7.3.11

Teleprensa 7 3 2011:

El decreto que prepara la Junta para legalizar viviendas era demandado por los alcaldes del Almanzora

José García, alcalde de Albox.
Publicado el 04-03-2011 17:31

TELEPRENSA.- La consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz, ha señalado hoy en Málaga que la Consejería está elaborando un decreto para permitir dotar de licencia de ocupación a las construcciones fuera de ordenación y puedan tener acceso a unos mínimos servicios. Un anuncio que responde a la demanda de los alcaldes de la comarca del Almanzora, según ha señalado el alcalde de Albox, José García. "Llevamos trabajando más de tres años y medio buscando una solución, que no es perseguir ni meter miedo sino buscar una solución para todas esas viviendas y sentar las bases para que no se construya como se hizo con el boom urbanístico", ha señalado el edil. En la localidad albojense son unas 500 viviendas las que se encuentran fuera de ordenación y que se verían beneficiadas con la aprobación de este decreto.

El decreto, según ha estimado Cruz, podría estar aprobado dentro de tres o seis meses y permitirá al propietario de la vivienda fuera de ordenación solicitar su legalización presentando un proyecto de actuación al ayuntamiento correspondiente, que solicitará los informes preceptivos para, finalmente, conceder la licencia de ocupación.

En cuanto a las edificaciones en régimen asimilado al fuera de ordenación, es decir, aquellas que han sido ilegales en su origen pero cuya ilegalidad ha prescrito tras pasar más de cuatro años sin estar afectadas por ningún expediente, el propietario demandará al ayuntamiento el reconocimiento de su situación y la administración local determinará los servicios básicos, preferentemente mediante autoabastecimiento, para adecuar la construcción al uso al que se destina.

4.3.11

Rebelión - Opinión - 1.03.11

Madrid.- El caso de la autovía M-501: derecho, ecología y sociedad

JORGE FELIPE GARCÍA* : Una vez que ha pasado el susto para nuestra lideresa (gracias a la eficacia y la rapidez de los servicios sanitarios públicos madrileños, donde no existen las listas de espera), podemos darle la noticia por tanto tiempo deseada: presidenta, la autovía M-501 es ilegal. A las dos sentencias emitidas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (una con fecha 14 de febrero de 2008, a denuncia de Ecologistas en Acción, y otra con fecha 1 de julio del mismo año, a denuncia de la organización conservacionista SEO Birdlife) hay que sumar la sentencia, firme y no recurrible, del Tribunal Supremo: no ha lugar al recurso de la Comunidad de Madrid contra la sentencia del TSJM, que fallaba del siguiente modo: "debemos declarar la nulidad de pleno derecho de dichas resoluciones [se refiere al acuerdo del gobierno madrileño por el que se dio el visto bueno al desdoblamiento], reponiendo el procedimiento administrativo al momento inmediatamente anterior al que fueron dictadas con, en su caso, restitución a su estado anterior de la zona afectada por el proyecto a que se refieren los actos nulos".

Por si esto fuera poco, se está a la espera de la resolución del Tribunal de Justicia Europeo que, con toda (in)seguridad, declarará ilegal la autovía y sancionará al Estado español (no pasa nada, barra libre: paga la ciudadanía).

Recordemos que esta carretera atraviesa el suroeste de Madrid hacia los abulenses valles del Tiétar y del Alberche. La conservación de la biodiversidad de la zona representa una ofensa para las fuerzas del progreso del regreso al desarrollismo tardofranquista: construcción, turismo (de interior, en este caso), inmigración por emigración y, por supuesto, corrupción. La riqueza botánica y la cantidad de bichos, bichejos, bichas y cosas que vuelan, reptan, rampan, trepan, zumban y caminan por todas partes hacen que estos lugares, dentro de la Red Natura 2000, protegida por leyes europeas, reciban la denominación de Zonas de Especial Protección para las Aves y Lugares de Importancia Comunitaria ("Encinares de los ríos Alberche y Cofio", "Cerro de Guisando" y "Valle del Tiétar") y, según terminología más actual, Zonas de Especial Conservación. Se trata, por decirlo brevemente, de la mejor muestra de bosque mediterráneo del centro peninsular.

A pesar de los informes científicos desfavorables, y tras considerar insuficiente un proyecto de mejora de la seguridad vial que no incluía el desdoblamiento, el gobierno de la Comunidad de Madrid, siendo consciente de los obstáculos legales para la conversión de la M-501 en autovía, batiendo récords de cinismo (como correspondía a una región que quiso ser olímpica), decidió acometer la obra violando la legalidad: obvió la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental e ignoró la exigencia de consultar a la Comisión Europea antes, y no después, de la toma de decisión. Había que acometer el desdoblamiento; una carretera convencional más segura (ensanche de arcenes, carriles para vehículos lentos en algunos tramos, supresión de cruces a nivel, creación de rotondas…) no es deseable cuando lo que se pretende es garantizar la capacidad de penetración y asentamiento humano con que alimentar los desarrollos urbanísticos previstos, los cuales contaban con el mejor de los reclamos: acceso por autovía.

Pongamos un par de ejemplos: la familia Entrecanales, propietarios de la muy sostenible y eco-respetuosa empresa Acciona, proyectan perpetrar, a pie de 501, con el visto bueno de la Junta de Castilla y León, con la graciosa colaboración de la Confederación Hidrográfica del Tajo (institución archicornuda donde las haya), la construcción de 1.116 viviendas en la localidad de Navahondilla, con apenas 300 habitantes censados y una dispersión urbanística ejemplar. A poca distancia de este proyecto, el empresario Enrique Ventero promueve la construcción en Cebreros de 3.508 viviendas y campo de golf ("Las Dehesillas"). El ayuntamiento de esta localidad ha dado el visto bueno a la aberración, que depende de un río Alberche más que exhausto. Se da la simpática circunstancia de que el Sr. Ventero fue imputado en la Operación Malaya, pagando 300.000 euros de nada para no ir al trullo. Compárese esta cifra con los 497.367 euros que se le exigieron judicialmente a Ecologistas en Acción para que se cumpliera la legalidad (esa cifra era la fianza reclamada para la paralización de las obras de la ilegal M-501).

La actitud de "rebeldía" ante la ley de los representantes locales y regionales tuvo su manifestación más visible en una delirante cruzada por el desdoblamiento, acaudillada por los alcaldes de la zona que, henchidos de orgullo comarcal (como dijo aquél: "por sus perímetros les conoceréis"), llevaron hasta Bruselas sus nobles intenciones. No es necesario insistir demasiado en la brevedad del sentimiento comarcal, que duró hasta que hubo que disputarse los trofeos que la Comunidad de Madrid arrojó por la zona, como un Centro de Urgencias Extra-hospitalarias. En su combate por la seguridad vial cualesquiera armas valían, desde la exageración de las cifras de siniestralidad (aderezadas con buenas dosis de truculencia) y la capitalización emocional del sufrimiento de las víctimas de accidentes, hasta el insulto y la criminalización de los colectivos ecologistas ("asesinos", "eco-terroristas"…, increíble pero cierto), pasando por la creación (con la ayuda inestimable de los medios locales y regionales de propaganda y sugestión) de un estado de histeria colectiva (como si esta carretera se saciara, antes del desdoblamiento, con una hecatombe humana diaria) y un ambiente de linchamiento anti-ecologista (en unos lugares en que, dicho sea de paso, a menudo, se entiende por "hospitalidad" algo muy distinto a lo recogido por el diccionario).

El gobierno autonómico presidido por Esperanza Aguirre ha obrado de mala fe, ha actuado con soberbia y prepotencia, pisoteando las leyes de protección medioambiental y despreciando el derecho a través de su política de hechos consumados. Por todo ello, y para disuadir de conductas similares a otras autoridades públicas, la sentencia debería (¡ay, el condicional!) tener consecuencias penales: Esperanza Aguirre, Manuel Lamela, Elvira Rodríguez, María Dolores de Cospedal y Francisco Granados deberían ser encausados por prevaricación e inhabilitados por el plazo que fuere para el ejercicio de cargo público. Debe acabarse con una forma chulesca de hacer política que, bajo discursos populistas, oculta intereses inconfesables. De no ser así, la certeza de la impunidad hará que se acometan obras como ésta. Para no ir más lejos, en esta misma vía están previstos nuevos desdoblamientos, hoy en fase de estudio: M-501 hasta el fin de la provincia de Madrid y CL-501 desde Santa María del Tiétar hasta Piedralaves, ya en el corazón del Valle del Tiétar (Ávila).

La construcción de la M-501, con todos los elementos que convergen en este asunto, supone una especie de laboratorio, un caso ideal para estudiar, como habitualmente se dice, de forma "multidisciplinar", los efectos en los niveles ecológico, económico, social, mediático y psicológico del enloquecido progresismo del modelo de crecimiento español: la metástasis urbanística de la ciudad-difusa.


* Jorge Felipe García, miembro de la asociación ecologista Sierra Oeste desarrollo Sostenible

* Rebelión - Opinión - 1.03.11

2.3.11

El Periodico / Aragon 28 2 2011: Los expertos niegan la escasez de agua...

Los expertos niegan la escasez de agua pero critican su gestión

[]
ELPERIÓDICO/Aragón* : El clima no es el principal enemigo del planeta, sino el urbanismo excesivo, la superpoblación de las costas, la sobreexplotación del nivel freático, la destrucción de los ecosistemas, los cambios de hábitos en la alimentación y la agricultura y, entre otros, el derroche energético. Tanto el presidente del Consejo Mundial del Agua, Loïs Fouchon, como el el presidente del Centro del Tercer Mundo para la Gestión del Agua, Asit K. Biswas, recordaron ayer que el problema no está en la escasez del agua "El mundo no se está quedando sin agua. El problema, en todo caso, sería consecuencia de una gestión deficitaria del agua, porque o no está donde se necesita o su calidad deja mucho que desear".

El IV Encuentro Internacional de Expertos del Agua se inauguró ayer bajo el título Gestión del agua y cambio climático: enfrentándose a las incertidumbres. Un grupo de 60 expertos debatirán y trabajarán juntos hasta el miércoles para encontrar posibles soluciones a un futuro que sigue siendo desconocido. "No es suficiente decir que la temperatura subirá dos o tres grados. Eso es irrelevante para nosotros como expertos del agua porque necesitaríamos pensar en acontecimientos extremos que no somos capaces de predecir", añadió, para concluir: "No hay nada que científicamente concluya que el clima está cambiando. Más bien hay que fijarse en el cambio sobre el agua".

* El Periódico Aragón - 28.02.11
Foto: Águilas (Murcia), bahía del hornillo - greenpeace 2006

26.2.11

InfoAxarquia 21 2 2011

Axarquía.- Alertan de la 'perversa' aplicación del urbanismo en algunos municipios

[]
INFOAXARQUÍA/Málaga* : El Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (GENA-Ecologistas en Acción), ha dirigido un escrito a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, en el que alerta de la "perversa" aplicación que, a su juicio, están haciendo algunos ayuntamientos andaluces del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía. El presidente de Gena, Rafael Yus, ha puesto como ejemplo de esta situación al municipio de Almáchar, donde el Ayuntamiento aprobó en junio de 2010 una ordenanza municipal de disciplina urbanística, cuyo objetivo, según sospechan los ecologistas, sería aprovechar los resquicios de la normativa autonómica para legalizar, bajo la calificación de fuera de ordenación, muchas de las construcciones ilegales en suelo rústico del municipio. En un comunicado, Yus ha explicado que el contenido de esta ordenanza "se centra exclusivamente en el proceso administrativo de asimilación a la condición legal de fuera de ordenación, desentendiéndose de los restantes elementos que prevé el reglamento autonómico, tales como el sistema de sanciones y los expedientes de reposición de la legalidad urbanística".

Así, la ordenanza se refiere de forma "muy exhaustiva" a los requisitos para poder declarar las viviendas con una antigüedad superior a cuatro años bajo el estatus de "fuera de ordenación", pero no establece "medidas contundentes" para impedir el proceso urbanizador espontáneo en suelo rústico.

"Si, tal como suponemos, este ayuntamiento abre Expedientes de Protección de la Legalidad Urbanística (EPLU), pero finalmente las viviendas siguen en pie y los expedientes prescriben al superar los cuatro años previstos por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), se estaría incurriendo en un delito de prevaricación omisiva, incluido tras la reforma del Código Penal como una forma de delito contra la ordenación del territorio", ha añadido Yus.

Gena considera que es "casi obligado" entender que existe una relación entre la "parcializada ordenanza" de disciplina urbanística del Ayuntamiento y el interés de legalizar viviendas, "a las que de manera intencionada no se les quieren aplicar los procedimientos de restablecimiento de la legalidad urbanística, y de este modo se les otorga el premio de su legalización, aunque sea con las limitaciones del estatus de fuera de ordenación".

De este modo, a juicio de Gena, el Ayuntamiento "también elude la espinosa responsabilidad de dictaminar órdenes impopulares como la demolición de viviendas, posiblemente por el precio electoral que ello comportaría".

El colectivo ha mostrado su "firme convencimiento" de que la aprobación de esta ordenanza "es una estrategia encubierta para soslayar la obligación de aplicar la disciplina urbanística desde los entes locales que, a la larga, supondrá la total reurbanización del campo, justamente en el orden inverso al efecto disuasorio con que fue concebido el reglamento autonómico".

Del mismo modo, Yus ha indicado que esta ordenanza puede tener "un perverso efecto llamada" para futuros constructores de viviendas en suelo rústico, "a los cuales parece garantizársele la hibernación durante cuatro años de su correspondiente EPLU, para posteriormente legalizarlo mediante esta ordenanza".

En este sentido, ha asegurado que otros ayuntamientos andaluces, como los de Marchena (Sevilla), Vejer de la Frontera y Barbate (Cádiz), e incluso el de Sevilla capital, utilizan "el mismo criterio" que Almáchar para aplicar el reglamento autonómico de disciplina urbanística, "y tenemos fundamentada inquietud de que tal estrategia se está difundiendo entre consistorios como vía de escape para las presiones urbanizadoras del campo en toda Andalucía".

Ante lo que considera una "perversa" aplicación del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, GENA ha anunciado que recurrirá a sus servicios jurídicos "para interponer las correspondientes denuncias por presuntos delitos penales".



* InfoAxarquía - 21.02.11
Foto: Almáchar (Málaga), vista - multimania

21.2.11

La Opinion Malaga 20 2 2011

«Es el momento de que los municipios pierdan poderes en urbanismo»

[]
LAOPINIÓN/Malaga/Entrevista* : Su despacho mira a uno de los patios interiores de la Facultad de Derecho, pero bien podría hacerlo a un montículo imposible, rodeado de verde y de manuales jurídicos. Diego Vera, profesor titular de la Universidad de Málaga, dirige la junta rectora de los Montes de Málaga, que recientemente ha propuesto la ampliación del parque. Un proyecto que le entusiasma, pero que no nace de una querencia puntual, sino de una visión que tiene muy en cuenta la protección del medio ambiente. Asegura que a Málaga le urge definir su modelo de crecimiento.

-Siempre se ha dicho que Málaga vive de espaldas al mar. ¿También se desentiende del monte?
-Sin duda y es bastante paradójico porque sin la montaña y, en concreto, sin los Montes de Málaga no se entendería el pasado ni el futuro de la ciudad, su historia, su música, sus costumbres. Muchos malagueños ignoran la riqueza del paraje, sus restos de arquitectura mozárabe, sus perspectivas. Está claro que a nivel de biodiversidad no es Doñana, pero reúne unas características que lo hacen único en Andalucía. Es un privilegio tener un espacio de este tipo a apenas unos kilómetros de una ciudad de 600.000 habitantes, con una conurbación en la que viven 1,5 millones de personas. Su historia es diferente.

-¿Es por eso que quieren ampliarlo? El proyecto multiplica la extensión del parque...
-La propuesta que hemos presentado, y que tiene que ser estudiada por la Junta, plantea pasar de las 5.000 hectáreas actuales a 33.000. Dicho así puede parecer exagerado, pero tiene su justificación. La extensión en la que se prolongaría el parque no incluye ni un solo metro que no esté ya protegido por los planes territoriales. Sería cuestión de añadir espacios en los que no se puede construir, terrenos que comprenden los viejos partidos de verdiales. La razón es que el agrupamiento en parque implica algo que va más allá de la mera protección. Supondrían contar con la gestión y la puesta en valor del paraje en su totalidad, de una manera coordinada.

-¿Qué beneficios comportaría para la ciudad? ¿Se puede hablar, incluso, de rendimiento económico?
-Por supuesto. Una buena gestión convertiría al parque en un lugar de ocio fundamental y en un reclamo turístico acorde con la renovación del sector, que cada vez se interesa más por lo segmentos complementarios al sol y la playa. Además, influiría en la ordenación urbanística positivamente.

-Después de las inundaciones de 1989 se pensó en los Montes de Málaga y en la reforestación como estrategia fundamental para contener las inundaciones. ¿Qué ha pasado con el proyecto?
-La verdad es que desconozco por qué no se llevó a cabo, aunque, en cualquier caso, creo que estas cuestiones merecen un cambio de perspectiva y una respuesta más global y estructural. Me consta que la Junta tiene sensibilidad al respecto, pero no se debe tratar de acciones y expropiaciones puntuales, sino de una política y un modelo que entienda el parque natural en su acepción de ordenación territorial, conservación de la historia e impulso económico.

-¿Cree que existen armas legislativas suficientes para perseguir los delitos urbanísticos o habría que endurecer la ley?
-Seguramente habría que ajustar más, pero no creo que ese sea el problema. A nivel legislativo, contamos con recursos de sobra para impedir que ocurra lo que ha ocurrido. Los déficits está en otros ámbitos, en los usos habituales de los ciudadanos y en la disciplina de la administración. De nada sirve, por ejemplo, tener una gran norma de inspección y no disponer de inspectores suficientes. Es un asunto, en gran medida, de voluntad política. Aunque creo que todo ha cambiado después de la gran catarsis de Marbella.

-¿A qué se refiere con lo de los usos ciudadanos? ¿Las leyes no protegen a los espacios de los excesos particulares?
-Insisto que hay un nivel aceptable de protección legislativa, tanto por la vía urbanística como ambiental. La asignatura pendiente está en la gestión y en la educación en la materia. Es difícil regular el comportamiento ciudadano. Hay pérdidas ya irrecuperables, pero otras se pueden subsanar con cambios que implican a todos. No se pueden mantener los niveles actuales de consumo ni persistir en el problema de movilidad que sufre la ciudad. Veremos qué pasa y qué resuelve la ley de economía sostenible, pero está claro que esto ya no es la demanda de una minoría, sino la visón que informa a medio y largo plazo la política de instituciones como la Unión Europa.

-No sé si le dejo fuera de juego si le pregunto por el Guadalmedina...
-Me temo que es un tema más técnico que jurídico, pero creo que, aún así, habría que empezar por observar la definición de un río, que es un concepto más complejo de lo que se presume y que no se limita al agua que fluye. Junto a mis compañeros de Geografía me inclino a pensar que va más allá de eso, que se está hablando, en términos jurídicos, del dominio público hidráulico. Me parece que antes de embovedar, habría que tener en cuenta otras opciones enfocadas a la integración del río en la ciudad, de la manera menos artificial posible. El río sigue ahí.

-¿Qué me dice de los proyectos previstos para Arraijanal y los terrenos del Campamento Benítez?
-La respuesta a Arraijanal que le da el plan territorial se interesa por proteger una de las escasas franjas libres del litoral, en la que influyen elementos históricos a preservar. Ahora bien, antes de plantear este tipo de proyectos, se necesita responder a una pregunta acuciante, definir el modelo de ciudad. Se debe estudiar si las propuestas encajan con las características de la zona, con su densidad de población y su nivel de tráfico. En definitiva, decidir por una vez cómo se quiere crecer y por dónde. En los últimos tiempos, Málaga ha apostado por un modelo de ciudad grande y eso ha generado una huella ecológica que no sólo afecta al entorno, sino también a la calidad de vida de los ciudadanos. El problema es que los ayuntamientos son a menudo cautivos de la financiación que les reporta el urbanismo. En algún momento habría que retomar la financiación municipal, los gobiernos locales no pueden depender de eso.

-¿Plantea un cambio de competencias? ¿En qué sentido?
-Quizá los ayuntamientos deberían contar con otro tipo de ingresos. Está claro que este país precisa un ajuste de competencias, tanto a nivel local como en su relación con las comunidades autónomas. Los municipios deben perder potestad urbanística y ganarla el Estado. En Europa quedan ya muy pocos sitios en los que los municipios cuenten con tantas competencias urbanísticas, incluido estados de organización territorial tan compleja como Alemania. Es un tema muy importante porque España tiene alrededor de 8.000 municipios y no puede haber 8.000 modelos diferentes. Es el momento de plantearlo.

-¿Qué opinión le merece el conflicto suscitado por la aplicación de la ley de Costas? Me refiero, sobre todo, a la polémica con los chiringuitos...
-Para esto mantengo un punto de vista de jurista clásico. Me parece que el derecho nunca debe ser estridente ni administrar medidas desproporcionadas, que ha de responder a los diferentes intereses que se dan cita en un conflicto. Eso sí, lo que no me parece admisible es crear una ley y justo después buscar las vías para evitar aplicarla. Si no gusta la norma, lo que se debería hacer es cambiarla, pero no aprobarla y luego eludir su sanción porque eso crea inseguridad jurídica.

-¿Está todo perdido en el litoral de Málaga?
-Evidentemente hay elementos de la fachada litoral que son difíciles de recuperar en todo su significado. Siempre se habla de la Costa del Sol occidental, pero habría que atender también a algunas fórmulas de crecimiento de la Axarquía, más difíciles de controlar y muy problemáticas. La Costa del Sol creció como una mancha de aceite, lo que permitió dejar libre algunos extremos, mientras que la zona oriental mantuvo un crecimiento más disperso, con propietarios que vendían pequeños terrenos, aislados. Eso supone un gran coste energético y, en muchos casos, una vulneración de la ley.

-¿Se han cometido más delitos urbanísticos en esa zona que en en la parte occidental?
-Lo primero que hay que distinguir es el concepto. Una cosa son los delitos urbanísticos y otra la corrupción municipal amparada en el urbanismo. Quizá en Marbella hubo más de esto último. A nivel paisajístico se pueden encontrar situaciones que parezcan visualmente aberrantes y que, sin embargo, cumplan la ley y a la inversa.

En corto

«Hasta hace poco preservar la naturaleza era entendido como un freno a la economía»

-La provincia acumula décadas de desarrollo poco sostenible. ¿Por dónde habría que empezar a corregir?
-Málaga presenta aspectos francamente mejorables, pero no creo que a nivel legislativo el problema sea mayor que el de otras ciudades. La provincia cuenta con tres planes territoriales y normativas de protección de los espacios. Eso sí, padece otro tipo de dificultades como la movilidad, que espero que se resuelva con las nuevas infraestructuras. El más acusado, sin embargo, es la preservación del litoral y la erosión del suelo. Son cuestiones que se deben resolver con la previsión de un modelo turístico y de crecimiento adecuado. Por fortuna, parece que se avanza en esa línea, sobre todo, con los nuevos planes.

-La preocupación por el medio ambiente forma parte de la agenda de los políticos. ¿Hasta qué punto hay implicación real?
-En ese aspecto se ha avanzado bastante. Hay una conciencia moderna y una generación que no ha tenido que ponerse al día con esta sensibilidad, sino que le es innata. Se ha perdido afortunadamente la visión, a menudo también de los políticos, de que la protección del medio ambiente suponía un freno al desarrollo económico. Hoy, y así lo indican entre otros la Unión Europea, se entiende todo lo contrario, es decir, que se trata de una fuente de riqueza y de un modelo que tiene que ver con la supervivencia. Los tribunales también lo tienen en cuenta como un bien a proteger.

-Una curiosidad, ¿es cierto que asesora legalmente a la promotora que impulsa la construcción del hotel de Moneo en Málaga?
-No, yo no me dedico al derecho privado. Simplemente elaboré un informe acerca de que administración le correspondía la competencia de decidir al respecto de la altura del edificio. Ya que me lo pregunta, está claro que la arquitectura también es sostenibilidad y que los arquitectos están muy concienciados. Todo proyecto tiene costes y beneficios y este no es una excepción. Lo prioritario, a nivel urbanístico, sería recuperar espacios como la judería, de manera global.

La OPinión Málaga - 20.02.11
Foto: Axarquía (Málaga), diseminados - laopiniondemalaga.es

16.2.11

La Opinion, Malaga 15 2 2011

El alcalde La Viñuela cree que su antecesor debió ser juzgado vía administrativa

José Juan Jiménez ha defendido a su antecesor en el cargo

EFE El nuevo alcalde de La Viñuela, José Juan Jiménez (PSOE), elegido hoy con los votos de su partido, ha asegurado que el anterior regidor, Juan Millán, inhabilitado por dos delitos de prevaricación urbanística, debía haber sido juzgado por la vía administrativa.

Jiménez ha manifestado a los periodistas que no le han gustado las circunstancias en las que ha accedido a la Alcaldía, "relevando a un compañero y a la persona más íntegra y honrada que he conocido por una situación nada agradable".

El alcalde ha hecho una defensa de su antecesor en el cargo y ha declarado que las denuncias urbanísticas debían tratarse como temas administrativos, por la vía del contencioso, "que es donde siempre han estado estos asuntos".

"En el caso de Juan Millán, tras la reforma de la ley ya no hay nada que hacer, pero sí vamos a trabajar para regularizar el urbanismo en La Viñuela y el conjunto de la comarca de la Axarquía", ha añadido.

El regidor, concejal en el Ayuntamiento desde 1991, ha querido tranquilizar a los vecinos que actualmente puedan tener problemas con sus viviendas y ha precisado que el Consistorio está redactando su nuevo PGOU en colaboración con la Diputación de Málaga.

Jiménez ha anunciado que, aunque aún no es oficial, la intención de su partido es que encabece la candidatura electoral del PSOE en La Viñuela y ha prometido que si gana las elecciones, sus principales objetivos serán la regularización urbanística y la creación de empleo.                                                                                                                                                                                                                                     

El anterior alcalde dimitió del cargo el pasado 3 de febrero tras haber sido requerido para el cumplimiento de la sanción de inhabilitación especial para cargo público electo que le fue impuesta el pasado abril por el Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga, que le condenó por dos delitos de prevaricación urbanística.

La sentencia condenaba al ex regidor a 15 años y medio de inhabilitación y a pagar una multa de 13.515 euros por dar tres licencias ilegales en 2001 y 2003.

En su fallo, el juez destacó que Millán otorgó por decreto las tres licencias "en un claro ejemplo de flagrante arbitrariedad contraria a los principios más básicos del recto ejercicio del poder público".

Asimismo, consideró que su declaración fue "palmaria" al admitir que "era él quien decidía si un proyecto urbanístico estaba o no en suelo protegido, y ello sin mirar informes técnicos y mucho menos sin consultar nada al secretario".

11.2.11

Diario de Sevilla 10 2 2011

El Defensor J.Chamizo reclama más mano dura contra los delitos urbanísticos

[]
DIARIODESEVILLA* : El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, está convencido de que los desmanes urbanísticos sólo pueden evitarse con mucha más energía de la que se emplea contra ellos en la actualidad. Hace falta más mano dura contra quienes incumplen la legalidad urbanística. Y es más: apuesta por abordar una reforma urgente del Código Penal que permita perseguir "más eficazmente" estos delitos, ya que, en experiencias compartidas con la Red de Fiscales Medioambientales, se han "evidenciado la existencia de no pocas imprecisiones técnicas y lagunas en el actual texto en lo que concierne a los delitos de ordenación del territorio". Así de claro se manifestó ayer Chamizo en el Parlamento, donde también insistió en el fortalecimiento de los servicios técnicos en materia de urbanismo de los ayuntamientos y de la Junta para que denuncien las construcciones y edificaciones no autorizables que se produzcan en suelo no urbanizable.

El Defensor del Pueblo Andaluz presentó ante la Comisión de Obras Públicas y Vivienda el informe especial elaborado por la institución en 2009 relativo a ordenación del territorio y urbanismo, que resalta el gran número de quejas recibidas por incumplimientos de la legalidad urbanística. En su intervención, el Defensor pidió a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) que impulse una campaña dirigida a los ayuntamientos sobre la importancia de respetar la legalidad urbanística.

Chamizo aprovechó su comparecencia en la Cámara para advertir sobre el valor "excepcional" y la "extraordinaria" fragilidad del litoral andaluz, que se ha visto dañado por la ocupación "masiva de amplios espacios contiguos al dominio público marítimo-terrestre", por lo que ha pedido una moratoria urbanística que prohíba toda edificación, salvo la destinada a usos públicos, en, al menos, la denominada zona de influencia, es decir, en 500 metros a partir del límite interior de la ribera del mar.

* Diario de Sevilla - 10.02.11
Foto: José Chamizo, ayer en el Parlamento.- diariodesevilla