Ecologistas en Accion: Banderas Negras 2012

Banderas Negras 2012

ECOLOGISTASENACCIÓN* otorga esta año 79 Banderas Negras a los lugares más degradados y 12 Puntos Negros a los lugares más amenazados de la costa. De estos galardones, 20 corresponden a las obras e infraestructuras, 23 al urbanismo sin control, 33 a los vertidos al mar y 3 corresponden a los "residuos" generados por los grandes eventos.

Informe Banderas Negras 2012

http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/informe_banderas_negras_2012.pdf

Ecologistas en Acción ha presentado su informe anual Banderas Negras, con el titulo Poca vergüenza, que analiza la situación de la costa, mostrando la degradación y amenazas que sufre el litoral español. Así mismo, señala a responsables e implicados en este proceso de destrucción.
La gran proliferación de obras e infraestructuras ha provocado una rápida y descontrolada transformación del suelo. En la actualidad el 75 % del litoral se encuentra urbanizado o declarado urbanizable, el 44 % de la población vive en la costa y la industria del turismo desarrolla el 80 % de su actividad en la estrecha franja de 7 kilómetros, donde se estima pasan sus vacaciones 48 millones de personas.

El informe identifica 12 Puntos Negros, que señalan lugares que no sufren una transformación del territorio destacada y que se encuentran en estado semivirgen, pero amenazados por proyectos que pueden provocar la desaparición de los mismos. Algunos de estos casos son Valdevaqueros (Cádiz), Marina de Cope (Murcia) o la Playa de Ahuir en Gandía (Valencia).

El análisis del urbanismo denuncia la poca vergüenza de las Administraciones Públicas por seguir favoreciendo a los responsables del legado de la industria del ladrillo y la especulación, que con los usos del suelo han plagado la costa de activos tóxicos, es decir, procesos especulativos de antaño han pasado a ser a día de hoy viviendas y suelos sobrevalorados, claro ejemplo de ello son la zona de la Mangueta en Vejer (Cádiz) o Marina de Cope, entre otros. Nos encontramos ante más de 730.000 viviendas disponibles o en venta (entre 2004-2010), nada menos que el 65 % del total.

El informe detalla las obras costeras que, aunque en 2011 el presupuesto de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y Mar se recortara a 100 millones de €, la inversión para artificialización de la costa se mantuvo: Construcción o culminación de obras de creación de paseos marítimos como los de Bolnuevo (Murcia), el Delta del Río Andarax (Almería), Gandía (Valencia), Badalona (Barcelona) o Cunit (Tarragona). El mantenimiento y consolidación de nuevos núcleos urbanísticos como Benicassim (Castellón), la Costa Occidental de Málaga o La Mamola (Granada). Y el aporte artificial de arena de yacimientos marinos o de cantera se reparte por toda la costa.

Otra obra costera con enorme impacto sobre el perfil costero es la elevada construcción de puertos deportivos, que provocan altos impactos sobre gran número de playas, como por ejemplo en: Barcelona, Tarragona, Valencia o Castellón.

Las infraestructuras de Puertos del Estado es causante de la destrucción de numerosas playas, como es el caso del Puerto de Valencia, con mayor incidencia en la Albufera, la ampliación de sus infraestructuras para la Copa América y la Fórmula 1, eventos que además han arruinado a la Generalitat Valenciana.

En términos globales las inversiones en infraestructuras portuarias, contenidas en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes 2005-2020, son de 22.489 millones de € destinados a aumentar un 75 % la capacidad de los puertos.

Por último, el estado de las costas es cada vez más preocupante, en términos de calidad de aguas y situación de los ecosistemas. En este aspecto el déficit de infraestructuras y mala depuración de aguas residuales representa un grave problema que se suma al causado por los vertidos procedentes del sector industrial. En el informe Banderas Negras se considera necesario una adaptación de las depuradoras a la capacidad del territorio evitando así los continuos vertidos de aguas residuales mal depuradas, modificando la Ley de Responsabilidad Ambiental en materia de vertidos, para que estos dejen de ser rentables por encima de la afección y contaminación de los recursos públicos.

http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/informe_banderas_negras_2012.pdf

* Ecologistas en Acción - 26.7.12
Foto: Banderas Negras 2012 - EA

ABC 30 7 2012: Exteriores intentara vender en el extranjero viviendas españolas

Economía

Exteriores intentará vender en el extranjero viviendas españolas

García-Margallo difundirá a través de su red de Embajadas todos aquellos cambios legislativos que favorezcan la venta de segundas residencias en España entre la población extranjera

EPABC_ES / ESPAÑA

Día 30/07/2012 - 19.33h

El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, ha vuelto ha dejar claro que la solución a la crisis puede partir desde el extranjero, y es que, ha afirmado que difundirá a través de su red de Embajadas todos aquellos cambios legislativos que favorezcan la venta de segundas residencias en España entre la población extranjera

Concretamente, las Embajadas darán información sobre las reformas urbanísticas que se están planteando en la actualidad, y entre las que se incluyen algunas tales como la revisión de la Ley de Costas o algunas orquestadas por las Comunidades Autónomas.

José Manuel García-Margallo ha anunciado esta nueva medida, según ha afirmado en rueda de prensa en el Palacio de Viana, después de que en la época del Gobierno anterior se llevara a cabo una campaña de propaganda contra la «supuesta falta de seguridad jurídica» nacional en relación a la compra de bienes inmuebles.

En palabras del ministro, esta campaña ha «deteriorado las posibilidades de venta» de inmuebles entre la población extranjera, lo que hace necesario que se tomen medidas para favorecerla de nuevo.

Una vez que los cambios legales estén hechos, el Ministerio instruirá a su red de Embajadas para que les den la mayor difusión posible «en aquellos países donde residen la mayoría de personas tradicionalmente interesadas en la adquisición de bienes e inmuebles», ha garantizado García-Margallo.

El ministro se ha pronunciado en este sentido después de que la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) haya pedido al Gobierno apoyo para vender hasta 250.000 viviendas entre ciudadanos extranjeros.

El Pais 14 7 2012: Una Ley de Costas a la carta

Una Ley de Costas a la carta

ELPAÍS* : Para comprender la nueva Ley de Costas hará falta tener a mano un mapa de España. Porque la ley, cuya reforma estudió el Consejo de Ministros, establece distinto trato en función de la zona. Unas 10.000 viviendas de una decena de núcleos conflictivos quedan excluidas de ser dominio público marítimo-terrestre. Y lo hacen sin informe técnico ni justificación del Gobierno sobre por qué los elige. Además, la isla de Formentera, un paraíso casi virgen, tendrá una definición de la zona protegida más laxa para no proteger toda la superficie. Por último, en algunas rías la servidumbre de protección bajará de 100 a 20 metros. Las viviendas en la playa del resto del litoral podrán seguir 75 años más, que se suman a los 30 años o 60 que ya les dio la actual ley, vigente desde 1988.

El Ministerio de Medio Ambiente ha redactado la primera reforma legal de calado en 24 años de la norma, que ni Aznar tocó. Lo que hace es mantener todo lo ya construido y quitarle problemas a los ocupantes de las viviendas. Y lo hace sin desmontar toda la arquitectura jurídica de la ley. Salvo en los sitios más conflictivos, donde intenta sofocar el incendio eximiéndoles de la norma. Pero corre el riesgo de enfadar a todos y que los propietarios de otros lugares o los ya derribados exijan el mismo trato que los de estos 10 enclaves.

Basándose en un criterio desconocido, Medio Ambiente saca del dominio público 10 núcleos de población que suman unas 10.000 viviendas. Son zonas de muy distinto origen: desde las casas de pescadores de El Palo (Málaga); las viviendas de Oliva (Valencia), cuyo deslinde es de octubre de 1947, a la marina de Empuriabrava (Girona), construida con canales privados artificiales en los años setenta para extranjeros. Ahora estarán en la servidumbre de protección, con lo que no podrán ampliar las casas, pero sí serán propiedad privada.

¿Qué tienen en común? Solo que según la ley actual y la Constitución fueron declarados dominio público tras un extenso expediente de deslinde (el trámite que delimita la zona pública y privada de playa) con informes técnicos. Eso había generado graves problemas sociales y políticos. Medio Ambiente considera que no era razonable que núcleos tan grandes y consolidados estuvieran declarados como dominio público.

Las excepciones se adoptan sin informe técnico ni apenas justificación

Los dueños, muchos de ellos desde hace generaciones, podrán recuperar la propiedad de su vivienda. En un paso intermedio, el terreno será del Estado, que previsiblemente lo adjudicará a los actuales ocupantes por un precio simbólico o lo permutará con el Ayuntamiento.

Como explica José Ortega, abogado de uno de los grupos de afectados por la Ley de Costas, surge el fantasma del agravio: "No entiendo por qué sacan la marina de Empuriabrava y no la de Santa Margarida, que es más pequeña pero es un caso similar". Para esos casos, el Gobierno prevé simplificar la desafectación, el trámite para que el dominio público pase a manos privadas. Ortega valora otras partes de la reforma.

No es el único ejemplo de aplicación particular de la ley según la zona. En Formentera, uno de los litorales mejor conservados de España, se aplicará un criterio diferente de dominio público, más laxo, "con carácter excepcional y debido a la especial configuración de la isla". El deslinde no llegará allí hasta donde alcanzan los mayores temporales conocidos sino los ordinarios y se suaviza la definición de dominio público. Medio Ambiente considera que es un caso único y que si aplicara la ley vigente la mayoría de los habitantes de la isla pasarían a ser concesionarios. Además, en las rías se podrá aplicar una servidumbre de protección menor, de 20 metros en lugar de los 100 establecidos para aquellos suelos que no eran urbanos en 2011. Así salva núcleos rurales gallegos como los de Marin.

El Gobierno corre el riesgo de sublevar a los propietarios de otros lugares

El secretario de Estado de Medio Ambiente. Federico Ramos, opinó que la reforma de la ley da "seguridad jurídica" y no desprotege el litoral, que es "un activo a conservar": "No se va a poner un ladrillo más, pero sí se va a poder reparar y mejorar lo que ya existe". Sobre los 10 enclaves elegidos, los califica como "núcleos tradicionales a los que no se le había dado respuesta" adecuada.

Los 10 núcleos seleccionados se salvan. El resto tendrá una concesión casi a perpetuidad y sin apenas condiciones, Quienes tenían una casa legalmente construida en la playa antes de la Ley de Costas recibieron en 1988 una concesión de 30 años y en el mejor de los casos de 60 sin pagar canon. Cuando esas caduquen tendrán otros 75 años para usar la casa a cambio de un pequeño canon. La primera concesión equivale al justiprecio de la expropiación y la segunda al uso. En total, las casas podrán llegar a estar sobre la playa hasta 135 años.

El ministerio considera que el planteamiento de la Ley de Costas de ir derribando lo construido a partir de 2018 (cuando empezaban a vencer los 30 años) era demasiado "radical" y había generado "mala imagen de España" en Europa -hay muchos extranjeros afectados y sus embajadas y eurodiputados presionan al Gobierno-. Qué ocurrirá pasados los próximos 75 años es imposible de aventurar. Por lo pronto es una concesión que supera con mucho la vida de una persona y sin apenas restricciones.

"No se pondrá un ladrillo más, pero sí se mejorará", dice el Ejecutivo

Hugo Morán, responsable de medio ambiente del PSOE, criticó la reforma: "El privilegio está prohibido desde el derecho romano. La reforma huele a compromiso político adquirido con personas e intereses concretos que se trasladan a una ley de carácter general. Es poner el Boletín Oficial del Estado al servicio de unos intereses particulares". Morán critica que la ley vulnera el espíritu de la Constitución de 1978, que declaró expresamente el litoral como dominio público al ver lo que había pasado en España con el desarrollismo de los sesenta y setenta.

Pilar Marcos, responsable de Costas de Greenpeace, critica la reforma específica para cada sitio y añade que "ignora las proyecciones de subida del mar por el cambio climático". Critica que se dan concesiones a muy largo plazo y el Estado puede verse obligado a indemnizar a los propietarios si el mar se come sus viviendas.

Medio Ambiente cambia poco la definición de dominio público marítimo-terrestre y no autoriza la propiedad privada en la costa. Hacer eso habría supuesto un embrollo jurídico de dimensiones impensables y además habría obligado a reiniciar el trámite de deslinde, que ha tardado casi 25 años en estar al 95%. El Gobierno no tenía dinero para volver a deslindar la costa y espera que con los cambios introducidos (exclusión de algunas dunas fósiles) sirvan la mayoría de los trabajos realizados.

Por eso las críticas no proceden solo del sector conservacionista. Carmen del Amo, presidenta de otra asociación de afectados, critica la reforma por tibia y por "discriminatoria": "No me gusta que haya arbitrariedad y que por ley se pongan urbanizaciones con nombres y apellidos que quedarán excluidas". Carmen del Amo es dueña de una vivienda en Rocafel, una de las zonas del anexo que quedan amnistiadas, pero aun así critica el uso arbitrario y "a dedo".

"El privilegio está prohibido desde el derecho romano", recuerda el PSOE

La norma puede generar un agravio con quienes ya han perdido su vivienda por la aplicación de la Ley de Costas, gente a la que se le expropió la concesión por muy poco dinero. El Gobierno considera que estos no tienen ninguna posibilidad de recurrir con éxito. Se les aplicó la ley vigente en su momento y remite a quien pagó por una donación antes de que se quitara el impuesto.

Rita Rodríguez, abogada de WWF, opina que el conjunto de excepciones contradice el discurso del ministerio: "Dicen que reforman la ley por inseguridad jurídica, pero añaden una serie de excepciones puntuales que no se justifican ni se explican y la llenan de conceptos indeterminados. Esto crea más inseguridad y tiene unas implicaciones enormes".

Puede que la reforma sea jurídicamente discutible. No solo por las excepciones sino por la parte que otorga al Estado la posibilidad de suspender planes municipales que afecten a la costa. Incluso puede que de llegar al Constitucional el Gobierno pasase un mal rato defendiendo su reforma. Pero no es sencillo que algún partido político recurra la norma, dado lo impopular que sería defender que barrios enteros pasen a dominio público. La realidad se ha impuesto.


* El País - Rafael Méndez Madrid 14 JUL 2012
Foto: Empuriabrava (Girona), viviendas y canales - elpais

Diagonal 16 7 2012: Aguirre da el primer paso para fomentar por ley el ladrillazo en suelo rural

Aguirre da el primer paso para fomentar por ley el ladrillazo en suelo rural

DIAGONAL/Madrid* : A pesar de las diferentes voces en contra de su aprobación, el Ejecutivo regional ha dado finalmente luz verde este pasado lunes al anteproyecto de la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles, que permitirá la construcción de viviendas en suelo protegido. Su aprobación –será confirmada por la Asamblea durante el presente mes de julio-, da paso a la construcción de viviendas aisladas y de una sola planta en suelo protegido por planeamiento urbanístico. Finalmente, no se aprobó la edificación en suelos protegidos por leyes sectoriales, como sí recogía en un principio un primer informe filtrado el pasado mes de marzo. Desde que se conociera el documento del anteproyecto, diferentes asociaciones ecologistas dieron la voz de alarma ante los posibles efectos que tendría en el medio rural.
El anteproyecto aprobado por el gobierno que preside Esperanza Aguirre abre la veda para levantar chalets y urbanizaciones en suelo rural.

Desde el Gobierno regional se justifica el proyecto como una solución para conciliar la vida de aquellos que trabajan en la ciudad y desean vivir en el campo. Sin embargo, las asociaciones ecologistas apuntan que esto supondrá un desastre ambiental y fomentará los pelotazos urbanísticos.

El documento defiende la promoción por parte de particulares de viviendas sostenibles en suelo rural. Las parcelas podrán tener una planta con una superficie mínima de seis hectáreas, una altura máxima de 3,5 metros y una distancia entre edificaciones de 250 metros para suelos protegidos por el planeamiento. Según la normativa se podrán levantar viviendas de 500 y 1.000 m2. El gobierno de Aguirre proyectaba ampliar también a 10 hectáreas para aquellos suelos protegidos por leyes sectoriales, aunque finalmente se ha desestimado.

La portavoz de Equo Madrid, Inés Sabanés, ha solicitado la retirada de la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles al considerar que abriría el campo a una nueva especulación que "está completamente reñida con la sostenibilidad", añadía. En la misma tónica se expresaba el secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez, quien aseguraba esta semana que el anteproyecto "atenta contra el medio ambiente y supone basar el futuro en el ladrillo". Por contra, el Ejecutivo regional se defiende y alega que con la nueva ley, la comunidad madrileña se iguala a la mayoría de comunidades autónomas, que permiten la construcción de viviendas rurales aisladas en suelo no urbanizable sin protección. El Gobierno regional defiende que los requisitos exigidos en el anteproyecto son más rigurosos que los contemplados en otras regiones. Mientras la superficie mínima de parcela exigida en Madrid es de 6 hectáreas, en Cantabria es de 0,5 hectáreas o 2 hectáreas en Murcia y Extremadura; y mientras la altura máxima de la edificación en Madrid son 3,5 metros y una planta, en Cantabria, por ejemplo, se autorizan hasta 8 metros y dos plantas, defienden desde la Comunidad.

Viviendas 'sostenibles'
Desde el primer momento en que se conocieron las intenciones de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, las protestas por parte de las distintas asociaciones ecologistas no se hicieron esperar. Ecologistas en Acción asegura que la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles "es un acto de despotismo injustificable" y critica que se ignore los argumentos de peso aportados por técnicos, académicos y asociaciones de arquitectos y ecologistas. La asociación advierte que esta ley permitirá la construcción de viviendas aisladas y urbanizaciones dentro de grandes fincas en espacios protegidos, montes, embalses, dehesas, etc., con todas las instalaciones necesarias para ser habitables. Este uso del suelo provocaría un urbanismo descontrolado, ampliaciones fraudulentas y una degradación irreversible del territorio explican desde la asociación, que añade que las nuevas viviendas podrían aprobarse con una simple licencia municipal y eludiría el control ambiental y urbanístico requerido por ley, como por ejemplo el impacto paisajístico. Contra esta ley, Ecologistas en Acción puso en marcha la Plataforma antiVIRUS, con las siglas que hacen referencia a lo que la Comunidad llama Viviendas Rurales Sostenibles (VIRUS, según ecologistas). La plataforma aglutina a profesionales arquitectos, geógrafos y grupos ambientales. Para Ecologistas, el anteproyecto supone una clara amenaza para el medio ambiente y denuncia que es un intento de seguir con la política del ladrillazo. La organización pone de ejemplo el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, de 52.796 hectáreas, un 65% de titularidad privada, donde se podría construir urbanizaciones de 3.400 viviendas de 1.000 m2 gracias al nuevo anteproyecto aprobado.

ASA - Asociación, Sostenibilidad y Arquitectura- se opone también a esta ley regional. Su presidenta, María Jesús González Díaz, considera que la ley es incompatible con la legislación ambiental de la propia Comunidad de Madrid y las disposiciones europeas. González critica la falta de rigor a la hora de indicar los riesgos que supondrá la nueva ley y considera inadecuado el uso de la palabra "sostenible". En la misma línea, la arquitecta y urbanista Teresa Arenillas, presidenta del Club de Debates Urbanos, considera el anteproyecto una burla: "¿Cómo se puede decir en el siglo XXI que el modelo sostenible es vivir en una vivienda aislada en el campo y trabajar en la ciudad?", se pregunta. Arenilla alerta de los efectos nocivos que acarreará esta medida, como la movilidad, obligatoria, en transporte privado, el consumo de agua, instalaciones eléctricas o el asfaltado necesario para habilitar nuevas urbanizaciones en medio del campo. Además, la asociación ecologista denuncia que el anteproyecto no define qué criterios se usarán para ubicar las viviendas ni cómo éstas se abastecerán de agua y energía o dónde verterán las aguas fecales. Igualmente, protestan por el silencio administrativo desde el Gobierno regional ante las reclamaciones al anteproyecto efectuadas por la asociación. "Es una idea pensada para una minoría con alto poder adquisitivo. Además, sale más barato que edificar en la ciudad", advierte también Agustín Hernández profesor de Urbanismo de la Escuela de Arquitectos Técnicos de Madrid.

Por su parte, el Colegio de Ingenieros de Montes presentó también en su momento alegaciones al anteproyecto y manifestó el pasado miércoles su satisfacción por las garantías ofrecidas por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio al no autorizarse la construcción de viviendas en bosques y en montes protegidos, así como en cualquier otro territorio o paisaje protegido por una legislación sectorial, como Espacios Protegidos, Red Natura, Lugares de Interés Comunitario y Montes Preservados. Además, se congratula de que se haya modificado finalmente la norma con el fin de exigir un informe ambiental firmado por un técnico competente, que acredite que no existen afecciones significativas del proyecto a los valores ambientales del entorno. La gran mayoría de las asociaciones ecologistas consultadas por DIAGONAL se muestran pesimistas, ya que consideran que el anteproyecto de Ley será finalmente aprobado -probablemente en septiembre próximo– a pesar de las protestas en contra.


* Diagonal - RICARDO VALLANO/ MADRID - 16.7.12
Foto: David Fernandez

El Pais, Opinion 12 7 2012: En defensa de nuestra costa

En defensa de nuestra costa

JOAN ROMERO/ORIOL NEL.LO/ONOFRE RULLÁN* : En mayo de 2006, en pleno auge inmobiliario, un grupo de ciudadanos dedicados al estudio y la gestión del territorio impulsamos el manifiesto Por una nueva cultura del territorio. En el texto se advertía de los riesgos ambientales, económicos y sociales que entrañaba la depredación del territorio, el abuso de los recursos naturales, la ocupación acelerada del suelo y la degradación del paisaje. Desgraciadamente, buena parte de los riesgos enunciados entonces son hoy evidentes. La sociedad española debe hacer frente ahora a una crisis económica gravísima, cuyo origen se encuentra en buena medida en el desaforado desarrollo urbanístico y, en particular, en la expansión del sector inmobiliario en el período 1996-2007. Los efectos muy negativos que todo ello está teniendo en la evolución del empleo, la estabilidad de la economía española, la confianza en el sistema financiero y la solvencia de las administraciones públicas son incuestionables. Sus secuelas sociales, ambientales, urbanísticas y paisajísticas pesarán durante décadas sobre la sociedad española.

De nuevo, quienes promovimos aquel manifiesto y otros muchos profesionales e investigadores nos creemos en la obligación de reaccionar ante los anuncios del Gobierno de España de cambiar radicalmente lo establecido por la Ley de Costas de 1988. Consideramos que la propuesta gubernamental, lejos de introducir mayor racionalidad en la gestión de los espacios litorales reincidirá, según nuestro criterio, en muchos de los errores ya cometidos. En caso de prosperar, afectaría muy negativamente al conjunto del litoral español y en especial a las áreas costeras que aún conservan valores naturales destacados. El espacio costero es por naturaleza muy frágil y se ha visto sometido en las últimas décadas a una enorme presión, que ha comportado la ocupación y artificialización de áreas muy extensas. Un proceso que, de no domeñarse y corregirse podría venir a hipotecar de forma irreversible la calidad ambiental y el atractivo de nuestro litoral. ¿Podríamos imaginar la situación de nuestras costas tras el proceso urbanizador de las últimas décadas sin este instrumento normativo?

La propuesta de revisión de la ley anunciada por el ministro Miguel Arias Cañete "con el objetivo de hacer compatible la protección del litoral con el desarrollo de las actividades económicas y la seguridad jurídica" parte, a nuestro entender, de un diagnóstico erróneo: la contraposición entre sostenibilidad ambiental y desarrollo económico en los espacios costeros. Como bien sabemos, la realidad nos indica exactamente lo contrario: la competitividad de las actividades turísticas radica de forma cada vez más clara en factores como la calidad paisajística y en la identidad del lugar. La gestión sostenible del territorio costero es ciertamente una obligación social y ambiental, pero resulta también un apremiante imperativo económico.

Asimismo, el anuncio de que se procederá a la "recuperación de terrenos degradados para el desarrollo de actividades económicas, mediante el fomento de la desafectación de espacios de dominio público que ya no requieren una protección especial por haber perdido sus características naturales", podría verse como un incentivo a la degradación de los espacios costeros en pos de su privatización. La propuesta no tiene en cuenta ni la fórmula que se ha dado a las zonas de monte incendiadas (prohibición de reclasificación y calificación urbanísticas por un amplio período de tiempo), así como a la alteración o desclasificación de espacios naturales protegidos, que requiere la acreditación, para evitar las acciones espurias, de que la degradación se ha producido por evolución natural.

La privatización de extensas áreas costeras que la modificación de la Ley podría comportar resultaría en una irreparable pérdida colectiva. Con ello el Estado haría dejación de su responsabilidad indeclinable en la preservación de las costas y eventualmente se incurriría en el incumplimiento de los compromisos internacionales en materia de medio ambiente suscritos por España. Además, debe tener en cuenta que a localización de edificaciones, infraestructuras y actividades económicas con carácter permanente en los espacios costeros supone exponer a personas y bienes a riesgos naturales crecientes, que según las proyecciones a medio y a largo plazo se verán incrementados por los efectos del proceso de cambio climático. Las administraciones públicas no pueden ignorar esta realidad y estos escenarios científicos sin incurrir en graves responsabilidades de carácter económico, social y moral.

Consideramos que la protección del litoral es una obligación moral. No es moralmente defendible favorecer intereses privados a costa de los bienes públicos. No es políticamente sostenible la defensa de intereses particulares en detrimento del interés general. Quienes tienen la obligación constitucional de proteger, preservar e impulsar políticas que respondan a una nueva cultura del territorio, hoy indiscutible en países desarrollados y en sociedades cultas, anuncian iniciativas que van a acentuar la degradación, la fragmentación sectorial, la desregulación y prácticas tan insostenibles como indefendibles en foros cívicos o políticos de cualquier país desarrollado. Avanzar en la línea de la privatización, de hecho o de derecho, es apostar por una política de tierra quemada que, una vez agotada, implicaría enormes costes de reparación que recaerán sobre las espaldas de todos. Los bienes comunes, como el dominio público costero, no pueden quedar a merced de los derechos privados pues su gestión es estratégica y su reparación costosísima.

Oriol Nel.Lo, profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona, Onofre Rullán, de la Universidad de las Islas Baleares, y Joan Romero, de la Universidad de Valencia firman este artículo también suscrito por los profesores e investigadores siguientes: Salvador Antón, Eugenio Burriel, Carmen Delgado, Josefina Gómez Mendoza, Josep-María Gili, Javier Martín-Vide, Rafael Mata, Ángel Menéndez Rexach, Guillermo Morales, Oriol Nel·lo, José Ojeda, Luciano Parejo, Joan Romero, Onofre Rullan, Joan Subirats, Fernando Vera y Florencio Zoido.


* El País - Opinión - 12.7.12
Foto: Águilas (Murcia), bahía del hornillo - greenpeace 2006