LAVOZDIGITAL* : La reciente filtración a la prensa de una posible amnistía que estudia el Gobierno central para sacar de la ilegalidad una bolsa de cientos de miles de viviendas que salpican el territorio nacional de norte a sur; el decreto ya aprobado por la Junta para regularizar 250.000 inmuebles en la Comunidad -unas 40.000 solo en la provincia gaditana- que se levantaron incumpliendo los planeamientos urbanísticos; o bajando un peldaño más en las administraciones públicas, las actualizaciones de los planes locales de ordenación, que van todos encaminados a ampliar la superficie urbana e incluir en esos espacios terrenos que antes estaban vetados a la construcción. Una limitación que sin embargo no fue óbice para que surgieran como setas casas y más casas que fueron constituyendo en algunos casos auténticos núcleos de población que crecieron al margen de la ley y las normas. Todo este conjunto de medidas, algunas en proyecto y otras adoptadas por administraciones de distinto color político, están teniendo una influencia directa en la lucha que desde hace años se libra en los juzgados para perseguir y castigar los atentados contra el suelo.
Pese a las numerosas sentencias firmes que ordenan la demolición de viviendas ilegales, no se están ejecutando. O lo que es lo mismo, ante las previsibles regularizaciones masivas que se están ya produciendo a nivel local, regional y ahora se especula con medidas de carácter nacional, los jueces están echando el freno y suspendiendo las ejecuciones. La Justicia se queda a medio camino, dictando condenas que no se cumplen de forma escrupulosa. Si esto ocurriera con otro tipo de delitos, que generan mayor alarma social, el escándalo sería mayúsculo.
Al frente de esta batalla en contra de las viviendas ilegales se sitúa el Ministerio Fiscal y colectivos ecologistas, que son los únicos impulsores de las denuncias contra las construcciones fuera de la ley. En el caso de Cádiz, la Fiscalía de Medio Ambiente ha sido uno de las más activas a nivel nacional en la persecución de estos delitos. El anterior fiscal delegado en esta materia, Ángel Núñez, fue muy crítico durante el periodo que ejerció esa responsabilidad con los ayuntamientos, a los que culpó de su desidia para frenar el desarrollo urbanístico al margen de las normas.
Su sucesora, Patricia Navarro, mantiene esa misma línea de combate y una de sus reciente iniciativas ha sido elevar al Tribunal Supremo un recurso para que se posicione sobre la ejecución de los derribos como parte de la condena a la que se enfrentan los procesados. El movimiento de la Fiscalía es tratar de buscar una suerte de jurisprudencia que sirva para unificar criterios ante las sentencias dispares que se están produciendo, con jueces que ordenan esta medida y otros que la consideran excesiva. La propia Navarro, que se encontraba estos últimos días en unas jornadas sobre esta materia en Segovia, confirmó a este medio que aún no ha habido pronunciamiento. Sería la primera vez que el Supremo se posicione.
Mientras llega esta decisión, la realidad es tozuda e indica que las órdenes de demolición se han paralizado en la práctica. En febrero, un pleno de la Audiencia Provincial acordaba dejar en suspenso esa medida en aquellos supuestos en los que la vivienda hubiera sido regularizada gracias a la aprobación definitiva del planeamiento urbano que le afecta. Solo cuando haya una aprobación y no una previsión, se suspenderá la medida. Una decisión que librará de la pica a miles de viviendas que serán legalizadas gracias a nuevos PGOUs como el de El Puerto o el POTA de la Costa Noroeste.
En estos momentos, la Fiscalía de Medio Ambiente tiene un registro de medio centenar de sentencias firmes sin ejecutar, en las que se ordena al procesado que tire el inmueble que levantó incurriendo en un delito contra la ordenación del territorio. Algunos de esos fallos, en los que no cabe recurso alguno, fueron dictados antes de 2008. Es decir, hay edificaciones en esta provincia sobre las que pesa una orden de demolición desde hace cinco o más años que siguen en pie, generando una «sensación de total impunidad», como subraya una y otra vez la fiscal delegada Patricia Navarro cuando se le pregunta por este asunto.
Desde noviembre de 2010
La última vez que actuó la pica por orden judicial se produjo en noviembre de 2010. Y fue un derribo parcial de una edificación levantada en Grazalema, en pleno Parque Natural, que desvió el cauce del río Guadalete. Un atentado ecológico que comenzó a fraguarse en 2005 y que generó un chorreo de denuncias de colectivos como Ecologistas en Acción. Un año después de arrancar los trabajos, la Justicia anulaba la licencia que otorgó la alcaldesa socialista María José Lara, que terminaría imputada en la operación que inició la Guardia Civil ('caso Pinsapar') junto a su tío, Antonio Mateos y predecesor suyo en el cargo. Una investigación que destapó una trama de cobro de comisiones, que llevó al exarquitecto municipal a la cárcel. Este profesional recibió en abril pasado la ratificación definitiva por vía contenciosa que debía tirar su casa, que había construido en suelo protegido. Un ejemplo de cómo gestores públicos han incumplido alegremente con las normas urbanísticas. Esta orden de demolición se suma a la carpeta de pendientes de ejecución y sin fecha de materialización.
Si a la ya crónica falta de diligencia en estos asuntos que han demostrado los ayuntamientos, que durante años han permitido que fuera creciendo un parque inmobiliario ilegal en sus municipios, la crisis también se cuela con sus efectos en este problema. Una vez más, la actual situación económica está siendo determinante o sirve de perfecta excusa para no acometer las órdenes de demolición que la Justicia dicta.
La Ley establece que si el propietario del inmueble no ejecuta esa medida, debe ser la Administración quien la lleve a cabo de manera subsidiaria. «La respuesta que estamos recibiendo es que no hay dinero para afrontar esos trabajos y se dejan sin hacer», reconoce la fiscal de Medio Ambiente. También se suma, como apuntan desde los ayuntamientos, que no hay ofertas por parte de empresas especializadas para hacerse cargo de esos trabajos «porque socialmente están mal vistos».
La presión ejercida por los dueños de viviendas ilegales, que han llegado a constituir hasta formaciones políticas con capacidad de decisión (el caso del Partido Vecinal de Chiclana que se ha hecho cargo de las carteras de Urbanismo y Obras en virtud del pacto de gobierno sellado con el PP) se está traduciendo en más influencia. Algo que viene advirtiendo la Fiscalía de Cádiz, que ha denunciado en reiteradas ocasiones como estos colectivos son 'lobbies' de poder.
Pero la provincia de Cádiz no es ni mucho menos una excepción; si bien, dada su situación geográfica con uno de los litorales más apreciados del país está sometida a más ataques contra el suelo que cualquier provincia del interior. Aunque también en los lugares sin costa, los desmanes urbanísticos se siguen dando. Así, en la última memoria hecha pública por la Fiscalía Superior de Justicia de Andalucía, el responsable del Ministerio Público en Córdoba, denunciaba la permanencia de las construcciones ilegales, de lo que responsabilizaba a «la escasez de órdenes de demolición y el generalizado incumplimiento de las que se acaban dictando. Para que la persecución de estos ilícitos y su sanción puedan tener alguna efectividad, es imprescindible eliminar el ilícito beneficio que produce el delito urbanístico».
Tal y como se está aplicando la ley en estos momentos, los fiscales reconocen que los condenados por edificaciones ilegales «terminan consiguiendo sus propósitos» porque en la práctica solo están afrontando el pago de una multa, las condenas de cárcel no se ejecutan porque en la mayoría de los casos los procesados no tienen antecedentes; mientras que observan cómo sus viviendas se libran de la pica y solo tienen que esperar la llegada de algún proceso regularizador que incluya su propiedad entre las zonas urbanizables.
* La Voz Digital - SILVIA TUBIO - 3.6.12
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz). viviendas 'ilegales' carretera Sanlúcar - diariodecadiz.com
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