El Pais in English: PP Plunderers

 

 

http://elpais.com/elpais/2015/05/06/inenglish/1430932717_848440.html

 

Malaga Hoy 13 4 2015: Imputan al ex alcalde de Competa...

Imputan al ex alcalde de Cómpeta por autorizar 15 chalés en una parcela rústica

Continúan saliendo casos de viviendas ilegales en la Axarquía malagueña, una zona donde la permisividad municipal ha permitido los delitos reiterados contra la Ordenación del Territorio, alterando gravemente el paisaje y los recursos municipales. En Cómpeta, el exalcalde L.López es imputado de nuevo, cuando ha sido ya juzgado y sentenciado anteriormente en varias ocasiones relacionadas con el urbanismo ilegal. La justicia por fin ha actuado pero se ve que algunos no aprenden nunca.

"MÁLAGAHOY* : El ex alcalde de Cómpeta Leovigildo López volverá a sentarse en el banquillo por un caso relacionado con el urbanismo ilegal y por el que se enfrenta a tres meses de prisión, 21 meses de multa y 19 años de inhabilitación por dar licencia para construir una urbanización de 15 viviendas unifamiliares.

El juicio está previsto que se celebre en el Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga el próximo 28 de abril y junto a él se sentarán el promotor de la obra y el arquitecto municipal.

Los tres están acusados por los presuntos delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación por una licencia supuestamente concedida en 2003 para construir una urbanización en una finca de casi 1.800 metros cuadrados en terreno rústico situado en el paraje conocido como Pagolasalara.

Sin embargo, en el escrito de acusación de la Fiscalía de Málaga, se hace constar que el ex alcalde previo acuerdo con el constructor supuestamente autorizó la segregación de la parcela en cuestión de la finca matriz como urbana tal y como se refleja en la escritura pública. Por ello, el fiscal destaca que hubo "connivencia" entre ambos para calificar como urbana una parcela que no lo era mediante un procedimiento que califica como "burdo".

Así pues, el promotor pidió en mayo de 2003 licencia de obra para construir las 15 viviendas adosadas, más una planta de almacén y otra de garaje, para lo que presentó en el Ayuntamiento un proyecto básico. El arquitecto municipal emitió un informe técnico favorable, sujeto a varias condiciones que consistían en modificar la altura máxima permitida y presentar un proyecto de ejecución.

El escrito de acusación subraya que la comisión de gobierno del Consistorio se abstuvo de aprobar la licencia municipal ante los condicionantes exigidos por el arquitecto, si bien añade que presuntamente el ex alcalde resolvió por sí mismo la autorización de licencia "conociendo la verdadera naturaleza del suelo y sin contar el acuerdo de la comisión".

Los 15 chalés supuestamente ilegales, que fueron vendidos y habitados en su totalidad, son objeto además de un procedimiento contencioso-administrativo aún pendiente de resolver por la denuncia interpuesta por vecinos de la zona, ya que presuntamente la urbanización de ese suelo supuso la invasión de parte de un carril de circunvalación de dominio público.

Por todos estos hechos, el fiscal pide para el promotor de la obra la pena de seis meses de prisión, una multa de doce meses e inhabilitación de un año para cargo relacionado con la construcción como autor de un presunto delito contra la ordenación del territorio, y 15 meses de multa y la inhabilitación de cargo público de siete años como cooperador necesario de un delito de prevaricación.

En cuanto al arquitecto municipal y el ex alcalde, la pena que pide el ministerio público es para cada uno de tres meses de prisión, multa de seis meses e inhabilitación de 12 años como cómplices de un delito urbanístico. Mientras que se enfrentan a otros 15 meses de multa y siete de inhabilitación como responsables de un presunto delito de prevaricación.

López, que fue alcalde de Cómpeta durante 16 años hasta 2007, ha sido juzgado en numerosas ocasiones por delitos urbanísticos y cuenta con dos sentencias firmes por delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación. La primera fue en 2008 y en ella fue condenado a siete años de inhabilitación para empleo y cargo público y a doce meses de multa por un delito de prevaricación urbanística.

* Málaga Hoy - Raquel Garrido - 13.4.15
Foto: Cómpeta (Málaga) - buscarural.com

11 3 2015: Legal reform brings hope to owners of illegal Spanish homes

From our counterparts in Andalucia......

Legal reform brings hope to owners of illegal Spanish Home

 British homeowners association, AUAN, welcomes the change to the Spanish Criminal Code which says that the homeowner is to be guaranteed compensation prior to the demolition of a property purchased in good faith.

  Breakthrough for homeowners associations

The change, approved by the upper house of the Spanish Parliament (the Senate) on the 11 ^th of March, represents the first breakthrough for associations such as AUAN, SOHA, AULN who have struggled for nearly ten years to bring hope to their members, mostly British retirees, who were the innocent purchasers of illegally constructed properties in Spain.

 To date four British owned properties have been demolished as a result of Criminal Cases, brought against promoters for illegal construction without planning permission, leaving the purchasers in good faith with no money and no house because the criminal court was, until now, not obliged to guarantee them prior compensation.

Maura Hillen, AUAN’s president said ‘The most significant aspect of this change is that the state has recognised and acknowledged the existence of an injustice that must be put to right’.

The amendment, proposed to the Senate by the Spanish Socialist Party (PSOE) at the request of AUAN and SOHA, was initially rejected by the majority party in Spain, the Partido Popular (PP). However in an about face on the day of the Senate vote, the PP offered an alternative wording which was agreed in a cross party pact at the end of a day of intensive negotiations conducted in the corridors of the Senate Building. 

The lawyer, Gerardo Vazquez, who represented the associations in the negotiations, indicated that the final text, which requires more detailed analysis, represents ‘an improvement for the victims’ although it does not have the ‘clarity’ of the original proposal. ‘It offers protection to purchasers in good faith but it is not all that we wished for’.

More to be done

Mrs Hillen said ‘We are of course very pleased with the outcome but this is not the end of the road. There is much more that can be done. We would like to see the same protection offered by the Administrative Courts when a planning permission is revoked. This also requires a change to state law, the Ley de Suelo.

David vs. Goliath

She continued, ‘We celebrate this success and hope for more. This change is a victory for David vs. Goliath, for the members of the associations who stood together and fought for justice and we are grateful to the Socialist Party for taking the bull by the horns and to the members of the Senate who responded to our appeal to vote with their conscience and who negotiated a pact to approve this change by an overwhelming majority (233 votes in favour, 0 against and 1 abstention). We came to the Senate without the support of the majority party and fully expected to go down fighting. Instead we won the day at the 11 ^th hour.’ 

Social Justice

Senator Fuensanta Coves (PSOE), who proposed the amendment to the Senate commented ‘Social justice is the best way to define what we have achieved and satisfaction is the best way to define what we feel having changed a law. I will not say that it was easy but it was certainly a team effort: a well organised group of citizens, a political party who recognised their demands and echoed those demands to the Senate of Spain, and a Government that has finally recognised the drama that many citizens are living with.  In these times of such distrust in politics, examples such as this show the need for representatives of the citizens’.

 

For and on behalf of the AULN Community Website

Patas Arriba/Marina Plaza 15 1 2015: Impresentable planificacion urbanistica de la Marina Baixa...

La impresentable planificación urbanística de La Marina Baixa con la población en descenso

La provincia entera de Alicante no hay por donde cogerla urbanísticamente, los excesos salvajes y los pelotazos de libro han alcanzado tanto a la Marina como a la Vega o a la propia capital. Estos desastre planificadores se están viendo ahora, en plena crisis, donde abundan edificios vacíos, negocios ruinosos, obras y planes sin acabar, etc. Mientras tanto, hay pocos responsables públicos o privados que hayan pagado por semejante derroche territorial, o sea de todos. Pero lejos de reconocer los errores, hoy en día se siguen realizando Planes de Ordenación en importantes municipios, como Altea, L'Alfàs del Pi y La Nucia, sin tener en cuenta una planificación territorial del conjunto. Otro disparate más.

"MARINAPLAZA* : La discusión de qué fue primero, si el huevo y la gallina, puede llevar a cualquier pregunta de semejante jaez. Por ejemplo, para el caso del desarrollo urbanístico, ¿qué debe llegar antes, la demanda de suelo y vivienda o su oferta a borbotones? Las consideraciones que se hagan tienen un evidente cariz económico, pero atesoran una carga mucho mayor de rentabilidad social porque la ordenación del territorio afecta directamente al entorno de todos los ciudadanos, es decir, a su día a día.

Sin embargo, con la población de La Marina Baixa en descenso, con miles de viviendas vacías esparcidas por su territorio y con centenares de miles de metros de suelo urbanizado y planes parciales completos donde todavía no se ha puesto un ladrillo, seis municipios de la comarca están revisando su Plan General sin una mínima planificación territorial de conjunto, lo que todavía es más grave si se tiene en cuanta que tres de estas localidades son vecinas: Altea, L'Alfàs del Pi y La Nucia. Y a mayor abundamiento, las dos primeras comparten equipo redactor de su nuevo PGOU. Las otras tres, Finestrat, Relleu y Orxeta ni siquiera suman 10.000 habitantes entre todas, sus cascos urbanos están en el interior, pero siguen pensando que ver el mar a 10 kilómetros de distancia o la lámina de agua de un pantano casi seco desde un adosado puede arrastar a miles de personas a estas localidades, aunque nadie sabe muy bien con qué objetivo.

La población de la comarca ha pasado de los 193.165 habitantes de 2010 a los 198.040 con que cerró 2013. Es decir, en cuatro años ya solo había crecido un 2,5% frente al 45% de incremento de la década anterior entre 2000 y 2009. En este último porcentaje -y en el pensamiento definitivamente instalado entre la ciudadanía de que el crecimiento es necesario- radica uno de los ejes en los que se ha basado el expansionismo urbanístico que ha provocado heridas paisajísticas tan profundas que serán difícilmente sanables. Es más, la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana (ETCV) que la Generalitat presentó en 2009 para el periodo 2010-2030 marca un crecimiento poblacional para la Marina Baixa del 1,6% anual acumulado, que ya no se cumplía.

A mayor abundamiento, la realidad ha sido justo la contraria y con el año finalizado, la comarca habrá perdido a lo largo de 2014 ni más ni menos que 7.612 habitantes, lo que supone más de un 4% de su población con respecto al año 2013, según los datos que recoge el Instituto Nacional de Estadística. En otras palabras, la población de La Marina Baixa ha descendido a niveles de 2008 y las previsiones de la ETCV han saltado por los aires.

Es evidente que la autonomía municipal ha derivado en una especie de autismo político que ha llevado a muchos políticos locales a vestir unas orejeras que no les han dejado tener la necesaria visión periférica. Las competencias urbanísticas son locales y eso, que ya de por si es cuestionable, ha provocado daños colaterales ahora muy de moda: la famosa corrupción. Bastaría con repasar los nombres, los conocimientos y la capacidad de algunos concejales de Urbanismo que, ya sea arropados por su alcalde o directamente por su partido, emprendieron una enloquecida carrera por tener al menos su propio campo de golf y su macrourbanización para ricos. El último y mas flagrante caso ha sido Callosa d'En Sarrià con el PAI Anibits Margequivir. Allí, el PP, el PSPV y hasta Compromís sucumbieron a los influjos de un PAI imposible, anulado por segunda vez por el TSJ valenciano.

El objetivo del alcalde de La Nucia, Bernabé Cano, del PP, prácticamente desde que accedió al cargo en 2001, ha sido el desarrollo urbanístico residencial de su municipio, sin más criterio que ocupar suelo por intereses particulares y la megalomanía que ha afectado especialmente a este regidor. La aprobación de los sectores de La Serreta, Pie de Monte y Algar, que suman casi siete millones de metros cuadrados, prevén la construcción de 11.461 viviendas. Como no los ha podido sacar adelante mediante la reclasificación del suelo y los tres están empantanados tras estallar la burbuja inmobiliaria, lo que por otro lado le puede ocasionar un roto económico relevante a las arcas locales, Cano ha optado por la revisión del Plan General, pero incluyendo el mismo suelo de estos sectores.

La memoria justificativa de la propuesta de revisión del PGOU de La Nucia aboga por el modelo extensivo de crecimiento. Entre 2001 y 2009 el municipio multiplicó por tres su población (pasó de 6.587 a 17.874 habitantes), una operación que con el nuevo PGOU en tramitación podría volver a repetirse. ¿Es necesario? ¿Hay demanda? No, evidentemente. Ese crecimiento de La Nucia, además, se prevé de espaldas a dos municipios limítrofes: Altea y L'Alfàs. Ambas localidades han contratado a la misma redactora para la revisión de su plan general: Rosario Berjón Ayuso, quien en su día ejerció de secretaria de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante.

En realidad, Cano, más allá de la simpatía con la plana mayor de la trama Gürtel, se ha guiado hasta ahora por su interés en aparecer como el gestor ideal, cuando lo que hizo fue utilizar la fórmula de la permuta a cambio de suelo público en los tres futuros PAIs para construir el retén de la Policía Local, los ocho centros sociales de las urbanizaciones, la renovación de la Seu Universitària, la guardería municipal, los auditorios de La Mediterrània y Les Nits y sus infraestructuras anexas, una biblioteca, las fuentes de las rotondas de la CV-70 o mobiliario urbano en general. Convirtió en norma lo que legalmente es una excepción con la aquiescencia del Consell, hasta el punto de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana anuló varias permutas porque no se justificaba su urgencia. Solo en una de ellas, Cano cedió la titularidad de nueve fincas que sumaban más de 350.000 metros de suelo que debía acabar siendo urbanizable, la mayoría en La Serreta, a cambio de obras por un valor de casi 17 millones de euros. Nada que no hubiera podido hacer cualquier otro político, aunque para ello haya que atesorar una capacidad temeraria poco común para eludir la prudencia que debería salvaguardar estas actuaciones.

El L'Alfàs del Pi inició el proceso de revisión del Plan General -en vigor desde 1987- en 2003 con el voto unánime de todos los grupos municipales. A finales de octubre de 2006, el equipo redactor presentó el Concierto Previo del nuevo Plan General para su estudio y sometimiento a información pública. Sin embargo, el 29 de diciembre de 2006, el pleno acordó suspender los trabajos de revisión del Plan General hasta celebradas las elecciones municipales de mayo de 2007. En 2008 se redactó la primera versión preliminar y se remitió a Conselleria.

El motivo de aquella suspensión estaba relacionada con la filtración de planos y la compra masiva de suelo que iba a reclasificarse, según reconoció el propio alcalde, entonces el popular Gabriel Such, quien llegó a recomendar al futuro gobierno (en 2007 ganó las elecciones el PSPV) que lo tirara a la basura y redactara uno nuevo. La oposición, entonces formada por el PSPV, Aidda y l'Entesa, anunció denuncias en Anticorrupción y también amenazó con querellarse contra ellos el regidor del PP

La cuestión es que el nuevo planeamiento incluido en el PGOU aumenta la superficie de suelo no urbanizable del 50 al 56% de un total de 19 kilómetros cuadrados de término municipal, dejando el parque natural de Serra Gelada al margen, si bien recoge hasta 26 áreas de reparto distribuidas por el resto del término municipal. Antes de concluir la tramitación del PGOU el gobierno local desclasificó casi dos millones de metros cuadrados y dio carpetazo a seis expedientes de construcción, iniciados en su mayoría en el año 2003 en diferentes puntos del término municipal, básicamente en el extrarradio del casco urbano porque eran zonas con un "alto valor paisajístico y medioambiental. Se trataba de los sectores Cautivador III y IV, Park del Sol, Pla de la Serra, Romeral II y Finca Bodega.

El PGOU de Altea está vigente desde 1982, cuando fue aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos. Aquel documento clasificó como suelo urbanizable áreas de un gran valor ecológico y paisajístico actualmente protegidas, si bien el desarrollo urbanístico de la década del urbanismo descontrolado, la pasada, provoca que la población creciera casi un 50% en la localidad, aunque el desarrollo de urbanizaciones de baja densidad con edificaciones aisladas se ha compensado con un crecimiento moderado de los dos núcleos de población más importantes.

De acuerdo con la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana, habría que prever suelo urbanizable en Altea para 33.424 habitantes, ya que el crecimiento previsto en el periodo 2010-2030 es de un 37,3%. Esto supondría pasar de las casi 15.000 viviendas actuales a 19.680, o sea, construir 5.353 viviendas nuevas en Altea. Sin embargo, en 2014 su población descendió en 1.815 habitantes y desde 2010 hasta ahora ha perdido unos 1.500. Y a pesar de que el PGOU está vigente 32 años, no se han desarrollado una gran parte de los suelos urbanizables que recogía: IT-1, IT-2, IT-3, IT-4, IT-5, IT-6, IT-9 e IT-10. De hecho, de los 15 sectores previstos, solo cuentan con ordenación aprobada cuatro, en dos de ellos ni siquiera de ha presentado iniciativa alguna y hay dos sectores industriales pendientes de adjudicación por la Comisión Territorial de Urbanismo. ¿Necesita Altea algo más que no sea adaptar su PGOU a la actual realidad jurídica? Parece que no, que le sobra suelo urbanizable para décadas. Incluso ha desclasificado el plan parcial de Alhama Spring por el valor medioambiental de sus 80.000 metros cuadrados.

Berjón también ha redactado el nuevo PGOU de Relleu, que ha pasado del intento de reclasificar cinco sectores de suelo no urbanizable para uso residencial/hotelero, que sumaban una superficie conjunta de 2,7 millones de metros cuadrados y una edificabilidad de 593.721 metros cuadrados de techo, a reclasificar dos sectores, uno de 66.859 metros colindante con el casco urbano actual y otro de 68,44 hectáreas que linda con el término municipal de Orxeta, donde haría falta que el futuro urbanizador ampliara en más de un kilómetro la antigua carretera del pantano para darle acceso al sector. La colmatación de ambos supondría la construcción de 2.110 nuevas viviendas y 4.50o nuevos habitantes, lo que multiplicaría casi por cuatro la población actual del municipio.

Respecto al anterior Plan General que el Ayuntamiento aprobó provisionalmente en 2007 y el Consell tumbó, el suelo urbanizable pasa de ser el 3,56% del término municipal al 0,98% de sus 7.690 hectáreas. En la versión preliminar del nuevo plan aprobada el pasado pleno, se quedaría como suelo no urbanizable el 98,30% de su superficie y un 52,64% estaría protegido.

Sin embargo, este nuevo plan general deja un resquicio de cara al futuro, ya que también establece una reserva de suelo en la partida de Muscarets que supone el 2,47% de todo el término municipal (casi 1,9 millones de metros más), que se corresponden con parte de sectores clasificados como urbanizables en la anterior propuesta y que podrán ser objeto de desarrollo urbanístico en el futuro en el momento que las condiciones socioeconómicas y legislativas así lo permitan, para lo que, además, deberá observar las directrices estratégicas de evolución urbana y ocupación del territorio del PGOU. Es decir, que deja la puerta abierta a seguir urbanizando. En realidad, si se suma el 0,98% de suelo urbanizable en el término municipal propuesto en este nuevo PGOU y el 2,47% de la reserva de suelo citada, el resultado (3,45%) es casi el 3,56% que pretendía urbanizar el anterior plan.

Pegado a Relleu está Orxeta, un municipio de 875 habitantes que en 2012 empezó también a perder población, pero que tiene en tramitación su primer Plan General de Ordenación Urbana con la pretensión de que el Consell le apruebe cuatro nuevos sectores residenciales para reclasificar 2.253.374 metros cuadrados liberando la protección de su huerta y así poder construir unas 3.500 viviendas nuevas, un hotel y un campo de golf. Por cierto, un PGOU del que nada se sabe desde hace años y que está paralizado en la Comisión Territorial de Urbanismo sin visos de que pueda salir adelante.

En el Estudio de Paisaje que se expuso en su día se hablaba de "crear un nuevo foco de atracción turística en el municipio de manera que se potencie el crecimiento económico de Orxeta frente a otros focos de atracción turística del litoral". El alcalde que impulsó este primer Plan General de Orxeta, Vicente Llinares, del PSPV, declaró en 2006: "Estamos hablando de convertir la huerta en un campo de golf de 18 hoyos, un hotel de cinco estrellas". Entonces auguraba que "todo eso traerá riqueza, trabajo y turismo de calidad". Era el argumento entonces de moda. Ningún alcalde, del partido que fuera, podía permitirse el lujo electoral de perder ese tren. Y no solo pasó de largo, sino que sus previsiones no han podido quedar más lejos de la realidad. Han traído un mayor abandono de su huerta, un mayor desastre paisajístico y se antoja difícil imaginar ni siquiera a largo plazo que Orxeta pueda tener un campo de golf y viviendas de lujo en su entorno.

Como ya publicó LA MARINA PLAZA, a pesar de que 18 de los 32 sectores que recogían las normas subsidiarias de Finestrat no se han edificado, el anterior Consistorio presidido por Miguel Llorca, del PSPV, y el actual, del que es alcalde Honorato Algado desde 2007, han previsto el desarrollo de 6.706.429 metros de suelo urbanizable, donde se contempla la posibilidad de construir 10.583 viviendas y convertir Finestrat en un municipio con una población de 33.856 habitantes, todo ello bajo el parámetro de que cada vivienda se construiría sobre 150 metros cuadrados y habría 3,2 habitantes en cada una de ellas.

El nuevo documento que se está tramitando consiste básicamente en "la asunción de la totalidad del suelo urbano y urbanizable" actual "y además los sectores reclasificatorios de las normas subsidiarias que han superado el proceso de exposición pública, es decir los sectores el Arquet y La Pedrera, abarcan 1.685.450,05 y 485.940,49 metros cuadrados, respectivamente". Esto es, que a los 6,7 millones de metros hay que añadir otros dos millones más para alcanzar los casi 9 millones de metros cuadrados expuestos al ladrillo.

Así que el Consell, en su propuesta y análisis de alternativas al escenario adoptado por el Ayuntamiento, asegura que "el planteamiento de alternativas al modelo territorial actual que incluyen nuevos desarrollos no parece, a la vista de la gran cantidad de suelo vacante en los sectores urbanizados o del escaso/nulo desarrollo de sectores aprobados, estar justificado". "Por tanto, las alternativas deberían elaborarse en sentido contrario, es decir, estableciendo criterios y normas encaminadas a completar la edificación del suelo ya urbanizado y a revisar la viabilidad de los sectores no desarrollados discordantes con los valores o limitaciones del territorio identificados en la fase de diagnóstico".

Cabe añadir que Relleu, Orxeta y Finestrat -como La Nucia, L'Alfàs y Altea- también son limítrofes entre sí y que a pesar de la gran cantidad de derivaciones que ello conlleva, los tres han tramitado de espaldas a su vecino el documento de planeamiento de sus términos municipales.

Capítulo aparte merecen algunos casos que no tienen que ver con la revisión de planes generales, pero que han ocasionado daños colaterales muy relevantes. Es el caso de Sella, donde el plan parcial Saleres, tramitado mediante la reclasificación de suelo, pretendía construir 180 viviendas y duplicar la población de uno de los pueblos con más encanto de la comarca. Ahora, lo que queda de aquel proyecto, que provocó la dimisión del alcalde Vicente Mas, del PP, y otro concejal popular porque tenían suelo en el sector y no lo podían aprobar con su voto, es una inmensa herida del tamaño del casco urbano.

En Callosa d'En Sarrià el TSJ ha anulado el plan parcial Anibits Margequivir y el Plan General en lo que afecta a este sector, lo que implicará su reformulación. Y en Benidorm las cosas han funcionado al revés. El único municipio de La Marina que podía justificar su crecimiento, entre otras cosas porque tiene el precio de la vivienda más caro de la Comunidad Valenciana, ha visto como planes parciales que deberían estar desarrollados hace ya años, como Armanello o El Murtal, lo que habría permitido cerrar la trama urbana e integrar zonas muy degradadas del término municipal, siguen bloqueados judicialmente porque sus promotores, Enrique Ortiz y Francisco Gómez (alias El Paloma), los adjudicatarios de la urbanización, prefirieron pleitear intentando colar condiciones ilegales al resto de los propietarios de suelo en el sector.

Capítulo aparte merecen los mercenarios de todo tipo que han pululado alrededor de las redacciones de estos planes generales. Gabinetes, estudios y técnicos de todas las disciplinas se han convertido en pistoleros del ayuntamiento que los contrataba para redactar informes a la carta de las peticiones de políticos de medio pelo, a los que les ha importado una higa el interés general y la verdadera trascendencia de lo que estaban haciendo.


* La Marina Plaza - 2.1.15
Foto: Marina Baja (Alicante), vista - marinaplaza

en 15.1.15 por UrbanismoPatasArriba Carlos de Rueda

Patas Arriba/Marina Plaza 15 1 2015: Impresentable planificacion urbanistica de la Marina Baixa...

La impresentable planificación urbanística de La Marina Baixa con la población en descenso

La provincia entera de Alicante no hay por donde cogerla urbanísticamente, los excesos salvajes y los pelotazos de libro han alcanzado tanto a la Marina como a la Vega o a la propia capital. Estos desastre planificadores se están viendo ahora, en plena crisis, donde abundan edificios vacíos, negocios ruinosos, obras y planes sin acabar, etc. Mientras tanto, hay pocos responsables públicos o privados que hayan pagado por semejante derroche territorial, o sea de todos. Pero lejos de reconocer los errores, hoy en día se siguen realizando Planes de Ordenación en importantes municipios, como Altea, L'Alfàs del Pi y La Nucia, sin tener en cuenta una planificación territorial del conjunto. Otro disparate más.

"MARINAPLAZA* : La discusión de qué fue primero, si el huevo y la gallina, puede llevar a cualquier pregunta de semejante jaez. Por ejemplo, para el caso del desarrollo urbanístico, ¿qué debe llegar antes, la demanda de suelo y vivienda o su oferta a borbotones? Las consideraciones que se hagan tienen un evidente cariz económico, pero atesoran una carga mucho mayor de rentabilidad social porque la ordenación del territorio afecta directamente al entorno de todos los ciudadanos, es decir, a su día a día.

Sin embargo, con la población de La Marina Baixa en descenso, con miles de viviendas vacías esparcidas por su territorio y con centenares de miles de metros de suelo urbanizado y planes parciales completos donde todavía no se ha puesto un ladrillo, seis municipios de la comarca están revisando su Plan General sin una mínima planificación territorial de conjunto, lo que todavía es más grave si se tiene en cuanta que tres de estas localidades son vecinas: Altea, L'Alfàs del Pi y La Nucia. Y a mayor abundamiento, las dos primeras comparten equipo redactor de su nuevo PGOU. Las otras tres, Finestrat, Relleu y Orxeta ni siquiera suman 10.000 habitantes entre todas, sus cascos urbanos están en el interior, pero siguen pensando que ver el mar a 10 kilómetros de distancia o la lámina de agua de un pantano casi seco desde un adosado puede arrastar a miles de personas a estas localidades, aunque nadie sabe muy bien con qué objetivo.

La población de la comarca ha pasado de los 193.165 habitantes de 2010 a los 198.040 con que cerró 2013. Es decir, en cuatro años ya solo había crecido un 2,5% frente al 45% de incremento de la década anterior entre 2000 y 2009. En este último porcentaje -y en el pensamiento definitivamente instalado entre la ciudadanía de que el crecimiento es necesario- radica uno de los ejes en los que se ha basado el expansionismo urbanístico que ha provocado heridas paisajísticas tan profundas que serán difícilmente sanables. Es más, la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana (ETCV) que la Generalitat presentó en 2009 para el periodo 2010-2030 marca un crecimiento poblacional para la Marina Baixa del 1,6% anual acumulado, que ya no se cumplía.

A mayor abundamiento, la realidad ha sido justo la contraria y con el año finalizado, la comarca habrá perdido a lo largo de 2014 ni más ni menos que 7.612 habitantes, lo que supone más de un 4% de su población con respecto al año 2013, según los datos que recoge el Instituto Nacional de Estadística. En otras palabras, la población de La Marina Baixa ha descendido a niveles de 2008 y las previsiones de la ETCV han saltado por los aires.

Es evidente que la autonomía municipal ha derivado en una especie de autismo político que ha llevado a muchos políticos locales a vestir unas orejeras que no les han dejado tener la necesaria visión periférica. Las competencias urbanísticas son locales y eso, que ya de por si es cuestionable, ha provocado daños colaterales ahora muy de moda: la famosa corrupción. Bastaría con repasar los nombres, los conocimientos y la capacidad de algunos concejales de Urbanismo que, ya sea arropados por su alcalde o directamente por su partido, emprendieron una enloquecida carrera por tener al menos su propio campo de golf y su macrourbanización para ricos. El último y mas flagrante caso ha sido Callosa d'En Sarrià con el PAI Anibits Margequivir. Allí, el PP, el PSPV y hasta Compromís sucumbieron a los influjos de un PAI imposible, anulado por segunda vez por el TSJ valenciano.

El objetivo del alcalde de La Nucia, Bernabé Cano, del PP, prácticamente desde que accedió al cargo en 2001, ha sido el desarrollo urbanístico residencial de su municipio, sin más criterio que ocupar suelo por intereses particulares y la megalomanía que ha afectado especialmente a este regidor. La aprobación de los sectores de La Serreta, Pie de Monte y Algar, que suman casi siete millones de metros cuadrados, prevén la construcción de 11.461 viviendas. Como no los ha podido sacar adelante mediante la reclasificación del suelo y los tres están empantanados tras estallar la burbuja inmobiliaria, lo que por otro lado le puede ocasionar un roto económico relevante a las arcas locales, Cano ha optado por la revisión del Plan General, pero incluyendo el mismo suelo de estos sectores.

La memoria justificativa de la propuesta de revisión del PGOU de La Nucia aboga por el modelo extensivo de crecimiento. Entre 2001 y 2009 el municipio multiplicó por tres su población (pasó de 6.587 a 17.874 habitantes), una operación que con el nuevo PGOU en tramitación podría volver a repetirse. ¿Es necesario? ¿Hay demanda? No, evidentemente. Ese crecimiento de La Nucia, además, se prevé de espaldas a dos municipios limítrofes: Altea y L'Alfàs. Ambas localidades han contratado a la misma redactora para la revisión de su plan general: Rosario Berjón Ayuso, quien en su día ejerció de secretaria de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante.

En realidad, Cano, más allá de la simpatía con la plana mayor de la trama Gürtel, se ha guiado hasta ahora por su interés en aparecer como el gestor ideal, cuando lo que hizo fue utilizar la fórmula de la permuta a cambio de suelo público en los tres futuros PAIs para construir el retén de la Policía Local, los ocho centros sociales de las urbanizaciones, la renovación de la Seu Universitària, la guardería municipal, los auditorios de La Mediterrània y Les Nits y sus infraestructuras anexas, una biblioteca, las fuentes de las rotondas de la CV-70 o mobiliario urbano en general. Convirtió en norma lo que legalmente es una excepción con la aquiescencia del Consell, hasta el punto de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana anuló varias permutas porque no se justificaba su urgencia. Solo en una de ellas, Cano cedió la titularidad de nueve fincas que sumaban más de 350.000 metros de suelo que debía acabar siendo urbanizable, la mayoría en La Serreta, a cambio de obras por un valor de casi 17 millones de euros. Nada que no hubiera podido hacer cualquier otro político, aunque para ello haya que atesorar una capacidad temeraria poco común para eludir la prudencia que debería salvaguardar estas actuaciones.

El L'Alfàs del Pi inició el proceso de revisión del Plan General -en vigor desde 1987- en 2003 con el voto unánime de todos los grupos municipales. A finales de octubre de 2006, el equipo redactor presentó el Concierto Previo del nuevo Plan General para su estudio y sometimiento a información pública. Sin embargo, el 29 de diciembre de 2006, el pleno acordó suspender los trabajos de revisión del Plan General hasta celebradas las elecciones municipales de mayo de 2007. En 2008 se redactó la primera versión preliminar y se remitió a Conselleria.

El motivo de aquella suspensión estaba relacionada con la filtración de planos y la compra masiva de suelo que iba a reclasificarse, según reconoció el propio alcalde, entonces el popular Gabriel Such, quien llegó a recomendar al futuro gobierno (en 2007 ganó las elecciones el PSPV) que lo tirara a la basura y redactara uno nuevo. La oposición, entonces formada por el PSPV, Aidda y l'Entesa, anunció denuncias en Anticorrupción y también amenazó con querellarse contra ellos el regidor del PP

La cuestión es que el nuevo planeamiento incluido en el PGOU aumenta la superficie de suelo no urbanizable del 50 al 56% de un total de 19 kilómetros cuadrados de término municipal, dejando el parque natural de Serra Gelada al margen, si bien recoge hasta 26 áreas de reparto distribuidas por el resto del término municipal. Antes de concluir la tramitación del PGOU el gobierno local desclasificó casi dos millones de metros cuadrados y dio carpetazo a seis expedientes de construcción, iniciados en su mayoría en el año 2003 en diferentes puntos del término municipal, básicamente en el extrarradio del casco urbano porque eran zonas con un "alto valor paisajístico y medioambiental. Se trataba de los sectores Cautivador III y IV, Park del Sol, Pla de la Serra, Romeral II y Finca Bodega.

El PGOU de Altea está vigente desde 1982, cuando fue aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos. Aquel documento clasificó como suelo urbanizable áreas de un gran valor ecológico y paisajístico actualmente protegidas, si bien el desarrollo urbanístico de la década del urbanismo descontrolado, la pasada, provoca que la población creciera casi un 50% en la localidad, aunque el desarrollo de urbanizaciones de baja densidad con edificaciones aisladas se ha compensado con un crecimiento moderado de los dos núcleos de población más importantes.

De acuerdo con la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana, habría que prever suelo urbanizable en Altea para 33.424 habitantes, ya que el crecimiento previsto en el periodo 2010-2030 es de un 37,3%. Esto supondría pasar de las casi 15.000 viviendas actuales a 19.680, o sea, construir 5.353 viviendas nuevas en Altea. Sin embargo, en 2014 su población descendió en 1.815 habitantes y desde 2010 hasta ahora ha perdido unos 1.500. Y a pesar de que el PGOU está vigente 32 años, no se han desarrollado una gran parte de los suelos urbanizables que recogía: IT-1, IT-2, IT-3, IT-4, IT-5, IT-6, IT-9 e IT-10. De hecho, de los 15 sectores previstos, solo cuentan con ordenación aprobada cuatro, en dos de ellos ni siquiera de ha presentado iniciativa alguna y hay dos sectores industriales pendientes de adjudicación por la Comisión Territorial de Urbanismo. ¿Necesita Altea algo más que no sea adaptar su PGOU a la actual realidad jurídica? Parece que no, que le sobra suelo urbanizable para décadas. Incluso ha desclasificado el plan parcial de Alhama Spring por el valor medioambiental de sus 80.000 metros cuadrados.

Berjón también ha redactado el nuevo PGOU de Relleu, que ha pasado del intento de reclasificar cinco sectores de suelo no urbanizable para uso residencial/hotelero, que sumaban una superficie conjunta de 2,7 millones de metros cuadrados y una edificabilidad de 593.721 metros cuadrados de techo, a reclasificar dos sectores, uno de 66.859 metros colindante con el casco urbano actual y otro de 68,44 hectáreas que linda con el término municipal de Orxeta, donde haría falta que el futuro urbanizador ampliara en más de un kilómetro la antigua carretera del pantano para darle acceso al sector. La colmatación de ambos supondría la construcción de 2.110 nuevas viviendas y 4.50o nuevos habitantes, lo que multiplicaría casi por cuatro la población actual del municipio.

Respecto al anterior Plan General que el Ayuntamiento aprobó provisionalmente en 2007 y el Consell tumbó, el suelo urbanizable pasa de ser el 3,56% del término municipal al 0,98% de sus 7.690 hectáreas. En la versión preliminar del nuevo plan aprobada el pasado pleno, se quedaría como suelo no urbanizable el 98,30% de su superficie y un 52,64% estaría protegido.

Sin embargo, este nuevo plan general deja un resquicio de cara al futuro, ya que también establece una reserva de suelo en la partida de Muscarets que supone el 2,47% de todo el término municipal (casi 1,9 millones de metros más), que se corresponden con parte de sectores clasificados como urbanizables en la anterior propuesta y que podrán ser objeto de desarrollo urbanístico en el futuro en el momento que las condiciones socioeconómicas y legislativas así lo permitan, para lo que, además, deberá observar las directrices estratégicas de evolución urbana y ocupación del territorio del PGOU. Es decir, que deja la puerta abierta a seguir urbanizando. En realidad, si se suma el 0,98% de suelo urbanizable en el término municipal propuesto en este nuevo PGOU y el 2,47% de la reserva de suelo citada, el resultado (3,45%) es casi el 3,56% que pretendía urbanizar el anterior plan.

Pegado a Relleu está Orxeta, un municipio de 875 habitantes que en 2012 empezó también a perder población, pero que tiene en tramitación su primer Plan General de Ordenación Urbana con la pretensión de que el Consell le apruebe cuatro nuevos sectores residenciales para reclasificar 2.253.374 metros cuadrados liberando la protección de su huerta y así poder construir unas 3.500 viviendas nuevas, un hotel y un campo de golf. Por cierto, un PGOU del que nada se sabe desde hace años y que está paralizado en la Comisión Territorial de Urbanismo sin visos de que pueda salir adelante.

En el Estudio de Paisaje que se expuso en su día se hablaba de "crear un nuevo foco de atracción turística en el municipio de manera que se potencie el crecimiento económico de Orxeta frente a otros focos de atracción turística del litoral". El alcalde que impulsó este primer Plan General de Orxeta, Vicente Llinares, del PSPV, declaró en 2006: "Estamos hablando de convertir la huerta en un campo de golf de 18 hoyos, un hotel de cinco estrellas". Entonces auguraba que "todo eso traerá riqueza, trabajo y turismo de calidad". Era el argumento entonces de moda. Ningún alcalde, del partido que fuera, podía permitirse el lujo electoral de perder ese tren. Y no solo pasó de largo, sino que sus previsiones no han podido quedar más lejos de la realidad. Han traído un mayor abandono de su huerta, un mayor desastre paisajístico y se antoja difícil imaginar ni siquiera a largo plazo que Orxeta pueda tener un campo de golf y viviendas de lujo en su entorno.

Como ya publicó LA MARINA PLAZA, a pesar de que 18 de los 32 sectores que recogían las normas subsidiarias de Finestrat no se han edificado, el anterior Consistorio presidido por Miguel Llorca, del PSPV, y el actual, del que es alcalde Honorato Algado desde 2007, han previsto el desarrollo de 6.706.429 metros de suelo urbanizable, donde se contempla la posibilidad de construir 10.583 viviendas y convertir Finestrat en un municipio con una población de 33.856 habitantes, todo ello bajo el parámetro de que cada vivienda se construiría sobre 150 metros cuadrados y habría 3,2 habitantes en cada una de ellas.

El nuevo documento que se está tramitando consiste básicamente en "la asunción de la totalidad del suelo urbano y urbanizable" actual "y además los sectores reclasificatorios de las normas subsidiarias que han superado el proceso de exposición pública, es decir los sectores el Arquet y La Pedrera, abarcan 1.685.450,05 y 485.940,49 metros cuadrados, respectivamente". Esto es, que a los 6,7 millones de metros hay que añadir otros dos millones más para alcanzar los casi 9 millones de metros cuadrados expuestos al ladrillo.

Así que el Consell, en su propuesta y análisis de alternativas al escenario adoptado por el Ayuntamiento, asegura que "el planteamiento de alternativas al modelo territorial actual que incluyen nuevos desarrollos no parece, a la vista de la gran cantidad de suelo vacante en los sectores urbanizados o del escaso/nulo desarrollo de sectores aprobados, estar justificado". "Por tanto, las alternativas deberían elaborarse en sentido contrario, es decir, estableciendo criterios y normas encaminadas a completar la edificación del suelo ya urbanizado y a revisar la viabilidad de los sectores no desarrollados discordantes con los valores o limitaciones del territorio identificados en la fase de diagnóstico".

Cabe añadir que Relleu, Orxeta y Finestrat -como La Nucia, L'Alfàs y Altea- también son limítrofes entre sí y que a pesar de la gran cantidad de derivaciones que ello conlleva, los tres han tramitado de espaldas a su vecino el documento de planeamiento de sus términos municipales.

Capítulo aparte merecen algunos casos que no tienen que ver con la revisión de planes generales, pero que han ocasionado daños colaterales muy relevantes. Es el caso de Sella, donde el plan parcial Saleres, tramitado mediante la reclasificación de suelo, pretendía construir 180 viviendas y duplicar la población de uno de los pueblos con más encanto de la comarca. Ahora, lo que queda de aquel proyecto, que provocó la dimisión del alcalde Vicente Mas, del PP, y otro concejal popular porque tenían suelo en el sector y no lo podían aprobar con su voto, es una inmensa herida del tamaño del casco urbano.

En Callosa d'En Sarrià el TSJ ha anulado el plan parcial Anibits Margequivir y el Plan General en lo que afecta a este sector, lo que implicará su reformulación. Y en Benidorm las cosas han funcionado al revés. El único municipio de La Marina que podía justificar su crecimiento, entre otras cosas porque tiene el precio de la vivienda más caro de la Comunidad Valenciana, ha visto como planes parciales que deberían estar desarrollados hace ya años, como Armanello o El Murtal, lo que habría permitido cerrar la trama urbana e integrar zonas muy degradadas del término municipal, siguen bloqueados judicialmente porque sus promotores, Enrique Ortiz y Francisco Gómez (alias El Paloma), los adjudicatarios de la urbanización, prefirieron pleitear intentando colar condiciones ilegales al resto de los propietarios de suelo en el sector.

Capítulo aparte merecen los mercenarios de todo tipo que han pululado alrededor de las redacciones de estos planes generales. Gabinetes, estudios y técnicos de todas las disciplinas se han convertido en pistoleros del ayuntamiento que los contrataba para redactar informes a la carta de las peticiones de políticos de medio pelo, a los que les ha importado una higa el interés general y la verdadera trascendencia de lo que estaban haciendo.


* La Marina Plaza - 2.1.15
Foto: Marina Baja (Alicante), vista - marinaplaza

en 15.1.15 por UrbanismoPatasArriba Carlos de Rueda

Patas Arriba: Los despohos del tsunami urbanizador

Los despojos del tsunami urbanizador

El llamado 'Tsunami urbanizador', 'Burbuja inmobiliaria', 'Urbanismo salvaje' o, simplemente, 'Ladrillazo' de las últimas décadas, solo tiene su explicación en una conjunción de circunstancias especulativas que hicieron que España se situara a la cabeza europea en crecimiento de viviendas y en gasto de cemento, por ejemplo. Un triste récord del que algunos se vanagloriaban (mientras crecían sus beneficios ilegales), pero que ha dejado un territorio asolado por bloques de cemento y ladrillo sin una justificación de bien común, sino más bien producto de la avaricia desmedida de empresarios oportunistas, políticos desaprensivos y financieros sin escrúpulos. La conclusión es altamente negativa para la sociedad española en su conjunto y el origen de la crisis-estafa que se sigue padeciendo hoy día. No obstante, la inmensa mayoría de culpables de este Tsunami arrasador siguen libres sin cargos, gracias a una justicia cómplice que, ni supo parar la orgía urbanizadora, ni ahora sabe como sentenciar a los delincuentes de esta atrocidad territorial.
"MELISSA GARCÍA LAMARCA* : Hace ya más de seis años que explotó la burbuja inmobiliaria, lo que Ramón Fernández Durán denominó el 'tsunami urbanizador'. Los hechos de los años del boom, de este periodo de monocultura inmobiliaria, son vertiginosos: casi siete millones de viviendas construidas, 12 millones de hipotecas concedidas, más de 2,5 millones de trabajadores empleados en la construcción y un cuarto del territorio español construido. Algunos presumían de que España fuera el líder europeo de consumo de cemento y el quinto globalmente después de China, India, EE UU y Japón, durante un crecimiento económico inaudito.

Este cemento era la representación concreta de un crecimiento de acumulación de capital urbano en forma de vivienda, oficinas e infraestructuras que parecía no tener fin. La presión para comprar vivienda en particular venía de todos los lados, tanto de los actores públicos como de los privados, hasta la familia, vecinos e incluso amigos; pensábamos que los precios nunca caerían y que la vivienda era una inversión segura. Si estuviera presente, José Luis Arrese, el primer ministro de Vivienda, hubiera estado encantado de la vida de ver cómo su proyecto que empezó a finales de los 50 de crear "un país de propietarios, no de proletarios" se estaba haciendo realidad.

De hecho, esta orgía de construcción fue posible gracias a esta ideo­logía y a una constelación de procesos calculados desde hace décadas. Entre otras se incluyen la liberalización de la legislación bancaria en 1981 y de la ley de suelos en 1997, y la creación de un marco legal para extender la financiación de viviendas más allá de los ahorros bancarios en 1992. Se encaja todo dentro de una política de vivienda que se preocupó más en estimular la actividad económica que en cualquier política o bien social. Y cuando España formó parte de la Eurozona y adoptó el euro, el capital extranjero que temía una devaluación de la peseta por fin pisaba suelo firme, y una cantidad de crédito sin precedentes fluyó al país como agua del grifo. Sacar una hipoteca llegó a ser casi tan fácil como ir a comprar pan.

Hasta que petó la burbuja. Y aquí estamos casi siete años después, demasiados millones de personas siguen sin trabajo y con pocas posibilidades de encontrar uno decente, a pesar de los anuncios del Gobierno y del Fondo Monetario Internacional de que el país se está recuperando y el empleo está creciendo. Para los que tienen trabajo, la precariedad laboral es ya una norma. Debido a esta combinación de desempleo y precariedad seguimos presenciando todos los días una serie salvaje de de­sahucios de alquiler y de hipoteca cuya ejecución paga y realiza el Estado, llevando a una gran parte de la población a vivir de la solidaridad familiar, de la caridad o de trapicheos explotadores de bandas organizadas. Y eso sin contar la desgarradora realidad de los que se quitan la vida antes de enfrentarse a un desahucio. Afortunadamente, muchísima gente está luchando en movimientos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, contra los desahucios y el abuso infernal de los bancos, demostrando el valor terapéutico de procesos colectivos y del "sí se puede".

Mientras tanto, existen 3,4 millones de viviendas vacías en todo el territorio, por lo menos un tercio de las cuales están en manos de entidades bancarias o en lo que es la inmobiliaria más grande de Europa, la Sareb, creada para limpiar de "bienes tóxicos" el balance de los bancos rescatados por el Estado (es decir, por nosotros). A ello hay que añadir los edificios que se quedaron a medio construir debido a la súbita bancarrota de las constructoras. Los nuevos propietarios prefieren mantener las viviendas vacías y solares a medio construir a la espera de que el mercado inmobiliario mejore y suban los precios de nuevo. De hecho, a pesar de ser una entidad 45% pública, el objetivo explícito de la Sareb es "desinvertir los activos en un plazo de 15 años, maximizando el valor de los mismos".

El proyecto Empty Living ("habitar el vacío"), de Agustín Ortiz Herrera, señala las contradicciones fundamentales del modelo que se creó en la burbuja, y sus consecuencias. Este verano, Ortiz Herrera viajó a través del país sin una hoja de ruta concreta, parando en lugares especialmente afectados por la crisis, y encontró construcciones de viviendas inacabadas en las cuales es imposible vivir. La idea era habitar estos espacios abandonados, encontrar un lugar para descansar y pasar unas horas, incluso pernoctar si era posible. Pero en rea­lidad los espacios escogidos no eran adecuados para esta actividad, el entorno era hostil, inseguro, decadente y absurdo. La presencia humana en estos lugares abandonados entonces se convierte en una contradicción. Los mismos espacios vacíos son presencias inquietantemente olvidadas, mutadas en metáforas de una derrota. Esas construcciones esperan un futuro más próspero y, sin embargo, se han convertido en todo un símbolo del fallo del sistema y de la frustración que aún genera esta crisis.

Las fotografías y el diario de Agustín Ortiz Herrera, que vale la pena mirar detenidamente, son un ejemplo de proyectos de arte y activismo cuyos objetivos son visibilizar y hacernos reflexionar sobre una realidad que nos puede ser ajena, o sobre aquello que nunca habíamos pensado. Lo que podemos hacer para contrarrestar el proceso de capital financiero detrás del tsunami urbanizador y sus consecuencias tal vez no nos quede claro, pero a partir de reflexionar con proyectos como Empty Living y luchar en movimientos como la PAH, nos pueden brotar ideas y alternativas para un futuro mejor.

Melissa García Lamarca, doctoranda en Geografía por la Universidad de Mánchester.

20 Minutos 17 11 2014: 15 ayuntamientos apoyan manifiesto contra derribo...

Un total de 15 ayuntamientos del Almanzora apoyan manifiesto contra el derribo de casas irregulares, según AUAN La asociación Abusos Urbanísticos Almanzora NO (AUAN), que agrupa a propietarios, en su mayoría británicos, de viviendas fuera de ordenación en Almería, ha indicado este lunes que un total de 15 ayuntamientos de la comarca han apoyado el manifiesto del colectivo que apela al "respeto de los derechos humanos" de los compradores de buena fe y reivindica su derecho a recibir "una justa indemnización antes del derribo" de sus casas.

 

EUROPA PRESS. 17.11.2014 La asociación Abusos Urbanísticos Almanzora NO (AUAN), que agrupa a propietarios, en su mayoría británicos, de viviendas fuera de ordenación en Almería, ha indicado este lunes que un total de 15 ayuntamientos de la comarca han apoyado el manifiesto del colectivo que apela al "respeto de los derechos humanos" de los compradores de buena fe y reivindica su derecho a recibir "una justa indemnización antes del derribo" de sus casas.

Los consistorios, según ha indicado AUAN en un comunicado, señalan, asimismo, como "responsable, al menos, en parte" a la Junta de Andalucía de la "realidad de la existencia de miles de viviendas ilegales" y le reclaman al Gobierno andaluz "que no de la espalda a este problema, permitiendo un continuo goteo de órdenes de demolición".

La acción llega cuando está prevista este martes la demolición de dos viviendas unifamiliares construidas en no urbanizable en el paraje Las Terreras de Cantoria (Almería) sin que sus propietarios, dos familias de origen británico, hayan percibido la indemnización de alrededor de 789.000 euros fijada en vía judicial y que debe satisfacer como responsable civil el promotor.

Según AUAN, los ayuntamientos también respaldan la reivindicación de que la aplicación de la ley "debería ser conforme a la realidad social" sin que se pueda hacer "una aplicación de la ley sin equidad o abusiva" y declaran que se "debe proteger a los compradores extranjeros y no ahuyentarlos, dado que actualmente estos sufren un desproporcionado rigor urbanístico, aun siendo compradores de buena fe".

"Los representantes municipales entienden que el fin no justifica los medios y que nada se consigue con estas demoliciones y declaran no entender la actuación de la Junta en este caso concreto y piden saber cuál ha sido la intervención concreta de la misma", remarca el colectivo.

 El manifiesto apoyado por los 15 ayuntamientos del Valle del Almanzora apela, asimismo, a la regularización de las viviendas y "dice no entender cómo se pueden demoler las viviendas en Cantoria que están en una de las zonas de posible regularización" para terminar con el lema "¡Basta de palabras, soluciones ya!".

AUAN ha indicado, en esta línea, que al manifiesto también se han unido asociaciones de afectados de toda Andalucía, incluyendo la Plataforma de afectados por las inundaciones del Guadalquivir en Córdoba, la Federación de vecinos de Las Lagunas de Chiclana de la Frontera, La Asociación Afotomoque de Marmolejo de Jaén, la asociación Plataforma Vecinal de Estepona, la plataforma Víctimas del incendio de Mijas, la Federación de Parcelistas de Córdoba, la Asociación Apaig Villafranca de Córdoba, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Chiclana de la Frontera, así como AUAN en Almería y SOHA en Málaga.

"Aparentemente el apoyo no se limita a Andalucía, dado que la Federación española de Asociaciones en defensa de los derechos humanos y en contra de los atropellos medioambientales (FAUN) se ha apuntado a la misma, así como lo ha hecho la Asociación Abusos Urbanísticos No (AUN) de Valencia Dicho de otra forma, el manifiesto se encuentra actualmente apoyado por asociaciones y ayuntamientos que representan miles de personas, y las nacionalidades que expresamente han apoyado al mismo, incluyen españoles, británicos, alemanes, belgas, noruegos, e irlandeses, entre otros", concluye.

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