin social- cuando estos fondos debieran servir para propiciar políticas de alojamiento que paliaran la extrema urgencia en la que se encuentra ya una buena parte de la sociedad española que está soportando un paro, unos desahucios y una exclusión social fuera de todo orden. Por si fuera poco, con las tremendas cifras de desempleo y la enorme incertidumbre que está padeciendo el país, pensar que estas desgravaciones van a cumplir el objetivo de liquidar el stock de vivienda existente el verdadero fin que persigue su "recuperación"- es una pura entelequia.

El suelo, en una eterna valoración falsa

También denunciamos que en este real decreto-ley se prorroga de nuevo la aplicación de la Ley del Suelo en cuanto a la valoración de terrenos recalificados. Otro muy mal síntoma que persevera en una política económica basada en la ocultación y falseamiento de la realidad. Los problemas jamás se resuelven ocultándolos y el que tienen las entidades financieras con un suelo pagado muy caro y que no vale nada sin viviendas construidas encima, no va a ser algo distinto. Por otra parte, valoramos como muy negativa la intención de que sea el Estado a través del "banco malo", el que cargue directamente con las consecuencias de decisiones de financiación que en su día se basaron en la más pura codicia y especulación, sin que las personas y entidades que tomaron estas decisiones, tan dañinas para la economía española, asuman ninguna consecuencia ni la más mínima responsabilidad.

Hace años, en un comunicado en el que advertíamos de la crisis económica, social y política que iban a traer las políticas que favorecían la burbuja inmobiliaria, esta asociación a la desesperada, instó a nuestros gobernantes a pensar en el país que iban a dejar sus hijos. Redoblamos esa apuesta y ahora, cuando estamos padeciendo como nunca los resultados de tantos años de sinrazón, invitamos a nuestros gobernantes a pensar en el papel con el que se van a ver reflejados en los libros de historia, puesto que con la reiteración de unas políticas económicas tan nefastas como funestas que son un enorme y grave error, que han esquilmado y endeudado hasta límites insoportables a la población española agrandando más y más el agujero negro inmobiliario, están conduciendo a este país inexorablemente a la autodestrucción económica. Parafraseando al científico Einstein como última reflexión: "Locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados".

Plataforma por una Vivienda Digna

* Tercera - Opinión - 2.1.12
Foto: Vivienda digna, cartel novasatenerunacasaenlaputavida

ABC 30 12 2011: La Junta de Andalucía va a regular por decreto en el mes de enero miles de viviendas ilegales

2012-01-04T09:55:00.001+01:00

La Junta de Andalucía va a regular por decreto en el mes de enero miles de viviendas ilegales

ABC* : El martes 10 de enero es la fecha inicialmente prevista para que el Consejo de Gobierno de la Junta apruebe el Decreto por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos en suelos no urbanizables, una normativa impulsada en la presente legislatura por la consejera de Obras Públicas y Viviendas, Josefina Cruz, y que permitirá la normalización de miles de viviendas construidas de forma ilegal. El decreto cuenta con el dictamen favorable del Consejo Consultivo, que únicamente ha apuntado objeciones de carácter técnico y perfectamente subsanables.
En Andalucía se calcula que hay entre 300.000 y 400.00 viviendas que por haberse levantado en suelos no urbanizables incumplen la legislación, circunstancia a la que se quiere poner fin con una normativa sumamente compleja por cuanto incluye una amplia variedad de tipologías.

El Decreto, que según afirmó recientemente el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, será aprobado el próximo 10 de enero, señala en la exposición de motivos que «la complejidad de los procesos territoriales y su evolución en el tiempo, y las modificaciones habidas en el marco normativo, hacen que convivan en esta clase de suelo situaciones muy diferentes, tanto en su génesis como en su forma de implantación, que demandan un tratamiento diferenciado».

«Es por lo que el presente Decreto añade tiene como objetivo principal clarificar el régimen aplicable a las edificaciones existentes en suelo no urbanizable, singularizando su casuística y estableciendo los requisitos esenciales para su reconocimiento por el Ayuntamiento y su tratamiento por el planeamiento urbanístico. Esta línea de desarrollo normativo ya fue iniciada por el Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía».

Actualmente, existen en esta clase de suelo edificaciones en diferentes situaciones por su origen, ubicación, uso, etc. El Decreto diferencia básicamente las edificaciones por su forma de implantación y por su adecuación o no a las determinaciones establecidas en la ley.

Diferencias

Entre las edificaciones disconformes pueden distinguirse, además, diferentes situaciones: las que se construyeron con arreglo al régimen jurídico existente en su momento a las que una norma sobrevenida las ha dejado fuera de ordenación, y las edificaciones que se han construido al margen de la legalidad, para las que la Ley establece la necesidad de restituir la realidad física alterada, si bien cuando ya no se puedan adoptar medidas de protección y restauración de la legalidad, por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 185.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, estas edificaciones quedan en situación de asimilación al régimen de fuera de ordenación. Las medidas de restauración de la legalidad no prescriben en ningún caso cuando las edificaciones se ubican en suelos protegidos o afectados por riesgos naturales.

De esta forma, la Consejería de Obras Públicas contempla un numeroso grupo de edificaciones que, previa decisión judicial, tendrán que ser demolidas. Son aquellas que se encuentran en suelos de especial protección y en zonas inundables. También las que sus propietarios recibieron las órdenes de paralización cuando se encontraban en fase de estructura, y las que estando afectadas por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía no han transcurrido cuatro años desde que fueron terminadas, periodo que la LOUA marca para la prescripción.

En paralelo a la elaboración del decreto, la Junta en colaboración con los ayuntamientos ha venido elaborando el censo de viviendas construidas en suelos no urbanizables, centrado esencialmente en dos comarcas, la Axarquía de Málaga y el Valle del Almanzora, en Almería.

Según datos facilitados por la Consejería, en Almanzora, en suelo protegido, se contabilizaron 534 edificaciones, un 4,2 por ciento, y de menos de cuatro años o no finalizadas, otras 386, el 3,1 por ciento. En el caso de la Axarquía, en el apartado de suelo protegido fueron 859, el 6,7 por ciento de las construidas en zonas no urbanizables, y las de menos de cuatro años o no terminadas de construir, 876, un 6,8 por ciento del inventario.

El resto de las viviendas, un 92,7 por ciento en Almanzora y un 86,5 en Axarquía, podrán ser regularizadas dentro de las variantes que marcará la inminente normativa, bien como fuera de ordenación, o bien asimilado a fuera de ordenación.

Consejo Consultivo

El Decreto que previsiblemente se aprobará el próximo 10 de enero fue dictaminado favorablemente por la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de Andalucía en la sesión celebrada el pasado día 21 de diciembre. La conclusión del informe, de carácter favorable, señala que, «en términos generales, el articulado de la disposición proyectada se ajusta al ordenamiento jurídico». No obstante, incluye una serie de observaciones. Así, en referencia al artículo 8.2.a, se indica: «Entre los supuestos en los que no se reconocerá la situación de fuera de ordenación, debe incluirse las edificaciones realizadas sobre suelo dotacional público, cuyas actuaciones ilegales sobre el mismo gozan de la imprescriptibilidad consagrada en el artículo 185.2 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre».

«Ciertamente indica el Consultivo es excepcional que una dotación pública se encuentre sobre suelo no urbanizable. No obstante, la experiencia nos indica que, si bien de forma poco ortodoxa, en algunos planeamientos generales los sistemas generales de espacios libres han sido implantados sobre suelo urbanizble. Para evitar que una vivienda ilegal construida sobre el mismo se le pretenda aplicar los beneficios derivados de su falta de mención expresa en el artículo 8.2.a del Decreto, es necesario incluir de forma expresa este supuesto a fin de que no pueda ser declarada como asimilada a fuera de ordenación».

De la reticencia a la oposición frontal
La legalización de viviendas irregulares en Andalucía a través de un Decreto específico levantó en principio serias reticencias en las organizaciones conservacionistas. Pero en estos momentos la postura es de frontal oposición. Juan Clavero, portavoz de Ecologistas en Acción en esta materia, considera sin dudarlo en declaraciones a ABC que la Junta va a dar una «amnistía» al urbanismo supuestamente ilegal. Tras recordar que son numerosos los alcaldes imputados y condenados por «permitir y avalar las miles de viviendas que ahora se quieren legalizar», señaló que la propuesta «es de suma gravedad por ser contraria a la legislación vigente y crear un precedente muy peligroso para los actos delictivos contra la ordenación del territorio. El Decreto subrayó es un aval para el urbanismo salvaje». Según Clavero, la regularización de miles de viviendas ilegales «desgajadas de los núcleos de población provocará un grave problema, pues creará poblaciones imposibles de administrar, que demandarán inversiones públicas y servicios que serán muy costosos o, incluso, imposibles de acometer por su dispersión».

* ABC - JOSÉ CEJUDO - 30.12.11
Foto: Una pala mecánica procede a la demolición de una vivienda ilegal - ideal

El Confidencial 31 12 2011: Vuelta al patrón ladrillo.....

2012-01-03T10:24:00.000+01:00

Vuelta al patrón ladrillo: estímulos para comprar y más IBI para recaudar

ELCONFIDENCIAL* : A corto plazo, el nuevo Gobierno tiene claro que parte de la solución pasa por el ladrillo. Quedó claro ayer con la presentación del primer paquete de medidas, de la que se desprende una decidida apuesta por estimular el mercado de la vivienda y por incrementar la recaudación apelando al patrimonio inmobiliario de los ciudadanos. Por el camino, soltar lastre de algunos gastos comprometidos, como la renta básica de emancipación (364 millones).
Al contrario que con otras subidas de impuestos, en el caso de las medidas relacionadas con la vivienda, todas venían recogidas en el programa electoral del PP. Para el objetivo de poner en valor el actual stock de viviendas, los populares apostaban por reactivar el mercado de compraventa. Para ello, como prometieron, han prorrogado otros seis meses el IVA superreducido del 4% y recuperan la deducción por adquisición de vivienda en el IRPF.

Para algunos expertos, estos estímulos esconden un interés manifiesto en reactivar el sector inmobiliario, uno de los motores económicos que puede reaccionar más a corto plazo y por lo tanto generar empleo. Visto de otro modo, es también una ayuda para que los bancos, que acumulan en sus balances infinidad de viviendas y suelos sin vender, puedan sacar al mercado de manera más acelerada este producto, ante la poca flexibilidad en los precios.

Esta prioridad por la compra de vivienda fue criticada esta misma semana por el Banco de España. En su último boletín económico, la institución es tajante al señalar el daño que pueden volver a hacer a la economía las políticas favorables a promover la propiedad de la vivienda, vía desgravación fiscal, culpables en parte de la burbuja inmobiliaria que podría volver a alimentarse, en detrimento del alquiler y que además pueden suponer un coste de hasta 1.500 millones anuales.

Subida del IBI

Sobre la subida del IBI, impuesto que se aplica a los bienes inmuebles, el Gobierno pretende recaudar unos 918 millones y afectará a 25 millones de inmuebles. La medida será temporal (dos años) y se aplicará a las viviendas cuyo precio esté por encima del valor catastral medio, es decir, afectará al 50% de los inmuebles, todas los que queden por encima de esa media, realizada en cada municipio y siempre que sus valores catastrales fueran actualizados después de 2001.

En este caso, se trata, como reconoció el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de una actuación destinada a ayudar a las corporaciones locales a mejorar su financiación. El incremento de este impuesto se ha establecido de una manera progresiva del 10, 6 y 4%, de forma que tendrá una mayor subida en las que tengan una mayor antigüedad de la revisión catastral.

Adiós a la renta de emancipación

Respecto a la eliminación de la renta básica de emancipación, el economista Alberto Garzón, diputado de Izquierda Unida por Málaga, explicaba ayer que esta decisión "es una medida regresiva porque se beneficiaban de ella los más jóvenes y con más necesidades. Aunque no era la solución al problema de la vivienda, quitarla sólo puede empeorar la situación de los más desfavorecidos", contraria por tanto al ánimo de ampliar el mercado de alquiler propuesto por el PP.

Esta ayuda entró en vigor el 1 de enero de 2008 para jóvenes de entre 22 y 30 años, con una fuente regular de ingresos inferior a 22.000 euros brutos anuales durante los seis meses previos. En la actualidad, se beneficiaban de esta ayuda de 210 euros para el alquiler un total de 301.254 jóvenes, después de que 34.303 personas empezarán a recibirla en el primer semestre del año, un 12,8% más respecto al cierre de 2010, según datos del Ministerio de Fomento.

* El Confidencial - Carlos Hernanz - 31.12.11
Foto: Soraya Sáenz de Santamaría, junto al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (Efe)

Para ver los comentarios:

http://urbanismopatasarriba.blogspot.com/2012/01/vuelta-al-patron-ladrillo-estimulos.html

El Confidencial 20 12 2011: Andalucia - Grinan legaliza 300.000 viviendas

2011-12-27T10:15:00.001+01:00

Andalucía.- Griñán legaliza 300.000 viviendas

ELCONFIDENCIAL* : José Antonio Griñán celebró su candidatura a la Presidencia de la Junta de Andalucía dispuesto a adelantar la festividad de los Reyes Magos. Ya ha empezado a anunciar medidas electoralistas para reducir la debacle socialista en las próximas elecciones autonómicas andaluzas del próximo mes de marzo.
El jefe del Gobierno andaluz aprobará a principios del próximo año, probablemente el 10 de enero, el decreto para la regularización de las viviendas edificadas en suelo no urbanizable, unas 300.000 en Andalucía, según los cálculos de la Junta. Griñán anunció este decreto de regularización de viviendas el pasado mes de junio, en el Debate del Estado de la comunidad autónoma celebrado en el Parlamento andaluz. Seis meses después recupera esta iniciativa que impedirá la construcción en suelos protegidos y en zonas inundables.

"No se trata de una amnistía general; será una regularización que dará respuestas a los ayuntamientos a través del planeamiento urbanístico en unos casos o mediante expediente iniciados a solicitud de cada propietario", destacó Griñán, quien anuncia una regularización a través del planeamiento urbanístico en unos casos o mediante expediente iniciados a solicitud de cada propietario.

En la práctica, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que nació en 2003 para intentar frenar este tipo de construcciones, se ha manifestado claramente insuficiente. Los alcaldes de comarcas andaluzas como la Axarquía (Málaga) otorgaban licencias irregulares que han acabado en condenas (de exprimeros ediles de los municipios de Cómpeta o La Viñuela). El caso más significativo fue el del exalcalde de Alcaucín, José Martín Alba, detenido en 2009, durante el transcurso de la Operación Arcos.

Como ya publicó El Confidencial, la Junta de Andalucía ya conocía las irregularidades urbanísticas en la Axarquía desde al menos 2006, según un informe del Defensor del Pueblo Andaluz. Sólo en Alcaucín permitió la construcción de 20.000 viviendas en suelo rústico para aprovechar el boom de residentes extranjeros. Un informe de José Luis Díaz Ripollés y Alejandra Gómez Céspedes, profesores de la Universidad de Málaga, titulado La corrupción urbanística: estrategias de análisis, ya alertaba del traslado del urbanismo salvaje de la Costa del Sol al interior de la provincia malagueña.

* El Confidencial - Agustín Rivera. Málaga 20/12/2011
Foto: El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán (Efe)

El Almeria 15 12 2011:Arboleas.- El 72% de los vecinos vive en suelo no consolidado

2011-12-19T10:00:00.001+01:00

Arboleas.- El 72% de los vecinos vive en suelo no consolidado

ELALMERÍA* : El alcalde del Ayuntamiento de Arboleas, Cristóbal García, ha expresado su preocupación por el "desorden urbanístico" que, en estos momentos, predomina en el término municipal. En este sentido, el primer edil ha aseverado que "el 72% de la población reside en suelo urbano no consolidado. Es una situación que comienza cuando finaliza el proceso de la adaptación de las Normas Subsidiarias a la LOUA, a mediados del año 2009". Con estas palabras, el primer edil ha añadido que "por esta razón y, por otros desmanes del anterior Gobierno, en la actualidad, este Consistorio se tiene que enfrentar a uno de los problemas económicos más grave de la historia reciente en la Democracia, pero todo ello se agrava por la sin razón de un urbanismo gestionado hacia atrás. Se puede calificar este problema como muy grave".

Por ello, Cristóbal García está manteniendo en los últimos meses numerosos encuentros y reuniones de trabajo con los responsables del área de Obras Públicas de las diferentes Administraciones Públicas. "Nuestro objetivo prioritario es poner un punto y final a este conflicto urbanístico, puesto que este caos está arruinando la economía del pueblo, puesto que el desempleo se agudiza al no poder dar ni una licencia para pintar una casa, frenando el desarrollo, desde todos los puntos de vista, de Arboleas", ha argumentado el alcalde.

"El primer paso que hemos realizado se ha centrado en diagnosticar la realidad urbanística de Arboleas, después de estar ocho años haciendo no se sabe qué, con el fin de marcar el punto de partida. El segundo paso ha sido el de contratar a un nuevo equipo redactor, con el fin de regularizar de forma urgente el Planeamiento Urbanístico de Arboleas", ha explicado Cristóbal García, quien ha aclarado que el objetivo prioritario del Ayuntamiento "es desbloquear esta situación" y "dar normalidad a la vida del pueblo".

Asimismo, ha solicitado a la Consejería de Obras Públicas que se sensibilice con este conflicto aportando el esfuerzo constructivo y necesario para alcanzar la solución deseada lo antes posible.

* El Almería - 15.12.11
Foto: Arboleas (Almería) - ideal.es

Europa Press Malaga 25 11 1011: Axarquia & Almanzora - 25.000 casas en suelo urbanizable...

2011-11-27T21:53:00.001+01:00

Viviendas irregulares ANDALUCÍA

La Junta localiza más de 25.000 casas en suelo no
urbanizable en la Axarquía y Almanzora

La mayoría están en municipios de entre 500 y 1.000 habitantes
Antes de 2012 se aprobará el decreto para 'clarificar' su situación

Europa Press | Málaga

Actualizado viernes 25/11/2011 15:16 horas

La Junta de Andalucía, en colaboración con los
ayuntamientos de la zona, ha identificado en la
Axarquía (Málaga) y la Almanzora (Almería) un
total de 25.000 edificaciones en zona no
urbanizable -más de 12.000 en cada comarca-,
según ha precisado este viernes la consejera de
Obras Públicas y Vivienda de la Junta de
Andalucía, Josefina Cruz Villalón, en
declaraciones a los periodistas tras inaugurar en
Sevilla las VI Jornadas de Formación de Fiscales
de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
La titular de Obras Públicas ha precisado que esa
identificación se enmarca en los trabajos de
"colaboración" que la Administración regional
mantiene en esa materia con los ayuntamientos que
así se lo han solicitado -que ha cifrado en unos 190-.
En las comarcas donde se han localizado esas
viviendas predomina una "dispersión" de ese tipo
de edificaciones y abundan ayuntamientos
"pequeños" por volumen de población, que oscila
entre los 500 y los 1.000 habitantes, por lo que
tienen "menos capacidad de intervenir" en ese terreno.
Igualmente, Cruz Villalón ha recordado que la
consejería que dirige tiene previsto aprobar a
final de este año 2011 el decreto sobre
edificaciones en suelo no urbanizable, con el que
pretende "clarificar" la situación en la que se
encuentra el "volumen muy alto" de ese tipo de
construcciones que existe en la comunidad autónoma.
Así, ha precisado que la Junta lleva trabajando
en la elaboración de ese documento "desde hace
casi un año", y actualmente se encuentra en
"tramitación interna" en el Consejo de Gobierno,
"siendo objeto de informes del gabinete jurídico
de la Junta y del Consejo Consultivo".
En este sentido, la titular andaluza de Obras
Públicas ha aclarado que "no todas las
edificaciones construidas en suelo no urbanizable
son ilegales", de forma que con el citado decreto
pretenden precisamente saber "qué se puede
legalizar y qué no", así como conseguir que,
aquellas que se han construido de forma ilegal o
irregular "al menos tengan acceso a los servicios básicos".

Cultura de rechazo
En cualquier caso, Cruz Villalón ha señalado que
"lo importante" es "extender" entre la sociedad
una cultura de rechazo hacia esas edificaciones,
porque su construcción "no es razonable" ni
genera "un crecimiento ordenado", sino que
ocasiona "problemas económicos, sociales y
medioambientales". "En eso tiene que trabajar la
Junta", ha recalcado la consejera, "con
independencia de que los fiscales trabajen en la
prevención y persecución de los delitos e infracciones que cometa cada cual".
Del mismo modo, la consejera de Obras Públicas y
Vivienda se ha mostrado convencida de que,
actualmente, el fenómeno de construcción de ese
tipo de edificaciones está "más controlado"
frente a lo que ocurrió "en décadas anteriores,
cuando se convirtió en un fenómeno muy extendido
en Andalucía y el conjunto del territorio nacional".
La Consejería de Obras Públicas y Vivienda ha
realizado durante la presente legislatura un
total de 4.237 actuaciones inspectoras en materia
urbanística y de ordenación del territorio, de
las cuales más de un millar han sido informes
dirigidos a órganos judiciales y fuerzas de seguridad.
Así, en los últimos dos años, se ha insistido en
"privilegiar" actuaciones preventivas para evitar
que se consoliden situaciones ilegales -obras en
construcción, parcelaciones incipientes-, así
como la reconducción o regularización ordenada de las actuaciones.

20 minutos 18 11 2011

2011-11-22T16:44:00.000+01:00

España tiene más de tres millones de viviendas vacías

20MINUTOS* : Miles de españoles se las ven y se las desean para tener un techo; otros tantos para no perder el que tienen, pagando con mucho sacrificio su hipoteca; y miles también son los que finamente se quedan en la calle. Y es que en plena ola de embargos y desahucios, hemos sabido que en España hay casi tres millones y medio de viviendas vacías.
Concretamente, hay 3.417.064 casas cerradas, según datos de LDC, entidad especializada en la administración de fincas y comunidades de propietarios. Es decir, el 13,2% de las viviendas del país están vacías y cerradas (teniendo en cuenta que, según el Ministerio de Fomento, el parque de viviendas español es de casi 26 millones).
Del total de viviendas, 1,4 millones de inmuebles se encuentran actualmente en manos de las comunidades de vecinos, mientras que 1,8 millones son propiedad de una persona, 28.279 están en poder de una sociedad y 508 pertenecen a algún organismo público.

Barcelona y Madrid, a la cabeza

La lista de provincias con casas cerradas la encabeza Barcelona (338.645), seguida de Madrid (337.212). La lista de las cinco provincias con más pisos vacíos la completan Valencia (228.870), Alicante (192.184) y Sevilla (124.573).

Por el contrario, las provincias con menor número de viviendas familiares vacías son Ceuta (3.099), Melilla (4.056), Álava (11.580), Teruel (12.078) y Soria (12.142).

Muchas de estos más de 3 millones de viviendas no se encuentran en buen estado. En mayo de este año, LDC aseguraba que más de un millón de los edificios de viviendas se encuentran en un estado ruinoso, malo o deficiente.

El estudio contabilizaba un total de 10.779.844 edificios destinados a viviendas construidos en España. De ese total de edificios destinados a viviendas, 9.591.830 se encuentran en buen estado.

* 20 Minutos - EP. - 18.11.11
Foto: vecinos_edificio_desierto

AUAN Press Release: 21st November 2011

2011-11-21T17:00:00.001+01:00

AUAN Press Release.

Contact info@almanzora-au.org or call 00 34 661329919.

Latest Changes to the Andalucian Planning Laws are another nail in the coffin

If you buy an illegal house in good faith, it's your fault and you will be punished according to the latest amendments to the LOUA.

AUAN, 21st November 2011

The regional government of Andalucía has announced that it is changing its planning laws (LOUA) in an attempt to revitalise the struggling real estate sector by easing the requirements for building in urban areas.

However, according to sources in Abusos Urbanisticos Almanzora NO (AUAN), an association of homeowners who purchased homes in Andalucía only to find that these homes had fallen foul of the regions poorly managed planning regulations, the latest changes do little to encourage potential buyers to reach for their chequebooks.

"Section thirty five of the text is a classic example of how the Ministry for Housing and Planning views home buyers as a potential threat to judicial order" said Maura Hillen, AUAN president. It reads, rather ponderously, "The measures to protect planning legality and the reestablishment of the perturbed judicial order have a real character and apply to third party purchasers of property subject to such measures because of their status as subrogated in law by the responsibilities of the person causing the planning illegality".

"In layman's terms this means that if you buy an illegal house in good faith, you inherit the problem" says Mrs. Hillen. "For example, if the Property Register is inaccurate and fails to reveal the existence of a planning problem a purchaser in good faith may buy this property and may subsequently face unforeseen legalisation costs or in the worst case, demolition without prior compensation. Given that the property register currently gives a clean bill of health to Helen and Len Priors house (it was demolished in 2008), you can understand the risks that you face" she continued.

"I suppose that it is too much to expect that a Ministry whose leader, Josefina Cruz Villalon, described foreign purchasers as 'an invasion of people,who are not from this country, who settled here illegally' etc, etc, would even attempt to solve the problems suffered by thousands of European citizens, the majority retired, who have invested practically all of their savings in Andalucía, invited by promises of a warm welcome, a sunny climate and a legally safe place to live. We believe that perhaps it cannot be expected that such people will create an environment which encourages further European investment in real estate here. Many Britons, having learned their lesson have now left Andalucía; some others are abandoning their homes. ? How can one hope that more Britons will invest in Andalucía when their compatriots have been treated in this way?" she concluded.

According to the new bill, homeowners also face penalties if they own a house that is deemed to be illegal with additional requirements in terms of urbanisation costs and the possibility of fines.

The bill also encourages the role of the Urbanising Agent, a figure that plans and executes the urbanisation works presenting the landowners with the bill. "This role requires careful regulation to safeguard the rights of the landowners and to prevent abuses, something which this bill does not do." said Mrs Hillen.

"This regulatory change is of interest to everybody. We understand that it is being passed via an emergency procedure in the Andalucía Parliament. We do not understand such urgency without sufficient debate. Needless to say, those affected, represented by AUAN and similar associations have not been consulted and it all seems a bit rushed".

"In the meetings we have had with the Junta de Andalucía we have advocated for sensible and practical solutions like those that have been applied in other autonomous regions of Spain. These latest changes are neither sensible nor practical. Sadly, for everyone this regional government never listens and this bill is just another nail in the coffin." concluded AUANs president.

The Wall Street Jounral 18 10 2011: Spain Feels the Housing Pain

2011-10-27T07:57:00.001+02:00

October 18, 2011, 8:47 AM GMT

Spain Feels the Housing Pain

: AFP; Cranes erecting the Pelly tower under construction in Seville.

Spain's property bust is only getting worse. The wonder is that the country's economy and banks are still this resilient.

The Spanish government said Tuesday that housing prices remained in free-fall in the third quarter, dropping 5.5% from a year earlier, the biggest decline since 2009.

This makes Spain, in many senses, the worst case of a property bust in the developed world—the country is already deep in its third consecutive year of falling prices, with no rebounds.

Last year, the pace of decline slowed significantly, signalling some light at the end of the tunnel, but another metaphor is called for instead: that last year's respite was nothing more than a dead cat's bounce.

The good news should be the overall amount of the decline, since Spain's government says prices are only down 18%, in nominal terms, since their peak in early 2008.

But that doesn't include the effect of Spain's persistent inflation, one of the highest in the euro zone, which makes the real drop closer to 30%—Spain's government didn't provide real price data in today's release.

After earlier predictions of a short-term correction have been smashed, some analysts now say prices may keep falling for the next two years, eroding Spain's household wealth and banking balance sheets.

Meanwhile, banks are struggling to keep up with the loss in value of the collateral against €400 billion worth of loans to construction and real estate firms, an amount that remains unchanged since 2008.

For Luis Garicano, a professor of economics and strategy at the London School of Economics, this number is perhaps the most dangerous of those related to the bust, since it indicates the banking sector exposure to such loans hasn't diminished.

He estimates that a possible explanation is that banks have exchanged some non-performing loans for property that they now own, but not enough to offset the rising interest on the loans.

Many, if not most of these loans, are being rolled over to keep zombie developers in business, in the hope that the market will recover.

All the same, banks have also turned into property developers now.

Walk into any Spanish bank branch, looking for a mortgage, and you will see that is much easier to get it if you'll just take one of the many, many houses the bank acquired from a bankrupt developer. But many will say why worry? The same house will be even cheaper next month.

20 Minutos 25 10 11: Wall Street Journal y la burbuja inmobiliaria española

2011-10-27T07:56:00.000+02:00

'The Wall Street Journal' dice que la burbuja inmobiliaria española ha sido la peor del mundo

20MINUTOS* : "Lo asombroso es que la economía y los bancos del país sean aún tan resistentes". De este modo se refiere el diario 'The Wall Street Journal' al actual momento de la economía española y más concretamente a la burbuja inmobiliaria. El diario neoyorquino, "biblia" mundial de la economía, se asombra del caso español y considera que la burbuja inmobiliaria española "empeora".
En opinión del periódico norteamericano asegura que "el estallido de la burbuja inmobiliaria en España no hace sino empeorar. Lo asombroso es que la economía y los bancos del país sean aún tan resistentes".
A partir del último dato del precio de la vivienda (descenso interanual del 5,6%), 'The Wall Street Journal' afirma que el caso español "es el peor estallido de una burbuja inmobiliaria en el mundo desarrollado, con el país ya metido de lleno en su tercer año consecutivo de descensos de los precios y sin ningún repunte".

El problema es la exposición de la banca

El diario echa mano de las metáforas para describir que el 2010 no fue un año tan malo como sí lo está siendo el 2011: "El respiro del año pasado no fue sino el espasmo de un moribundo".

El periódico de Wall Street apunta un dato: los bancos han otorgado a contructoras e inmobiliarias créditos por valor de 400.000 millones de euros. Al respecto ha preguntado al prestigioso Luis Garicano, catedrático de economía y estrategia de la London School of Economics, quien considera esta cifra la más peligrosa de las vinculadas al estallido de la burbuja, ya que indica que la exposición del sector bancario a este tipo de préstamos no ha disminuido.

'The Wall Street Journal' confirma lo que ya venimos contando desde hace meses. Si entramos en cualquier sucursal bancaria en España en busca de una hipoteca, "comprobarán que es mucho más fácil obtenerla si compran una de las muchas viviendas que el banco adquirió a alguna inmobiliaria quebrada".

Y añade que "muchos opinan que no hay prisa, porque la misma vivienda será aún más barata el próximo mes".

* 20 Minutos - 25.10.11
Foto: Viviendas en construcción - 20minutos

Telegraph 18 10 2011: Spain's housing secretary 'in denial'...

2011-10-19T18:50:00.001+02:00

Spain's housing secretary 'in denial' about expat property problems

Marta Andreasen MEP has claimed Spain's secretary for housing 'is in denial' regarding the severity of the problems affecting British expats who have invested in Spanish property, following a heated exchange at an international property exhibition in London.

Spain's housing secretary Beatriz Corredor (pictured), who was in the UK promoting Spanish property this week

By Sean O'Hare

5:50PM BST 18 Oct 2011

5 Comments

The argument took place following a speech delivered last week by the Spanish housing secretary Beatriz Corredor, who called for Britons to trust in Spain and to take advantage of its ripe property market.

UKIP's Marta Andreasen MEP said: "I was quite upset that she refused to accept or mention the fact that were serious problems affecting Brits in Spain.

"She referred to new reforms that had supposedly made Spain a safe country in which to buy, but these reforms neither resolve the past nor the present problems.

"The British are among the highest proportion of foreign property purchasers, but the bad reputation Spain has earned itself has seen the level of interest in Spanish property plummet. This so-called ‘property roadshow’ was to address that with the aim of portraying that everything is fixed and the Brits can start spending their money again. How wrong this is.

"Regional governments pick fights with local governments, mayors and politicans take bribes, then get prosecuted for corruption – it really is difficult for any British person to trust anyone throughout the home buying process.

"The minister made out that there were just one or two people with problems and that these were getting sorted out."

A decree to legalise existing illegal properties combined with a reduction in new home tax and falling house prices made Spain the ideal place in which to invest, said the minister during her address to an audience of developers, investors and protesting British investors who gathered at London's Docklands.

No mention was made of the many thousands of expats who have bought in good faith only to be told their houses are illegally built and therefore unsellable, and excluded from local water and electricity supplies.

It was the second time this year that the secretary had addressed a British audience of potential investors and explained why Spanish property is such a good investment.

The discussion between the pair was brought to a close by the Spanish Ambassador, Carles Casajuana, who led the Spanish housing secretary away after Marta Andreasen refused to shake her hand.

"I spoke in Spanish and in English so that people around would understand," said Ms Andreasen. "Afterwards I was approached by developers who said they too had been affected by the Spanish government's refusal to sort out the problem, and didn't expect to sales to pick up until the current problems had been solved."

The MEP has long campaigned on behalf of Brits caughts up in Spain's planning and property scandals. She is currently urging the EU to stop funding Spanish regions until they resolve these problems.

Telegraph Expat's Spanish Planning Scandal campaign is supporting the thousands of expats who have been affected by the illegal homes crisis in Spain. You can find all the latest news on the situation here.

AUAN: Nota de Prensa 18 octubre 2011

2011-10-19T05:31:00.001+02:00

Contacto: Patricia Sampson 638323706
info@almanzora-au.org
www.almanzora-au.org

AUAN, el colectivo inglés que lucha contra los abusos urbanísticos en la Valle de Almanzora, ha aconsejado a los británicos "no ser llevados a engaño " por la última medida presentado por la administración central supuestamente para restaurar confianza en el sector inmobiliario español.

En julio el Colegio del Registradores ha presentado una nueva página web en inglés (https://buyingahouse.registradores.org/) con el supuesto objetivo de simplificar el proceso de comprar una vivienda por compradores extranjeros. El Registro pretende ofrecer información en inglés de los más de mil Registros de la Propiedad y la iniciativa fue aclamada por el gobierno español como una de las nuevas medidas para reforzar la seguridad jurídica del sector inmobiliario.

La semana pasada, la iniciativa fue enfatizada por la secretaria de Estado de Vivienda, Beatriz Corredor, durante la segunda fase de su gira internacional ('road show') en Londres para tratar de revitalizar la economía española a través de inversiones extranjeras en turismo residencial. Decía Sra. Corredor del nuevo servicio en inglés "de esta forma, los ciudadanos extranjeros podrán disponer, de forma mas comprensible para ellos, de toda la información sobre la situación física, jurídica y urbanística de la vivienda, de manera que cualquier comprador puede acudir a este registro antes de adquirir un inmueble para comprobar que no hay ningún riesgo en la operación."

En una entrevista con el periódico inglés, el Telegraph, Sra. Corredor decía "Que vengan aquí tranquilamente, y se fíen del sistema que tenemos y de la transparencia que hay. Si el documento no hace mención de procedimientos jurídicos, el comprador, siguiendo los pasos correctos, puede contar con garantías jurídicas en su compra."

Pero después de probar el sistema, AUAN ha encontrado que las pretensiones del gobierno tienen fallos muy serios en la práctica. Según la Presidenta, Maura Hillen, "Hemos probado el uso de la versión británica de la pagina web del registro sin éxito alguno. Ni siquiera podía encontrar una propiedad aun que le hemos metido el número de la finca. Entonces lo intentamos en español. Hemos llevado a cabo una búsqueda de tres casas. Dos de ellas han sido objeto de orden de demolición hace tres años, y aunque estas órdenes fueron suspendidas existen procedimientos judiciales en curso sobre estas fincas. Las Notas Simples Informativas no especifican nada de esta problemática urbanística, ni del riesgo de demolición de las viviendas."

"La tercera casa que hemos probado era la de la pareja Prior, en Vera. La búsqueda reveló su ubicación en Almería y el hecho de que tuviese una vivienda de dos plantas y una piscina rectangular con escalones semicirculares, pero no reveló que fuera considerada como una casa ilegal; ni siquiera que esta casa fue demolida en enero del 2008."

"Las garantías del gobierno no son garantías suficientes algunas" dijo Sra. Hillen. "Aparte de otras consideraciones las nuevas normas fueron introducidas en el ordenamiento en el julio del año pasado y no se aplican retroactivamente al Registro. ¿Como fiarse entonces?"

"Hay miles de casas consideradas como ilegales en nuestra zona. Son miles los dueños inocentes, compradores en buena fe, que tienen que enfrentarse a una gran inseguridad jurídica. Están abandonando sus hogares y la economía española en número cuantioso. El gobierno tiene que arreglar la situación de los que han comprado ya antes de mandar políticos a Londres ofreciendo un servicio y una garantía jurídica que realmente no vale para nada".

Telegraph 14 10 2011: Criticisms for Spanish Government's property service

2011-10-14T17:21:00.000+02:00

Criticism for property service run by Spanish government

When the Spanish government unveiled a new property register in English designed to simplify the buying process and clarify whether properties were legal and safe to buy, it was supposed to encourage British buyers to dip a toe back into the Spanish property market.

http://www.telegraph.co.uk/property/expatproperty/8822179/Criticism-for-property-service-run-by-Spanish-government.html

Expat Property

Despite the hype, Spain's online Land Registry service has been criticised as unreliable and out-of-date Photo: Frans Lemmens / Alamy

By Sean O'Hare

3:17PM BST 14 Oct 2011

Comment

That was until users began to complain that the service provides what they say is misleading documentation in indecipheral English.

In exchange for €23 euros, prospective British buyers can search for a property online, carry out their own due diligence and, should they wish to buy one, receive a Land Registry Certificate that proves they bought their property in good faith. In theory completing this process guarantes them judicial support.

However, a check on a 5,000 square-metre property bought by Colin and Sandra Byrne in 2006 correctly states the size and description of the property in Albanilla, even down to the sloping ceilings and the fact that "the main front faces the mid day" [sic].

What it fails to mention is that the €275,000 property with a €25,000 landscaped garden is subject to a land grab by a developer, who plans to use half of the Byrnes' land as part of an urbanisation project that will include 47 car parking spaces, two houses and a public space.

Colin Byrne said: "The first thing that struck me was it looked as if someone had taken the information in Spanish from the records and 'googled' it into English.

"They described my plot, which is full of olive and almond trees, as 'a piece of dry land for cultivation of cereals with an area of 48 areas 80 centiares'.

"But more importantly for a prospective buyer, I would think, is the fact that my property is subject to a 'land grab', which went unmentioned on the document that cost me €23.

"A builder is planning an urbanisation and I and three of my neighbours stand to lose over 50 per cent of our gardens. The plans have been in Abanilla Town Hall since June 2007 and we had the official notification in 2010."

It is not just the translated documents that are giving cause for concern. The service seems to be equally flawed in Spanish.

A check on a house bought by Len and Helen Prior in 2003 reveals its location in Almeria and the fact it had a "rectangular pool with semicircular stair access", but doesn't disclose the fact it was deemed to be illegal. It was demolished in January 2008.

A search for details on a further two properties deemed illegal three years ago in Albox and subjected to demolition orders that were later suspended pending a retrial, returns no information relating to the properties' legal history.

The property service in English was rolled out shortly after Spain's housing secretary Beatriz Corredor came to London with the Spanish Property Roadshow in April this year.

Prior to her arival, she was reported in a Sunday Telegraph interview as saying: "Come here calmly, and trust in the system that we have and the transparency we provide.

"If there is not any mention of legal proceedings on the document, the person who buys the property through the correct channels will then know there is judicial support."

The online service was part of a package of reforms steered through the Spanish parliament in a bid to improve Spain's tarnished real estate reputation and boost its withered economy by encouraging investment.

A spokesman for the Spanish government said: "Last July, the Spanish government approved a new regulation that, amongst other measures, obliges town councils to inform the Association of Spanish Property and Commercial Registrars about any urban development regarding properties. As every regulation in democracy, it doesn't have retroactively [sic]."

There are estimated to be 700,000 unsold holiday homes in Spain, the majority of which are located along the southern coastlines, where property prices have dropped by as much as 60 per cent in certain regions.

The second leg of the Spanish property roadshow is currently in London, providing a platform for developers to sell their properties to UK buyers.

Fwd: El Mundo / The Telegraph: El aeropuerto de Castellon....Spain's white elephants

2011-10-07T21:23:00.000+02:00

7 10 2011

ECONOMÍA | Diario británico

The Telegraph ve el aeropuerto de Castellón como ejemplo del 'derroche' público en España

Las bases y las pistas aún no tienen operatividad a falta de permisos. | ELMUNDO.es

Se titula 'Spain's white elephants: how country's airports lie empty'
Se refiere a la base como un macroproyecto que cuesta más de lo que rinde
Tampoco se 'salva' de las críticas el aeropuerto de Ciudad Real
Europa Press | Castellón
Actualizado viernes 07/10/2011 19:02 horas

El aeropuerto de Castellón protagoniza un artículo en el diario británico The Telegraph sobre el "derroche" de dinero público en megaproyectos que pululan por el paisaje español.

El reportaje se titula 'Spain's white elephants: how country's airports lie empty' (Los elefantes blancos españoles: cómo los aeropuertos regionales permanecen vacíos).

El término 'white elephants' hace referencia a aquellas posesiones que tienen un costo de manutención mayor que los beneficios que aportan. La periodista Fiona Govan explica que el último ejemplo de este tipo de infraestructura es el aeropuerto de Castellón, inaugurado en marzo con un coste de 150 millones de euros, y cuya torre de control "no ha guiado el aterrizaje de ningún avión".

"Elefantes blancos que ensucian el paisaje español, megaproyectos a menudo financiados por dinero público que han ayudado a conducir a España hacia el 'boom' y simbolizan el derroche de dinero que ha contribuido al espectacular descalabro económico", destaca el artículo.

Según explica la periodista, el aeropuerto de Castellón se construyó con la promesa de ser una puerta a una "región no descubierta", un proyecto que generaría empleos "en un país que cuenta con un 21% de desempleo".

Seis meses después, esté complejo espera que le otorguen la licencia para operar, algo que "muchos atribuyen a las diferencias entre el conservador ejecutivo regional y el gobierno socialista de Madrid", dice el artículo, y, además, destaca que el aeropuerto "todavía no ha atraído la atención de las aerolíneas low-cost tan necesarias para su éxito".

Ciudad Real y Huesca

A continuación, el reportaje salta al aeropuerto de Ciudad Real, donde Vueling ha eliminado algunas rutas a causa "de la escasa rentabilidad, el incremento del precio del queroseno y el estancamiento de la economía española". "Con sólo dos vuelos a la semana, -Vueling- es la única aerolínea comercial que opera" en este aeropuerto, explica.

Otro de los protagonistas del artículo es el aeropuerto de Huesca, abierto en 2009 y pensado para "atraer" a esquiadores a las pistas de los Pirineos. Según Govan, "en 2009 el aeropuerto sólo recibió a 6.228 pasajeros", por lo que cada pasajero "costó a los fondos públicos alrededor de 700 euros", remarca.

De los 48 aeropuertos regionales construidos en este "país apretado por las deudas", "solamente once de ellos han obtenido beneficios en los últimos 20 años", aclara la corresponsal en Madrid de The Daily Telegraph.

Govan finaliza el artículo con las declaraciones de un jubilado de Castellón que asegura que "no le sorprende" el destino del último aeropuerto construido en España. "Siempre pensé que era estúpido construirlo aquí cuando estamos a menos de una hora del aeropuerto de Valencia", confiesa el anciano, quien finaliza: "y pensar que estábamos preocupado por el ruido de los aviones". "Qué broma".
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Spain's white elephants how country's airports lie empty

Only 11 of Spain's 48 regional airports are profitable and its newest project has yet to see a single passenger through its terminal.

By Fiona Govan, Castellón

8:45AM BST 05 Oct 2011

The gleaming new air traffic control tower shimmers in the midday heat, visible for miles around, it rises up above groves of orange trees in the agricultural region of Castellón, north of Valencia.

But it has yet to guide a single aircraft onto the 3,000 yards of virgin runway at Spain's newest airport, inaugurated in March at a cost of 150 million euros (£130 million).

The metal clad terminal stands empty, its vast car park untarnished by a single vehicle, weeds growing up through the pavements, the only sign of life.

It is the newest example of infrastructure "white elephants" that litter the Spanish countryside, huge projects often funded by taxpayer money that helped drive Spain's economic boom and that have come to symbolise the wasteful spending contributing to its spectacular bust.

Castellón Airport promised to be a gateway to an undiscovered region, providing jobs for locals in a country struggling with 21 per cent unemployment rate, and delivering tourists tempted by cheap deals to some of Spain's most beautiful white sand beaches.

But six months after its completion it has yet to be awarded an airport license a fact many attribute to political differences between the Conservative-run region and the socialist government in Madrid still yet attract the attention of the low-cost airlines deemed so necessary for its success.

The fate of another of Spain's airports will do little to encourage investors in CastellÃ³n. Next month Spanish low cost carrier Vueling will cease to operate routes from Ciudad Real airport, 125 miles south of Madrid in Castile-La Mancha.

"Low profitability of the routes, increased cost of aviation fuel, and the stagnation of the Spanish economy have forced the decision," the airline said in a statement.

With only two flights a week it was the only commercial airline left operating.

The airport, the first privately-owned venture in Spain although publicly subsidised, opened in December 2008 costing close to 1 billion Euros and with the ambition of becoming a cargo and passenger in the shadow of the capital's Barajas airport. It was even called Madrid South.

But far from meeting its target forecast of 1.5m passengers a year, it managed only 100,000 in 2010, and saw airlines including Ryanair, Air Berlin and Air Nostrum drop it from their routes as unprofitable.

Last year the company that ran the airport went into receivership owing millions to contractors, and leading the Bank of Spain to take control of the regional savings bank Caja Castilla La Mancha which bankrolled the project.

Under specially negotiated employment contracts all airport personnel, even its executives, rotate with three months on the job followed by three months at home on the dole.

Another example is Huesca airport, opened in 2007 in the shadow of the Pyrenees in northeastern Spain, regional authorities hoped to attract skiers to its slopes, even subsiding the now defunct Pyrenair.

Seeing only 6,228 passengers in the whole of 2009, one report stated that each passenger cost the public coffers some 700 euros (£600) and last year its losses amounted to 6m euros (£5.2m).

The last commercial flight departed in April, the next is not due until January. But the fully staffed airport still attracts visitors locals drive out to the airport to dine in its air-conditioned cafés and restaurants.

During the height of the construction boom, authorities rushed to take advantage of low-cost airlines, to plan new airports and open up hitherto unknown regions to northern European tourists.

But of the 48 regional commercial airports built in the debt-ridden country in less than 20 years, only 11 make a profit.

As part of a series of austerity measures designed to wrench Spain out of its deep economic problems, Socialist Prime Minister Jose Luis Rodriguez Zapatero promised partially to privatise its airports. Negotiations are still under way.

Back in Castellón, residents are not at all surprised at the fate of Spain's newest airport.

"I always thought it was a stupid idea to build one here when we are less than one hour from Valencia airport and I was right," confessed Vicento Bore, a 78-year old pensioner playing cards with friends in the tranquil square of Vilanova d'Alcorea, a village with 700 inhabitants less than two miles from Castellon airport.

"To think that we were worried about all the noise of suddenly being in a flight path," he laughed. "What a joke."

2011-09-15T15:34:00.006+02:00

The Telegraph 14 9 2011: My solutions to the expat Spanish property scandal

Maura Hillen, president of an expat action group, explains the major property issues faced by Britons in Andalucia – and what the Spanish government must do to fix the problem.

Maura Hillen with her husband John outside their home in Almanzora, a region in which there are more than 12,000 'illegal' properties

6:11PM BST 14 Sep 2011

Entering the Andalucian property market is like entering a minefield. Some will emerge unscathed and others will step on the unexploded bomb. There is no reliable map to guide you.

The tripwire for the unlucky is a poorly-policed system for urban planning and land management, which has resulted in an estimated 300,000 illegal buildings in this region of Spain alone.

The consequences of owning an illegal property are many and varied, ranging from unexpected and expensive urbanisation costs to land grab, court proceedings, fines, denial of access to basic services or in the worst case scenario, demolition of your property.

Since the problem emerged over a decade ago, the regional government has made efforts to cauterize the wound. It has introduced new regulations which attempt to ensure that mistakes are not repeated. However, it has thus far failed to effectively tackle the stockpile of illegal housing which continues to stink up the market place.

Its latest legal manoeuvre, a draft decree, describes a complex, sometimes ambiguous, lengthy and expensive solution which fails to bring any immediate relief to those facing demolition or denied access to basic services.

More decisive action is required in my view. The market demands it and the homeowners desperately need it.

As president of AUAN (Abusos Urbanisticos Almanzora, NO), an association of some 700 British homeowners who have become trapped in this mess, I have a fairly detailed perspective on the problem and its possible solutions. I believe that the following should be done.

Change the law

The genie is out of the bottle and cannot be returned or ignored. The regional government must create a complete and up-to-date legal framework to deal with illegal constructions. This requires changes to the planning laws, rather than clarification of its finer details via various decrees.

For example, current planning law does not recognise the existence of a house in the countryside unless it is associated with farming or is more than 25 years old. This does not conform to the needs of rural communities, the demands of the market or the current reality of homes in the countryside.

Current planning law does not permit the segregation of a rural parcel of land to create a building plot. In reality, such parcels exist in large numbers, and must be dealt with to solve pressing problems with title to land and the property on it.

Introduce interim measures

Realistically, a properly-ordered solution will take years to implement. In the meantime, prosecutors are obligated to seek demolition of illegal properties and service providers are obligated to deny access to basic services such as electricity and water, creating untenable situations for the homeowner. Interim legal measures are required whilst fair and just solutions are put in place.

Remove planning powers from small town councils

In my experience small councils lack the funding and the technical expertise to prepare complicated town plans. There is also the frequently irresistible temptation to rezone the land of friends and family as lucrative building land at the expense of the wider community. A centralised function would create economies of scale and be more impartial.

Act decisively against illegal construction

It is easy to find examples of continued illegal construction. There are less than 50 planning inspectors in Andalucia for a land mass of 33,694 square miles. The complicated intermingling of politics, business, wealth and favours in small Spanish towns makes it unlikely that such activities will be reported. Citizens alerting the authorities to illegal construction need a means to protect their anonymity.

Compensate

Create a fund to compensate those whose homes have been demolished through failings in the system rather than any wrongdoing on the part of the unsuspecting homeowners. Divert money from marketing campaigns for this purpose. It will do more good.

The government of Andalucia has complete control over planning matters within its borders. This gives them the power to amend the law to solve the problem. One can only hope that they heed the demand for change not only from Spanish nationals who are similarly affected and who will have their say in the coming elections, but also from the thousands of foreign homeowners who were encouraged to settle here only for their investment to be wiped out and their dreams shattered.

If Spain wishes to remain the premier choice for European retirees and to bring in much needed new investment, it needs to make changes that will offer the security demanded by purchasers. If it continues to ignore the mistakes of the past or papers over the cracks with piecemeal legislation, consumers and the property industry as a whole will continue to be badly served.

Telegraph Expat's Spanish Planning Scandal campaign is supporting the thousands of expats who have been affected by the illegal homes crisis in Spain. You can find all the latest news on the situation – and place a pin telling your story on our interactive map -

http://www.telegraph.co.uk/expat/campaigns/spanishplanningscandal/

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Diario Montañes 2 9 2011: Cantabria - La Fiscalia cuestiona la ley...

2011-09-03T09:22:00.001+02:00

La Fiscalía cuestiona la ley que permite legalizar viviendas condenadas al derribo

DIARIO MONTAÑÉS* : La Fiscalía de Cantabria ha puesto en entredicho la reforma legal que permite legalizar algunas de las urbanizaciones con sentencia de derribo, porque puede generar «inseguridad jurídica», un efecto contrario al que pretendía el legislador cuando la aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos en julio de 2010. Esta iniciativa parlamentaria fue acompañada de otra, la llamada Ley de Derribos, que posibilitaba indemnizar a los propietarios de viviendas ilegales antes de proceder a su demolición, texto cuya constitucionalidad ha cuestionado el Tribunal Superior, que ha elevado una consulta al Alto Tribunal.

Con ambas leyes el Parlamento pretendía dar una salida a las 663 viviendas que hay en Cantabria afectadas por una sentencia de demolición. Hasta ahora se conocían las dudas de los jueces sobre uno de los textos. La fiscal superior de Cantabria, María Teresa Calvo, nunca se había pronunciado en público al respecto, a pesar de que la Memoria Fiscal ya había sido difundida en parte el pasado mes de junio a través de los medios de comunicación.

Ha sido una pregunta del portavoz regionalista, Rafael de la Sierra, formulada a Calvo en su comparencia, la que ha desvelado los reparos de la Fiscalía al texto legal. En la Memoria, a la que ha tenido acceso este periódico, la Fiscalía no entra a valorar la política de protección ambiental de los organismos legislativos, pero muestra su preocupación por la iniciativa que permite legalizar algunas urbanizaciones, al crear «inseguridad jurídica».

De la Sierra pidió a la fiscal superior una «aclaración» sobre el motivo de una afirmación «tan negativa», y quiso saber si en el año de vigencia que tiene la norma se ha producido algún caso de inseguridad jurídica. La respuesta de Calvo fue lacónica. Se limitó a decir que alude a «conceptos jurídicos indeterminados que a veces pueden ser un elemento distorsionador a la hora de enfocar una determinada conducta». Tras la comparecencia, en una reunión de café, los parlamentarios obtuvieron más explicaciones.

El texto normativo (Ley de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo) fue aprobado con el apoyo de los tres grupos políticos. Su objetivo era que los ayuntamientos adaptaran sus planeamientos urbanísticos al Plan de Ordenación del Litoral (POL), circunstancia que los diputados aprovecharon para evitar la demolición de viviendas que creaban un impacto sobre el paisaje y que, por situaciones sobrevenidas motivadas por cambios en el entorno, eran susceptibles de ser legalizadas. La mayor parte de ellas se sitúan en los municipios de Piélagos y Argoños.

Peritos independientes
En su intervención, la fiscal superior de Cantabria reclamó la constitución de un cuerpo de peritos especializados vinculados a la Fiscalía en los casos de delitos contra el medio ambiente y ordenación del territorio, ya que al resultar imputados representantes de los ayuntamientos, se necesita la colaboración de arquitectos independientes.
El portavoz del PRC, Rafael de la Sierra, pidió también una aclaración sobre este asunto, ya que podía ponerse en duda «la independencia de los funcionarios». Calvo aseguró que la expresión ha podido ser «desafortunada», pero que en ningún momento se ha puesto en duda la independencia del funcionario público. «Se trata de crear equipos de trabajo dentro de la figura del fiscal instructor, que requiere una investigación diferentes», matizó. Los grupos políticos elogiaron también el trabajo de los fiscales.

* Diario Montaés - 2.09.11
Foto: Argoños (Cantabria), urbanización Las Llamas con sentencia de derribo (archivo) - eldiariomontanes.es

AUAN Press Release / Nota de Prensa 27 7 2011

2011-07-27T17:14:00.001+02:00

AUAN submits objections to the Decree to regularise houses in Anadalucia

Those affected will be dead before their houses are regularised

After a panel discussion which took place on the 20th of this month with political representatives, including various Mayors of the Valley of Almanzora, as well as various representatives of local businesses, residents, ecologists, architects, lawyers, local functionaries, planners and other social agents, AUAN has present objections to the draft Decree that the Junta de Andalucia claims will “regularise” illegal houses in Andalucia. According to Maura Hillen, president of AUAN: “In the objections we have tried to take into account some of the opinions expressed during the round table and we think that the objections represent a little bit of social consensus in the Valley of Almanzora”.

Partly as a result of the round table, AUAN considers the draft text to be insufficient, in parts ambiguous and contradictory, and includes some clauses of dubious legality in their opinion. According to AUAN sources, whilst it contains some good things, in other cases in makes the problem worse, and in addition the mechanisms outlined in the draft will be very difficult to put into place in practice, running the very great risk that a large number of those affected will be dead before their properties are regularised – if they are regularised.

AUAN advocates for a change in the LOUA (and possibly state law), as the only real way to solve the problem. They stress the need to provide services such as water and electricity to avoid the demolition of homes purchased in good faith, some with local building permits, to protect the human rights of the homeowners.

Finally, AUAN has requested a meeting between the participants in the round table and the Minister of Public Works and Housing before the decree is approved in order to allow for “dialogue, transparency and participatory democracy”.

Note: AUAN is a registered association. It receives no public funding. All Independent research and the activities of the organisation are funded by the members (homeowners) and private donations. www.almanzora-au.org

TEXT OF OBJECTIONS PRESENTED BY AUAN 25.07.2011

FIRST: THE HUMAN FACTOR: Firstly we would like to highlight that this issue does not revolve around sterile theoretical and philosophical debates; on the contrary, this issue is one of great social, economic and human importance. We consider that it represents a grave malaise in the urban planning and housing system in Andalucia, which manifests itself, we understand, in some 300,000 irregular homes. These homes, in turn, possibly represent hundreds of thousands of homeowners, and also a huge investment of money. This malaise impacts heavily on foreign investment, and also has a serious negative impact on the social and economic fabric in many parts of Andalucia.

We believe that it is obvious that in a modern and democratic state of law it is impossible to knock down so many houses, many of them bought in good faith by third parties. Therefore, we believe that there is no other remedy but to provide a solution to these houses where possible.

The problem is large, and big problems need big solutions, but we suggest that in our opinion the draft of the Decree that has been presented to us, is nowhere near a big solution.

We consider that the problems of these houses will not be resolved with a mere regulation, which is what the Decree in essence is, in addition we consider that it is too complex, ambiguous and contradictory, making the practical solution of the problem more difficult, and that it contains some provisions of doubtful legality. In our view the decree is not a suitable instrument to resolve problems of this kind.

SECOND: URBAN SUBDIVISIONS: In many cases irregular urban land divisions have occurred on non urbanizable land; and we believe that there is no other remedy but to recognise and regularise these land divisions, especially given that, in practice, these divisions will be very difficult, if not impossible, to undo.

We believe that the regulation of these land divisions requires a change to the basic planning law (the LOUA and possibly the state Land Law). Therefore, the Decree is not an apt instrument to resolve this problem. What the draft does is to make matters worse, when providing, for example, that these divisions must be undone without saying how this can be achieved in practice, that is to say: Which entity undoes the division? Through what mechanism? What is the land title afterwards? (it returns to the original owner, or there is joint ownership?, etc. That is to say, instead of giving more legal certainty, the draft creates more legal uncertainty.

THIRD: INCORPORATING IRREGULAR SETTLEMENTS INTO PLANNING: It is true that the draft eases the growth limits established in article 45 of the POTA, which is a plus. However, as we have said, it exacerbates the problem of urban subdivisions; and, additionally, the regularisation of these houses seems to pass through the normal planning procedures, that is to say: reclassification of the land via planning innovations; systems of cooperation or compensation; urbanisation project; reorganisation of land parcels, licenses; etc;. All at a cost that is not only for the town councils but for the homeowners; and when you add the time of the whole procedure it could take 10 to 15 years to complete the regularisation process (if carried out). During the passage of this time we think it no exaggeration to say that we believe that many of the homeowners in these settlements, who are now pensioners, will be dead before their homes are regularised.

Amongst the practical questions that arise: the great difficulties that the Town Councils have, in the current economic climate, to fund the cost of the planning amendments; the great difficulty in co-ordinating a large number of homeowners (executing the urbanisation plan); the difficulty finding land for general systems and services; the difficulty deciding the limits of the execution units; etc, etc.

That is to say, apart from what we have said in relation to article 45 of the POTA, the decree does not provide solutions, and in practice we consider that it is probable that it condemns these buildings to a type of social, economic and legal “limbo”.

FOURTH: AMBIQUITY IN THE CLASSIFICATIONS: Not only is the draft unable to provide solutions to the problem, we also believe that it contains certain ambiguities. For example:

The generic classification of houses: The draft should specify in greater detail and clarity how to distinguish the three kinds of irregular housing: (1) isolated dwellings, (2) homes in settlements, (3) scattered rural settlements. The draft allows for the possibility that isolated dwellings are grouped (it is not specified how many, nor their characteristics) and distinguishes them using the criterion of the need for collective urban services, ie they do not need urban services as opposed to houses grouped in settlements, that do. Yet we do not understand how it is decided that some houses need urban services and others not need them (these unspecified urban services). The concepts to decide when we have a scattered rural settlement are also ambiguous and given to different interpretations: the draft indicates that housing in scattered rural settlements is linked to rural life with features that should be preserved. But the draft should contain objective, detailed and precise criteria to distinguish clearly between these three types of housing. Otherwise we run the risk of encouraging legal uncertainty and the use of discretion if not arbitrariness.
Housing in settlements disconnected from the urban nucleus: Another important ambiguity is article 12.6 of the draft, when speaking of settlements with land consolidated by building of more than 50%: The question is more than 50% of what? That is to say, what figure is 50% of what other figure? Are we speaking of meters of construction over total meters of land? Or are we talking of parcelas of land with buildings as a percentage of parcelas of land without buildings? And in the last case, does the size of the parcela matter? The other question is how are the boundaries of the land being urbanised determined to calculate this percentage?
Second transitional clause: It is difficult to understand what this means and the wording needs to be improved. That is to say, does it say that houses in settlements can be considered as houses assimilated as fuera de ordenacion whilst the regularisation of the settlement is not yet approved, if the “proscription” of action to restore planning legality can be proven?

FIFTH: PROVISIONS OF DOUBTFUL LEGALITY: The draft of the decree contains some provisions of dubious legality, such as:

Provision 7.6 which indicates that the classification of a house as assimilated as fuera de ordenacion does not grant any rights in criminal or administrative proceedings. This is a surprising provision that, in any case, cannot be part of a regulation, nor is it within the competency of the autonomy, and is also likely to be unconstitutional.

The provisions regarding inscription in the Registry of Property, because they do not fall under the purview of autonomous regulation and contradict state law.

SIXTH: HUMAN RIGHTS – SERVICES AND DEMOLITIONS The draft stipulates that houses assimilated as fuera de ordenacaion will not be given an occupation licence but this creates problems in terms of the provisions of the LOUA, which indicate that the utility companies must demand a licence of occupation for the connection of services. On the other hand, the draft indicates that “exceptionally” it is possible to authorise specified services when, amongst other things, “it does not induce the formation of a nucleus of population”. This is not understood, since some of these houses (if not the majority) are grouped, and we all understand the difficulty of determining when the “risk of creating a nucleus of population” exists.

AUAN considers that the lack of access to these services could be violating the human rights of the residents in these houses, and that these rights should be taken into account in the draft, at least as a transitional measure, whilst the regularisation process takes place.

We also consider that there currently exits the risk of demolition of some houses acquired in good faith, including those with licences, without the owners having the right to prior, real and adequate compensation, that is to say, also possibly infringing their human rights. The draft does not take into account: which must be recognised in Law (the LOUA or similar); the establishment of a moratorium on proceedings that could result in demolition (for example via an additional provision).

SEVENTH: Given the complexity of this issue, its importance, and the short period of time that we have had to prepare these allegations, we retain the possibility of improving them. In additions we are interest in a future meeting with the Ministry to discuss these and other points before the draft of the Decree is approved, for the sake of dialogue, transparency and democratic participation.

Contacto: Patricia Sampson: 638323706

Email: info@almanzora-au.org

AUAN – “LOS AFECTADOS HABRAN MUERTO ANTES DE QUE SE REGULARICEN SUS CASAS”

AUAN informa que, tras la mesa redonda que tuvo lugar el día 20 de este mes con representantes políticos, incluyendo varios Alcaldes del Valle del Almanzora, así como varios representantes de empresarios, ciudadanos, ecologistas, arquitectos, abogados, miembros de la función local, urbanistas, y otros agentes sociales, ha presentado alegaciones al borrador de Decreto por el cual la Junta pretende “regularizar” las viviendas irregulares en Andalucía. Según Maura Hillen, Presidente de AUAN: “En las alegaciones hemos tratado de tener en cuenta algunas de las opiniones vertidas en la mesa redonda, y pensamos que es probable que las alegaciones representa un poco el consenso social en el Valle del Almanzora”.

No obstante, como ya adelanto en parte tras la mesa redonda, AUAN considera al borrador como insuficiente, en parte ambiguo y contradictorio, e incluso con algunas clausulas de dudosa legalidad en su opinión. Dice AUAN que, aunque tiene alguna cosa buena, en algunos casos el borrador empeorará la problemática, y añade, que, con los mecanismos previstos en el borrador, muy difícil de llevar a cabo en la práctica, se corre el riesgo de que gran parte de los afectados habrían muerto antes de que se regularicen sus propiedades, si es que ello se llegase a producir.

AUAN aboga por un cambio en la LOUA (y quizás la Ley estatal), como único mecanismo para resolver esta problemática. Destaca la necesidad de proveer de servicios de luz y agua a las viviendas y de evitar su demolición en caso de adquirentes de buena fe (algunos incluso con licencia urbanística), para proteger los derechos humanos de los propietarios.

Finalmente, AUAN ha solicitado una reunión para los integrantes de la mesa redonda con la Consejera de Obras Publicas y Vivienda de la Junta de Andalucía en el Valle del Almanzora para principios de Septiembre, y antes de que se llegue a aprobar el Decreto, dice AUAN: “en aras al dialogo, la transparencia y la democracia participativa”.

TEXTO DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS POR AUAN EL 25.07.11:

“PRIMERO: EL FACTOR HUMANO: Antes de nada deseamos destacar que este asunto no gira alrededor de estériles debates teóricos o filosóficos; sino que, de lo contrario, el asunto tratado es de una gran importancia social, económica y humana. Consideramos que el mismo representa una grave patología en el sistema urbanístico e inmobiliario en Andalucía, que se manifiesta en unas 300.000 viviendas irregulares, según entendemos. Dichas viviendas, a su vez, representan cientos de miles de posibles propietarios, y, asimismo, una enorme inversión de dinero. Esta patología está afectando en gran medida a la inversión extranjera, y también tiene una grave incidencia negativa en el tejido social y económico de muchas partes de Andalucía. A nuestro entender, es obvio que en un estado moderno y democrático de derecho es imposible tirar abajo tal cantidad de viviendas, muchas de ellas adquiridas por terceros de buena fe. Por ello entendemos que no queda otro remedio sino dar una solución a estas viviendas en la medida que fuese posible.

El problema es grande, y ante grandes problemas tienen que existir grandes soluciones; pero adelantamos aquí que en nuestra opinión el borrador de Decreto, que se presenta ante nosotros, no es ni muchos menos una gran solución.

Consideramos que la problemática de estas viviendas no se resuelve con un mero reglamento, que es lo que sería en esencia este Decreto, el cual, asimismo, consideramos como un instrumento demasiado complejo, ambiguo y contradictorio que dificulta aún más la solución práctica del problema y que contiene algunas disposiciones de dudosa legalidad. A nuestro entender este borrador no es un instrumento apto para resolver la problemática de la que el mismo versa.

Lo que indicamos a continuación en este escrito no es exhaustivo, y sólo podemos hacer unos comentarios genéricos al borrador, dado el poco tiempo de que hemos dispuesto para estudiarlo. Lo que indicamos tampoco prejuzga la situación concreta que pudiese tener cada uno de los asociados de AUAN.

SEGUNDO: PARCELACIONES URBANISTICAS: En muchos casos se ha producido una parcelación urbanística irregular de suelo no urbanizable; y nosotros entendemos que no queda remedio sino reconocer y regular dichas parcelaciones; dado especialmente que, en la práctica, dichas parcelaciones son muy difíciles, sino imposibles, de deshacer.

Consideramos que la regulación de dichas parcelaciones tiene que pasar necesariamente por una modificación en la ley básica urbanística (la LOUA y quizás la Ley de Suelo estatal). Por ello, al no ser un Decreto un instrumento apto para resolver esta problemática, lo que hace el proyecto es empeorar el asunto, al disponer, por ejemplo, que dichas parcelaciones se deben deshacer, sin explicar cómo ello se lleva a cabo en la práctica, es decir: ¿Qué entidad las deshace?, ¿Mediante qué mecanismo? ¿Con qué titularidad queda el suelo después? (¿se devuelve el suelo a su titular original, o existe una titularidad proindivisa?), etc. Es decir, en vez de dar más seguridad jurídica, el proyecto crea inseguridad jurídica adicional.

TERCERO: INCORPORACIÓN EN EL PLANEAMIENTO DE LOS ASENTAMIENTOS IRREGULARES: Es verdad que el borrador flexibiliza los límites de crecimiento establecidos en el artículo 45 del POTA, lo cual es un punto a favor. No obstante, como hemos dicho, empeora el problema de las parcelaciones urbanísticas; y, adicionalmente, la regularización de estas viviendas en asentamientos parece pasar por los procedimientos habituales de planeamiento, es decir: reclasificación del suelo mediante innovación del planeamiento; sistema de cooperación o compensación; proyecto de urbanización; reparcelación; licencias; etc. Todo con el coste que implica no sólo para los Ayuntamientos, sino para los propietarios; a lo cual hay que añadir la duración de todo el procedimiento que podría quizás ser de 10 a 15 años hasta la completa regularización (si se llevase a cabo). Durante el transcurso de ese tiempo, creo que no exageramos al decir que creemos que habrían muerto gran parte de los propietarios de viviendas en asentamientos, que hoy son jubilados, antes de que vean la regularización de sus propiedades.

Entre las cuestiones que surgirían en la práctica, se encuentran estas: la gran dificultad de que los Ayuntamientos, en su estado económico actual, puedan costear las innovaciones de planeamiento; la gran dificultad de poder coordinar un gran número de propietarios (gestión del sistema de ejecución urbanística); la dificultad de buscar terreno para sistemas generales y dotaciones; la dificultad de decidir los límites del la unidad de ejecución; etc, etc.

Es decir, el borrador de Decreto, aparte de lo dicho en cuanto al artículo 45 del POTA, no da soluciones, y en la práctica consideramos que es probable que condene estas viviendas a una especie de “limbo” social, económico y jurídico.

CUARTO: AMBIGÜEDAD EN LAS CLASIFICACIONES: No sólo es el borrador incapaz de dar soluciones factibles a la problemática, sino que, consideramos que adolece de ambigüedades. Por ejemplo:

1. La clasificación genérica de las viviendas: El borrador debería especificar con mucho más detalle y claridad cómo se distinguen las tres clases de viviendas irregulares: (1) viviendas aisladas; (2) viviendas en asentamientos; (3) hábitat rural diseminado. El borrador admite la posibilidad que las viviendas aisladas sean agrupadas (no especifica cuántas, ni sus características) y las distingue utilizando el criterio de necesidad de servicios urbanísticos colectivos, es decir que no necesitan servicios urbanísticos colectivos en contraposición con las viviendas en asentamientos, que sí las necesitan; no obstante, no entendemos como se decide que unas viviendas necesitan ciertos servicios urbanísticos y otras no (servicios urbanísticos no especificados por otro lado). Los conceptos para decidir cuándo estamos ante un hábitat rural diseminado también son ambiguos y dados a diferentes interpretaciones: el borrador indica que las viviendas en hábitat rural diseminado son viviendas ligadas al medio rural con características que se deben preservar. Pero el borrador deberá contener criterios objetivos, detallados y precisos para distinguir claramente entre estas tres clases de viviendas. De lo contrario se corre el riesgo de fomentar la inseguridad jurídica, y la discrecionalidad, sino la arbitrariedad.

2. Viviendas en asentamientos desligadas del núcleo: Otra importante ambigüedad es la del artículo 12.6 del borrador, cuando habla de asentamientos con suelo consolidado por la edificación en más del 50%: La pregunta es ¿más del 50% de qué? Es decir, ¿Qué cifra es el 50% de qué otra cifra? ¿Estamos hablando de metros construídos sobre metros de suelo bruto? ¿O estamos hablando de parcelas edificadas como un porcentaje de parcelas no edificadas? Y en este último caso, ¿Da igual el tamaño de las parcelas? La otra pregunta es, ¿Cómo se deciden los límites físicos del suelo de la unidad urbanística para calcular este porcentaje?

3. Clausula transitoria segunda: Esta clausula es difícil de entender tal y como está redactada y se debería mejorar su redacción. Es decir, ¿dice que las viviendas en asentamientos pueden tener la consideración de viviendas asimiladas al régimen de fuera de ordenación mientras no se apruebe la regularización del asentamiento, si se acredita la “prescripción” de la acción de restauración de la legalidad urbanística?

QUINTO: DISPOSICIONES DE DUDOSA LEGALIDAD: El borrador de decreto contiene unas disposiciones de dudosa legalidad, tal y como:

- La disposición 7.6 que indica que la clasificación de una vivienda como asimilada al régimen de fuera de ordenación, no le otorga derechos en procedimientos penales o administrativos. Esta es una disposición sorprendente, que en cualquier caso, no puede ser materia de un reglamento, ni es una disposición que cae bajo competencia autonómica, siendo además probablemente anti-constitucional.

- Las disposiciones sobre los actos de inscripción en el Registro de la Propiedad, dado que éstas no caen bajo el ámbito de competencia normativa autonómica, y contradicen leyes estatales.

SEXTO: DERECHOS HUMANOS – SERVICIOS Y DEMOLICIONES: El borrador dispone que a las viviendas en el régimen de asimilado al de fuera de ordenación, no se les otorgue licencia de ocupación; sin embargo, ello crea problemas en cuanto a lo dispuesto en la LOUA, que señala que las compañías suministradoras de los servicios deben de exigir la licencia de ocupación para la conexión de los servicios. Por otro lado, el borrador indica que “excepcionalmente” se podrá autorizar la acometida de determinados servicios cuando, entre otras cosas, “no induzcan a la formación de núcleo de población”. Ello no se entiende, dado que algunas de estas viviendas (sino la mayoría) están agrupadas, y todos sabemos la gran dificultad de tratar de definir cuándo existe el “riesgo de creación de un núcleo de población”.

Desde AUAN consideramos que en la falta de acceso a estos servicios se podrían estar infringiendo los derechos humanos de los residentes de las viviendas, y estos derechos deberán ser tenidos en cuenta en el borrador, por lo menos como disposición transitoria, mientras estuviese en curso el procedimiento de regularización urbanística.

Consideremos, asimismo, que actualmente existe un riesgo de demolición de algunas viviendas adquiridas de buena fe, incluso algunas que cuentan con licencia, sin que sus propietarios tengan garantizado su derecho a una previa, real y adecuada indemnización, es decir, también posiblemente infringiendo sus derechos humanos. Ello no se tiene en cuenta en el borrador; debiéndose recoger este derecho en la Ley (la LOUA o similar), estableciéndose en este borrador (por ejemplo mediante una disposición adicional) mientras tanto una moratoria en lo concerniente a procedimientos que pudiesen dar lugar a una demolición.

SEPTIMO: Ante la complejidad de este asunto, su importancia, y el poco tiempo que hemos tenido para redactar estas alegaciones, dejamos a salvo la posibilidad de mejorar las mismas. Asimismo, nos interesamos en una futura reunión con esa Consejería para tratar estos y otros puntos antes de que se apruebe el borrador de Decreto, en aras al diálogo, la transparencia y la democracia participativa.”

Europa Press 7 Almeria 20 7 2011: Residentes britanicos en Almanzora...

2011-07-21T17:38:00.000+02:00

Residentes británicos en Almanzora anuncian alegaciones al decreto para regularizar viviendas en no urbanizable

El número de edificaciones en suelo no urbanizable detectadas en diez municipios del Valle del Almanzora duplica la estimación realizada por la Junta de Andalucía hace tres años

20.07.11 - 20:04 - EUROPA PRESS | ALMERÍA

La Asociación Abusos Urbanísticos Almanzora-NO (AUAN) ha constituido un grupo de trabajo con agentes sociales y económicos de la comarca para presentar alegaciones contra el decreto que impulsa la Junta de Andalucía para regular las edificaciones y asentamientos en suelo no urbanizable en la región al considerar que es "muy limitado" y "en el fondo, supone una factura" para los propietarios de los inmuebles.

Así se ha acordado en la reunión informal que se ha celebrado esta mañana en la sede de la Asociación Provincial de Empresarios del Mármol (APEM) en Macael y que ha contado con la participación de seis alcaldes de la comarca, así como varios representantes de promotores, ciudadanos, ecologistas, arquitectos, abogados, notarios, urbanistas, y otros agentes sociales.

La AUAN, que ha calificado el encuentro de "fructífero" para "vislumbrar el final del tunel de inseguridad jurídica y caos urbanístico", ha detallado en un comunicado que el decreto "no es ni mucho menos la panacea" a la situación de las edificaciones consideradas fuera de ordenación ya que "complica" muchos aspectos "sin llegar a hacer cambios profundos que harían necesario --han añadido-- un cambio" en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y la Ley del Suelo.

"En el fondo es una factura para los propietarios, sin tener en cuenta que muchos de ellos ya han pagado", ha subrayado al tiempo que han señalado que, a su juicio, "tampoco ofrece soluciones inmediatas a los problemas mas graves como los procedimientos jurídicos y la falta de acceso al agua y a la luz". "Esos problemas necesitan unas medidas transitorias hasta que se sepa cuál va a ser la situación final de la vivienda", ha trasladado.

El colectivo, que agrupa a residentes británicos en la Comarca del Almanzora, ha resaltado que se ha iniciado un proceso de colaboración entre todos los interesados y los afectados de la zona. "Vamos a crear un grupo de trabajo y dialogo para presentar nuestras alegaciones ya que --han concluido-- los grandes problemas necesitan grandes remedios, y este borrador no es, ni mucho menos, un gran remedio".

El número de edificaciones en suelo no urbanizable detectadas en diez municipios del Valle del Almanzora duplica la estimación realizada por la Junta de Andalucía hace tres años ya que se eleva, según se desprende de los inventarios realizados por los ayuntamientos, a un total de 12.697, de las que 920, en su mayoría viviendas, no podrán ser "reconocidas" mediante la nueva figura urbanística de "asimilado fuera de ordenación", que permitirá a sus propietarios tener acceso a "unos mínimos servicios" como luz, agua o alcantarillado "en régimen de autosuficiencia".

La cifra la dio a conocer en marzo la consejera andaluza de Obras Públicas, Josefina Cruz, quien matizó que los 11.777 inmuebles suceptibles de ser regularizados no serán "legalizados" a través del decreto sino que serán "reconocidos como una realidad" para, de este modo, facilitar que se les pueda conceder una licencia de primera ocupación para el acceso a los citados servicios básicos, que deberán, ha añadido, correr por cuenta de sus dueños para no incurrir en "injusticia" con aquellos que "adquirieron una vivienda legal y contribuyeron a que el Consistorio sufragase esas infraestructuras".

Los inventarios que arrojan que "no hay opción legal" para un 7,2 por ciento del total de las edificaciones sobre suelo no urbanizable detectadas se han realizado en los municipios de Albánchez, Albox, Arboleas, Cantoria, Fines, Líjar, Lubrín, Oria, Partaloa y Zurgena, los que, según señaló Cruz, "tenían más problemas" en materia urbanística de entre las 29 localidades que integran el Valle del Almanzora.

El Confidencial 5 7 2011: Los políticos corruptos de PSOE y PP ganan elecciones gracias a los medios afines

2011-07-06T11:54:00.000+02:00

ELCONFIDENCIAL/Alberto Mendoza* : ¿Por qué el electorado no castiga a los políticos sospechosos de corrupción? ¿Cómo consiguieron revalidar su mayoría el pasado 22 de mayo candidatos imputados como Francisco Camps? Para la Fundación Alternativas, la respuesta a estas preguntas hay que buscarla en el papel de los medios de comunicación y sus afinidades ideológicas o partidistas. Así, según el Informe sobre la Democracia en España 2011 del citado think tank progresista, la percepción que un votante posee de la corrupción cambia radicalmente si se informa a través de La Sexta, El País y la Cadena Ser, o lo hace con Antena 3, El Mundo y Onda Cero.
Un ciudadano que viva en una comunidad autónoma gobernada por el PSOE, y que consulte medios de comunicación con una línea editorial próxima a este partido, tenderá a pensar que su Gobierno es honrado y que la corrupción apenas está extendida. Pero si consume una combinación de periódicos y emisoras más cercana al PP, adquirirá una opinión mucho más negativa. Del mismo modo, en una comunidad autónoma regida por un gobierno popular, los ciudadanos evaluarán la extensión de la corrupción de modo muy distinto si se informan a través de medios próximos al PSOE o al PP.

Por ello, el informe de la Fundación Alternativas, presentado oficialmente este martes en Madrid, concluye que "una de las principales causas por la que la corrupción es poco castigada electoralmente en España puede ser la influencia de los medios de comunicación. El tipo de perfil de medios consumido repercute en la percepción de la prevalencia de corrupción".

Los investigadores han agrupado en diversas combinaciones una televisión, una cadena de radio y un diario de papel: TVE, El País y RNE; Antena 3, El Mundo y Onda Cero; Antena 3, El Mundo y Cope; Cuatro, El País y Ser; La Sexta, El País y Cadena Ser; y un último conjunto de televisiones autonómicas y radios locales sin ningún periódico. Como quizás era predecible, el estudio ha encontrado una diferencia de hasta 11 puntos en la probabilidad de que los consumidores de uno y otro grupo de medios reconozcan que la corrupción está extendida en el Gobierno de su comunidad.

Según el documento, el sesgo hallado en El País, El Mundo, Antena 3 o la Ser coinciden con "las inclinaciones partidistas que frecuentemente se atribuyen a estos medios". No obstante, el estudio llama la atención sobre "el hecho de que las evaluaciones de quienes optan por medios de RTVE son mucho más similares a las de quienes escogen medios tradicionalmente considerados de centro-izquierda". Por ello, la Fundación Alternativas señala que "a pesar de las reformas introducidas en el funcionamiento del Ente Público con el fin de asegurar su neutralidad", "sus medios moldean las percepciones sobre corrupción en sentido favorable al PSOE y perjudicial para el PP".

El problemas de los canales autonómicos y locales

Por si fuera poco, el estudio revela la escasa repercusión de los casos de corrupción en los canales autonómicos y locales. "El consumo de televisiones autonómicas y radios locales está asociado a las opiniones más benévolas sobre la prevalencia de corrupción, cualquiera que sea el signo partidista del gobierno autonómico". Es decir, que en el control de los medios regionales, poco separa a los candidatos sospechosos de PSOE y PP.

Esta no es la primera vez que la Fundación Alternativas alerta del modo en que algunos medios favorecen a determinadas opciones políticas. Este think tank, próximo a los socialistas, publica cada año su auditoría de la democracia en España y, en 2007, ya se hizo eco de las diferencias con que los principales diarios de papel cubrieron los temas de actualidad. No obstante, la responsabilidad no está solo del lado de la prensa, ya que "los ciudadanos son propensos a consumir medios de comunicación que favorecen a los partidos que ellos mismos apoyan".

* El Confidencial - 5.07.11
Foto: Valencia, president comunidad F.Camps - EFE

El Confidencial: GOBIERNO ESPAÑOL: CONSEJOS A LOS EXTRANJEROS PARA BUSCAR PISO EN ESPAÑA

2011-06-11T10:21:00.001+02:00

EL CONFIDENCIAL.-

Gobierno lanza una guía de consejos a los extranjeros que buscan piso en España

Consejos para extranjeros del Gobierno español: cuidado con vendedores, agencias y bancos

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/_ESPECIALES/SPANISHREALESTATE_EN/

The Spanish Real Estate

Real Estate Road Show

El Gobierno quiere dar salida al ingente stock de viviendas que se ha acumulado en las zonas costeras españolas tras los excesos del boom inmobiliario.
Consciente de que estos inmuebles apenas tendrán salida entre los españoles -las condiciones económicas, el paro y la falta de financiación han provocado la parálisis de las operaciones-, el Ministerio de Fomento que dirige José Blanco inició a principios de mayo un 'road show' por Europa para vender las bondades del mercado vacacional español a ingleses, franceses, alemanes, holandeses, rusos y suecos.
Blanco aterrizó en Londres con las manos vacías, sin inmuebles concretos de entidades financieras o promotores a la venta, y fue duramente criticado por la prensa y diferentes sectores del país que calificaron de "insulto" la vista española para promocionar "un mercado donde unos 50.000 británicos han perdido su dinero porque sus viviendas se han declarado ilegales o no han recuperado la señal que dieron para pisos que nunca se construyeron".

La prensa británica acusó al Gobierno español de ofrecer grandes descuentos en lugar de solucionar los problemas de inseguridad jurídica que plantea España a los inversores extranjeros. Y precisamente es lo que pretende Fomento con una guía sobre cómo comprar vivienda en nuestro país, disponible en inglés en su página web en la que, entre otros consejos, recomienda estar alerta ante cualquier abuso por parte de los promotores o vendedores de viviendas, las agencias inmobiliarias e incluso las entidades financieras en el proceso de compraventa del inmueble. Unos consejos que bien valen también para cualquier español que se plantee la compra de un inmueble en España. Estos son algunos de los consejos a tener en cuenta:
Sobre el vendedor
- Antes de firmar ningún acuerdo o avanzar el pago de cualquier cantidad, el Gobierno aconseja, por ejemplo, comprobar la situación legal del inmueble en cuestión. "Asegúrate a quien pertenece y quién o quiénes son los propietarios". Aconseja, por ejemplo, comprobar el nombre del vendedor o de la compañía, la dirección de ambos, si la empresa vendedora está inscrita en el Registro Mercantil...
Cuando la vivienda está construida, recomienda comprobar si el inmueble en cuestión está sujeto a embargos o cargas como hipotecas o requerimientos judiciales, si tiene inquilinos o arrendatarios o si se trata de una vivienda de protección oficial (VPO).
Si el inmueble todavía está sin construir los consejos pasan, por ejemplo, por comprobar que su construcción ha sido autorizada y cuenta con las licencias necesarias. Fomento también pide cautela a la hora de adelantar cantidades o dar señales, exigiendo algún tipo de comprobante que pueda demostrarlo así como, una vez construida la vivienda, compra, comprobar que la construcción se ha terminado de acuerdo con los planos y que cuenta con un seguro que cubre posibles daños en la vivienda.
Sobre la agencia inmobiliaria
- Si acuden a un agente inmobiliario, recuerda al potencial comprador que se trata de un intermediario entre el vendedor que les pone en contacto para que puedan decidir si quieren llegar a un acuerdo. "Debes tener en mente que la persona que te vende la cas no es la agencia sino el propietario o el promotor".
Generalmente es el vendedor quien contrata los servicio de la agencia y, por tanto, quien debe pagar sus comisiones. Además, el potencial comprador, señala la guía, no está obligado a contratar y a pagar los diferentes servicios que pueda ofrecerle la agencia como una plan de financiación, la contratación de un determinado notario... "Como comprador no estás obligado a usar estos servicios. Puedes negarte a contratarlos", señala la guía.
Sobre la entidad financiera
- La guía contempla, además, algunos consejos a la hora de contratar la hipoteca. "Los préstamos hipotecarios generalmente no son negociables e incluyen condiciones que en algunos casos podrían ser abusivas". Recuerda que si sobre el inmueble en cuestión ya pesa una hipoteca, el comprador no está obligado a subrogarse y que puede pedir al vendedor que cancele dicha hipoteca mientras él contrata una hipoteca con otra entidad financiera. En caso de subrogación, el comprador puede solicitar a la entidad mejores condiciones en el préstamo. Si ésta se niega, puede cancelar dicha hipoteca y contratar otro préstamo con otra entidad sin que eso suponga grandes comisiones.

El Pais 31 5 2011: Mas ladrillo contra la crisis del ladrillo

2011-05-31T22:40:00.000+02:00

Más ladrillo contra la crisis del ladrillo

La Generalitat utilizará el fallo del tribunal europeo para buscar inversores

CRISTINA VÁZQUEZ - Valencia

EL PAÍS - 31-05-2011

El Consell, apoyado por todo el sector de la construcción, anunció ayer una ofensiva en el exterior para atraer nuevos inversores inmobiliarios al calor de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. "El tribunal ha dejado muy claro que la legislación valenciana es ajustada a derecho en todo lo referente al urbanismo", reiteró el vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla. A su lado, el consejero del ramo, Juan Cotino, asentía.

El Gobierno valenciano aprovechará el foro creado en torno a la Estrategia Territorial para crear comisiones con empresarios y colegios de arquitectos y de ingenieros para explicar al mundo que invertir en esta autonomía es seguro desde el punto de vista jurídico.

El Consell está decidido a encarar la crisis, pasados apenas tres años del estallido de la burbuja, con su apoyo al negocio de la promoción inmobiliaria. O, lo que es lo mismo: Más ladrillo para copmbatir la crisis del ladrillo. Solo así se entiende la prórroga ordenada por el Consell de más de 150 Programas de Actuación Integrada (PAI) -según cálculo del colectivo Abusos Urbanísticos No (AUN)- que la crisis económica frenó en seco y que podrán retomarse en cuanto el sector financiero se reponga.

Junto al vicepresidente Rambla y el consejero Cotino se alinearon el presidente de Cierval, Rafael Ferrando, la presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Elena Bastidas, el presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, José Vicente Morata, representantes de las cámaras de Alicante, Alcoi y Orihuela, los presidentes de las asociaciones de promotores de las tres provincias y la cabeza visible de las cooperativas de vivienda, Vicente Diego.

El dirigente cameral José Vicente Morata explicó que contactarán con todas las Cámaras del norte de Europa y de los países anglosajones para exponer el resultado de la sentencia y dejar claro que este es un territorio "interesante" para el turismo, para residir y para las empresas.

Los excesos de la última década del sector inmobiliario, pese a que ahora el Consell saque pecho y repita que el tribunal ha avalado su política urbanística con la sentencia, han dejado una estela de problemas. El más grueso son las 110.000 viviendas de nueva construcción -según datos del Ministerio de Fomento y que otras entidades elevan a casi 200.000- que siguen sin venderse en la Comunidad Valenciana tres años después de que estallara la crisis. A este mar de pisos sin comprador se dirigirán los esfuerzos anunciados ayer por el Consell. "Queremos garantizar a los inversores que aquí hay seguridad jurídica para comprar estos bienes", subrayó Cotino, que, al igual que Rambla, culpó a los socialistas y "sus adláteres" de orquestar una campaña que ha perjudicado a los intereses valencianos. A beneficio de inventario quedaron los informes -en especial, el Informe Auken, que toma su nombre de la eurodiputada liberal que coordinó su redacción- donde se describen prácticas urbanísticas abusivas para miles de pequeños propietarios de suelo.

Esta sentencia no evitará al Consell la necesidad de simplificar y aclarar la mucha legislación urbanística valenciana que ha generado en estas dos últimas legislaturas y contra la que han protestado profesionales del sector por farragosa. Ayer, el consejero Juan Cotino lo aclaró: "La tocaremos para reducir la tramitación", dijo. La Generalitat deberá refundir los textos para suprimir incongruencias.

De los 150 PAI que AUN ha estimado que pueden ser prorrogados gracias a la acción del Consell, Cotino ni confirmó ni desmintió la cifra: "No sé de cantidades", dijo. "Yo le digo lo que hemos hecho y es que los Ayuntamientos pueden pedir la prórroga de los PAI que podían caducar. Lo hacemos para que la crisis no perjudique a nadie", añadió.

Y para que no haya dudas de la ofensiva, la Generalitat difundió un comunicado en el que una revista china -Landscape Architecture China- ha colocado a la Comunidad Valenciana como "referente internacional" en políticas territoriales y paisajísticas, incluso menciona la Estrategia Territorial, aprobada hace escasamente cinco meses y cuya aplicación ni valoró el Consell en la campaña electoral por el poco tiempo que llevaba en marcha. A lo que sí que contestó la Coalició Compromís es a otro anuncio de Cotino, en el que comenta el interés de inversores del Golfo Pérsico en venir a esta autonomía. "No sirve para nada más que para engañar a la gente", comentó la diputada electa Mònica Oltra.

A grandes rasgos

- PIB. La construcción pasó entre 2000 y 2005 del 9% al 12% del PIB, según la Universitat de València.

- Empleo. El número de trabajadores de la construcción en 2006 era de 271.000, el doble que una década atrás.

- Vivienda protegida. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha detenido la construcción de 22.000 viviendas protegidas que estaban ligadas al desarrollo de los PAI.

- Paro. El desempleo afectaba en 2010 a algo más de 100.000 personas en el sector de la construcción.

- Crisis y 'stock'. La acumulación de viviendas sin vender asciende, según los últimos datos disponibles en el Ministerio de Fomento, a unas 110.000.

Inmodiario 30 5 2011: Entidades de Arabia Saudí interesadas en impulsar proyectos en la Comunidad Valenciana

2011-05-30T16:54:00.001+02:00

Sobre todo en el terreno hotelero, de ocio y residencial

Entidades de Arabia Saudí interesadas en impulsar proyectos en la Comunidad Valenciana

30-05-2011 (10:03:27) por Redacción

Valencia. El vicepresidente tercero del Consell de la Comunidad Valenciana y conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, ha manifestado que "después de que el Tribunal Europeo haya avalado la normativa urbanística valenciana, ahora es el momento de trabajar con firmeza para recuperar la imagen de nuestra Comunitat en el exterior y atraer inversiones que generen actividad económica y empleo".

Cotino ha realizado estas declaraciones tras la reunión mantenida con una comisión presidida por Osama Amin, consejero delegado de Prince Turki Bin Sa'ad al Saud Trade Co., para tratar futuras inversiones en proyectos impulsados por entidades de Arabia Saudí en la Comunitat Valenciana, sobre todo en el terreno hotelero, de ocio y residencial.

El vicepresidente ha señalado que "la Generalitat está decidida a hacer llegar a todos que nuestro territorio es lo que siempre hemos defendido, una comunidad dinámica, donde las cosas se han hecho bien, una comunidad abierta al mundo entero, una comunidad donde se invierte y en la que existe seguridad jurídica, lo que crea confianza para recibir inversiones y aportar beneficios para el conjunto de la sociedad valenciana".

"En este sentido, el encuentro de hoy con representantes de Arabia Saudí es un primer paso para hacer llegar a Europa y al resto del mundo la realidad de la Comunitat Valenciana y en buen hacer de nuestra gestión en materia de urbanismo. Iniciamos una nueva etapa en la que vamos a recuperar la imagen de nuestro territorio y la confianza en nuestros proyectos", ha continuado Cotino.

Según ha anunciado el vicepresidente, "nos hemos puesto a trabajar inmediatamente y mañana mismo tendremos una reunión con representantes de los sectores empresariales y colegios profesionales vinculados a la vivienda y el urbanismo para analizar la sentencia y las medidas que vamos adoptar a partir de ahora".

"La Generalitat y todo el sector económico queremos dar la vuelta a una campaña de ataques malintencionados e injustificados que se han estado realizando contra nuestras leyes urbanísticas y con los que se ha llegado a poner en peligro el acceso a los fondos europeos para la Comunitat Valenciana y para España", ha asegurado Cotino.

Además, el Vicepresidente tercero ha recordado que "se llegó al punto de asociar a nuestro país con una imagen que mostraba la silueta de España cubierta de cemento y con una hormigonera, cuando lo cierto es que el 95% de nuestro territorio es verde y está libre de edificaciones o infraestructuras. Ahora debemos romper con esta imagen equivocada y trabajar para reparar el daño injusto que ha sufrido la Comunitat Valenciana durante estos siete años".

Afectados denuncia contra ley urbanística

Por otra parte, el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, Juan Cotino, mantendrá hoy lunes una reunión con los sectores afectados por la denuncia a la Ley Urbanística Valenciana (promotores, constructores, arquitectos, registradores o notarios) "para valorar las medidas que se puedan adoptar para reparar el perjuicio y el daño causado".

La portavoz del Consell realizó estas declaraciones durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Pleno del Consell, tras ser preguntada por la valoración del Consell tras conocerse que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha desestimado el recurso contra la legislación urbanística valenciana.

"El Consell valora este hecho con absoluta satisfacción porque después de siete años en los que se empezó a confundir las instancias jurídicas con los fines políticos, donde hubo manipulación y utilización de las normas jurídicas para atacar a la Comunitat, por fin el tiempo va poniendo cada cosa en su sitio y la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea respalda la política urbanística del Consell", ha destacado la consellera.

"En estos momentos habría que hacer una valoración por parte de todos de lo que ha supuesto esta campaña a costa del urbanismo valenciano, contra la propia Comunitat, el perjuicio que le ha causado, no solo a su imagen y credibilidad, sino al perjuicio económico que ha supuesto", añadía la portavoz.

Valencia Plaza 30 5 2011: Los promotores valencianos reclaman....

2011-05-30T08:51:00.001+02:00

Los promotores valencianos reclaman la refundición de las leyes urbanísticas valencianas

http://www.valenciaplaza.com/ver/26864/Los-promotores-valencianos-reclaman-la-refundici%C3%B3n-de-las-leyes-urban%C3%ADsticas-valencianas.html

EVA PALOMARES. Ayer

Francisco Murcia Puchades, José Luis Miguel, José Manuel Palau y Gerardo Roger dialogan con este diario sobre el futuro de la legislación urbanística valenciana tras el aval del Tribunal de Justicia europeo y proponen una simplificación en la que se garantice la libre comptencia

VALENCIA. Despues de siete años de litigios, finalmente el Tribunal de Luxemburgo ha apartado la espada de Damocles que pendía sobre el urbanismo valenciano. El máximo órgano de la Justicia de la Unión Europea (TUE) ha desestimado el recurso de la Comisión y la condena a pagar las costas. El dictamen concluye que las directivas comunitarias sobre contratación pública no son aplicables a la legislación autonómica valenciana porque los planes de actuación integrada "no son contratos públicos".

Promotores y urbanistas valencianos se felicitan por la victoria, aunque se lamentan que llegue con tanto retraso. Y entienden que es momento para reformar a fondo la legislación urbanística vigente. Consultados por ValenciaPlaz.com, José Luis Miguel y Francisco Murcia Puchades, presidentes de las asociaciones de promotores de Valencia y de la Comunitat Valenciana respectivamente, consideran que la resolución "llega tarde", pero confían en que permita que los proyectos viables y con financiación sigan adelante. Sin embargo, entienden que antes es necesario que la Administración autonómica ajuste y unifique el extenso articulado legislativo que regula el urbanismo valenciano. En esta línea, expertos y empresarios abogan, ahora más que nunca, por una refundición de los reglamentos de la LUV (Ley Urbanística Valenciana). Y opinan que la decisión de Luxemburgo dará pie a reflexiones que incidan en este ámbito.

Estrategia para remontar posiciones en el urbanismo

"Las acusaciones de Bruselas sobre la LRAU (Ley Reguladora de la Actuación Urbanística) llevaron a la entrada en vigor de la LUV con una complicada estructura de artículos que ha perjudicado mucho al urbanismo. Y ahora, con el dictamen favorable de la UE en la mano, es momento de reflexionar sobre su cuerpo legislativo", valora el promotor José Luis Miguel. Él y los demás consultados lamentan que se haya cambiado la legislación por las presiones de Bruselas. "Fuimos un ejemplo a seguir con la LRAU por todas las autonomías de España y, desde que entró en vigor la LUV estamos en el furgón de cola", se queja Murcia Puchades.

Aunque se condena a la Comisión Europea a pagar las costas del recurso, "se ha perdido totalmente las ventas al mercado británico, entre otros", según entiende Francisco Murcia Puchades, quien aboga por emprender una campaña informativa por estos países por parte de los promotores y de las administraciones nacional y autonómica para reparar el entuerto. Desde la asociación provincial que preside José Luis Miguel también se estudiará exigir responsabilidades.

"Se ha desmostrado que la LUV y la LRAU se adecuan a la legislación europea y no incumplen la legislación de contratos, pero la Administración tiene que implicarse para que los proyectos puedan seguir sus trámites de manera efectiva", afirma José Manuel Palau, abogado socio del despacho Gómez Acebo&Pombo especializado en Derecho Administrativo y Urbanismo.

Elección del agente urbanizador

El nuevo cambio en la legislación debería llevarse a cabo desde la asunción de premisas nuevas, más claras y útiles, con las nuevas leyes estatales y con la lección del pasado muy bien aprendida. Así opina el arquitecto urbanista Gerardo Roger. "Sería favorable que la LUV se reformulase en un sólo texto refundido y se adaptarla a la legislación estatal de la Ley de Suelo y a la Ley de Economía Sostenible, y que se siguiesen procedimientos más claros y transparentes para elegir la figura del agente urbanizador", propone.

Para Roger es aconsejable que se instaure, en la nueva ley, un procedimiento que arbitre y elija al agente urbanizador de manera que garantice la libre competencia. "Las bases de la legislación resultante, mucho más sencillas que las actuales, deberían perdurar en el tiempo, por lo que deberían ser asumidas por todos los grupos políticos y profesionales", añade.

Prensa 27 5 2011: Tribunal Europeo de Justicia

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Margrete Auken's Statement in response to ECJ's judgment 26 5 2011

2011-05-27T16:49:00.000+02:00

Statement by Margrete Auken, Danish Member of the European Parliament and author of the ‘Auken Report’, the report on the urbanistic abuses in the Valencian Region of Spain. Her statement is in response to the Judgment issued by the European Court of Justice on May 26, 2011.

"Margrete Auken respects the decision of the ECJ with regard to the case brought by the European Commission and which was mentioned in recital AA of the her Report (see AUN's home page, March 2009);

Emphasises that this case was brought by the Commission under the power conferred upon it under the Treaty, which is a discretionary power with which the Parliament is not associated; notes that the Court rejected the Commission's request to reopen the oral procedure which it had sought in order to obtain clarification regarding several perceived errors and omissions contained in the Advocate General's Opinion;

Considers that although this decision represents a setback for many persons living in the Valencian Autonomous Region who had set their hopes on a successful legal case brought by the Commission, it does not impact on the rights of European citizens to their legitimately acquired property as stated by the European Parliament in Recital N of the same resolution, nor does it undermine in any way the many other principles, recommendations and proposals contained in the Auken Report, notably paragraphs 3, 4, 18."

Linda Palfreeman: "La ultima tragedia inmobiliaria"

2011-05-23T17:18:00.000+02:00

“La última tragedia inmobiliaria”

Linda Palfreeman

A pesar de la indignación internacional actual, parece ser que el gobierno español aún no reconoce la magnitud del daño que los escándalos de la construcción ilegal de viviendas siguen causando, no sólo a la economía española sino también a su reputación, tanto dentro como fuera del país. La cobertura mediática del problema significa que ahora existe una desconfianza generalizada entre los inversores potenciales desde el exterior, mientras que los que están en el interior viven con demasiado temor y angustia sobre su futuro, y la de su casa, para gastar su dinero tan libremente como lo hacían antes.

El gobierno sigue cediendo subvenciones a las Autoridades Locales a fin de ‘estimular la economía’, e implementan programas como el reciente ‘roadshow’- gira europea diseñada para atraer a los compradores extranjeros de nuevo a las zonas afectadas. Como muchos otros, me gustaría saber ¿en qué está pensando el gobierno español al confeccionar semejante fiasco? ¿Y por qué se permite?

Tal vez fue la afirmación de la Ministra de Vivienda española de que sólo alrededor de 8.500 de los británicos residentes han caído en desgracia como resultado del fraude inmobiliario y de las injustas leyes de urbanismo. Por supuesto, tiene razón: los británicos (junto con los alemanes, los franceses, los belgas, los suecos...) representan una minoría entre los muchos miles de propietarios afectados – el número de ciudadanos españoles formando un porcentaje mucho mayor. Entonces ¿eso está bien? Sin duda, debemos alentar a los otros gobiernos europeos a seguir el mismo pensamiento. Mientras que sus propios ciudadanos constituyen la mayoría de los afectados por las leyes injustas, el mal funcionamiento de las administraciones locales, promotores sin escrúpulos y demás, al gobierno español se le debe dar una cálida bienvenida en cualquier país de la gira. Me temo que no estoy de acuerdo - y sé que no soy la única.

Hay muchos miles de personas, de todas las nacionalidades, que actualmente sufren las consecuencias de la corrupción urbanística en España. Cada uno de nosotros, en nuestras localidades diferentes, tiene nuestra propia situación particular con qué luchar - desde viviendas construidas ilegalmente a la expropiación injusta, y con frecuencia abarcando una mezcla desagradable de ambas. Afortunadamente, podemos contar con aquellos que, tanto individual como colectivamente, están preparados para ayudar a luchar contra nuestra causa. La proliferación de las asociaciones de apoyo que ahora surgen a la vida por todo el país es indicativa de la magnitud del problema: Abusos Urbanísticos No (AUN), Abusos Urbanísticos Lliber, ¡No! (AULN); Abusos Urbanísticos del Levante Almeriense, No (AULAN)... y la lista sigue. Mientras que representan ejemplos conmovedores de inspiración y de solidaridad, por desgracia, estas plataformas también son indicativas de la negativa de las autoridades españolas a mostrar su voluntad de ofrecer soluciones a los problemas de abusos urbanísticos, y mucho menos aceptar cualquier parte en su creación.

Tal vez alguien debería decirle a gobierno español que la única forma de inyectar nueva vida en la economía del país es por ordenar sus propias casas primero y gastar su dinero y esfuerzo en la aplicación de soluciones satisfactorias a los dilemas de las viviendas ilegales que amenazan con destruir comunidades locales y desgraciar a la nación. Y deben tratar de implementar uno de los fundamentos del marketing inteligente, cuando no de la decencia moral: dejar de tratar a las personas en términos de números y de mercados y comenzar a tratarlos como personas.

Tomemos a los Skipper, por ejemplo, una pareja de jubilados británicos que vive en Dolores. Los Skipper lamentan el día en que compraron una casa de una empresa inmobiliaria local. Entregaron sus ahorros y se establecieron en su pequeño pedazo de paraíso en medio de la Vega Baja. Bienvenido, Sres. Skipper, al fango.

Permítanme esbozar brevemente los detalles. Al igual que muchos miles de otros, los Skipper compraron su casa de buena fe, ignorando por completo que había sido construida ilegalmente. (Ni el promotor, ni el constructor, ni los varios ‘expertos’ legales involucrados en la compra-venta les informaron). Eso fue en 2003. De repente, cinco años más tarde, se encuentran con una enorme multa y la amenaza de demolición. Ahora se dan cuenta que fueron engañados, a lo grande, por su agente inmobiliario no-tan-agradable. Aunque tienen el respaldo de la Defensoría del Pueblo Regional, José Cholbi, la Administración local del Ayuntamiento se niega a aceptar las recomendaciones del Defensor del Pueblo y desafía a los Skipper a llevar el caso a los tribunales, sabiendo muy bien, por supuesto, que la posibilidad de esto es mínimo con los recursos disponibles a la pareja.

Es comprensible que los Sres. Skipper han sido física y emocionalmente afectados por la situación muy estresante en el que se encuentran. Después de haber sufrido un ataque al corazón, el Sr. Skipper ha sido hospitalizado tres veces en los últimos cinco meses. Lamentablemente, como sabemos, su historia no es única.

A pesar de todo, al igual que muchos ciudadanos europeos, a los Skipper les encanta vivir en España. Ellos sólo desean poder vivir en paz sin el temor constante de perder su casa. Hasta que eso sea posible, sin embargo, quieren advertir a otros de los peligros de la compra de inmobiliaria en España, como todos nos sentimos obligados a hacer.

Mientras tanto, me gustaría decirle a Ray y Veda Skipper que su lucha es nuestra lucha y que nosotros, también, haremos todo lo posible para mantener su caso en el ‘ojo público’ y llamar la atención sobre su difícil situación a nivel nacional y europeo, dando voz a la injusticia dondequiera que se presenta la oportunidad. Esta es la única esperanza de que aquellos como los Lluch, los Olsen, los Prior y los Skipper tienen de obtener algún tipo de compensación por la injusticia y la inhumanidad que han tenido (y siguen teniendo) que soportar.

Lo anterior es lo que me hubiera gustado decir a todos ellos pero, lamentablemente para algunos, ya es demasiado tarde. A medida que avanzamos a la prensa, hemos aprendido de la trágica noticia de la muerte de Ray Skipper. Ray nunca oirá estas palabras y Vera está demasiado afectada para poder escuchar, y, por supuesto, hay quienes simplemente harán oídos sordos.

Illegal Homes Tragedy

2011-05-22T07:15:00.001+02:00

By Linda Palfreeman, Abusos Urbanisticos NO

Despite the current international outrage, the Spanish government,
construction companies, promoters and the rest still fail to acknowledge the
extent of the damage that the illegal housing scandals are continuing to
cause, not only to the country's economy but also to its reputation, both at
home and abroad. Media coverage of construction illegalities and demolition
tragedies means that there is now widespread mistrust among potential
investors from outside, whilst those trapped on the inside live in too much
fear and angst over their future, and that of their home, to spend money as
freely as they once did.

Central and regional governments issue grants in order to 'kickstart the
economy' and desperately seek to implement schemes like the latest roadshow fiasco designed to attract foreign buyers back into the affected areas. Like many others, I would like to know why they are allowed to do it.
Perhaps it was the Spanish housing minister's assurance that only
8,500-or-so British citizens have fallen foul of devious property dealers
backed by legal and local Authorities. The British (along with Germans,
French, Belgians, Swedish…) do indeed represent a minority among the many,
many thousands of affected homeowners – Spanish citizens forming by far the
greater percentage. So, that's alright then? No doubt other European
governments should be encouraged to follow the same thinking. As long as its
own citizens constitute the majority of those affected by unjust and
retroactively-applied housing laws, poorly-functioning local Authorities and
unscrupulous promoters, builders, lawyers and the rest, the Spanish
Government should be given a warm welcome on any European shore. I am afraid I disagree – and I know I am not alone.

There are many thousands of expatriates of all nationalities, currently
suffering the consequences of urban corruption in Spain. Each of us, in our
different localities, has our own particular predicament to contend with –
ranging from illegally built housing to unjust expropriation, and often
encompassing an unpalatable mixture of both. Thankfully, we can count on
those who, both individually and collectively, are prepared to help us fight
our cause, but they need our support. The proliferation of associations now
springing into life throughout the country is indicative of the extent of
the problem of urban abuse: Abusos Urbanísticos, No (AUN); Abusos
Urbanísticos Lliber, No! (AULN); Abusos Urbanísticos del Levante Almeriense,
No! (AULAN) …and the list goes on. Whilst representing moving and inspiring
examples of solidarity, sadly, these platforms are also indicative of the
refusal of the Spanish Authorities to show any willingness to provide very
necessary solutions to the problems of urban abuse, let alone accept any
part in their creation.

When asked, recently, if compensation would only be paid to affected
Britons, Housing Minister, Beatríz Corredor, replied: 'if the courts order
it'. So, we'll take that as a 'no' then, Beatríz?

This attitude ensures that only those buyers (of whatever nationality) who
are young enough and affluent enough to afford lengthy legal action stand a
chance of recouping their money. It will probably prove much more difficult
to recover their physical and psychological well-being.

Maybe someone should tell Spanish government that the only way to inject
life back into the country's economy is by getting their own houses in order
first. Instead of wringing the life out of what is left, they should spend
their money and effort in implementing satisfactory solutions to the illegal
housing dilemmas that threaten to destroy local communities and to disgrace
the nation. And they should try to implement one of the fundamentals of
clever marketing, if not of moral decency: stop treating people in terms of
numbers and markets and start treating them as people. Take the Skippers,
for example, an elderly couple who live in Dolores. They rue the day they
trusted a local company enough to buy a house from them. No doubt convinced by the chatty, reassuring words of the British 'estate agent' fronting the outfit, they handed over their life-savings and settled into their little
patch of paradise in the rural Vega Baja. Welcome, Mr and Mrs Skipper, to
the mire.

For those who are unfamiliar with the Skippers' case (as detailed in the
Costa Blanca News, May 13 2011), please allow me to briefly outline the
details. Like many thousands of others, Mr and Mrs Skipper bought their
house in good faith, completely unaware that it had been illegally built.
That was in 2003. Over five years later, suddenly faced with a huge fine and
the threat of demolition, they realize they were deceived, big time, by
their now not-so-friendly local estate agent. Though backed by the Regional
Ombudsman, José Cholbi, the Skippers find themselves up against the local
Town Hall Administration that refuses to accept the Ombudsman's
recommendations and challenges the Skippers to take the Town Hall to court,
knowing full-well, of course, that the likelihood of this is minimal with
the resources available to them.

Understandably, both Mr and Mrs Skipper have been emotionally and physically
affected by the extremely stressful predicament in which they find
themselves. Having suffered a heart attack, Mr Skipper has been hospitalized
three times since Christmas. Sadly, as most of us know, their story is not
unique.

Despite everything, like many other European citizens, the Skippers love
living in Spain. They only wish they could live in peace without the
constant fear of losing their home. Until that is possible, however, they
want to warn others of the dangers of buying Spanish property. As do we all.

Meanwhile, I would like to tell Ray and Veda Skipper that their fight is our
fight and that we, too, will do all we can, at least to keep their case in
the 'public eye' and to draw attention to their plight at national and
European level. We can start by writing to our MEPs and by giving voice to
this injustice wherever the opportunity presents itself. We can pledge our
support to those who campaign for the application of economic sanctions
should Spain continue to refuse to comply with European law. This is the
only hope that those like the Lluchs, the Olsens, the Priors and the
Skippers have of obtaining some kind of compensation for the injustice and
inhumanity they continue to endure.

That is what I would have liked to have said to them, but sadly it is
already too late. As we go to press, we have learned of the tragic news of
Ray Skipper's death. Ray will never hear these words and Vera is too
distraught to listen – and then, of course, there are those who will simply
turn a 'deaf ear.'

El Pais & New York Times: 21/05/11: Elecciones y corruption / Elections and corruption

2011-05-21T17:43:00.001+02:00

El Pais /El 'New York Times' ilustra la corrupción en España con el ejemplo de Camps

En un artículo del periódico sobre el Movimiento 15-M y el descontento de la sociedad

(se recoge mas abajo el texto en inglés)

El periódico estadounidense The New York Times atribuye las protestas que se están produciendo en España a la "corrupción de los partidos políticos" y, para ilustrar este argumento, pone como ejemplo el caso del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, al que llega incluso a comparar con el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi. "El domingo, se espera que Francisco Camps sea reelegido como jefe del Ejecutivo regional de Valencia. A finales de año, sin embargo, Camps también estará probablemente en el juzgado para enfrentarse a cargos de soborno como parte de una vasta investigación de corrupción, denominada caso Gürtel, que también incluye a varios políticos de la principal fuerza política de centro-derecha, el Partido Popular", explica el diario en un artículo. A pesar de todo, The New York Times subraya que estas acusaciones "no han entorpecido" las posibilidades de Camps para la reelección, y llega a comparar al dirigente 'popular' con Berlusconi, ya que "el señor Camps se ha presentado como la víctima de una caza de brujas por parte de sus oponentes políticos, jueces y medios de izquierda".
El diario norteamericano utiliza una frase del diputado socialista por Valencia en el Congreso Ferran Bono, anteriormente periodista de El País, para reflejar esta situación: "Hay gente que ha visto tantos escándalos políticos que los trivializa, aunque creo que también hay mucha gente que verdaderamente cree en la teoría de la conspiracion que Camps tan activamente ha difundido".

Fracaso de los políticos

The New York Times explica que ante las elecciones del próximo domingo en más de 8.000 ayuntamientos y en 13 de las 17 comunidades autónomas, "miles de personas, la mayoría de ellas jóvenes, han tomado las calles en Madrid, Barcelona y otras grandes ciudades esta semana exigiendo el fin de la supuesta permanente corrupción en los partidos políticos". Pero además, afirma que "alimentando la ira" de los manifestantes también se encuentra "el fracaso de los políticos para aliviar las dificulades que se han impuesto a la población que lucha contra una tasa de paro del 21 por ciento". "El mensaje de los manifestantes es una campaña alternativa que podría eclipsar la de los partidos establecidos y resultar en una bajada de la participación el domingo", indica el diario, que añade uno de los eslóganes de la plataforma 'No Les Votes' acerca de que "la corrupción en España ha llegado a niveles alarmantes".

Barberá no comenta el artículo del Times "porque no habla inglés"

La biblia del periodismo mundial vincula a Camps con los ejemplos de la corrupción en España

La alcaldesa de Valencia y candidata del PP la reelección, Rita Barberá, dijo hoy que no opina sobre los comentarios que hoy publica el New York Times sobre Francisco Camps porque no habla inglés. El diario The New York Times asegura en su edición de hoy que las concentraciones que se están produciendo en diversas ciudades españolas están relacionadas con la corrupción de los partidos políticos y señalaba como ejemplo de esa situación al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps. El NY Times dice que "miles de personas, en su mayoría jóvenes, han tomado las calles en Madrid, Barcelona y otras grandes ciudades esta semana exigiendo el fin de la supuesta corrupción permanente en los partidos políticos". Señala que el domingo se espera que Francisco Camps sea reelegido presidente de la Generalitat valenciana, y recuerda que "sin embargo, Camps también tendrá que ir probablemente al juzgado para enfrentarse a cargos de soborno como parte de una vasta investigación de corrupción, denominada caso Gürtel, que también incluye a varios políticos de la principal fuerza política de centro-derecha, el Partido Popular".

Preguntada en rueda de prensa la alcaldesa de Valencia Rita Barbera por este artículo del diario norteamericano ha respondido:"no hablo inglés desgraciadamente para mí y, por tanto, no leo el New York Times, pero el malestar que hay en la calle es fruto del desastre económico en el que nos ha sumido Zapatero".

Spaniards Take to Streets Before Vote

By RAPHAEL MINDER

MADRID — With elections set for Sunday in Spain in more than 8,000 municipalities and 13 of its 17 regions, thousands of people, most of them young, have taken to the streets in Madrid, Barcelona and other large cities this week, calling for an end to suspected longstanding corruption among established parties. Fueling the demonstrators' anger is the perceived failure by politicians to alleviate the hardships imposed on a struggling population by a jobless rate of 21 percent. At sit-ins, street protests and on social media networks, the protesters' message is that of an alternative campaign that could eclipse that of the established parties and result in a decline in voter turnout on Sunday, from 63 percent four years ago. Some of the youth groups have made the fight against corruption their battle cry, like NoLesVotes, or "Don't vote for them," whose manifesto starts with the warning that "corruption in Spain has reached alarming levels." The group recently published a Web site map pinpointing localities where more than 100 politicians seeking election were also under judicial investigation.

Other protesters are fielding alternative candidates, like the Pirate Party in Catalonia, founded 18 months ago, which is hoping to win about 7,000 votes across Catalan municipalities. One of its candidates in Barcelona, the 27-year-old Francesc Parelleda, said political corruption was a consequence of a "political system in which there is simply zero transparency and democracy within the main parties."

José M. de Areilza, dean of the IE Law School in Madrid, said, "I don't think that political corruption is necessarily worse in Spain than in other European countries, but I do think that the economic crisis is now generating a lot more anger and resentment here toward politicians."
On Sunday, Francisco Camps is expected to be re-elected as head of the regional government of Valencia, which includes the third-largest city in Spain and some of the most popular Spanish resorts.

By the end of the year, however, Mr. Camps is also likely to be in court facing bribery charges, as part of a vast corruption investigation, dubbed the Gürtel case, that has also targeted several other politicians from the main center-right political force, the Popular Party.

Mr. Camps was charged in February for allegedly receiving tailor-made suits in return for granting public contracts, with further possible financial irregularities still under investigation. Nine other politicians standing for the Popular Party on Sunday in Valencia are being investigated or have been charged with fraud. Mr. Camps and his fellow candidates deny any wrongdoing.

For now, the corruption allegations have not hindered Mr. Camps's re-election bid, according to the latest opinion polls. Like Silvio Berlusconi, the Italian prime minister who is engulfed in scandal, Mr. Camps has portrayed himself as the victim of a witch hunt by political opponents, judges and left-leaning media. Asked in December to comment on some of the allegations, he said that "nobody should believe Soviet-style propaganda against everything that has been achieved in Valencia." In fact, "many people in Valencia now talk about the Berlusconization of our society," said Ferrán Bono, a Socialist lawmaker who represents Valencia in the national Parliament in Madrid. "Some people have seen so many political scandals that they just treat them as banal, but I think many also genuinely believe the conspiracy theory that Camps has been so actively promoting."

The Gürtel investigation, which also targets some Popular Party politicians in Madrid, involves more than €120 million, or about $170 million, of public funds misspent by politicians in return for alleged kickbacks, according to a summary of the charges presented by the prosecution this year. Its alleged ringleader, Francisco Correa, is in jail awaiting trial.

Thousands of protesters occupy Puerta del Sol square in Madrid

With tents, mattresses, a kitchen, a workshop and even a pharmacy, a protest camp in Madrid has grown into a real 'urban village' for thousands of young people. Under blue plastic tarpaulins, demonstrators have gathered in the landmark Puerta del Sol square in the centre of the Spanish capital,. Many of them have spent several days and nights there, to decry politicians who left Spain with a 21 per cent unemployment rate. Calling for "Real Democracy Now," the protests popularly known as M-15 began on May 15, lamenting Spain's economic crisis, politicians in general, and corruption.

Telegraph 16 5 2011: PR firm in Facebook controversy promotes real estate for Spanish government

2011-05-16T11:49:00.002+02:00

PR firm in Facebook controversy promotes real estate for Spanish government

The PR company hired by Facebook to spread anti-Google stories in the US press is also employed by the Spanish government to promote the sale of its real estate to UK investors, it can be revealed.

Web of intrigue: the PR firm hired by Facebook to spread anti-Google stories also works for the Spanish government

By Sean O'Hare 9:08AM BST 16 May 2011

Comment

Burson-Marsteller (BM), headquartered in the United States and with offices in 67 countries worldwide, was employed by Spain's secretary of state for housing, Beatriz Corredor, to assist with the launch of Spain's international property roadshow that kicked off in London last week.

Since then it has emerged that BM, on behalf of Facebook, approached well-known blogger, Christopher Soghoian, urging him to investigate Google's privacy policy in exchange for getting the piece published on influential sites such as The Huffington Post and The Washington Post.

BM has terminated its contract with Facebook but continues to work on behalf of the Spanish government, as its ministers attempt to pitch the sale of the country's 700,000 unsold holiday homes to European and Russian investors in a bid to kickstart a flailing economy.

BM's PR consultants were in attendance at the first roadshow event, held in London last week, and were responsible for identifying and contacting local media and raising publicity for the event entitled:"Look. Think. Invest. The Spanish Real Estate Market in your hands."

President of BM's Spanish office Carmen Valera, said: "The way the work was done for Facebook was not at all standard operating procedure and was against our policies, and the assignment on those terms should have been declined.

"We have explained this to our clients.

"BM started working on behalf of the secretary of state of housing to coincide with the celebration of London's event within the framework of the international information tour, to report on the current situation of the Spanish real estate market.
"BM identified the local journalists to be invited to the event and contacted them.
"It is the first project that Spain has undertaken for the Spanish government in the present year and the first time with the secretary of state for housing."
The London event received a poor reaction from UK investors who considered the value of Spanish land to be overvalued, despite the presentation revealing prices had fallen up to 50 per cent in certain coastal regions.
Charles Svoboda*, a former head of Canadian Intelligence and veteran campaigner against the unfair expropriation of land by the Spanish authorities, said: "I can't say I'm surprised. The PR firm in question also has links [interlocking officials on their respective management teams] with property-selling firms here in Spain.
"They would do better to hound the authorities to do a better and more honest, transparent job when it comes to dealing with property related problems that abound in Spain, rather than to lure more unwary buyers into the money trap that is much of Spanish real estate.
"This sort of control goes with the territory, it seems. Free speech is a luxury afforded only to those who spout messages the authorities wish others or themselves to hear."
Telegraph Expat's Spanish Planning Scandal campaign is supporting the thousands of expats who have been affected by the illegal homes crisis in Spain. You can find all the latest news on the situation here.

*Charles Svoboda notes that " I don't know where my status as "Former head of Canadian Intelligence" came from. True, I was DG at CSIS ( Canadian Security Intelligence Service) (1991-96) after I left the diplomatic service, and wrote public articles, commentaries, etc. in that capacity. That is clear from "googling" my name. But that's not the same thing, as this piece suggests. And it's not relevant here anyway. Otherwise, apart from the facts that there are many more than 700,000 unsold houses here, maybe almost
double that number according to some reports, and that the complex "expropriation" process isn't used, rather it's an out right land and money grab, the Telegraph is performing a useful and timely service to its readers with such articles. The control I was referring to, put in its context, had to do with how the launch of the road show was rigorously stage managed in London by the PR firm and the Spanish Embassy, to minimize any chance of disruption or any other views about Spanish property being expressed".

Expansion 3 5 2011: ¿Cómo se va a aplicar el nuevo sistema de valoraciones inmobiliarias?

2011-05-05T08:23:00.001+02:00

¿Cómo se va a aplicar el nuevo sistema de valoraciones inmobiliarias?

EXPANSIÓN* : Con la salida a la luz del documento que desarrolla el Reglamento de la Ley del Suelo se busca solventar el problema de la especulación para llenar de transparencia el mercado del suelo.
Gerardo Roger Fernández, arquitecto y profesor de Urbanismo del Instituto Pascual Madoz de la Universidad Juan Carlos III, ya adelanta que "el reglamento atiende específicamente a la Valoración del Suelo aplicada a los expedientes expropiatorios que la Administración acomete por razones de interés general". Por lo tanto, asegura, "no afecta directamente a la gestión del suelo en general y, en todo caso, sólo tendría consecuencias positivas en la gestión del suelo público obtenido tras el procedimiento de expropiación". El Ministerio de Fomento ha rectificado del anteproyecto la parte dedicada al Registro de la propiedad alegando que se podían colar infracciones urbanísticas, por lo que en este momento el eje principal del Reglamento es el sistema de valoraciones, que permite aplicar métodos y normas de valoración más precisos de forma más técnicas.

En definitiva, se pretende promover una transformación real del modelo de crecimiento urbano, y así definitivamente superar la etapa de desregulación en la que la tensión que existía por al especulación sobre el suelo llevó al precio medio de la vivienda por metro cuadrado a duplicarse en nuestro país, haciendo imposible al acceso a una vivienda a la mayoría de los ciudadanos.

Unidad Editorial Conferencias y Formación, consciente de la importancia que tiene saber cómo van a influir estos nuevos criterios de valoración de los suelos organiza, el próximo 1 de junio, la conferencia 'Desarrollo del Reglamento de la Ley del Suelo', donde se darán cita los máximos representantes del sector para analizar y estudiar los cambios e innovaciones que se proponen en la nueva norma.

Sobre los convenios urbanísticos, Roger indica que "sólo afectaría indirectamente a aquellos Convenios Urbanísticos que comportasen obtención del suelo por expropiación, garantizando para esos casos una mayor transparencia y equilibrio económico en el proceso de valoración". En definitiva, esta nueva regulación servirá para despejar algunas de las dudas que se plantean sobre la validez de los convenios, pero otras subsisten e incluso se incrementan.

Lo que sí regula claramente el nuevo reglamento es, según explica Roger es "la valoración expropiatoria de los suelos urbanizables y urbanos, tasándolos desde su realidad fáctica pero sin consideración de expectativas especulativas que no se deriven del esfuerzo inversor del propietario, tal como establece el artículo 47 de la Constitución, que mandata a los poderes públicos a impedir la especulación del suelo".

En cuanto a las indemnizaciones por pérdidas de facultades urbanísticas, Roger apunta que "el propietario de suelo sujeto a actuaciones urbanizadoras dispone de la facultad de participar en la ejecución de las mismas, abonando los costes y recibiendo los beneficios que la misma comporte a sus derechos". Obviamente, añade, si por razones de interés general debe ser expropiado, "el propietario deberá ser indemnizado por la pérdida de la facultad de participar. Una indemnización que la Ley del Suelo establece de manera análoga al valor económico del aprovechamiento que para actuaciones de iniciativa privada le corresponde a la Administración en función del principio de participación pública en la plusvalías".

La tasación de edificios, en cambio, se realiza por el valor de reposición de los mismos. O lo que es lo mismo, explica Roger, "por el valor de mercado de lo realmente construido aplicando el método de comparación". De nuevo, "se trata de valorar generosamente lo existente, pero no las expectativas exógenas al esfuerzo inversor del propietario", añade.

Las viviendas libres no se ven afectadas por el reglamento al no ser objeto de expropiación. Pero, el nuevo reglamento si afectará a las viviendas protegidas, "cuyo destino sea tanto la venta como el alquiler, de promoción y titularidad pública", indica.

Por último, ¿cómo afecta el nuevo reglamento a los bancos y cajas? Las entidades financieras pretenden gestionar el activo que poseen, el suelo, de una forma eficiente en estos momentos de crisis. Pero, asegura Roger, las entidades sólo podrán tener el cuenta el nuevo reglamento "en aquellos suelos para los que los Planes Generales de Ordenación prevean su ejecución por expropiación, tal como aclara la Disposición Adicional Séptima que se incorporó a la Orden ECO 805/2003, que es la norma que regula las Valoraciones Inmobiliarias por las Entidades Financieras".

* Expansión - 3.05.11
Foto: Vivienda digna, cartel novasatenerunacasaenlaputavida

Telegraph 4 5 2011: Buying in Spain is not as safe as houses

2011-05-04T19:40:00.000+02:00

Spanish Planning Scandal campaign

Telegraph Expat is launching a campaign in support of the hundreds of thousands of British and other expats who have fallen victim to urban corruption and the confused state of property law in Spain. If you have beeen affected by the problem, please add a pin documenting your story to our Expat Directory (telegraph.co.uk/expatdirectory) under the pin category 'Illegal Spanish Property'. Over time, this will generate an interactive map which will document and expose the full extent of the problem.

http://www.telegraph.co.uk/expat/campaigns/spanishplanningscandal/

Expat weekly_telegraph May 4th, 2011 9:20
Buying in Spain is not as safe as houses
By Anna Nicholas

Today José Blanco, Minister for Development in Spain, is in the UK to kick off a European wide roadshow aimed at encouraging Britons to invest in property in Spain. The man must have the hide of an armadillo and the cojones of a bull.

Spanish government roadshow sparks fury from victims of property scandals
With rosy coloured spectacles firmly in place, José Blanco promised that the initiative would "highlight the strengths of our economy, transparency, and legal certainty of our planning legislation.' At least he has a sense of humour.

Spain currently has about 700,000 vacant properties rotting away, mostly along stifled coastlines, the result of greedy over development during the last decade when the country experienced a so-called property boom. Many Britons like lambs to the slaughter invested in homes, lured by the sun and false promises. Tens of thousands of properties were either illegally built or never completed when corrupt developers went bankrupt. Countless Britons, mostly retirees, had invested their life savings in such properties and had diligently ensured that building permits and local council permissions were in place. Unwittingly they employed corrupt lawyers, architects and builders who colluded with deceitful local councils to gain false permits. Those who invested in new developments off-plan, placed hefty deposits as guarantees with Spanish banks and when the properties never materialised, found their money had evaporated along with any hope of compensation.

In 2009, the British represented 31.5 per cent of foreign buyers of property in Spain so it comes as no surprise that José Blanco and his property chums are itching to get their hands on more gullible potential purchasers. The Spanish government has admitted to a need to "speed up the digestion of stock" but for many British victims left suffering from property scandal dyspepsia, the roadshow is proving too bitter a pill to swallow.

Maura Hillen, president of Almanzora Valley action group, AUAN, has said that the Spanish government must put its own house in order before encouraging further buyers. She added, "Faced with the myopia of the Spanish administration, the indifference of the UK government and helplessness of the EU, we have no choice but to fight on."

Helen and Len Prior whose £600,000 Spanish home was "illegally" demolished in 2008 and who were forced to live in a garage, are still awaiting justice and compensation. Their home had been built with false building permits issued by their local Spanish council.

Instead of preaching about the benefits of buying in Spain, might I suggest to José Blanco that he first address the following issues during his European roadshow: Reform of town planning, punishment of corrupt officials, regulation of estate agents, regulation of the legal profession, enforcement of bank guarantees, compensation for victims of property scandal, judicial security, end of Ley de Costas (the arbitrary and retrospective coastal planning law) a stop to land grabs, and finally the creation of an independent commission.

Until all these matters have effectively been dealt with and the Spanish government is prepared to act with transparency, revising the Draconian planning regulations which have been used with impunity by its regional authorities, it has no right to hold its cheerleading roadshow.

José Blanco might be lucky enough to find some willing recruits on his European travels but in truth he's got a long way to go before he'll be home and dry.

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Telegraph Expat's Spanish Planning Scandal campaign is supporting the thousands of expats who have been affected by the illegal homes crisis in Spain. You can find all the latest news on the situation here.

The Guardian 3 5 2011

2011-05-04T08:32:00.000+02:00

Spanish holiday home roadshow 'an insult'

Aggrieved UK investors call on Spanish banks to honour deposit guarantees on troubled properties as country launches drive to attract overseas buyers

Comments (17)
Graham Norwood
guardian.co.uk, Tuesday 3 May 2011 14.58 BST
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Spanish roadshow aims to boost sales of holiday homes condemned by UK investors. Photograph: Jose Jordan/AFP/Getty Images

A publicity roadshow aimed at encouraging foreigners to buy Spanish holiday homes has been branded "an insult" by groups of Britons caught in legal difficulties over the status and funding of their properties on the Costas.

Spanish housing minister, Beatriz Corredor, and public works minister, José Blanco, visit Britain this week at the start of a six-nation tour. The Spanish authorities said the ministers will use the roadshow to encourage individuals and institutional investors to buy some of the estimated 1m new homes lying empty in Spain.

"We must revive the holiday housing market to speed up the 'digestion of stock'," said a Spanish government spokesman, while Blanco claimed the exercise will "highlight the strengths of our economy [and] transparency and legal certainty of our planning legislation".

However, protest bodies such as the Spanish Bank Guarantees Petition and the Finca Parcs Action Group are organising online petitions calling for the roadshow to instead address long-standing grievances on the alleged refusal of Spanish banks to honour aval bancario, or bank guarantees.

Since the late 1960s, Britons buying homes off-plan from Spanish developers have been told their deposits go into third-party reserve funds set up by Spanish banks. If a developer goes bankrupt or fails to build a property the banks then refund a purchaser's deposit. But in recent years, the groups claim, many banks have allegedly refused to honour the guarantees of several thousands of British buyers.

Keith Rule, a spokesman for the campaigners, said: "Many estate agents, lawyers and banks were negligent and acted with a complete lack of professional due diligence. We, as innocent victims of the Spanish housing market, demand action and recompense."

Ruth Genda from Wymondham in Leicestershire put down a £75,000 deposit on a Spanish holiday home in 2003. Construction was delayed, but as the apartment was finally completed it was declared an "illegal build" as it didn't have formal planning permission. Genda took Banco Popular Hipotecario (BPH) to court, which declared her guarantee valid and ordered the bank to refund the purchase. But BPH appealed and the ruling was overturned.

"The case was eventually dismissed and my deposit was never returned. We believe thousands are in the same position. Where is the transparency and fairness which the government ministers now want others to believe in?" Genda said.

The Spanish government says the roadshow is a "pioneering initiative" targeting countries with national economies that are recovering from the downturn and which have historically provided many of the foreign buyers for properties on the Costas.

This week's publicity events in Britain will be followed by similar exercises in France, Germany, the Netherlands and Scandinavia, with Russia later in the year.

Michael Cashman, a Labour member of the European parliament and long-time supporter of British buyers seeking bank guarantee repayments, has written to the Spanish government. "What about those that have already invested and who have found absolutely no results through the Spanish legal system?" he asked, adding: "I would not advise any investment in Spanish property until this problem is resolved".

20 Minutos30 4 2011: Amnestia Internacional acusa a España de vulnerar el "derecho humano"...

2011-05-03T09:07:00.000+02:00

AI acusa a España de vulnerar el "derecho humano" a la vivienda

20MINUTOS* : La sección española de Amnistía Internacional ha denunciado que nueve millones de personas están "indefensas" ante "una vulneración muy grave" de los derechos humanos que se da en España, donde el acceso a una vivienda digna no es considerado derecho fundamental, sino que se encuentran en una "segunda categoría", al arbitrio de las leyes que, en este caso, no protegen a los ciudadanos. Esta es una de las principales conclusiones del informe 'Derechos a la intemperie. Dificultades para hacer valer los derechos económicos, sociales y culturales en España', presentado por Amnistía Internacional. En el documento se recogen las alertas que desde diferentes organismos internacionales se venían lanzando sobre la situación de la vivienda en España. Así, en 2004, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales alertaba de la situación de las personas sin hogar, y de las personas afectadas por los desalojos forzosos.

"Miles de personas son desalojadas forzosamente de sus viviendas o están en riesgo inminente de serlo sin que se les informe previamente, sin permitirles participar en decisiones que afectan a su vida y sin ofrecerles alojamientos alternativos. Estas personas, además de quedarse sin hogar, sin duda, verán como sus condiciones de vida empeoran", ha asegurado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, durante la presentación del informe.

Desalojos forzosos y sin protección legal

Amnistía Internacional recuerda que los desalojos forzosos, que se realizan sin protección legal y sin otras garantías, están prohibidos por el derecho internacional y son considerados como graves violaciones de derechos humanos.

Según Esteban Beltrán, la privación del acceso a las personas a una vivienda digna así como a una sanidad pública universal son ejemplos de "violaciones de los derechos humanos" de igual calado que la falta de libertad o de expresión.

Según Amnistía, ni siquiera la Constitución española otorga a los derechos económicos, sociales y culturales, a excepción de la educación, las mismas garantías de protección que respecto a otros derechos. Estos derechos son considerados como principios rectores dependientes de leyes específicas, con el problema de que no están siendo recogidos por las legislaciones de las distintas administraciones.

En la presentación del informe se ha hablado también de los asentamientos de la Cañada Real Galiana, en Madrid, en donde supuestamente viven entre 25.000 y 40.000 personas, que podrían ser desalojadas de sus viviendas "sin ningún tipo de garantías", según ha advertido el abogado Javier Rubio, responsable legal de algunas de esas familias.

* 20 Minutos - 30.04.11
Foto: Madrid, vista Cañada Real - 20minutos

Spanish Roadshow: Cashman letter to Spanish Minister

2011-05-01T22:08:00.000+02:00

Petition to stop the Spanish Property Roadshow...

2011-05-01T09:38:00.000+02:00

Stop the Spanish Property Roadshow: Open letter to David Lidington

290 Signatures

Published by fletch on Apr 28, 2011
Target: David Lidington, Minister for Europe
Region: United Kingdom
Tweet this petition:
Background (Preamble):
An open letter to David Lidington, MP, Minister for Europe

Dear David Lidington,

On 4 May 2011 and again in June, Sr. Jose Blanco, the Spanish Development Minister (El Ministro de Fomento), is to head-up a road show in London to encourage British buyers of property abroad, whether as an investment or for their own private use, to consider once again purchasing property in Spain.

If you have read the two major reports undertaken, published and approved by the European Parliament over the last 6 years you will be well aware of the problems encountered by purchasers and would-be purchasers of property in all parts of Spain but particularly in Valencia, Andalucia, Mercia and Almeria. These reports co-authored by Michael Cashman and Marcin Libicki in 2006 and by Margrete Auken and David Hammerstein in 2009 detailed the irregularities and outlined the pitfalls of purchasing property in Spain. Over the same number of years, there have been numerous attempts from MEPs of all political persuasions to draw attention in the EP to the scandalous practices which appear to be perfectly acceptable by the Spanish Government. I refer to those of Roger Helmer and Sir Robert Atkins (Conservative), Glennis Wilmott and Michael Cashman (Labour), Margarete Auken (Green) and Marta Andreason (UKIP) amongst others, all of which can be viewed on the EP website.

Petitions have been, and are being, written to authorities both here and in Spain. http://www.spanishpropertyscandalpetition.co.uk/ and http://www.bankguaranteesinspain.com/

Petitioners themselves have spoken in the European Parliament Petitions Committee - Suzanne Wyatt in 2009 bearing a petition with well over 1000 signatures and Maura Hillen in April 2011 representing large numbers of the AUAN organisation concerned with property abuses in the Almanazora Valley. The facts they presented are truly horrific.

Mr. Lidington: the Spanish Minister, Sr. Blanco, needs to be confronted. You are the man to do it. We elected you to do it.

We request, therefore, that the permission gained by Sr. Jose Blanco to promote the purchase of Spanish Property here in the UK should be withdrawn immediately until such time as monies are returned under the Spanish Bank Guarantee scheme (which was specifically drawn up to combat corrupt practices) and until the backlog of court cases are dealt with fairly according to the very excellent laws of Spain.
These laws (Ley 57/68) are currently being flouted, blatantly ignored and/or deliberately misinterpreted by developers, banks, lawyers, judges and town hall officials. When seen collectively, it beggars belief. The Spanish Government, of which this man is a part, has to take responsibility for the absurd mess its property market is in. Since 2006 Michael Cashman has consistently called for "the authorities in Spain to put their house in order. If they fail to do this then the European Commission may have to use its power to withhold funds until they do."

Sr. Jose Blanco, representing his government, should not be encouraged in this country until he can show a clean pair of hands. Mr. Lidington, we are looking to you to insist on this.

Yours sincerely,

The undersigned who have all been financially and/or physically damaged by the stress experienced in attempting to purchase property in Spain over the last decade.

Petition:

We the undersigned request the Government to revoke the permission given to Sr. Jose Blanco to promote the purchase of Spanish Property here in the UK, and ask that it be withdrawn immediately until such time as monies are returned under the Spanish Bank Guarantee scheme (specifically drawn up to combat corrupt practices) and until the backlog of court cases are dealt with fairly according to the very excellent laws of Spain.

Sign the petition

ABC/Sevilla 22 4 2011

2011-04-26T10:04:00.001+02:00

El derribo de casas ilegales empezará por las que están en zonas inundables

ABC/Sevilla* : La Consejería de Obras Públicas y Vivienda trabaja en la elaboración de un decreto que dará amparo legal al proceso de normalización de los miles de inmuebles que se encuentran en situación ilegal o irregular al haberse construido en suelo no urbanizable, y en algunos casos en terrenos de especial protección medioambiental. Un porcentaje de ellos se verá inevitablemente abocado a desaparecer por derribo, y en primera línea se sitúan las casas construidas en zonas inundables. El coste de la regularización de la viviendas que cambien de estatus administrativo y los nuevos servicios a los que podrán acceder correrá por cuenta de los propietarios. Gloria Vega, secretaria general de Ordenación del Territorio y Urbanismo desde el pasado mes de noviembre, ha sido encomendada por la consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz, para llevar a cabo la ardua tarea de poner orden en un capítulo de su departamento, como es sacar de la opacidad administrativa a las miles de viviendas, tanto aisladas como en formato de parcelaciones, que desde hace años incumplen la normativas urbanística. Dos comarcas, la Axarquía malagueña y el Valle del Almanzora, en Almería, han sido las elegidas para iniciar las actuaciones.

Marco legal

«El decreto forma parte explica Gloria Vega de un proceso que la Consejería está impulsando para dar una solución a este problema que es sumamente complejo y diverso. Hace años comenzamos a trabajar con los ayuntamientos en la realización de un inventario de viviendas levantadas en zonas no urbanizables, y dada la problemática es muy difícil pensar que es posible en el marco de la legislación un proceso de legalización total». En decir que, en momento alguno se ha optado por «una amnistía generalizada».

Según la secretaria general, «en el actual marco legal hay barreras que marcan diferentes circunstancias», como son la viviendas aisladas y las que se encuentran agrupadas en parcelaciones urbanísticas. Pero incluso en el capítulo de las casas aisladas, modelo que predomina en la Axarquía, también se dan distintos casos. «Hay viviendas históricas que llevan casi toda la vida en suelo no urbanizable y que carecen de autorizaciones, pero que sin embargo son legalizables por su origen histórico. Se dan también las viviendas que se construyeron legalmente y que ahora no lo son, porque la normativa del momento permitía que se levantaran en suelo no urbanizable en determinadas circunstancias, que luego cambiaron con la aprobación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)». Con ello, las viviendas legales pasaron y así se consideran en la actualidad a irregulares.

Régimen distinto

El borrador de decreto que presentó días atrás Josefina Cruz al Consejo de Gobierno prevé dejar a esos inmuebles, indica Gloria Vega, «fuera de ordenación, y deberán tener un régimen distinto al de las viviendas que han surgido tras la LOUA, y que son ilegales desde el primer momento».

Existe, sin embargo, otra variante, es la de aquellas casas que se construyeron en zonas no autorizadas después de entrar en vigor la Ley, pero al haber pasado cuatro años desde que fueron finalizadas, en función de esta normativa no pueden ser objeto de medidas disciplinarias. «La solución es muy problemática. Las viviendas no son legales, no se pueden legalizar, pero tampoco se pueden tirar», asegura la secretaria general.

El decreto aborda todos estos «paquetes» y contemplará en el caso de las parcelaciones la idea es «desarrollar la LOUA, y en el de las viviendas aisladas se prevé el procedimiento específico, en el marco de esa ley, para diferenciar la vivienda que nació legal y se quedará fuera de ordenación, de la que nació ilegal y que no se puede legalizar porque han pasado cuatro años. A estas últimas se les va a reconocer su situación a través de un régimen específico».

Concretando aún más, las casas fuera de ordenación podrá acceder a «una licencia de ocupación», la aspiración de todos los propietarios, y las ilegales pero que han prescrito y no se pueden demoler, recibirán un reconocimiento que se denomina «asimilado a fuera de ordenación».

Término confuso

Reconoce Gloria Vega que el término es un tanto confuso, pero es el que figura en el reglamento de disciplina urbanística. «Suena como si fuera igual que fuera de ordenación, pero son regímenes diferentes, porque el primero tiene licencia de ocupación y puede acceder a los servicios (luz, agua, etc), y el segundo también dispondrá de servicios», pero con matices, con la fórmula del autoabastecimiento, y ofreciendo el propietario garantías al ayuntamiento en materia de habitabilidad, de seguridad o de vertidos que no afecten al medio ambiente.

«Las viviendas que no se podrán legalizar en ningún caso», subraya la secretaria general, «son la que están en suelos protegidos, las que no están finalizadas (la orden de paralización ha llegado cuando estaban en fase de estructura) y las que están afectadas por la LOUA y no han transcurrido cuatro años desde que fueron terminadas, periodo que marca la Ley para la prescripción. A ninguna de estas viviendas amparará el decreto, por lo que, llegado el momento, tendrán que desaparecer».

Advierte Gloria Vega que los trámites a seguir desde que se detecta una construcción irregular o ilegal hasta que se procede a su derribo son arduos. «Que no piense la gente que los mecanismos consisten en decir tú eres ilegal y mañana llega la grúa y procede a la demolición».

Puestos a priorizar, las primeras viviendas susceptibles de derribo son las que ocupan el dominio público hidráulico de zonas inundables. «Esas no tendrán arreglo subraya la secretaria general por el riesgo que tienen. Pero si por los estudios que se hagan se ve que los terrenos de dominio público no son inundables, las viviendas quedarán fuera de ordenación».

Hay otra excepción. Cuando por vía del planeamiento se puede llevar a cabo una actuación, una obra, «para evitar la inundabilidad», circunstancia que se puede dar en los núcleos considerados históricos y que eran legales en su origen.

* ABC - 22.04.11
Foto: Operación de derribo de una vivienda ilegal cercana a la capital cordobesa - abc

Levante: 24/04/11: Blanco etc.

2011-04-24T21:29:00.000+02:00

INVERSIÓN | Mirando a la legislación

La mutación británica de la idea de casa 'made in Spain'
La amenaza de quedarse con las manos vacías merma la confianza al invertir
A pesar de la crisis, los ingleses siguen apostando por el sol español
Londres (Reino Unido) Actualizado jueves 21/04/2011 12:22 horas

"Cómo cambian los tiempos...", reflexiona Philips Richardson, agente
inmobiliario en Dalston (al Este de Londres), dedicado desde hace años a
vender 'el sol español' en su país. "Cuando mi hermano compró la casa en
Menorca era la época de la peseta. Por aquellos años, con una pequeña
jubilación uno podía ir allí y elegir la casa que quería".

La próxima visita a Londres de José Blanco y su portafolios repleto de
viviendas de bancos y promotoras para ofrecer 'garantías jurídicas' de que
los pisos españoles se pueden adquirir sin problemas muestra cómo ha
cambiado la percepción de los británicos -y el resto de países europeos- del
mercado inmobiliario peninsular.
A pesar de la crisis, los ingleses siguen apostando por el sol español. Más
de 800.000 de ellos viven en España y ocupan el primer lugar entre los
extranjeros compradores. Aún sin comprar tanto, el alquiler parece ser una
de las opciones que en este momento está funcionando. Por ello, empresas
como la de Margaret Ayling, propietaria de Ayling Internacional Property
Services, especializada en las zonas de Sotogrande y Gibraltar, lo incluyan
en su eslogan: "Tanto si compra, como si vende o alquila nadie os ofrece
más".

El mayor temor que sienten los ingleses a la hora de invertir en España es
que la propiedad ilegal
Pero la amenaza de quedarse con las manos vacías ante la posibilidad de
adquirir casas edificadas sin licencia o con un permiso que no se ajusta a
la legislación vigente empaña la confianza en el mercado actual español.
Por eso, legalidad y formalidad son las dos condiciones esenciales que se
anteponen ahora a cualquier amago de negociación. Todo tiene que estar muy
organizado para satisfacer el gusto de los británicos. Las fechas de
entregas y los precios no pueden escaparse de lo pactado. Por eso no es de
extrañar que el mayor temor que sienten los ingleses a la hora de invertir
en España sea el riesgo de comprar una propiedad ilegal, después de hacerse
público varios escándalos sobre el tema.

Nueva oleada, nuevos gustos
Los tiempos cambian y las preferencias inmobiliarias también. "En los
últimos meses hemos notado que hay una leve pero nueva oleada de británicos
que quieren trasladarse a vivir a España", asegura Lesley. "Buscan casas
antiguas o simplemente viejas, de esas que necesitan reforma. Les gusta
mucho ocuparse ellos mismos del estilo y la decoración de su futura vivienda
o negocio".
Hoteles rurales en antiguos caseríos, pequeños hostales, o casas lo de gran
tamaño como para poner un 'bed and breakfast' (holetes con encanto a la
inglesa) marcan la tendencia de inversión de los nuevos británicos que, con
la crisis, ven en nuestro país una opción mejor de la que ofrece en este
momento Gran Bretaña.
En este contexto y, a diferencia de lo que ocurría antes del 'crack'
inmobiliario, muchos constructores y promotores españoles comienzan a
dirigir su atención hacia el mercado británico. Esto ha supuesto el inicio
de un cambio de actitud sobretodo en relación al idioma. Así, no son pocas
las empresas del sector que se plantean la posibilidad de proveer material
de venta traducido para sus clientes ingleses.

Antes del euro
"Los británicos han estado enamorados de España desde hace muchos años y es
uno de los primeros países que les viene a la cabeza a la hora de comprar
una casa para vacaciones o reubicarse", insiste Lesley McEwan propietaria de
CadizCasa, una empresa inmobiliaria que ofrece los beneficios de la costa
andaluza al mercado inglés.

Vida de rico con dos duros, así era por aquel entonces España para muchos
extranjeros. Las cosas cambiaron con la entrada del Euro
Vida de rico con dos duros, así era por aquel entonces España para muchos
extranjeros, claro que las cosas cambiaron con la entrada del Euro. La nueva
moneda disparó los precios hasta las nubes y, en un abrir y cerrar de ojos,
el país flotaba dentro de la burbuja inmobiliaria. "La burbuja tenía que
estallar tarde o temprano, y estalló más tarde de lo que esperábamos",
afirma Margaret Ayling. "La construcción creció de manera desorbitada. La
locura era tal que incluso había personas (británicos) que adquirían tres o
cuatro propiedades para revender habiendo pagado sólo el depósito de compra.
Este es, sin duda, el momento más crítico por el que atraviesa el mercado
inmobiliario español, por lo menos, desde 1977, que es cuando nosotros
abrimos nuestro negocio", concluye.

La Provincia 18 4 2011

2011-04-21T09:57:00.001+02:00

"Es fácil enriquecerse gestionando el suelo"

LAPROVINCIA/Entrevista* : El magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, considera que con la reforma del Código Penal no van a desaparecer las infracciones medioambientales, aunque se hayan incrementado, casi el doble, los años de cárcel.
- En el Congreso Canario de Derecho Urbanístico usted disertó acerca de la reciente reforma del Código Penal y cómo ha afectado al derecho urbanístico. ¿Qué significó?
- Se ha incrementado, casi el doble, la duración de las penas privativas de libertad. Se ha establecido un sistema de multa proporcional, de tal forma que la cuantía de la multa la fija el juez en función de los beneficios obtenidos por el promotor. Además, se acuerda el comiso, esto es, la confiscación de las ganancias, de tal manera que, en ningún caso, resulte rentable infringir las leyes urbanísticas. Pero, sobre todo, la gran novedad está representada por el hecho de que aparece una nueva clase de delincuente. Se trata de la discutible apuesta de nuestro sistema penal a favor de la responsabilidad de las personas jurídicas.

- ¿Qué repercusión tiene esto para el infractor?

- Para que nos entendamos, a partir de ahora, el delito puede estar cometido por un promotor, un constructor y, además, por la empresa para la que ambos trabajan. El Código Penal establece un sistema propio de penas que pueden llevar a la suspensión, disolución, clausura y hasta intervención judicial de la empresa.

- Ésta es la tercera reforma que sufre el Código Penal desde que España está en Democracia. ¿Cree que aún le quedan pasos por dar en materia urbanística? ¿Existen demasiados agujeros en el derecho urbanístico por el que se cuelan los delincuentes?

- De entrada, creo que en el ámbito del urbanismo, como en cualquier otra actividad delictiva, existen numerosas vías de escape para el infractor. En muchos casos el delito exige la complicidad de los poderes públicos con capacidad decisoria sobre esta materia. Y ello dificulta enormemente la persecución del delito. Piense que sobre un enorme mapa cartográfico la utilización de un bolígrafo rojo o verde determina el aprovechamiento de los terrenos y su consiguiente valor económico. Para algunos es muy fácil sacarle ventaja a ese conocimiento anticipado del futuro valor de los terrenos.

- No han pasado aún cuatro meses de la puesta en marcha de las modificaciones del Código Penal, pero aun así ¿podrá hacer un balance de lo que está suponiendo? ¿Qué conclusiones ha extraído?

- Le aseguro que cuatro meses en la vigencia de una norma penal, teniendo en cuenta la lentitud de los procesos, no es tiempo para obtener conclusiones aprovechables. Pese a todo, creo que el incremento de las penas puede desplegar un efecto preventivo indudable. El legislador ha considerado procedente bajar las penas, por ejemplo, en los delitos relacionados con el tráfico de drogas o en las falsedades de tarjetas de crédito. Sin embargo, ha decidido incrementar de una manera sensible las penas de prisión en los delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo. Esa conjugación de penas privativas de libertad y sanciones económicas de naturaleza confiscatoria hará mucho menos rentable el delito. En cualquier caso, si alguien piensa que con la reforma van a desaparecer las infracciones medioambientales, creo que es un optimista. Es muy sencillo enriquecerse cuando se gestiona el aprovechamiento del suelo.

- ¿ Ha disminuido el número de delitos en materia urbanística? En caso afirmativo, ¿es consecuencia de la reforma del Código Penal o de la caída en picado del sector inmobiliario?

- El análisis de la evolución en la cifra de criminalidad exige más tiempo. Las estadísticas, tanto de la Fiscalía General del Estado como del Ministerio del Interior, son anuales. Lo que sí parece indudable es que la crisis del sector inmobiliario ralentiza también la toma de decisiones y, por tanto, las posibilidades de infracción.

- ¿Vivimos en un sistema jurídico que es demasiado permisivo con los autores de delitos urbanísticos?

- Yo creo que no, pero le aseguro que si había alguna duda al respecto, la reforma acaba con todas las suspicacias. El marco penal se ha agravado de forma más que significativa. A partir de ahora cualquier concejal que informe favorablemente la concesión de una licencia contraria a la legalidad vigente se enfrenta a una pena privativa de libertad de hasta cuatro años de prisión, además de la inhabilitación correspondiente, que puede alcanzar hasta los diez años.

* La Provincia - 18.04.11
Foto: Puerto Rosario (Fuerteventura) - bbc.co.uk

La Opinion Malaga 18 4 2011

2011-04-20T08:59:00.001+02:00

El fiscal jefe no comparte la normalización urbanística que se pretende en la Axarquía

LAOPINIÓN/Málaga* : El fiscal jefe de Málaga, Antonio Morales, ha asegurado que no comparte la normalización de la situación urbanística en la zona de la Axarquía a la que se pretende llegar con unas 11.000 edificaciones irregulares que existen en esa comarca a través de un decreto en el que se establezcan procedimientos para el reconocimiento de estas construcciones. «No comparto en absoluto esa normalización, todo lo contrario», aseguró Morales, quien destacó, en declaraciones a Europa Press, la «importancia y la gravedad» de eso delitos, ya que, según subrayó, «no quedan por un determinado tiempo, sino permanentemente, para el futuro hasta hipotecarlo».

Demolición

Así, Antonio Morales aseguró que esas construcciones pueden ser «económicamente rentables a corto plazo, pero a larga es un desastre turístico, económico y social y afecta a algo tan importante como el paisaje». «Existe el derecho a un paisaje limpio y sostenible, donde la sociedad vaya evolucionando a mejor», puntualizó.

«Perpetuar todos esos atentados que se han hecho a la naturaleza, al paisaje y al medio ambiente no se comprende fácilmente, sobre todo, cuando ha habido una lesión de bienes jurídicos tutelados por el ordenamiento jurídico», ha precisado el responsable de la Fiscalía malagueña.

En todo caso, añadió «se debería aplicar el rigor jurídico y lógicamente la demolición de todas estas construcciones ilegales y la vuelta a la normalidad y al paisaje primitivo de aquella zona, que es muy bonita».

* La Opinión Málaga - 18.04.11
Foto: Axarquía (Málaga), diseminados - laopiniondemalaga.es

AUAN: Comité de Peticiones de la UE 14 abril 2011 - Youtube en Espanol y fotografias

2011-04-20T07:33:00.000+02:00

Intervención de SRA MUÑIZ DE URQUIZA MEP el comité de peticiones de la UE

http://www.youtube.com/watch?v=ZCnUkMNzYDw

Tenga en cuenta la intervención tardía de la Sra Muñiz (Europarlamentaria) y que parece seguir el "tono" de las declaraciones de la Consejera de Obras Publicas y Vivienda del Parlamento Andaluz.

Intervención de Simon Busuttil MEP el comité de peticiones de la UE

http://www.youtube.com/watch?v=a6YXXCYrkBc

AUAN in Brussels: YouTube

2011-04-18T07:33:00.001+02:00

Statement of Maura Hillen to EU Petitions Committee
http://youtu.be/RkqzQuV8AO8

Statement of Helen Prior to EU Petitions Committee
http://youtu.be/Yn-zMydHxGQ

MEP Marta Andreasen in Petitions Committee
http://youtu.be/a8aKw_d1Ld4

MEP Sra Muñiz de Urquiza of the PSOE
http://youtu.be/xptp6m4sGJM

UrbanismoPatasArriba: Europa medita quitar fondos a Andalucía por las casas ilegales

2011-04-16T08:30:00.000+02:00

UrbanismoPatasArriba: Europa medita quitar fondos a Andalucía por las casas ilegales

AUAN's EU Petition - Reporting so far / Prensa

2011-04-15T11:00:00.001+02:00

http://www.elalmeria.es/article/provincia/951547/europa/medita/quitar/fondos/andalucia/por/las/casas/ilegales.html

http://www.lavozdealmeria.es/vernoticia.asp?IdNoticia=10168&IdSeccion=3

http://www.ideal.es/almeria/v/20110415/provincia/auan-solicita-ayuda-europa-20110415.html

Telegraph 4 4 2011: Expats sue Spanish councillor for alleged discrimination

2011-04-05T09:31:00.003+02:00

Expats sue Spanish councillor for alleged discrimination - Telegraph

The councillor charged with resolving the illegal homes issue affecting expats in Spain's Almanzora Valley is being sued by British homeowners.

Expat homeowners in Almeria's Almanzora Valley are suing a government councillor over alleged discrimatory remarks. Photo: Design Pics Inc/Rex Features

By Sean O'Hare 5:06PM BST 04 Apr 2011

Josefina Cruz, councillor for public works and housing, referred to British expats as 'a group of people who are not of this country, who have settled here illegally in our territory...who are now demanding us to solve a problem that they have been responsible for creating'. She made the comments during a parliamentary debate last month.

12 Britons who own illegally built homes in the Valley and who belong to the organisation Abusos Urbanisticos Almanzora No (AUAN), campaigning for the legalisation of property in the region, are now collectively suing the councillor for alleged discrimination under Article 510.2 of the Spanish criminal code.

Maura Hillen, president of AUAN, said: “The members of our association who have made this complaint are victims of the chaotic planning system in Andalucia, which has clearly failed and continues to fail.

"They were assured that everything was alright when they bought their homes and now find themselves immersed in legal proceedings that could result in the demolition of their house.

"In some cases it is actually the regional government who challenged the building license granted by the town hall. In other cases the town hall or the promoter is subject to a criminal investigation. In none of these cases is the homeowner considered to be at fault.

"Because of this, and because of the situation in which thousands of people find themselves, the plaintiffs cannot let the remarks of the consejera pass because they are offensive and discriminatory and give completely the wrong impression.”

Josefina Cruz, councillor for public works and housing, referred to British expats as 'a group of people who are not of this country, who have settled here illegally in our territory...who are now demanding us to solve a problem that they have been responsible for creating'. She made the comments during a parliamentary debate last month.

12 Britons who own illegally built homes in the Valley and who belong to the organisation Abusos Urbanisticos Almanzora No (AUAN), campaigning for the legalisation of property in the region, are now collectively suing the councillor for alleged discrimination under Article 510.2 of the Spanish criminal code.

Maura Hillen, president of AUAN, said: “The members of our association who have made this complaint are victims of the chaotic planning system in Andalucia, which has clearly failed and continues to fail.

"They were assured that everything was alright when they bought their homes and now find themselves immersed in legal proceedings that could result in the demolition of their house.

"In some cases it is actually the regional government who challenged the building license granted by the town hall. In other cases the town hall or the promoter is subject to a criminal investigation. In none of these cases is the homeowner considered to be at fault.

Almanzora Valley witnessed an uncontrolled construction boom from 2000-6 when thousands of British families bought homes from developers who lacked the necessary building licences.

It is estimated that during this period more than £100 million was paid to developers by unsuspecting families, many of whom are now left without mains water and electricity and a final habitation certificate.

Of the 12,697 illegally built homes 920 of these homes were found on specially protected land, were less than four years old or were incomplete, and have been earmarked for demolition.

The remaining 11,777 homes will be subject to a special decree, currently being worked on by government officials, to define a uniform set of procedures that would allow them to be granted an occupation license and obtain access to services in a manner described as "self-sufficient", making it clear that public funds will not be used to resolve the situation.

The Andalucian regional government refused to comment.

AUAN: Nota de Prensa 1 4 2011 - SE PRESENTA QUERELLA CONTRA JOSEFINA CRUZ

2011-04-02T10:27:00.001+02:00

Nota de Prensa AUAN 1 de abril de 2011

Contacto: Patricia Sampson, Tel: 638323706 Email: info@almanzora-au.org

SE PRESENTA QUERELLA CONTRA JOSEFINA CRUZ

La asociacion" Abusos Urbanísticos Almanzora ¡No!" (también conocida como "AUAN") informa que varios de sus miembros presentan este viernes a título individual una querella criminal contra la Consejera de Obras Publicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, Josefina Cruz Villalón; querellándose por un supuesto delito contra la Constitución Española, y concretamente por un supuesto delito previsto y penado en el artículo 510.2 del Código Penal, por razón de lo que los querellantes consideran son injurias discriminatorias, y a raíz de las declaraciones que la Consejera vertió en la Comisión de Obras Publicas y Vivienda del Parlamento Andaluz el día 9 de marzo de 2011.

Recordemos que la Sra. Cruz declaró en dicha fecha, según el diario de sesiones del Parlamento de Andalucia, entre otras cosas "Señorías, para confusión, la suya. Yo creo que usted no sabe lo que está defendiendo. No sé si está defendiendo la intrusión de personas, no sé si está defendiendo los intereses de un conjunto de personas que no son de este país, que se han instalado aquí de forma ilegal, no sé si está defendiendo esos intereses, señoría. No lo entiendo, de verdad que no lo entiendo.

Creo haber dicho en esta ocasión que hemos tenido reuniones al respecto también con el Embajador Británico, pero a mí me interesa, a mí me preocupa la situación general, y no me preocupa una situación parcial de un conjunto de personas que se han establecido ilegalmente en nuestro territorio. No entiendo..., luego, su confusión... No sé si está defendiendo la legalidad o no está defendiendo la legalidad. Señoría, no sé lo que usted está defendiendo, no sé de parte de qué y de quién está usted.

Nosotros estamos tratando de abordar un problema que se ha producido en Andalucía como consecuencia de la falta de respeto a la cultura del territorio, a la cultura del paisaje y a la cultura urbanística, y, por lo tanto, hay que adecuar, nosotros queremos dar respuesta dentro de la legalidad, dentro del planeamiento urbanístico, dentro de la ordenación del territorio y dentro del respeto a toda la legislación sectorial de espacios protegidos, de suelos forestales, de suelos protegidos por la legislación de vías pecuarias, de costa, etcétera, etcétera, etcétera. ()

Mañana tengo prevista una reunión en la Almanzora, señoría. Mañana tengo prevista una reunión con los alcaldes. Señoría, yo me reúno con los alcaldes, que son los responsables locales de la ordenación de su municipio, y, a partir de ahí, se podrá darles información a los vecinos que están afectados, sean de una organización o no sean de ninguna organización, sean vecinos que se han establecido de buena fe o no de tan buena fe, y que ahora están demandándonos a nosotros que resolvamos un problema que son ellos los responsables de haberlo creado"..

AUAN alega que dichos comentarios fueron ratificados posteriormente ante medios de comunicación y que no sólo son inaceptables en un estado democrático y moderno, miembro de la Unión Europea, sino que además son gravemente hirientes para mucha gente "de otro país", según las palabras de la Consejera, gente que invirtió los ahorros de toda su vida en una vivienda en España, la cual se les aseguraba que contaba con todos sus permisos, y que ahora se ven amenazados de ser desposeídos de su hogar.

Dice Maura Hillen, Presidente de AUAN, " los miembros de nuestra asociación que han presentado esta querella a título individual son víctimas del caótico sistema urbanístico e inmobiliario de Andalucía, que evidentemente ha fallado y sigue fallando. Se les aseguró que todo estaba en orden cuando compararon y ahora se ven inmersos en procedimientos judiciales encaminados a la demolición de su vivienda. En algunos casos es la propia Junta de Andalucía la que impugna una licencia dada por el pertinente Ayuntamiento, en otros casos se investiga en vía penal la actuación del Ayuntamiento, en otros la del promotor, y en ninguno de los casos se considera que la culpa la haya tenido el comprador. Ante ello, y ante la situación en la que se encuentran millares de familias, los que ahora presentan la querella han considerado que no pueden dejar pasar de largo unos comentarios de La Consejera totalmente desacertados, y que consideran injuriosos y discriminatorios, y que dan al resto de ciudadanos una impresión totalmente errónea de la realidad." Hillen, añade, "estos comentarios no fueron emitidos por cualquiera en la plaza del pueblo, sino por un miembro del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, precisamente por la persona encargada de resolver el desaguisado urbanístico en dicha Comunidad Autónoma. Los comentarios son totalmente desacertados, y pueden dar una impresión totalmente errónea. Si no se tomasen medidas, se corre el riesgo de incitar a otras personas a tener la misma actitud anómala que la Consejera". Termina diciendo, "se está jugando con la vida de mucha gente, y tarde o temprano se ha de marcar una línea. Yo si fuese la Consejera dimitiría".

La querella la firma Bernardo del Rosal Blasco, conocido Abogado penalista y antiguo Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana.

AUAN Press Release 1 4 2011

2011-04-01T22:35:00.001+02:00

AUAN: Press Release 1st April 2011: Brits lodge
Criminal complaint for discrimination against member of Andalucian Government

contact : info@almanzora-au.org
www.almanzora-au.org
Phone: 00 34 661329919

Twelve British members of AUAN (Abusos
Urbanisticos Almanzora No) have lodged a criminal
complaint against Josefina Cruz, Consejera for
Public Works and Housing of the regional
government of Andalucia for offensive statements
made in Parliament earlier this month.

The Consejera is being sued for an alleged crime
against the Spanish Constitution, specifically
under Article 510.2 of the Criminal Code because
of what the plaintiffs believe are discriminatory
insults relating to statements made by the
Consejera in a commission hearing of the
Andalucian Parliament on the 9th of March 2011.

According to the Diary of Sessions of the
Andalucian Parliament, the Consejera, in response
to questions about the illegal houses in the
region, is alleged to have stated, amongst other
things "I do not know if your are defending the
intrusion of people, do not know if your are
defending the interests of a group of people who
are not of this country, who have settled here
illegally, do not know if you are defending these
interests, ladies and gentlemen. I do not
understand, I really do not understand".

"I believe that I have said on this occasion
that we have also had meetings about this with
the British Ambassador, but I am interested in, I
am concerned with the general situation, and I am
not interested in the particular situation of a
group of people who have settled illegally in our
territory. I do not understand…, then, your
confusion… I do not know if you are defending
legality or not defending legality. Ladies and
gentlemen, I do not know what you are defending ,
I do not know where you are coming from."

"We are dealing with a problem which has resulted
in Andalucian as a consequence of a lack of
respect for the culture of the territory, and the
culture of the land and the culture of planning
and therefore, it is necessary to adapt, we must
give a response within the law, within urban
planning, within territorial planning, and with
respect for all the legislation relating to
protected land, forested land, land protected by
rights of way, coasts, etc, etc, etc (…)

Tomorrow I have scheduled a meeting in Almanzora,
ladies and gentlemen. Tomorrow I have scheduled a
meeting with the Mayors. Ladies and gentlemen, I
will meet with the mayors, who are responsible
for planning in their municipalities, and from
them, one can give information to affected
residents, whether they are in an organisation or
not in an organisation, whether they bought in
good faith, or not in good faith, and who are now
demanding that we resolve a problem that they are responsible for creating".

AUAN alleges that these comments, which were
later endorsed before the press, are not
acceptable in a democratic state that is also a
member of the European Union. They are also
gravely offensive to many "people from another
country", to use the Consejeras words, who
invested all of their life savings in a house in
Spain, having being assured that they had all
legal permits, only to find that they risk losing their home.

According to Maura Hillen, president of AUAN,
"the members of our association who have made
this complaint are victims of the chaotic
planning system in Andalucia, which has clearly
failed and continues to fail. They were assured
that everything was alright when they bought
their homes and now find themselves immersed in
legal proceedings that could result in the demolition of their house.

In some cases it is actually the regional
government who has challenged the building
license granted by the town hall. In other cases
the town hall or the promoter is subject to a
criminal investigation. In none of these cases is
the homeowner considered to be at fault.

Because of this, and because of the situation in
which thousands of people find themselves, the
plaintiffs cannot let the remarks of the
Consejera pass because they are offensive and
discriminatory and give completely the wrong impression."

Hillen added "These comments were not issued by
just anybody, but by a member of the regional
government of Andalucia. In fact, the person
charged with resolving the urban planning mess in
that region. The comments are incorrect and
completely misguided. If we do not take action we
run the risk of inciting others to take the same
view as the Consejera". She concluded, "This is
playing with too many peoples lives. We have to
draw a line somewhere. If I was the Consejera, I would resign".

The case is being brought by Bernardo del Rosal
Blasco, a well know criminal lawyer and a former Ombudsman in Valencia .

El Pais 29 3 2011:

2011-03-31T09:29:00.000+02:00

El estigma de El Algarrobico

ELPAÍS/Almería* : Su gestión ha sido varias veces cuestionada por los tribunales. Su nombre va unido indefectiblemente al de El Algarrobico, símbolo de las tropelías urbanísticas de la costa española, y fue condenado por un delito electoral y luego indultado por el Gobierno. Cristóbal Fernández (PSOE) no se va, y repetirá como cabeza de lista a la alcaldía de Carboneras, Ayuntamiento que preside desde hace 28 años. En febrero dijo que lo dejaba, que había llegado el momento de la "renovación y de apostar por nuevas ideas y personas para continuar el proyecto socialista con nuevos bríos". Pero repite. Esos nuevos aires, sin embargo, sí afectan al resto de la lista, según aprobó este fin de semana la ejecutiva local del PSOE. La renovación parece forzosa.

Actualmente, tres de los siete concejales socialistas de Carboneras están imputados por un presunto delito electoral por hechos que ocurrieron en las municipales de 2007. Como Rosario Fernández, hermana del regidor, primera teniente de alcalde y secretaria de la agrupación municipal socialista de esta localidad.

El alcalde está indultado después de que el Supremo le condenara con sentencia firme por otro delito electoral, también junto a su hermana. Ha sido ella quien le ha rogado que encabece la lista socialista después de que Ginés Navarro, elegido sustituto de Cristóbal Fernández, anunciara su retirada por motivos de salud. "Lleva toda su vida en la política y para él, el partido, está por encima de todo", argumenta Rosario Fernández.

Cristóbal Fernández decidió ampliar los límites del término municipal sobre suelo del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y dio licencia de construcción a Azata del Sol para construir en primera línea de playa un hotel en El Algarrobico, uno de los escasos rincones naturales sin ladrillo que pervivían en el Mediterráneo.

La ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, ha expresado su deseo de derribar el hotel. Pero el caso podría eternizarse en los juzgados después de que el magistrado Jesús Rivera, titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Almería, declarara en 2008 nula la licencia municipal y su decisión fuera recurrida por la promotora y por el Ayuntamiento de Carboneras. El Supremo debe decidir si admite a trámite los recursos.

El caso de El Algarrobico es para Carboneras como el accidente nuclear en Palomares para Cuevas del Almanzora. La ciudadanía está harta de escuchar su nombre. Además, no todos lo consideran delito medioambiental.

Salvador Alarcón, candidato por el PP a la alcaldía, defiende su mantenimiento, aunque sí apoya que se depuren responsabilidades. El hotel, dice, puede ser un "foco de creación de empleo y dinamismo". Piensa que Carboneras es la Cenicienta de la costa y que incrementaría el turismo.

El hotel, para Salvador Hernández, candidato por GICAR (Grupo Independiente por Carboneras), ha "dañado" la imagen del pueblo. "El hotel no va a quitar el hambre", dice. Su partido procede del GIAL de Juan Megino y en las anteriores elecciones obtuvo más votos que el PP, aunque igual número de concejales. Pese a la integración de GIAL en el PP, ellos no lo han hecho porque no proceden de las filas populares. "Somos un grupo de jóvenes que nunca hemos pertenecido a ningún partido", y con clara vocación de "obtener mayoría suficiente para gobernar".

* El País - 29.03.11
Foto: Algarrobico ILEGAL por Greenpeace - A.Rodríguez (EFE)

The Telegraph 29 3 2011:

2011-03-29T09:17:00.000+02:00

Expat Property

Spanish councillor tells expats they are 'responsible' for illegal houses

Expat victims of urban corruption in Spain have expressed outrage at comments made by a member of government who referred to them as 'a group of people who have settled illegally in our territory...who are now demanding us to solve a problem that they have been responsible for creating'.

By Sean O'Hare 12:50PM BST 28 Mar 2011

The comments were made by Josefina Cruz Villalón, a public works and housing councillor for the Andalucian regional government, when asked by a planning spokesperson for the opposition how she planned to deal with the problem of illegally-built homes in the Almanzora Valley in Almeria.

12,697 "irregular" constructions have been identified in the Almanzora Valley, the majority belonging to British expats.

Maura Hillen, president of Abusos Urbanisticos Almanzora NO (AUAN), a home-owners association composed mainly of British residents, said: "That's all we need; for the victims who have been mistreated by the planning and real estate system to be attacked. On top of being insulted, we are vilified.

"Where was the regional government when the houses were being built. Why wasn't it stopped then?

"12,697 illegal buildings in the Almanzora Valley and nobody noticed? These houses didn't pop up like mushrooms overnight."

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920 of these homes were found on specially protected land, were less than four years old or were incomplete and have been earmarked for demolition.

The remaining 11,777 homes will be subject to a special decree, currently being worked on by government officials, to define a uniform set of procedures that would allow them to be granted an occupation license and obtain access to services in a manner described as "self-sufficient", making it clear that public funds will not be used to resolve the situation.

Maura Hillen continued: "And how many people will be made homeless and lose their life savings if 920 houses are demolished to 'restore order'?

"A conservative calculation would put the financial losses in the order of 90 million euros. Who's going to compensate those who bought in good faith? The Junta? The town halls?"

The decree is expected to be published after municipal elections expected in May, giving rise to fears among expat homeowners that it amounts to little more than electioneering.

Giles Paxman, British Ambassador to Spain, however, welcomed the decree. He said: "This is a real step forward for owners of illegally built properties in Andalucia.

"The decree should enable thousands of people whose properties have been declared illegal to comply with the law and gain access to essential services.

"Of course, there will be some properties built on specially protected land or in dangerous locations which it will not be possible to legalise.

"But the announcement will bring relief and hope to many people whose lives have been blighted by property and planning irregularities. We will continue to work with the Andalucian authorities on this issue."

A recent poll on behalf of Spain's national newspaper El País has shown that Villalón's Spanish Socialist Workers' Party (PSOE) are 12.3 points behind main opposition party El Partido Popular (PP) and would lose next year's autonomous elections and their 30 year hold on Andalucia if the electoral mood stays the same.

Maura Hillen concluded: "Villalón's comments have done her PSOE party no favours when you consider she has offended the expat homeowners who now represent a significant proportion of the electorate in this region."

AUAN: Nota de Prensa / Press Release 28 3 2011

2011-03-28T15:59:00.001+02:00

AUAN PETITION TO BE HEARD IN BRUSSELS

Contact: info@almanzora-au.org

A petition about urban planning abuse submitted to the EU Petitions Committee by the AUAN is to be heard on the 14th of April in Brussels.

The petition calls for a European Parliament investigation into abuses in the Almanzora Valley as a matter of urgency.

AUAN President, Maura Hillen, has been invited to speak to the committee to put forward the case of innocent homeowners who, having bought their property in good faith, are now faced with the threat of demolition. Many others cannot get access to electricity and water.

This, argues Ms. Hillen, contravenes the EU Charter of Fundamental Rights and these laws must be respected and complied with by Spain.

Petición de la AUAN tendrá audiencia en Bruselas

Una petición sobre abusos urbanísticos entregado a la Unión Europea por parte de la AUAN tendrá audiencia el 14 de Abril en Bruselas.

La petición demanda una investigación urgente del Parlamento Europeo de los abusos urbanísticos en La Valle de Almanzora.

Presidenta de la AUAN, Maura Hillen, está invitada a hablar directamente con la comité y presentar el caso de compradores inocentes, los cuales, a pesar de haber comprado su vivienda en buena fe, tienen que enfrentarse ahora con la amenaza de demolición. Muchos más no pueden conseguir acceso a la luz y al agua.

Esta situación, según Sra. Hillen, contraviene La Carta de Derechos Fundamentales de la UE y España tiene que ser obligada a respetar y aplicarlo.

El Correo EFE 25 3 2011: El TSJ anula por irregularidades...

2011-03-27T10:31:00.002+02:00

El TSJ anula por irregularidades el plan parcial de urbanización en Gredos

EFE/Ávila* : El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha declarado la nulidad del Plan Parcial "Zona Norte Camino de la Raya", en Candeleda (Ávila), donde estaba prevista la construcción de una urbanización de 431 viviendas y un hotel, al entender que existieron irregularidades en el proceso de aprobación del citado plan. La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, a la que ha tenido hoy acceso Efe, señala que el trámite de información pública de dicho proyecto no se realizó correctamente y que el Estudio de Impacto Ambiental no contempló las determinaciones urbanísticas que fueron objeto de aprobación el 9 de octubre de 2006 por la Comisión Territorial de Urbanismo de Ávila.

El tribunal autonómico también reconoce que las modificaciones realizadas entre la aprobación inicial y la definitiva del plan parcial tienen un carácter sustancial, por cuanto suponen un incremento del 87 por ciento del aprovechamiento urbanístico y del 90'7 por ciento del número de viviendas, además de una importante modificación de usos y cesiones, lo cual supone una reconsideración total y sustancial del plan parcial.

Esta urbanización de 431 viviendas y un hotel de 200 plazas previstos en la zona de "Navalpilón" han encontrado desde el principio la oposición de la Plataforma contra la Especulación Urbanística y Ambiental de Candeleda, por encontrarse los terrenos en el límite del Parque Regional de la Sierra de Gredos, en una zona arbolada, donde sus promotores ya realizaron una captación de agua en pleno corazón de este espacio natural.

En la sentencia, el TSJ señala que "el suelo, además de un recurso económico, es también un recurso natural, escaso y no renovable", por lo que "se hace necesario aplicar medidas eficaces contra las prácticas especulativas."

Este fallo se suma al emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en enero de 2010, donde se anuló la concesión de agua que había otorgado la Confederación Hidrográfica del Tajo a la empresa promotora de la urbanización, por entender que con esa nueva concesión no se podrían garantizar ni siquiera los abastecimientos presentes, pero tampoco los futuros ni para la urbanización, ni para el municipio de Candeleda.

También el Defensor del Pueblo señaló en respuesta a una queja de la plataforma contraria a esta urbanización que "está lejos de haberse acreditado la viabilidad ambiental del plan parcial y la suficiencia de recursos hídricos".

* El Correo - EFE - 25.03.11
Foto: Candeleda (Ávila), protesta contra urbanización (archivo) - aviladigital.com

El Pais 22 3 2011

2011-03-23T08:32:00.000+01:00

Elecciones municipales
La estela de las viviendas ilegales

El voto de la población británica es determinante en la comarca almeriense

MARTA SOLER - Almería

EL PAÍS - 22-03-2011
La naturaleza de la causa no siempre va unida a la del efecto. El anuncio de legalización de las viviendas que se encuentran fuera de ordenación por parte de la Consejería de Obras Públicas en Almería no parece que vaya a recoger en el Valle del Almanzora los frutos esperados de la cosecha: conseguir un rédito electoral cara a las elecciones municipales de mayo. Todo lo contrario. La solución por la que, después de tres años, ha optado la Junta -abrir la puerta de atrás de la normativa urbanística para dar cobertura legal a las viviendas construidas en suelo no urbanizable, cerca de 12.700 en el Almanzora- no ha sido especialmente mal acogida, pero sí el mensaje.

La población extranjera se siente insultada por la consejera, Josefina Cruz, quien dijo en sesión parlamentaria que dicha población "se había asentado de manera ilegal" en la comarca, declaraciones "muy ofensivas", según valora la portavoz del colectivo Abusos Urbanísticos en Almanzora No (AUAN), Patricia Sampson. Añade que la Junta "da mala publicidad a su pueblo" con manifestaciones que "se conocen en la prensa británica y en Nueva Zelanda". "Tratar de vender el excedente de casas entre la población extranjera ahora es una broma", matiza pero, sobre todo, el comentario de la máxima responsable de Obras Públicas en Andalucía "no ha caído bien entre la población británica", esa que representa, cuanto menos, un 20% de la población con derecho a voto en los diferentes municipios del Almanzora, que cuenta con cerca de 30 localidades.

En el caso de Arboleas, el porcentaje es del 49%. Su alcalde, Ángel Jesús García (PSOE), pretende revalidar la mayoría -seis concejales de 11- o superar la cifra, y observa a su alrededor para apoyar su tesis. "Las alternativas son, cuanto menos, curiosas", calificativo con el que describe la situación del PP -aún sin candidato- y del Partido Socialista de Andalucía (PSA), cuyo cabeza de lista es tránsfuga socialista, a la sazón alcalde del municipio durante 20 años, Cristóbal García.

El PSOE es, además, el partido que gobierna en Albox, Albanchez, Líjar, Lubrín, Partaloa y Oria, la mayor parte de los municipios de la comarca del Almanzora en la que la situación de las viviendas ilegales se agrava. Ahora son sus cabezas de lista los que tienen que dar la cara ante la población después del desenlace y muchos critican la actitud de su propio partido. "En mi pueblo no hay ciudadanos ilegales", señala el alcalde de Oria, José Pérez (PSOE), quien dice no compartir la visión de la Junta hacia la población británica que, en su municipio, ha decrecido debido a la crisis económica, pero cuenta.

En otros municipios podría producirse, incluso, un "vuelco electoral", como advierte Francisco Martínez, alcalde de Albanchez (PSOE). Sería la primera vez que ocurriera después de 24 años, los que lleva como primer edil. El "exceso verbal" de Josefina Cruz podría traducirse en castigo en las urnas. "Los extranjeros no pueden votar en las autonómicas ni nacionales" y podrían resarcirse en las municipales, observa. La población inglesa en esta localidad con cerca de 800 habitantes es del 26%.

Desde el PP critican la "dejadez" de la Junta en el Almanzora y califican de "impreciso y electoralista" el futuro decreto que afectará a la ordenación de estas viviendas, la mayoría propiedad de familias británicas "a las que se ha tratado como delincuentes", enfatiza Miguel Ángel Castellón, vicesecretario de Organización del PP en Almería.

Entre tanta construcción hay otros desmanes. La comarca no está exenta de polémicas en materia urbanística. Hace tres años una población de unos 3.000 habitantes, Zurgena, saltó a la fama por la operación Costurero, sobre presunta prevaricación de su alcalde, Cándido Trabalón (PA) en materia de licencias urbanísticas. El PA ha ratificado a Trabalón como cabeza de lista para los comicios de mayo. "Así lo ha decidido la Asamblea Local y nosotros no vamos a imponer nada", argumenta el coordinador provincial del PA, Pedro Ruiz, convencido de que con Trabalón se conseguirá, de nuevo, la mayoría absoluta (ocho concejales de 11).

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Rechazo de cuatro alcaldes socialistas

Alcaldes de cuatro municipios del Valle del Almanzora en los que gobierna el PSOE (Albox, Arboleas, Albanchez y Oria) han manifestado su "rechazo" a las declaraciones realizadas la pasada semana por la consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz, en las que calificaba a la población residente en viviendas fuera de ordenación como "ilegales" y han pedido una rectificación pública. Los cuatro regidores han mantenido varios encuentros desde la pasada semana -tras el fugaz encuentro con Cruz en Almería- y ayer firmaron un comunicado conjunto desvinculándose políticamente de las declaraciones de la responsable de Obras Públicas, así como una carta al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, en la que le solicitan una reunión en Sevilla para "informar en primera persona de la realidad de la situación".

Los Ayuntamientos del Almanzora trabajan desde hace tres años en la realización de inventarios y elaboración de sus planes generales pero la solución, según estos alcaldes socialistas, "todavía no ha llegado".

Prensa sobre viviendas ilegales en Andalucia

2011-03-22T07:55:00.000+01:00

Teleprensa 22 3 2011

http://www.teleprensa.es/almeria-noticia-285296-AUAN-dice-que-26230393Bno-hay-sentido-de-la-humanidad26230393B-en-la-soluci26oacute3Bn-a-las-viviendas-ilegales-de-la-Junta-de-Andaluc26iacute3Ba.html

AUAN dice que 'no hay sentido de la humanidad' en la solución a las viviendas ilegales de la Junta de Andalucía

TELEPRENSA.- La presidenta, vicepresidente y portavoz de Abusos Urbanísticos Almanzora NO (AUAN), Maura Hillen, Brian Reade y Patricia Sampson, han mantenido esta tarde una reunión con el delegado provincial de Obras Públicas y Vivienda de Almería, José Manuel Ortiz Bono, para informarles sobre el decreto anunciado por la consejera Cruz Villalón para legalizar viviendas en el no urbanizable. Hillen ha asegurado tras este encuentro que 'no hay sentido de la humanidad' en la solución a las viviendas ilegales de la Junta de Andalucía.

Hillen considera que el decreto, 'cuyo texto no hemos visto aún' según apostilla Sampson, no tiene en cuenta 'el sufrimiento de personas que no tienen servicios básicos, agua, luz Que no pueden esperar mucho tiempo a que se les dé una solución'. En este sentido, la presidenta de AUAN reclama incluso medidas temporales para garantizar el acceso a estos suministros, hasta que se encuentre con la respuesta definitiva.

Mientras, los miembros de AUAN mantienen que 'no tenemos buenas noticias en nuestra búsqueda de una solución rápida' y acusan directamente a la Junta de Andalucía de la situación que ahora se vive en comarcas como el Almanzora. La Asociación dice además que los propietarios de viviendas que puedan normalizarse, tendrán que volver a pagar en su momento.

'A la Junta le falta reconocer que este problema no existiría si hubieran aplicado la Ley en su día; pensamos que es su problema, pero no lo aceptan' dice Hillen para añadir a continuación que 'como no hemos acordado nada sobre este punto, no hay nada nuevo desde nuestra perspectiva'.

Antes de la reunión, Hillen había agradecido esta convocatoria propiciada por la Delegación, pero había mostrado "el gran malestar que ha causado las recientes declaraciones de la consejera, sobre ciudadanos extranjeros, aparentemente culpándoles del problema urbanístico que asola a esta parte de España.

Entre otras cosas, le recordaría a la consejera que los dueños de 300.000 viviendas irregulares en Andalucía, posiblemente un millón de dueños, no son todos extranjeros, ni mucho menos. Me pregunto, ¿No tiene la Junta ninguna responsabilidad por el desaguisado urbanístico e inmobiliario? ¿Estas viviendas salieron de la nada de un día para otro? ¿Qué han hecho que haya sido efectivo para resolver esta gran patología."
AUAN ha mostrado además su preocupación acerca de cuántas viviendas son objeto de procedimientos contenciosos-administrativos, penales o administrativos que podrían posiblemente terminar en una orden de demolición, y si este cambio normativo las va a salvar; qué condiciones tendrán que cumplir las viviendas para poder tener luz y agua; o sí servirá para que las viviendas en suelo no-urbanizable común puedan tener su escritura.

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http://www.elpais.com/articulo/andalucia/TSJA/anula/ordenanzas/locales/suelo/urbanizable/elpepuespand/20110321elpand_5/Tes

El TSJA anula unas ordenanzas locales de suelo no urbanizable

D. N. - Málaga

EL PAÍS - 21-03-2011

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado unas ordenanzas municipales que el Ayuntamiento de Cómpeta (Málaga) aprobó en 2004 pata regular las construcciones en suelo no urbanizable. El principal argumento del tribunal la regulación de usos de suelo es una materia que excede de lo que puede regularse mediante unas ordenanzas y requieren una norma de mayor jerarquía.

La sentencia sostiene que "la ordenanza entra a regular situaciones de supremacía o sujeción general al contener las condiciones para el ejercicio en suelo no urbanizable de una serie de actuaciones que al ser definitorias de cual sea el destino de los terrenos hace que su regulación exceda del objeto que la ley reserva a tales instrumentos de ordenación". Así, el tribunal entiende que de acuerdo con la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) la regulación de estos aspectos sólo es posible dentro de un plan general de ordenación urbana, un plan de ordenación territorial o un plan especial.

El tribunal superior constata que no hay contradicción entre los contenidos de las ordenanzas y los de la LOUA, razón por la que considera que es innecesario que el Ayuntamiento de Cómpeta hiciera las ordenanzas.

La LOUA establece que en el suelo no urbanizable no pueden levantarse edificaciones con uso de vivienda, sólo en aquellos casos en los que estuvieran vinculadas a la realización de actividades agrícolas, ganaderas o forestales y siempre que la necesidad quede suficientemente acreditada.

En los fundamentos jurídicos de la sentencia se cuestiona la validez de la práctica de elaborar reglamentos supuestamente independientes para limitar derechos privados más aún si ya están configurados y atribuidos en la ley.

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La Junta recuerda a los municipios que no pueden legalizar viviendas

http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Junta/recuerda/municipios/pueden/legalizar/viviendas/elpepuespand/20110321elpand_6/Tes

Ayuntamientos aprueban ordenanzas que crean confusión y falsas expectativas

DIEGO NARVÁEZ - Málaga

EL PAÍS - 21-03-2011

La prescripción de la infracción por construir viviendas en suelo no urbanizable, que la ley fija en cuatro años, no implica que las construcciones puedan ser legalizadas, por lo que los Ayuntamientos no tienen autoridad para otorgarle licencias de primera ocupación.

La consejería de Obras Públicas y Vivienda ha tenido que hacer este recordatorio a los Ayuntamientos tras comprobar que en los últimos meses un buen número de ellos han aprobado ordenanzas municipales sobre la asimilación de casas en situación de fuera de ordenación que exceden lo establecido por la La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y por el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía (RDUA), porque vienen a significar una legalización indiscriminada de las viviendas construidas en suelo no urbanizable.

Las leyes autonómicas estipulan que las viviendas en suelo no urbanizable cuando han transcurrido cuatro años de su construcción sin que haya existido ningún procedimiento disciplinario quedarán en situación de fuera de ordenación -no podrán ser asimiladas en el planeamiento-. "Su régimen asimilado no constituye un procedimiento de legalización de edificaciones en sentido estricto, sino un régimen de tolerancia". Solo podrían obtener licencia aquellas casas que se ajusten a lo que la LOUA permite en suelo no urbanizable, y es que estén vinculadas a explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales.

"No queremos que se creen expectativas a los propietarios de que se les va a legalizar sus viviendas, ni que hagan ningún gasto en permisos que no tienen ninguna base jurídica alguna y que podrían encontarse después con problemas legales", explica el director general de Urbanismo, Daniel Fernández.

Dada la enorme proliferación de viviendas en suelo no urbanizable en Andalucía, que algunas organizaciones llegan a estimar en medio millón, la Junta prepara un decreto para la normalización de estas casas. La norma establecerá la posibilidad de que obtengan un permiso de pervivencia de efecto similar a la licencia de ocupación si cumplen una serie de requisitos y se dotan de los suministros e infraestructuras esenciales por cuenta de sus propietarios, sin causar nunca gastos a las arcas públicas.

El problema es que estas ordenanzas aprobadas por los Ayuntamientos sobre la asimilación del régimen de fuera de ordenación es la confusión que generan porque explícitamente no está recogida que se trate de una legalización, pero los propios municipios se han encargado de publicitarlas como la solución al problema de las viviendas ilegales.

Es el caso por ejemplo de las ordenanzas aprobadas por el Ayuntamiento de Marchena el pasado octubre, que incluyen las ordenanzas fiscales para determinar la cuantía de los pagos por equivalencia, un concepto de compensación creado por la ley para los casos de viviendas ilegales sobre las que hay una resolución de reposición de la realidad física alterada cuando ésta resulte imposible de reestablecer, y que, advierte la Junta, no es aplicable para el caso de las viviendas en no urbanizable que han prescrito.

El Ayuntamiento de Lebrija hizo una consulta a la Junta sobre estas ordenanzas para aprobar unas similares en caso de que no hubiera impedimento. La consejería contestó que el texto de la ordenanza no conculca la ley porque no se desprende que se trate de un proceso de legalización, pero que "cuestión diferente es que de la lectura de las octavillas informativas pueda interpretarse que se va a producir una masiva legalización de edificaciones o transmitirse la expectativa de un indiscriminado otorgamiento de licencias de ocupación que no tienen sustento en la legislación".
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http://www.20minutos.es/noticia/995546/0/

Trillo advierte al PSOE de que "no va a engañar a nadie más" con el decreto de amnistía urbanística

El presidente de la Comisión Nacional de Justicia del PP, Federico Trillo, ha acusado al PSOE de haber propiciado la proliferación del urbanismo irregular en Andalucía, y ha advertido a los socialistas de que "no van a engañar a nadie más" sobre este asunto, en alusión al decreto anunciado recientemente por la Junta, que permitirá normalizar la situación de unas 11.000 viviendas irregulares en la comarca malagueña de la Axarquía.

EUROPA PRESS. 21.03.2011

Trillo, que ha presidido en Vélez-Málaga (Málaga) la reunión del Consejo de Alcaldes del PP malagueño, ha afirmado en rueda de prensa que el problema del urbanismo en la Axarquía y en el conjunto de Andalucía "tiene todas las características prototípicas del socialismo decadente y languideciente".

De hecho, según ha asegurado, el problema de las viviendas ilegales en la Comunidad "no existía hasta que el señor Manuel Chaves, que estaba al frente de la Junta, primero recurrió la ley urbanística que había aprobado el PP, y luego, en diciembre de 2002, sacó la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)".

Según ha indicado, este texto legal ha estado en la base del "caos" urbanístico vivido en la Axarquía en los últimos años, "que luego no se ha conseguido atemperar, ni con el Plan de Ordenación del Territorio ni con las medidas anunciadas últimamente, como ese decreto cuyo contenido no conocemos".

"Los socialistas españoles se han caracterizado en los últimos años por crear problemas donde no los hay, y anunciar su solución cuando vienen las elecciones y ven las orejas al lobo, pero en este caso no van a engañar a nadie más, porque se trata de un problema acumulado durante años al que no se ha puesto solución en ningún momento", ha señalado.

Trillo ha criticado que los responsables de la Junta y las diputaciones provinciales "ni siquiera se hayan sentado un minuto con los alcaldes afectados por estas viviendas ilegales y por sus consecuencias jurídico-penales, para buscar soluciones que beneficien a los ciudadanos afectados".

Por ello, ha considerado "imposible" que la solución al problema del urbanismo "venga de aquellos que lo han generado", y ha avanzado que el PP tiene propuestas preparadas "para armonizar la situación de presente y de futuro del suelo no urbanizable" y ofrecer a los ciudadanos afectados "una seguridad de la que ahora carecen".

"No obstante, y con carácter previo a ocupar el Gobierno de la Junta y de España, hemos asumido responsablemente varias propuestas que tratarán de forzar en las instituciones una solución urgente y rápida para la situación, tanto en la Axarquía como en otros territorios de Andalucía", ha anunciado Trillo.

De hecho, los 'populares' -que cifran el número de viviendas irregulares en Andalucía en unas 300.000- pedirán que la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz, comparezca en el Parlamento de Andalucía para explicar "cómo se va a aplicar" el decreto de amnistía urbanística, y presentarán en todos los ayuntamientos de la provincia de Málaga una moción para pedir la modificación "urgente" de la LOUA.

La moción plantea que se defina un marco jurídico "completo y actualizado" que regule las construcciones alegales y las actuaciones en suelo no urbanizable, al tiempo que insta a la formalización "inmediata" de convenios entre Junta y ayuntamientos, que incluyan el compromiso de normalizar en el planeamiento municipal las urbanizaciones alegales "como solución transitoria para las familias afectadas por órdenes de derribo".

"No queremos soluciones 'parche' en función de los intereses electorales del PSOE, sino una solución general que dé respuesta por igual a situaciones que se han generado y son injustas", ha sentenciado Trillo, para quien también es necesaria una revisión de la legislación general y un "gran acuerdo" político que permita acabar con esta situación.

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http://www.ideal.es/almeria/20110321/local/provincia-almeria/varios-alcaldes-socialistas-piden-201103211641.html

Varios alcaldes socialistas piden una "rectificación" a Cruz por su intervención sobre las casas británicas

21.03.11 - 16:41 -

EUROPA PRESS | ALMERÍA

Los alcaldes socialistas de los municipios almerienses de Albanchez, Francisco Martínez, de Albox, José García Navarro, de Arboleas, Angel Jesús García, y de Oria, José Pérez, han expresado este lunes su "rechazo de forma rotunda y conjunta" a las declaraciones vertidas por la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz Villalón, en el seno del Parlamento andaluz, en relación al colectivo británico y con respecto al trabajo realizado con las viviendas que se encuentran fuera de ordenación urbana en dichos municipios, por lo que han pedido una "rectificación pública".

Según han indicado fuentes municipales a Europa Press, los alcaldes se han sumado a la crítica hecha desde 'Abusos Urbanísticos Almanzora-NO' (AUAN), en la que se agrupan ciudadanos británicos residentes en el Valle del Almanzora (Almería), que demandó "responsabilidades políticas" a la consejera andaluza de Obras Públicas y Vivienda después de que hiciese referencia ante la Cámara autonómica a este colectivo como "conjunto de personas que no son de este país, que se han instalado aquí de forma ilegal".

Así, el alcalde del Consistorio albojense ha aseverado también que "tenemos que considerar el trabajo que se está desempeñando en los últimos años respecto a este asunto, puesto que trabajamos en coordinación con la Junta de Andalucía para buscar soluciones a estas viviendas, siempre bajo la racionalidad, mesura y el sentido común", unas palabras que han sido respaldadas por el resto de ediles en una nota.

García ha expresado su convencimiento de que existe una "solución jurídica", así como una "salida alternativa" a las viviendas que se encuentran fuera de ordenación urbana, con lo que ha manifestado, de este modo, que "no hay que buscar ningún culpable, sino soluciones". Unas soluciones que, a su juicio, tienen que ser "consensuadas" tanto por los ayuntamientos como por la Junta de Andalucía, así como por los promotores y propietarios.

Por ello, los alcaldes de Albanchez, Albox, Arboleas y Oria han solicitado a la consejera de Obras Públicas una "rectificación pública" y han reiterado su "rechazo conjunto", puesto que consideran que las declaraciones que se emiten sobre este asunto tienen que ser "prudentes". Igualmente, han pedido al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, una reunión en Sevilla "con el objetivo prioritario de informar en primera persona de la realidad de la situación y comunicar las impresiones adquiridas a lo largo de los tres años y medio que se lleva trabajando en este problema".

Los alcaldes también quieren trasladar al presidente de la Junta de Andalucía los inventarios que se elaboraron sobre las viviendas irregulares, "los cuales fueron supervisados por los propios servicios técnicos de la Administración Autonómica, así como las adaptaciones de planeamiento e incluso las modificaciones puntuales solicitadas por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda". Los primeros ediles mencionados han reiterado que su objetivo prioritario es "buscar una solución definitiva" al problema de las viviendas que se encuentran fuera de ordenación, "una solución que después de tres años y medio de trabajo por parte de los ayuntamientos afectados todavía no ha llegado", apostillan.

AUAN: Nota de Prensa / Press release 20 3 2011

2011-03-21T07:30:00.000+01:00

Abusos Urbanísticos Almanzora No

Luchando para proteger nuestros hogares

Nota de Prensa AUAN 20 de marzo de 2011

Contacto: Patricia Sampson, Tel: 638323706 Email: info@almanzora-au.org

AUAN : Reunión con la Junta de Andalucía

AUAN informa que su Presidenta, Maura Hillen, su Vicepresidente, Brian Reade y su Portavoz, Patricia Simpson, han sido invitados por el Delegado Provincial de Obras Públicas y Vivienda de Almería, D. José Manuel Ortiz Bono, a una reunión con él en la Delegación Provincial de de Almería (C/ Hermanos Machado, 4). En esta reunión, estará también la Secretaria General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Dª. Gloria Vega González. Se les ha indicado a AUAN que el objeto de la reunión es la de "informarles del nuevo Reglamento que la Junta tiene previsto aprobar". La reunión tendrá lugar el lunes día 21 de marzo, a las 16.30 horas.

Muara Hillen, indica "agradezco la invitación, dado que la transparencia en urbanismo es buena; no obstante vamos a manifestarle al Delegado y la Secretaria General, en dicha reunión, antes de nada, el gran malestar que ha causado las recientes declaraciones de la Consejera, sobre ciudadanos extranjeros, aparentemente culpándoles del problema urbanístico que asola a esta parte de España. Entre otras cosas, le recordaría a la Consejera que los dueños de 300.000 viviendas irregulares en Andalucía, posiblemente un millón de dueños, no son todos extranjeros, ni mucho menos. Me pregunto, ¿No tiene la Junta ninguna responsabilidad por el desaguisado urbanístico e inmobiliario? ¿Estas viviendas salieron de la nada de un día para otro? ¿Qué han hecho que haya sido efectivo para resolver esta gran patología."

Añade, "Sin perjuicio a las responsabilidades en que haya podido incurrir la Sra. Consejera, vamos a pedir una disculpa y una retractación publica y por escrito de su parte, que deberá tener lugar de inmediato".

En cuanto al resto del contenido de la reunión, dice "Aparte de ello, lo que no queremos es perder el tiempo, con lo cual vamos a pedir también que se nos detalle lo siguiente: (1) ¿Cuántas viviendas son objeto de procedimientos contenciosos-administrativos, penales o administrativos que podrían posiblemente terminar en una orden de demolición?; (2) ¿Que se prevé con referencia a dichas viviendas?, es decir ¿el cambio normativo las va a salvar?; (3) ¿Qué condiciones tendrán que cumplir las viviendas para poder tener luz y agua?; (4) ¿Servirá el cambio normativo para que las viviendas en suelo no-urbanizable común puedan tener su escritura?."

En cuanto a cifras, Maura Hillen indica, "Nosotros pensamos que la cifra dada por la Consejera de unas 920 viviendas "problemáticas" da una impresión errónea, dado que pensamos que no contempla las viviendas que se encuentran incursas en procedimientos iniciados ya hace años. Sabemos, por ejemplo, que ya existen órdenes de demolición sobre algunas de las casas. ¿Qué va a pasar con ellas? Y que va a pasar, por ejemplo, con las casas en una situación parecida al de los Sres. Prior, donde la Junta a impugnado una licencia otorgada por el gobierno local?".

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AUAN : Meeting with the Junta de Andalucia

AUAN informs you that its President, Maura Hillen, its Vice President, Brian Reade and its spokesperson Patricia Sampson, have been invited by the Provincial Delegate for Housing and Planning in Almeria, D. José Manuel Ortiz Bono, to a meeting in the Provincial Delegation in Almeria. The meeting will also be attended by the General Secretary for Territorial and Urban Planning, Dª. Gloria Vega González. He has indicated to AUAN that the objective of this meeting is to "inform them about the new Regulation that the Junta intends to approve". The meeting will take place on Monday 21st March at 16.30.

Maura Hillen says "I appreciate the invitation, given that transparency in planning is good. However, before anything else is discussed , we will express to the Provincial Delegate and the General Secretary, the deep unease that has been caused by the recent statement of the Consejera about foreign residents apparently being responsible for the planning problems that plague this part of Spain. Among other things, we would remind the Consejera that the owners of 300,000 irregular houses in Andalucia, possible 1 million people, are not all foreigners. I ask "Does the Junta have no responsibility for the planning and real estate mess? Did these houses spring up over night? What have you done that has been effective in curing this major disease? "

She added, "Without prejudice to the legal responsibility that the Consejera has incurred, we are going to ask for an immediate apology and a public retraction in writing on her part".

Regarding the remaining content of the meeting she said "To avoid wasting time we will be asking for details of the following: (1) How many houses are the subject of criminal or administrative proceedings that could result in a demolition order? (2) What is going to happen to these houses? That is to say, is the decree going to save them? (3) What conditions must be met to obtain access to electricity and water? (4) Will the decree allow houses on communal (unsegregated) non urbanisable land to obtain escritura?

In terms of the numbers quoted, Maura Hillen indicated, "We think that the number given by the Consejera of 920 'problem' houses gives the wrong impression, because we believe that it does not include houses involved in proceedings initiated years ago. We know, for example, that demolition orders exist against some of these houses. What is going to happen to them? And what happens, for example, to houses in the same situation as Mr and Mrs Prior, where the Junta has challenged a license issued by the local government?"

El Almeria 13 3 2011

2011-03-17T08:22:00.000+01:00

El Grupo Ecologista pide a la Junta "transparencia" con las viviendas ilegales

ELALMERÍA* : El Grupo Ecologista Mediterráneo ha enviado un escrito a la Junta de Andalucía, concretamente a la consejería de Obras Públicas mediante el que le exige absoluta transparencia y aplciación estricta de la legalidad vigente a la hora de tomar decisiones sobre sobre las viviendas ilegales levantadas en la comarca del Almanzora rechazando que se aplique cualquier tipo de excepcionalidad a los ciudadanos españoles o extranjeros que "simple y llanamente han incumplido la normativa urbanística y la legalidad vigente". Los ecologistas han remarcado que llamar "turismo a una actividad marcadamente irregular es una falacia y la obligación de la administración encargada es la de velar por el cumplimiento de las normas urbanísticas que debe hacer prevalecer las normas por encima de cualquier otra consideración".

Desde el GEM señalan que "sería agravio comparativo y una injusticia que a los ciudadanos británicos que compraron las casas en situación irregular se les aplicaran criterios diferentes a los que deben cumplir los ciudadanos españoles". "Lo que ha pasado en el Almanzora y en otras zonas de la provincia y de Andalucía es un caso de especulación urbanística y de flagrante incumplimiento de las leyes urbanísticas o de la Ley del Suelo". Son casos, continúan señalando desde el Grupo Ecologista en los que "promotores sin escrúpulos han querido aprovechar la tendencia de los ayuntamientos a hacer la vista gorda en las últimas décadas para sacar tajada sustanciosa".

"Ahora que llega el momento de revisar la situación de miles de viviendas en situación irregular exigimos por una parte el cumplimiento de las normas urbanísticas, tal y como se deben hacer cumplir a cualquier almeriense y al mismo tiempo le pedimos a la consejería que ponga en marcha aquellas investigaciones que sean precisas para determinar el grado de responsabilidad de promotores, propietarios, consistorios y cuerpos de seguridad".

* El Almería - 13.03.11
Foto: Albox (Almería), viviendas ilegales - teleprensa.net

El Pais 15 3 2011: Urbanismo sostenido

2011-03-15T07:41:00.003+01:00

Urbanismo sostenido

JOSÉ MANUEL ATENCIA

EL PAÍS - 15-03-2011

Hemos pasado del urbanismo sostenible al urbanismo sostenido del verbo
sostener, que significa prestar apoyo, dar aliento o auxilio. Por eso, si
utilizamos de forma rigurosa el idioma, podemos decir que desde hace una
semana el Urbanismo en Málaga está en manos de un concejal sostenido. O sea,
un edil al que se ha prestado apoyo, aliento y auxilio. En el caso de este
concejal, se produce un hecho relevante. Además de un concejal sostenido, es
un torpe. No se escandalicen, que no es un improperio de este articulista.

Se trata de un adjetivo calificativo que se desprende de lo dicho por la
persona que lo puso en el cargo: el alcalde de Málaga, Francisco de la
Torre.

Torpeza, según la RAE, es una cualidad del torpe. Y según De la Torre, es en
el terreno de la torpeza donde se inscribe el relato que sigue a
continuación: un concejal de Urbanismo pide una licencia de obras para
reformar su casa por un valor cinco veces inferior al presupuesto
proyectado; contrata para hacer las obras a una cuadrilla de operarios, que
hasta unos días antes, estaba trabajando en una piscina municipal cuya
adjudicación investiga un juzgado de Málaga; piscina que adjudicó a dos
promotores, uno, un amigo íntimo del hermano del edil, otro, un empresario
al que el concejal le compró un vehículo de segunda mano que estuvo casi un
año conduciendo con los papeles a nombre del promotor.

Torpe es una palabra con muchos sinónimos. Torpe es indecoroso, feo, tosco,
falto de ornato y también desmañado, o sea falto de maña, destreza y
habilidad. Al frente del Urbanismo, en muchos municipios de España, han
estado personajes de sumo cuidado, algunos de los cuales han acabado en la
cárcel. Puestos a ser optimistas, tranquiliza que en Málaga, de momento, nos
estemos moviendo todavía en el terreno de la torpeza. Hace meses, De la
Torre dijo que este torpe concejal era una de las personas mejor situadas
para sucederle, si es que el alcalde de Málaga ha pensado alguna vez en que
alguien le suceda. Siguiendo con el espíritu optimista, esta polémica igual
ha servido para algo. Los ciudadanos vamos a seguir disfrutando de un
concejal torpe, pero igual nos hemos librado de un futuro alcalde torpe.

El urbanismo sostenido, el de sostener con aliento y auxilio, es el que ha
utilizado la Junta con los alcaldes de la comarca malagueña de la Axarquía y
del Valle del Almanzora, en Almería. Media vida hablando de urbanismo
sostenible, para fijar ahora un decreto que regularizará 25.000 casas
ilegales levantadas en suelo no urbanizable. La torpe medida de la
administración regional -por indecorosa, fea y falta de ornato- va a
permitir sostener las candidaturas del PSOE, mayoritarios en los
ayuntamientos de la zona, y prestar apoyo y auxilio a algunos regidores que
se han visto inmersos en procedimientos judiciales por prevaricación
urbanística.

La doctrina de sostenerla y no enmendarla, llevada al ámbito urbanístico,
plantea serios inconvenientes. Pasar del urbanismo sostenible al urbanismo
sostenido y del urbanismo sostenido al sostenido y no enmendado, puede tener
buenos efectos electorales, pero mucho me temo que pueden ser nocivos para
el ambiente político en general y para el medio ambiente paisajístico en
particular. Si añadimos la torpeza como una eximente para los gobernantes en
el ejercicio de su responsabilidad, la cosa se complica. La mayoría de los
alcaldes inmersos en procesos judiciales por licencias en suelo no
urbanizables han atribuido al desconocimiento su forma de actuar, más o
menos la defensa que ha mantenido el concejal de Urbanismo de Málaga con sus
torpezas y De la Torre con su defensa.

La conclusión final no puede ser más preocupante. Las ciudades y los pueblos
que estamos construyendo están en manos de algunos torpes cuyos jefes
apuestan por un urbanismo sostenido. De sostenerlos a ellos y de sostenerse
ellos en el cargo.

FAUN

El Almeria 4 2 2012: TSJA da un ultimatum al Algarrobico

El Pais 11 12 2012: Andalucia permite la regularizacion de 250.000 casas ilegales

Noticias de Almeria 12 1 2012: Griñán hace legal lo ilegal

Fwd: Tercera - Opinion 2 1 2012: La Plataforma por una Vivienda Digna denuncia una ayuda encubierta a los bancos...

ABC 30 12 2011: La Junta de Andalucía va a regular por decreto en el mes de enero miles de viviendas ilegales

El Confidencial 31 12 2011: Vuelta al patrón ladrillo.....

El Confidencial 20 12 2011: Andalucia - Grinan legaliza 300.000 viviendas

El Almeria 15 12 2011:Arboleas.- El 72% de los vecinos vive en suelo no consolidado

Europa Press Malaga 25 11 1011: Axarquia & Almanzora - 25.000 casas en suelo urbanizable...

20 minutos 18 11 2011

AUAN Press Release: 21st November 2011

AUAN Press Release.

Latest Changes to the Andalucian Planning Laws are another nail in the coffin

The Wall Street Jounral 18 10 2011: Spain Feels the Housing Pain

Spain Feels the Housing Pain

20 Minutos 25 10 11: Wall Street Journal y la burbuja inmobiliaria española

Telegraph 18 10 2011: Spain's housing secretary 'in denial'...

Marta Andreasen MEP has claimed Spain's secretary for housing 'is in denial' regarding the severity of the problems affecting British expats who have invested in Spanish property, following a heated exchange at an international property exhibition in London.

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Telegraph 14 10 2011: Criticisms for Spanish Government's property service

When the Spanish government unveiled a new property register in English designed to simplify the buying process and clarify whether properties were legal and safe to buy, it was supposed to encourage British buyers to dip a toe back into the Spanish property market.

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The Telegraph ve el aeropuerto de Castellón como ejemplo del 'derroche' público en España

Ciudad Real y Huesca

Spain's white elephants  how country's airports lie empty

Only 11 of Spain's 48 regional airports are profitable and its newest project has yet to see a single passenger through its terminal.

Diario Montañes 2 9 2011: Cantabria - La Fiscalia cuestiona la ley...

AUAN Press Release / Nota de Prensa 27 7 2011

Europa Press 7 Almeria 20 7 2011: Residentes britanicos en Almanzora...

El Confidencial 5 7 2011: Los políticos corruptos de PSOE y PP ganan elecciones gracias a los medios afines

El Confidencial: GOBIERNO ESPAÑOL: CONSEJOS A LOS EXTRANJEROS PARA BUSCAR PISO EN ESPAÑA

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El Pais 31 5 2011: Mas ladrillo contra la crisis del ladrillo

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Linda Palfreeman: "La ultima tragedia inmobiliaria"

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El Pais & New York Times: 21/05/11: Elecciones y corruption / Elections and corruption

Telegraph 16 5 2011: PR firm in Facebook controversy promotes real estate for Spanish government

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The PR company hired by Facebook to spread anti-Google stories in the US press is also employed by the Spanish government to promote the sale of its real estate to UK investors, it can be revealed.

Expansion 3 5 2011: ¿Cómo se va a aplicar el nuevo sistema de valoraciones inmobiliarias?

Telegraph 4 5 2011: Buying in Spain is not as safe as houses

Spanish Planning Scandal campaign

The Guardian 3 5 2011

Spanish holiday home roadshow 'an insult'

20 Minutos30 4 2011: Amnestia Internacional acusa a España de vulnerar el "derecho humano"...

Spanish Roadshow: Cashman letter to Spanish Minister

Petition to stop the Spanish Property Roadshow...

Stop the Spanish Property Roadshow: Open letter to David Lidington

ABC/Sevilla 22 4 2011

Levante: 24/04/11: Blanco etc.

La Provincia 18 4 2011

La Opinion Malaga 18 4 2011

AUAN: Comité de Peticiones de la UE 14 abril 2011 - Youtube en Espanol y fotografias

Maura Hillen ante el Comité de Peticiones de la UE

Helen Prior ante el el Comité de Peticiones de la UE

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El Pais 29 3 2011:

The Telegraph 29 3 2011:

Spanish councillor tells expats they are 'responsible' for illegal houses

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