InfoLibre 2 4 2013: Ley de Costas se ha hecho con hermetismo....

"La Ley de Costas se ha hecho con hermetismo para beneficiar determinados intereses"

La nueva Ley de Costas aprobada es un auténtico despropósito en cuanto a mayor protección, se privatizan muchos espacios públicos para favorecer intereses privados, no se ha contado con especialistas y organizaciones implicadas... y todo hace pensar que detrás está la oscura mano de la Corrupción. Así la afirma también Greenpeace.
"INFOLIBRE* : La organización ecologista Greenpeace lo tiene claro. Detrás de Ley de Costas, aprobada el pasado febrero en el Congreso con el único apoyo del PP, hay unos "intereses privados" encaminados a favorecer a determinadas personas ligadas al partido que sustenta al Gobierno. Al menos, eso es lo que sostienen en el polémico informe en el que vinculan al ministro Miguel Arias Cañete y a exdirigintes del PP como Abel Matutes o Gabriel Cañellas con empresas supuestamente interesadas en la modificación de la Ley de Costas".

La portavoz de la campaña de Costas de la ONG, Pilar Marcos, sostiene en una entrevista a infoLibre que la nueva legislación favorece a los que han "especulado con el suelo" y obvia el cuidado del ecosistema costero.

En su informe denuncian que la Ley de Costas se ha hecho a medida para beneficiar a determinados políticos ligados al PP. ¿En qué basan esta acusación?

El caso más clamoroso, y el que nos puso en alerta, es el de la salinas. En una conferencia, el exministro de Exteriores, Albel Matutes dijo sobre la Ley de Costas que era un desarrollo sobre el que había trabajado "mucho". Este señor es vicepresidente del Consejo de Turismo de la CEOE y dueño del Grupo Matutes, que tiene intereses hoteleros y proyectos de golf cerca de salinas en Ibiza. La ley propone ahora sin justificación su devolución a manos privadas, pues el proyecto de reforma incluye un nuevo apartado en la disposición transitoria primera que dice que las salinas se excluirán del dominio público marítimo-terrestre. Esto es sólo una muestra de que la ley se ha hecho para beneficiar determinados intereses y del hermetismo con el que se ha llevado a cabo.

¿A qué se refiere con ese hermetismo?

Los miembros del Consejo Asesor de Medio Ambiente (patronal, sindicatos y organizaciones ecologistas) sólo vimos el borrador el mismo día que la reforma se presentó en el Consejo de Ministros, el pasado julio. Después sí se abrió un periodo de participación pública en una fecha un poco rara, pues coincidió con el mes de agosto. Y eso después de que lo demandáramos todos menos la CEOE, que celebró al dedillo el borrador. Eso hace pensar que quizá ellos [los empresarios] sí pudieron participar en su elaboración. Después, lo único que recibimos es un acuse de recibo de nuestras alegaciones y no supimos nada más hasta que por un chivatazo nos enteramos de que la ley iba a ir de nuevo al Consejo de Ministros. Tampoco se ha consultado a la comunidad científica.

De su investigación, ¿quiénes se deduce entonces que son los principales beneficiados?

Están todos en el informe: Villar Mir (ministro de Hacienda entre 1975 y 1976), familiares del titular de Agricultura Miguel Arias Cañete, el propio Abel Matutes, Gabriel Cañellas... aunque suponemos que hay más de los que hemos podido llegar a descubrir. La ley de 1988 necesitaba una vuelta, pero que sirviera para troteger más el medio ambiente y lo que hace la nueva no es precisamente eso. Además, está está elaborada con tantas sombras que es difícil saber cómo va a quedar finalmente.

¿Sostienen que esta nueva legislación –aprobada el pasado febrero en el Congreso– no ha sido hecha teniendo en cuenta el interés general?

Totalmente. Lo último que hace es cuidar el ecosistema costero y apreciar su valor como medio natural. Se ha pasado una de las principales líneas rojas, pues se amplía a 75 años la moratoria para casas construidas sobre el dominio público marítimo-terrestre (las playas). Y además estos podrán venderlas, que antes estaba prohibido, e incluso hacer reformas. Es decir, los que han especulado con el suelo tienen el beneplácito de la Administración, van a ver consolidadas construcciones que son ilegales. También supone una privatización de la costa, pues se recorta la protección del litoral, que ahora era de 20 metros para dentro y se lleva hasta los 100. Así, de esta manera en muchos tramos de rías atlánticas se podrán ocupar sus márgenes. Esto beneficia a gente que tiene negocios en la costa como Juan Miguel Villar Mir u otros tantos con conexiones políticas.

El Gobierno, sin embargo, siempre ha sostenido que esta ley atraerá la inversión. Y es un argumento que puede calar fácilmente en especial si se tiene en cuenta el tiempo de crisis. ¿Cómo lo rebaten ustedes?

En 2007 se proyectaban tres millones de viviendas y ahora tenemos una de las tasas de paro más altas de la UE, estamos en el grupo de países que están al borde del rescate... pensar que ese tipo de desarrollo nos va a hacer ricos no es muy inteligente.


* InfoLibre - ELENA HERRERA - 2.4.13
Foto: Algarrobico ILEGAL pintado por Greenpeace - A.Rodríguez (EFE)

El Pais 2 4 2013: El Consejo de Europa critica a Espana...

El Consejo de Europa critica a España por gastos municipales "irracionales"

Algo que aquí se sabe desde hace años, la tremenda corrupción en los municipios (y autonomías) que han procurado proyectos faraónicos despilfarradores, culpables en la mayoría de los casos de la inmensa deuda municipal (autonómica). Ahora ha llegado hasta el lento y burocrático Consejo Europeo.

"ELPAÍS* : El Consejo de Europa ha tomado nota de dos de los temas que más alteran a la opinión pública española: "El aumento de casos de corrupción política que están causando verdaderos estragos en la credibilidad de las instituciones, y la gestión de algunas regiones y gobiernos locales en relación con prácticas irracionales de gasto". En esas prácticas incluyen "la construcción de faraónicos proyectos o el pago de enormes salarios a algunos políticos locales y regionales, entre otros dispendios".

Lo mantiene el informe Democracia local y regional en España, cuyas conclusiones fueron publicadas por el organismo con sede en Estrasburgo el 21 de marzo. El texto completo, de 50 folios, hace un repaso exhaustivo a la organización municipal y lamenta la existencia de sueldos desmedidos de los cargos electos, por lo que recomienda su regulación y su limitación con un techo máximo.

Junto a la corrupción, el análisis del organismo europeo señala la crisis del sector inmobiliario como el origen de los males de las finanzas públicas. Muestra preocupación en especial por las circunstancias que han disparado la deuda acumulada por algunos Ayuntamientos, sobre todo con bancos y contratistas privados "en respuesta a las políticas expansivas presupuestarias relacionadas con el electoralismo, el endeudamiento excesivo y la burbuja de la vivienda". Como último dato aporta los números rojos de finales de 2009 de la hacienda local española, 7.885 millones (hoy la deuda ha aumentado hasta los 8.252 millones de euros).

Al repasar la organización territorial en España, el estudio asegura además que "la ola de Estatutos ha demostrado ser poco exitosa", sobre todo en relación con el de Cataluña. Tras mencionar los recursos interpuestos ante el Tribunal Constitucional, considera que "solo una profunda revisión de la Constitución podría alterar la situación actual".

Los autores, Marc Cools, presidente de la Unión de ciudades de Bélgica y Leen Verbeek, gobernador de la provincia holandesa de Flevolard, confeccionaron su informe a partir de dos visitas a España (Sevilla, Toledo y Madrid) celebradas en junio de 2012 y enero de 2013. Durante ellas hablaron con representantes del Gobierno, el Parlamento, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, Ayuntamientos y asociaciones, que les trasladaron ejemplos concretos de esos proyectos faraónicos que los autores se guardaron de mencionar en el documento. Léase el archifamoso aeropuerto sin aviones de Castellón o la Cidade da Cultura gallega, un pozo que ya ha consumido 300 millones y que la Xunta de Galicia acaba de bloquear.

Al Consejo de Europa no se le escapa que el Gobierno de Mariano Rajoy está asumiendo un papel decisivo en la organización territorial con "tendencia a la recentralización". Se trata de una política que, en su opinión, "no encuentra una fuerte resistencia de las autoridades" gracias a un mapa electoral dominado por el Partido Popular.

En cuanto a la reforma de los Ayuntamientos, valora positivamente que se establezcan criterios claros sobre quién debe asumir qué competencias. Sin embargo, apunta a que el asunto "podría provocar una reducción de la capacidad de las autoridades locales para adaptarse a las necesidades de la población". Porque prohibir a los municipios que ejerzan competencias en servicios sociales podría "entrar en conflicto con la Carta Europea de Autonomía Local". Y lo que es peor, amenaza con crear "una distinción entre municipios ricos y pobres, estando los primeros más capacitados para asumir nuevas responsabilidades", y los segundos limitados a seguir sobreviviendo. Solo ven una salida para que esto no suceda: que el Estado se rasque el bolsillo y financie "adecuadamente" las ciudades y pueblos y permita mejorar la autonomía fiscal de los municipios. Por ejemplo, reemplazando impuestos suspendidos como el Impuesto de Actividades Económicas por otros "que permitan un nivel similar de ingresos".


* El País - MARÍA FERNÁNDEZ - 30.3.13
Foto: Consejo de Europa