El Mundo (Vivienda) 23 9 2010:

EUROPA

Ante las crecientes quejas

La CE vigila si existe discriminación urbanística contra los extranjeros

Propietarios ingleses se manifiestan, el pasado enero, contra el derribo de sus casas.

C. Vallejo

La Comisión responde ante la insistencia de la eurodiputada Andreasen

Se cuestiona si se vulnera el derecho a la propiedad de los extranjeros

Efe

Bruselas
Actualizado miércoles 22/09/2010 20:31 horas

La comisaria europea de Justicia, Viviane Reding, ha dicho que la CE está "vigilando" si en España se produce algún tipo de discriminación contra los extranjeros, ante el elevado número de quejas de abusos urbanísticos.

La Comisión Europea (CE) "ha contactado a las autoridades españolas" en esta cuestión, ha añadido, en la respuesta escrita a una pregunta parlamentaria de la eurodiputada británica Marta Andreasen, del euroescéptico UK Independence Party.

Andreasen planteó el pasado 17 de agosto una pregunta en la que pide que la CE actúe para que los Estados miembros -en concreto España- declaren nulas las disposiciones legales que atenten contra los derechos fundamentales, en concreto del derecho a la propiedad, protegido por la Carta Europea de Derechos Fundamentales.

Reding, en su respuesta, considera que la Comisión sólo puede intervenir en la cuestión sobre los derechos de propiedad en España "si la cuestión afecta a la aplicación del derecho comunitario", y asegura que "esa conexión no se ha identificado hasta el momento".

Sin embargo, la comisaria de Justicia ha precisado que, "ante el número de quejas recibidas por este asunto, la Comisión está vigilando la situación para ver si hay alguna discriminación por motivos de nacionalidad".

La insistencia de Andreasen

No es la primera vez que Andreasen plantea en las instituciones de la UE los problemas de algunos ciudadanos extranjeros que han tenido diversos problemas legales con sus viviendas en España.

En julio pasado, la eurodiputada británica llegó a exasperar al presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando éste compareció ante el pleno del PE al final de la presidencia española de la UE.

Andreasen tomó la palabra para defender a los británicos que, dijo, ven peligrar sus viviendas en España por haber sido estafados en la compra, por la ley de costas o por los nuevos planes urbanísticos.

Los británicos ven peligrar sus casas en España por haber sido estafados en la compra o por los nuevos planes urbanísticos, dice Andreasen.Esta situación es "la misma que vivieron los británicos en Zimbabue" con el presidente Robert Mugabe, dijo Andreasen, quien ya había planteado la cuestión durante la intervención de Rodríguez Zapatero ante el pleno del PE en enero, al inicio de la presidencia española.



El presidente del Gobierno rechazó firmemente la comparación con Zimbabue y dijo que los tribunales actúan contra los depredadores inmobiliarios y también defendió la ley de costas española para proteger el litoral y combatir abusos.


Denuncia a Valencia
En otro frente de la cuestión, la CE denunció ante el Tribunal de Justicia de la UE la Ley Urbanística de la Comunidad Valenciana de 1994 (LRAU) al considerar que incumple la normativa comunitaria sobre contratación pública.



Sin embargo, el abogado general recomendó al Tribunal la pasada semana que desestime el recurso de Bruselas. El jurista, Niilo Jääskinen, ha argumentado-en unas conclusiones no vinculantes- que las directivas europeas de contratación pública "no son aplicables a la legislación autonómica".

Se pretende triplicar el suelo urbano de Barbate

Se pretende triplicar el suelo urbano de Barbate

 

 

 

 

 

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN* ha presentado 101 alegaciones contra el proyecto urbanístico «El Següesal Resort» promovido por la empresa Bogaris Residential 7 S.L., que está tramitando el Ayuntamiento de Barbate. Esta macrourbanización tiene 467,2 has (4.672.000 m2), lo que la convertiría en la mayor de Andalucía y triplicaría la superficie conjunta de todos los núcleos urbanos de este municipio. El proyecto incluye 1.690 viviendas y apartamentos, dos hoteles, campo de golf, instalaciones hípicas, colegio bilingüe de alto standig… un gigantesco gueto que se asegura será totalmente autónomo. El proyecto incluye una oferta hotelera mínima, sólo el 10% de la edificabilidad total, demostrándose que el verdadero interés es el residencial, unido al especulativo ya que la empresa promotora dispondrá de una enorme extensión de suelo urbanizable adquirido a precio de rústico.

Las 101 alegaciones se refieren a:

- Que existen más suelos suficientes actualmente ociosos para urbanizar en Barbate.

- Que se propone un modelo insostenible.

- A las dimensiones mastodónticas de proyecto

- Que no cumple normas autonómicas (POTA y Agenda 21 de Andalucía).

- Que no dispone de agua para lo que pretende desarrollar, ni sistema de depuración previsible.

- Que sigue justificándose en la falacia del golf.

- Que presenta afecciones a la biodiversidad, a espacios naturales protegidos y a terrenos públicos.

Cuando se está revisando el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Barbate se pretende aprobar un proyecto turístico-urbanístico-especulativo que tendría enormes repercusiones ambientales y territoriales, y por el exclusivo interés de una empresa privada. El hecho de que se tramite de forma independiente de los otros macroproyectos urbanísticos que tiene en cartera el Ayuntamiento de Barbate, no es más que un intento de fraude legal para intentar soslayar las límites del crecimiento que estipula el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y evitar evaluar los impactos acumulativos de todas estas urbanizaciones que, en conjunto, suponen unos nueve millones de metros cuadrado, lo que supondría multiplicar por cinco el actual suelo urbano de este municipio. Una auténtica locura en plena crisis económica provocada por el estallido de la burbuja inmobiliaria.

En el actual PGOU de Barbate se contemplan suelos para usos turísticos y hoteleros en los actuales núcleos urbanos de Barbate, Caños de Meca y Zahara de los Atunes, suelos que habría que desarrollar antes de acometer nuevas recalificaciones que rompen el sistema de ciudad compacta que consagra el actual PGOU y el POTA. No deja de ser absurdo que un municipio con tantos atractivos naturales y gastronómicos, y una comarca con poblaciones de gran valor monumental, apuesten por una actividad que no llega al 3% entre las motivaciones de los 25 millones de turistas que cada año visitan Andalucía, mientras que el turismo de naturaleza asciende al 9%, el cultural al 20% y fiestas y gastronomía al 5%. Una vez más se detecta que los Ayuntamientos recalifican, no por carencia de suelo para urbanizar, sino por los deseos y conveniencias de promotores urbanísticos

Estos terrenos están clasificados en el actual PGOU como No Urbanizables, y en la Revisión del mismo, aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en octubre de 2008, se aumenta su nivel de protección, considerándolos en su totalidad como Suelos No Urbanizable de Especial Protección. En todo el proyecto no hay una sola justificación ambiental para proceder a la desprotección de estos terrenos.

Pronto se está olvidando que el crecimiento urbanístico innecesario y excesivo ha sido el principal causante de la actual crisis económica, por lo que no se entiende que se siga insistiendo en un modelo ya obsoleto y fracasado. Los presidentes del Gobierno y de la Junta de Andalucía vienen insistiendo en que ya se ha desechado el modelo basado en el ladrillo. El Ayuntamiento de Barbate y las Consejerías de Turismo, Obras Públicas y Medio Ambiente por lo visto no se han enterado. Se insiste en un modelo urbanístico totalmente insostenible, con toda su indeseable secuela de impactos ambientales, ilegalidades y corrupción.

El proyecto "Llanos de Següesal" incumple de forma escandalosa el artículo 45 del POTA, que estipula: "No se admitirán los crecimientos que supongan incrementos de suelo urbanizable superiores al 40% del suelo urbano disponible ni los crecimientos que supongan incrementos de población superiores al 30% en ocho años". Teniendo en cuenta que la superficie de suelo urbano actual del municipio de Barbate asciende a 232 has, el incremento sería del ¡¡201%!!

No hay recursos hídricos para los 798.308 m3/año que necesita este complejo. Ninguna de las opciones contempladas en el proyecto son viables: la conexión con la Zona de Abastecimiento Gaditano está prohibida por la Ley 17/1995 de trasvase del Guadiaro al Guadalete, la reutilización de agua de la EDAR de Vejer no garantiza la calidad necesaria al no disponer de tratamiento terciario, y el acuífero está sobreexplotado.

La macrourbanización de Següesal pretende implantarse en unos terrenos colindantes con el Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate, ocupándolo en unas 14 has y cercándolo por su zona noreste. En esta finca se conservan importantes masas forestales, actualmente protegidas, entre las que hay que destacar los bosques mixtos de alcornoques, acebuches y pinos, y las zonas de matorral mediterráneo. En un informe de la Consejería de Medio Ambiente se resalta que la ejecución de este proyecto: supondría la eliminación de 230 has de superficie forestal, afectaría a hábitats de Interés Comunitario (LIC), y podría alterar sensiblemente el libre flujo de especies entre el parque natural y el LIC "Acebuchales de la Campiña de Cádiz", con el consiguiente deterioro de los procesos ecológicos asociados.

Ecologistas en Acción muestra su total oposición a esta nueva propuesta de macrourbanización que intenta revitalizar la obsoleta y fracasada política del "ladrillo" y que pretende implantar un modelo de ciudad desarticulada, expansiva, insostenible, imposible de gestionar por sus dimensiones y desorden, y que solo responde a los intereses de los mismos que han provocado la mayor crisis económica que ha vivido nuestro país en las últimas décadas.

Ecologistas en Acción insiste en la necesidad de dar un giro radical al modelo urbanístico que se ha venido fomentando en las últimas décadas, para dar lugar a un nuevo modelo de ciudad que garantice la sostenibilidad urbana, la preservación y potenciación de los recursos naturales y el bienestar y el futuro de la mayoría de los ciudadanos.

Por todo ello, hemos solicitado a la CMA que acepte las 101 Alegaciones por entender que vienen a garantizar el desarrollo sostenible y la conservación del valioso patrimonio natural, paisajístico, arquitectónico y etnológico del municipio de Barbate y que declare este proyecto como INVIABLE a efectos ambientales y de sostenibilidad.

* Ecologistas en Acción Cádiz - 10.09.10
Foto: Envergadura de esta macrourbanización y la comparación con los núcleos urbanos existentes.- ecologistasenaccion.org

Diario de Mallorca 28 8 2010

Pero de quién es la playa?

DIARIO DE MALLORCA* : El conflicto está en la arena: los hamaqueros se arrogan la explotación exclusiva de sus zonas, pero los bañistas las invaden sin rubor. Y con razón: según Costas, la sombra de la sombrilla es del hamaquero, pero la playa sobre la que se proyecta es de todos. Sigan la escena, que se las trae. Domingo, 15 de agosto. 15.30 horas. Abarrote en Cala Sa Nau, un privilegiado rincón arenoso de la costa mallorquina de Felanitx en el que el agua luce ese color azul intenso reservado para los folletos de las agencias de viaje. La gente toma el sol en la orilla. Toalla sobre toalla. La cabeza en los pies del vecino, y los pies propios a un palmo del cuello ajeno. Salvo en la zona de tumbonas.

Allí la imagen vuelve a ser de catálogo: grandes camas con dosel de madera y mimbre alojan a los que pueden permitírselo, que además de sombrilla de paja y tumbona acolchada tienen aire a su alrededor. Y arena. Bañistas de primera a un lado, juntatoallas de segunda al otro.      

Hasta que una pareja de treintañeros se salta el apartheid playero. Como no hay hueco en segunda ni sombrilla disponible en primera, plantan el campamento en el desahogado espacio entre tumbona y tumbona. Nadie más lo ha hecho, pero visto el overbooking, la maniobra no parece extrañar a nadie. Salvo al hamaquero, que reacciona airado. Muy airado. En diez pasos se planta a los pies de la tumbona del que firma (un día es un día) y sin mediar saludo invita a la pareja invasora a abandonar su zona. Lo dice así: "Mi zona". "Esta parte es mi playa", insiste. "¿Tu playa?", se sorprende uno de los bañistas asaltados, que sin perder la calma ni elevar el tono se rebela: "La Ley de Costas garantiza que en este país las playas son públicas". El hamaquero frunce el ceño al levantisco. "No lo son. Esta es nuestra zona. Mi jefe paga una concesión y tenemos derecho exclusivo". Los playeros antiapartheid no se rinden: "Usted tiene la autorización para colocar sus tumbonas, no la propiedad de la playa. Pero da igual. No nos vamos a mover, aunque si alguno de sus clientes necesita cambiar de sitio la tumbona, nos haremos a un lado. Y no moleste usted más, que quiero echar la siesta". Al vigilante de las sombras y las siestas no le vale. "Tenéis que iros de aquí", repite, a falta de argumentos nuevos. La pareja pierde la paciencia: "Traiga usted a la policía y que nos lo digan ellos". Al hamaquero se le dibuja una sonrisa pícara en la tez morena y vuelve grupas.

Llega la policía en bañador

Reaparece un minuto después, para diversión del cronista (un día entero en la playa puede hacerse tedioso incluso en la paradisíaca y discotequera Cala Sa Nau). Le acompaña un hombre espigado que, encremado y vestido de chancla y bañador azul de flores blancas, se identifica como policía local de Felanitx. Es lo que pone en una tarjetita plastificada que muestra deprisa y guarda aún más rápido. "Buenas tardes. Soy policía local aquí y tienen ustedes que irse. Esta zona es su playa (señala con un pulgar al hamaquero, que ahora sí sonríe)". La pareja persevera. Le toca a ella afilar el verbo: "No entiendo por qué me tengo que ir. Según la ley la playa es pública. No hay sitio en la zona fuera de las tumbonas. Tampoco hay ninguna tumbona disponible, así que me pongo aquí porque tengo derecho y no me queda más remedio". El policía duda. Piensa. Y vuelve a la carga. "Por educación (¿?) y por ética (¿?) deberían irse. Ellos pagan una concesión y ustedes la están invadiendo". A la pareja le da la risa y, tras un intercambio de argumentos de varios minutos, él suelta al borde de la carcajada la pregunta clave: "¿Y si no me voy me puede usted multar o detener o mover a la fuerza?" Touché. El policía del bañador alegre pliega velas: "No está tipificado. No hay nada previsto. No puedo multarles".
        
Toma nota atento el cronista mudo, que ya tiene trabajo para el lunes que sigue al plácido domingo de tumbona y chiringuito: ¿De quién es la playa? ¿Del hamaquero y su jefe, como dicen? ¿Del Ayuntamiento y su policía en chanclas? ¿O de las decenas de playeros que la ocupan como pueden? Según el artículo 31.1 de la ley de costas, hay pocas dudas: la playa es siempre "pública y gratuita" para usos como "pasear, estar, bañarse...". Y de lo que se trata es de estar, así que problema resuelto. Pero no. Resulta que las leyes están sembradas de dobleces y recovecos, como el que en el artículo 31.2 fórmula la posibilidad de entregar autorizaciones y concesiones para la explotación de la arena. Así que la cuestión vuelve al punto inicial: ¿Quién es el dueño: hamaquero, ayuntamiento o ciudadano? ¿De todos, de uno o de ninguno? Responde en la Demarcación de Costas la funcionaria que se encarga de tramitar las autorizaciones para que el hamaquero plante sus bártulos y cobre por sombras y siestas mullidas "Los hamaqueros tienen una autorización no una concesión. Pueden poner sus tumbonas y sombrillas tras pagar un canon, pero la playa es de dominio público y gratuita. No es suya".

¿Cuestión zanjada? Que no: ¿Qué ocurre entonces en un caso como el de Cala Sa Nau, en el que los bañistas ponen la toalla en la zona de tumbonas por la que ha pagado el hamaquero? Coge el testigo en la explicación Celestí Alomar, ex conseller de Turismo y actual jefe de la Demarcación de Costas de Balears, que hace un hueco en sus vacaciones para poner los pies en la arena que mejor domina: la de la Ley de Costas. "Se puede dar autorización para poner hamacas en un máximo del 50% de playa, pero en ese espacio el uso público no se niega nunca. Puede haber choque de intereses, como es el caso, pero no es de recibo que ningún hamaquero ni nadie diga que la playa es suya. La playa es pública, ellos tienen autorización de uso pero en ningún caso la propiedad", apunta Alomar, que afirma que en casos como estos lo mejor es tirar de buena voluntad.
¿Queda esta vez claro? Pues tampoco. Porque las dobleces le siguen confiriendo a la ley el rango de castillo en el aire. Y cada uno le pone los cimientos que más le agradan. Sirve el ejemplo de los bañistas peleados con el hamaquero y el policía floreado, a los que dejamos enzarzados en un debate sin salida, en el que el hamaquero, acorralado en la falta de argumentos, se arroga poder legislativo y enuncia una nueva norma cuando le preguntan por los límites de su zona. "Pues un trozo hacia fuera. Unos metros. Bueno, dos", expresa inseguro. Le echa un cabo el policía encremado: "Puede ponerlas dónde quiera si no está a menos de quince metros del agua. Si ven una a menos de quince metros, avísenme". ¿Quince metros? ¿Y por qué no veinte? ¿O catorce? Preguntados al respecto, ni el delegado de Costas, ni los técnicos de su equipo ni los abogados especializados en las lagunas y vericuetos de la ley conocen tal límite.

¿Y de quién es la sombra?

Así que las dudas llegan al despacho de quien mejor puede resolverlas, según indican tanto Alomar como la funcionaria que da las autorizaciones para sembrar tumbonas, la jurista de la Demarcación de Costas, Blanca Morera. A ella se le plantea la madre de todas las dudas: porque hasta ahora está claro que la playa es pública y gratuita, y también que el hamaquero, previo pago de la autorización, puede poner sus tumbonas y sombrillas en un espacio limitado, pero ¿qué ocurre cuando unos y otros entran en conflicto? ¿Qué ocurre por ejemplo con la sombra de las sombrillas del hamaquero, que muchas veces cae sobre la arena? "Es un conflicto típico, porque encima la sombra se mueve durante el día –comenta amable Morera, habituada a estos berenjenales–. Hay que ver quién abusa de quién, pero lo que no puede decir el hamaquero es que la playa es suya. Y tampoco se puede desalojar a nadie, ni él ni el policía. Se analiza caso por caso, teniendo en cuenta por ejemplo si hay o no espacio suficiente para que la gente ponga su toalla, porque si están bien hechas las cosas no tendría que haber estos conflictos".
Pero los hay. ¿En que quedamos pues? "La playa es gratuita y de uso público", recalca la abogada como principio de partida, reflejado además con contundencia en el artículo 53 de la Ley de Costas: "En ningún caso las autorizaciones podrán desnaturalizar el principio de uso público de las playas". Así que la sombra que proyecta la sombrilla es del hamaquero, pero que la coja si puede: porque, les guste o no al guardatumbonas y al policía bañista, la arena es de todos. Con sombra o sin ella. Por ley.


* Diario de Mallorca - ALBERTO MAGRO - 28.08.10
Foto: La zona de tumbonas puede ocupar la mitad de la playa como máximo. Aunque este límite se incumple sistemáticamente. Salta a la vista el caso de Cala Sa Nau, en la que ayer se amontonaban los bañistas sin tumbona (en la imagen). Las sombrillas y camas les han dejado una estrecha franja, en la que además están instalados dos toldos de un negocio de masaje y otro en el que el chiringuito pone sus mesas. El resultado (bañistas hacinados) se repite en otras calas estrechas, como Portals Vells, El Mago o Llombards.- diariodemallorca.es