Patas Arriba: Los despohos del tsunami urbanizador

Los despojos del tsunami urbanizador

El llamado 'Tsunami urbanizador', 'Burbuja inmobiliaria', 'Urbanismo salvaje' o, simplemente, 'Ladrillazo' de las últimas décadas, solo tiene su explicación en una conjunción de circunstancias especulativas que hicieron que España se situara a la cabeza europea en crecimiento de viviendas y en gasto de cemento, por ejemplo. Un triste récord del que algunos se vanagloriaban (mientras crecían sus beneficios ilegales), pero que ha dejado un territorio asolado por bloques de cemento y ladrillo sin una justificación de bien común, sino más bien producto de la avaricia desmedida de empresarios oportunistas, políticos desaprensivos y financieros sin escrúpulos. La conclusión es altamente negativa para la sociedad española en su conjunto y el origen de la crisis-estafa que se sigue padeciendo hoy día. No obstante, la inmensa mayoría de culpables de este Tsunami arrasador siguen libres sin cargos, gracias a una justicia cómplice que, ni supo parar la orgía urbanizadora, ni ahora sabe como sentenciar a los delincuentes de esta atrocidad territorial.
"MELISSA GARCÍA LAMARCA* : Hace ya más de seis años que explotó la burbuja inmobiliaria, lo que Ramón Fernández Durán denominó el 'tsunami urbanizador'. Los hechos de los años del boom, de este periodo de monocultura inmobiliaria, son vertiginosos: casi siete millones de viviendas construidas, 12 millones de hipotecas concedidas, más de 2,5 millones de trabajadores empleados en la construcción y un cuarto del territorio español construido. Algunos presumían de que España fuera el líder europeo de consumo de cemento y el quinto globalmente después de China, India, EE UU y Japón, durante un crecimiento económico inaudito.

Este cemento era la representación concreta de un crecimiento de acumulación de capital urbano en forma de vivienda, oficinas e infraestructuras que parecía no tener fin. La presión para comprar vivienda en particular venía de todos los lados, tanto de los actores públicos como de los privados, hasta la familia, vecinos e incluso amigos; pensábamos que los precios nunca caerían y que la vivienda era una inversión segura. Si estuviera presente, José Luis Arrese, el primer ministro de Vivienda, hubiera estado encantado de la vida de ver cómo su proyecto que empezó a finales de los 50 de crear "un país de propietarios, no de proletarios" se estaba haciendo realidad.

De hecho, esta orgía de construcción fue posible gracias a esta ideo­logía y a una constelación de procesos calculados desde hace décadas. Entre otras se incluyen la liberalización de la legislación bancaria en 1981 y de la ley de suelos en 1997, y la creación de un marco legal para extender la financiación de viviendas más allá de los ahorros bancarios en 1992. Se encaja todo dentro de una política de vivienda que se preocupó más en estimular la actividad económica que en cualquier política o bien social. Y cuando España formó parte de la Eurozona y adoptó el euro, el capital extranjero que temía una devaluación de la peseta por fin pisaba suelo firme, y una cantidad de crédito sin precedentes fluyó al país como agua del grifo. Sacar una hipoteca llegó a ser casi tan fácil como ir a comprar pan.

Hasta que petó la burbuja. Y aquí estamos casi siete años después, demasiados millones de personas siguen sin trabajo y con pocas posibilidades de encontrar uno decente, a pesar de los anuncios del Gobierno y del Fondo Monetario Internacional de que el país se está recuperando y el empleo está creciendo. Para los que tienen trabajo, la precariedad laboral es ya una norma. Debido a esta combinación de desempleo y precariedad seguimos presenciando todos los días una serie salvaje de de­sahucios de alquiler y de hipoteca cuya ejecución paga y realiza el Estado, llevando a una gran parte de la población a vivir de la solidaridad familiar, de la caridad o de trapicheos explotadores de bandas organizadas. Y eso sin contar la desgarradora realidad de los que se quitan la vida antes de enfrentarse a un desahucio. Afortunadamente, muchísima gente está luchando en movimientos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, contra los desahucios y el abuso infernal de los bancos, demostrando el valor terapéutico de procesos colectivos y del "sí se puede".

Mientras tanto, existen 3,4 millones de viviendas vacías en todo el territorio, por lo menos un tercio de las cuales están en manos de entidades bancarias o en lo que es la inmobiliaria más grande de Europa, la Sareb, creada para limpiar de "bienes tóxicos" el balance de los bancos rescatados por el Estado (es decir, por nosotros). A ello hay que añadir los edificios que se quedaron a medio construir debido a la súbita bancarrota de las constructoras. Los nuevos propietarios prefieren mantener las viviendas vacías y solares a medio construir a la espera de que el mercado inmobiliario mejore y suban los precios de nuevo. De hecho, a pesar de ser una entidad 45% pública, el objetivo explícito de la Sareb es "desinvertir los activos en un plazo de 15 años, maximizando el valor de los mismos".

El proyecto Empty Living ("habitar el vacío"), de Agustín Ortiz Herrera, señala las contradicciones fundamentales del modelo que se creó en la burbuja, y sus consecuencias. Este verano, Ortiz Herrera viajó a través del país sin una hoja de ruta concreta, parando en lugares especialmente afectados por la crisis, y encontró construcciones de viviendas inacabadas en las cuales es imposible vivir. La idea era habitar estos espacios abandonados, encontrar un lugar para descansar y pasar unas horas, incluso pernoctar si era posible. Pero en rea­lidad los espacios escogidos no eran adecuados para esta actividad, el entorno era hostil, inseguro, decadente y absurdo. La presencia humana en estos lugares abandonados entonces se convierte en una contradicción. Los mismos espacios vacíos son presencias inquietantemente olvidadas, mutadas en metáforas de una derrota. Esas construcciones esperan un futuro más próspero y, sin embargo, se han convertido en todo un símbolo del fallo del sistema y de la frustración que aún genera esta crisis.

Las fotografías y el diario de Agustín Ortiz Herrera, que vale la pena mirar detenidamente, son un ejemplo de proyectos de arte y activismo cuyos objetivos son visibilizar y hacernos reflexionar sobre una realidad que nos puede ser ajena, o sobre aquello que nunca habíamos pensado. Lo que podemos hacer para contrarrestar el proceso de capital financiero detrás del tsunami urbanizador y sus consecuencias tal vez no nos quede claro, pero a partir de reflexionar con proyectos como Empty Living y luchar en movimientos como la PAH, nos pueden brotar ideas y alternativas para un futuro mejor.

Melissa García Lamarca, doctoranda en Geografía por la Universidad de Mánchester.

20 Minutos 17 11 2014: 15 ayuntamientos apoyan manifiesto contra derribo...

Un total de 15 ayuntamientos del Almanzora apoyan manifiesto contra el derribo de casas irregulares, según AUAN La asociación Abusos Urbanísticos Almanzora NO (AUAN), que agrupa a propietarios, en su mayoría británicos, de viviendas fuera de ordenación en Almería, ha indicado este lunes que un total de 15 ayuntamientos de la comarca han apoyado el manifiesto del colectivo que apela al "respeto de los derechos humanos" de los compradores de buena fe y reivindica su derecho a recibir "una justa indemnización antes del derribo" de sus casas.

 

EUROPA PRESS. 17.11.2014 La asociación Abusos Urbanísticos Almanzora NO (AUAN), que agrupa a propietarios, en su mayoría británicos, de viviendas fuera de ordenación en Almería, ha indicado este lunes que un total de 15 ayuntamientos de la comarca han apoyado el manifiesto del colectivo que apela al "respeto de los derechos humanos" de los compradores de buena fe y reivindica su derecho a recibir "una justa indemnización antes del derribo" de sus casas.

Los consistorios, según ha indicado AUAN en un comunicado, señalan, asimismo, como "responsable, al menos, en parte" a la Junta de Andalucía de la "realidad de la existencia de miles de viviendas ilegales" y le reclaman al Gobierno andaluz "que no de la espalda a este problema, permitiendo un continuo goteo de órdenes de demolición".

La acción llega cuando está prevista este martes la demolición de dos viviendas unifamiliares construidas en no urbanizable en el paraje Las Terreras de Cantoria (Almería) sin que sus propietarios, dos familias de origen británico, hayan percibido la indemnización de alrededor de 789.000 euros fijada en vía judicial y que debe satisfacer como responsable civil el promotor.

Según AUAN, los ayuntamientos también respaldan la reivindicación de que la aplicación de la ley "debería ser conforme a la realidad social" sin que se pueda hacer "una aplicación de la ley sin equidad o abusiva" y declaran que se "debe proteger a los compradores extranjeros y no ahuyentarlos, dado que actualmente estos sufren un desproporcionado rigor urbanístico, aun siendo compradores de buena fe".

"Los representantes municipales entienden que el fin no justifica los medios y que nada se consigue con estas demoliciones y declaran no entender la actuación de la Junta en este caso concreto y piden saber cuál ha sido la intervención concreta de la misma", remarca el colectivo.

 El manifiesto apoyado por los 15 ayuntamientos del Valle del Almanzora apela, asimismo, a la regularización de las viviendas y "dice no entender cómo se pueden demoler las viviendas en Cantoria que están en una de las zonas de posible regularización" para terminar con el lema "¡Basta de palabras, soluciones ya!".

AUAN ha indicado, en esta línea, que al manifiesto también se han unido asociaciones de afectados de toda Andalucía, incluyendo la Plataforma de afectados por las inundaciones del Guadalquivir en Córdoba, la Federación de vecinos de Las Lagunas de Chiclana de la Frontera, La Asociación Afotomoque de Marmolejo de Jaén, la asociación Plataforma Vecinal de Estepona, la plataforma Víctimas del incendio de Mijas, la Federación de Parcelistas de Córdoba, la Asociación Apaig Villafranca de Córdoba, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Chiclana de la Frontera, así como AUAN en Almería y SOHA en Málaga.

"Aparentemente el apoyo no se limita a Andalucía, dado que la Federación española de Asociaciones en defensa de los derechos humanos y en contra de los atropellos medioambientales (FAUN) se ha apuntado a la misma, así como lo ha hecho la Asociación Abusos Urbanísticos No (AUN) de Valencia Dicho de otra forma, el manifiesto se encuentra actualmente apoyado por asociaciones y ayuntamientos que representan miles de personas, y las nacionalidades que expresamente han apoyado al mismo, incluyen españoles, británicos, alemanes, belgas, noruegos, e irlandeses, entre otros", concluye.

Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2299055/0/total-15-ayuntamientos-almanzora-apoyan-manifiesto-contra-derribo-casas-irregulares-segun-auan/#xtor=AD-15&xts=467263

 

Two British owned homes to demolished TOMORROW in Andalucia, Spain - No compensation for purchasers in good faith

We have had verbal confirmation from the home owners lawyer that representatives of the regional government will oversee the demolition of two British owned houses in Las Terreras, Cantoria TOMORROW, Nov 18th at 12.00 noon.

 

The promoter was convicted of planning crimes the properties were ordered to be demolished with 790,000 euros payable in compensation to the three homeowners who took part in the case.

 

The property of Mr John Brooks was demolished in October 2013.

Tomorrow Margaret and Peter Hegarty and Janet and Frank Dole will lose there homes.

 

None of the home owners have received a penny in compensation and have in effect lost their life savings on the Spanish dream.

 

They are not the only ones. Many other foreigners who bought properties in Andalusia risk a similar fate.

 

Contact: Maura Hillen - President AUAN,

Facebook 'AUAN Almanzora' 

www.almanzora-au.org

 

Mobile : 661329919

 

 

Demoliciones Valle del Almanzora

ALMANZORA, CRÓNICA UNA MUERTE ANUNCIADA

Si no hay nada que lo impida, el martes de la semana próxima tendrá lugar el entierro de la inversión británica en el Valle del Almanzora, bajo los escombros de dos viviendas que van a ser demolidas. Será un día triste, un día de luto. Con la caída de cada ladrillo caerán los sueños de los británicos que tuvieron la mala fortuna de invertir los ahorros de su vida en estas casas y de confiar que estarían protegidos aquí. Con cada movimiento de la pala excavadora se enterrará el futuro de una multitud de negocios y empleos.

Las indicaciones son que lo van a conseguir. El certificado de defunción está firmado. El problema es, que nadie se hace responsable del difunto, pues nadie admite tener pólvora en las manos.

El papel no lo aguanta todo. No son sólo papeles, sino vidas humanas las que estamos destrozando. Los compradores extranjeros no merecen este tratamiento. La pregunta es ¿por qué la Administración y las autoridades no pueden ser prácticas y no pueden resolver este problema ya? ¿Por qué tenemos que tener este continuo goteo de demoliciones, en gran parte de británicos? Seamos sensatos. Dejémonos de excusas y resolvamos estos problemas de una vez por todas.

No se entiende fuera de España cómo se pueden permitir injusticias materiales de este calado. Incluso aquí, existe un clamor social protestando por los Derechos Humanos que están siendo pisoteados. Lo dicen los alcaldes del Valle del Almanzora. Lo dicen las Asociaciones, los comerciantes, los profesionales y la sociedad civil en general.

¡Sensatez, por favor!

Ojalá nos equivoquemos en todo esto y por fin podrá empezar a primar la sensatez por el bien de todos. Pero el temor es que el día 18 se pondrán más clavos en el ataúd del bienestar social y económico del Valle del Almanzora. Entonces a vestir de negro, pues serán días de luto.

 

Gerardo Vazquez

Asesor Jurídico de AUAN

 

Maura Hillen

Presidente de AUAN

España hundida en un mar de corrupción ....

España hundida en un mar de corrupción y saqueo

El agua del vaso ha llegado hasta el borde y se ha desbordado por todas partes. La corrupción, se sigue viendo hoy en día, ha llegado al límite, todas las administraciones e instituciones de este Estado llamado democrático se han visto afectadas. Lo que ahora se denomina la Casta, es decir el poder 'político financiero judicial mediático', ha hecho saltar por los aires toda discreción y el grado de impunidad es escandaloso. Desde luego, según todos los índices, este país ha batido dentro del mundo occidental todos los récords de delincuencia de cuello blanco. Al menos hasta las próximas elecciones seguiremos asistiendo a esta degradación moral y ética de una casta deshumanizada.

"ARTURO BORRA*: El escándalo moral ante el estallido de denuncias de corrupción en España no deja de tener una dimensión hipócrita: nadie puede alegar de forma legítima desconocimiento al respecto. Lo que la derecha llama "milagro económico" español no ha sido otra cosa que la materialización de un crecimiento macroeconómico desigual estructurado sobre la base de prácticas corruptas en las que han participado gobiernos, grandes empresas, la banca privada y algún que otro invitado de honor, como es el caso de algunos líderes de los sindicatos mayoritarios. Nada de ello habría sido posible sin la complicidad objetiva (o, si se prefiere, la pasividad cómplice) de las mayorías sociales.

A nivel nacional, el saqueo sistemático a las cajas de ahorros, la organización fraudulenta de macroeventos deportivos, artísticos o religiosos, las contrataciones y adjudicaciones públicas a comisión a empresas privadas, el rescate estatal a la banca privada, los procesos de privatización acelerada de diversos organismos públicos o la estatización de deuda privada, entre otros asuntos, marcan las últimas décadas. Los escándalos actuales de corrupción (desde las tarjetas opacas en manos de políticos, banqueros y sindicales hasta las salpicaduras que afectan a la abrumadora mayoría de la cúpula del partido de gobierno, por no referirnos a la ingeniería de usurpación de algunos clanes familiares) no constituyen ninguna novedad: la condición de acceso al sistema político vigente implica, como regla, la aceptación de un régimen de prebendas. Nunca insistimos demasiado al remarcar que la globalización económica es también la globalización de la impunidad de las grandes corporaciones (favorecidas por la infrarregulación de los mercados) y la reconfiguración del sistema como capitalismo del saqueo.

En este sentido, la cleptocracia está institucionalizada y desborda la esfera estatal: no constituye una "perversión" con respecto a una pauta de rectitud diferente, sino que es el modo regular de funcionamiento de la economía-mundo y, en grados variables, según los controles públicos desplegados, de las democracias parlamentarias actuales (1). La ecuación de la gobernabilidad está ligada a la regulación de estas prácticas corruptas, no a su extirpación. El enriquecimiento ilícito de las autoridades dirigenciales es condición de gestión de políticas públicas antipopulares que tienen como beneficiarios inequívocos a las elites económico-financieras que las impulsan a base de mecanismos como el soborno, las puertas giratorias, los préstamos blandos, las dádivas y, en general, la instauración de un sistema ilegítimo de privilegios. Aunque no hay un límite fijo a estas prácticas sistémicas, su expansión ilimitada siempre corre el riesgo de provocar una «crisis de legitimidad».

Es desde ese transfondo político como podemos interpretar de forma plausible el actual giro jurídico-mediático ante la corrupción estructural que afecta a España. En efecto, lo que resulta novedoso en el presente no es la existencia de estas prácticas delictivas, sino la proliferación de actuaciones judiciales y denuncias mediáticas en torno a ellas. Aunque no hay motivos para la euforia, desde las revueltas pacíficas del 15-M, el estado de ánimo colectivo ha cambiando de forma acelerada: ante el ensanchamiento de la desigualdad socioeconómica y el deterioro de las condiciones de vida de amplias franjas sociales, la corrupción organizada de las élites económicas, financieras y gubernamentales es objeto de un repudio social generalizado. Lo que antaño se consentía de forma tácita, aparece hoy como algo inadmisible, aun cuando el grado de movilización social siga siendo menor al que cabría prever en circunstancias semejantes. El ascenso electoral de Podemos no es sino la encarnación de ese estado de ánimo que enlaza la indignación colectiva con la voluntad de un cambio político relevante.

Así, la hipótesis de lectura más plausible para dar cuenta de este giro jurídico-mediático podría plantearse a partir de lo que en ajedrez se denomina tour de force, esto es, un movimiento forzado producto de la deslegitimación creciente de esas instituciones y la intensificación de las luchas en su interior. Incluso si sigue siendo pertinente preguntarse por otros factores que pudieran estar incidiendo en este giro, la creciente crisis de legitimidad podría estar provocando fisuras significativas en las alianzas de las clases dominantes. Las actuaciones judiciales contra la corrupción pueden interpretarse como un intento de revertir el descrédito del que es objeto el sistema judicial en su conjunto. En particular, constituyen indicios del debilitamiento de una mayoría judicial conservadora, desacreditada tras el castigo ejemplarizante a jueces emblemáticos en la lucha contra la corrupción (destituidos por prevaricación) y del bloqueo sistemático de las investigaciones judiciales de este tipo de delitos cuando afectan a miembros destacados del establishment.

A nivel mediático, la hipótesis implica una variante: el giro de los medios privados de comunicación está interrelacionado tanto a esta nueva dinámica judicial como a la presión social creciente. Si por momentos los medios de prensa más conservadores van por delante de las actuaciones judiciales, ello se debe, ante todo, a una política editorial que anticipa un escenario temido, esto es, la profundización de una crisis de legitimidad que supondría, en primer lugar, el viraje electoral hacia fuerzas político-partidarias emergentes, como es el caso de Podemos. Las denuncias sobre corrupción responden a la lectura que los discursos mediáticos dominantes hacen del actual contexto político: sin una intervención contundente por parte del gobierno nacional que interrumpa la impunidad y penalice a los sujetos implicados (algo que difícilmente puede hacer, dado que comprometería a buena parte de sus miembros), el viraje político hacia la izquierda se hace cada vez más inevitable. Se trata, pues, de una versión novedosa del imperial miedo a los bárbaros, por demás de manifiesta en la auténtica cruzada que estos discursos han emprendido contra aquellos que encarnan de forma verosímil alguna tentativa de cambio. Semejante jugada estratégica, desde luego, sigue siendo arriesgada: salvar el neoconservadurismo arremetiendo contra el partido de gobierno que lo encarna puede crear efectos contrarios a los previstos. Seguir prescribiendo un "capitalismo sano", orientado a la iniciativa privada y la reducción de lo público -como si no se tratara de un oxímoron o una contradicción de los términos- se parece cada vez más a un ejercicio de periodismo-ficción.

No cabe descartar que el discurso contra la corrupción desate una debacle gubernamental, pero sigue siendo algo completamente incierto si esa debacle dará cabida a un cambio político profundo o a una mera reestructuración del bloque dominante. La crisis de hegemonía puede dar paso a lo emergente sólo en la medida en que se conecte esa corrupción generalizada al sistema que la produce. Es esa crisis lo que anuncia una oportunidad histórica de cambio que sobrevuela el presente.


* Rebelión - AB - 6.11.14
Foto:

en 10.11.14por UrbanismoPatasArriba Carlos de Rueda