El Almeria 27 6 2010

Albox .- El Fiscal pide la demolición de seis casas más en el Saliente

ELALMERÍA* : Apenas tres días después de que AUAN denunciara los procesos abiertos contra nueve viviendas ilegales en Albox, concretamente en la pedanía de La Hortichuela, para las que el fiscal pide su demolición, este colectivo de ciudadanos británicos, propietarios de viviendas en situación irregular en la provincia, denuncian la situación que atraviesan otras seis familias, que compraron sus casas en el año 2005, y fueron denunciadas por la Guardia Civil, en el año 2007.

El procedimiento judicial ha seguido su curso con estas casas, construidas en el Saliente Alto, sobre suelo no urbanizable, sin licencia y ni tan siquiera proyecto técnico.

El juicio oral ante el Juzgado de lo Penal número 5 de Almería, estaba previsto que se celebrase el pasado 23 de junio, y la Fiscalía pide una pena de un año de prisión, multa de 16 meses a 12 euros por día, e inhabilitación especial para el ejercicio de profesión u oficio relacionado con la construcción durante 2 años y costas para el constructor, que responde a J.J.L.S..

Una vez más, la Fiscalía interesa se acuerde demolición de lo construido, con indemnización a cargo del acusado, a las personas que hayan celebrado contrato de compra de las viviendas en la cuantía pagada y gastos satisfechos por aquellos.

Con estas seis viviendas, ya son quince en esta semana, las que han saltado a la luz. Familias de jubilados británicos que compraron las casas en su día, y que hoy se enfrentan a la posible demolición de sus hogares. La preocupación entre los albojenses aumenta, y es que casos como estos, en los que el Seprona, denunció la construcción, hay muchos en los últimos años, y es muy probable que en los próximos meses continúen saltando a la luz nuevas viviendas en la misma situación; casas sin licencia, construidas en suelo no urbanizable y cuyo proceso judicial sigue adelante.

El alcalde de Albox, José García, asegura compartir la inquietud que viven las familias afectadas, "entiendo y comparto el sentir de estas familias, su inquietud y miedo por lo que pueda pasar. Comparto por otra parte que no entiendan como se puede tardar tanto en dar solución a este problema, pero nosotros estamos trabajando desde 2008 en buscar soluciones a las viviendas que hoy se encuentran fuera de ordenación" afirma el primer edil.

El Ayuntamiento de Albox, trabaja en la modificación puntual de los barrios históricos del municipio, más de veinte, y donde se concentran la mayor parte de estas viviendas. En el caso de Albox, cuyo PGOU data de 1983, ni tan siquiera se reconocen las barriadas históricas, no tienen, excepto una, LLano de Los Olleres, ninguna regulación urbanística, y esto hace que se necesiten aún más documentos para poder sacarla adelante. "Estamos a la espera de varios informes sectoriales, de medio ambiente, para poder presentar la modificación puntual de los barrios. Esperamos que después del verano, podamos aprobarla provisionalmente, y con ello, poder recoger gran parte de las viviendas que hoy están fuera de ordenación en nuestro término municipal" añade García, a la vez que reitera que están trabajando de la mano de la Junta, con el Director General de Urbanismo, "pero los trámites son muy lentos y no dependen del Ayuntamiento, nosotros tratamos de agilizar todo el proceso", concluye el primer edil, José García.


* El Almería - 27.06.10
Foto: Las casas se construyeron en el Saliente Alto, sin licencia, ni proyecto técnico.- elalmeria.es

Diario de Cadiz 27 6 2010: Borron y cuenta nueva para la construcción ilegal

Borrón y cuenta nueva para la construcción ilegal

La Junta propone "soluciones útiles y tratamiento generoso" para las 300.000 casas irregulares de la comunidad · El planteamiento es regularizar siempre que sea posible, previo pago de las cargas, y no permitir que se levante ni un inmueble más sin control

J. Garret / F. Melero / Chiclana | Actualizado 25.06.2010 - 09:58

La postura de la Junta de Andalucía ante al fenómeno de la edificación ilegal está expresa con claridad en las primeras líneas del nuevo Reglamento de Disciplina Urbanística: "Proporcionar soluciones útiles en la práctica y afrontar la regulación de problemas con un tratamiento generoso". La voluntad de regularizar lo que ya ha sido construido, siempre con la condición de que los propietarios paguen las cargas oportunas, está aparejada en la normativa a un control férreo de las nuevas infracciones. Es el intento de hacer borrón y cuenta nueva.

Este planteamiento -regularizar previo pago y sin dejar que se construya ni una casa más- recibió ayer el respaldo unánime de alcaldes, académicos, arquitectos y expertos en el sector en el transcurso de una jornada técnica sobre la Regularización Urbanística en Andalucía, organizada por Grupo Joly y el Ayuntamiento de Chiclana. "Estamos en política para atender a la ciudadanía, no podemos dar la espalda a la realidad", asumió el alcalde chiclanero, José María Román (PSOE), ante un aforo de 200 profesionales en el Meliá Sancti Petri. El escenario era idóneo: Chiclana está inmersa en un proceso pionero para regularizar más de 10.500 casas fuera de control.

La directora general de Inspección de Ordenación del Territorio, Rosa Urioste, defendió las dos líneas de trabajo adoptadas por la Junta: "prevención" y "gestión del pasado". La prevención pasa por sanciones más duras para los nuevos infractores. Un ejemplo es el "derribo exprés" -en un mes de plazo-, medida destacada del Reglamento aprobado en marzo. También será "decisivo" fomentar "la cultura urbanística", reclamó Urioste: "Hay unas reglas y hay que cumplirlas".

La labor de prevención, sin embargo, no oculta la realidad del territorio: según estimaciones de la Junta, ya hay unas 300.000 viviendas irregulares en Andalucía. Y la solución no va a ser derribarlas sino integrarlas en las poblaciones, siempre que sea posible -que no se encuentre, por ejemplo, en espacios de interés o protegidos- y previo pago de las cargas oportunas -aunque con "flexibilidad" en el abono-. "La regularización no va a ser una amnistía urbanística", sentenció el delegado de Obras Públicas en la provincia, Pablo Lorenzo. Para alcanzar este objetivo, la Junta promueve la aplicación de los planes municipales de inspección, otras de las herramientas más importantes del nuevo reglamento.

A través de estos planes, los ayuntamientos, con el respaldo de la Junta y las Diputaciones, deben elaborar un "inventario" de construcciones en suelo no urbanizable. "Una foto fija de la realidad del territorio". Un punto de partida sobre el que trabajar en la regularización, que será un proceso específico de cada lugar y que siempre se formulará a través de los Planes Generales de Ordenación Urbana de los municipios.

Según informó la directora general de Inspección, hay planes de inventariado en marcha en alrededor de 100 municipios de los 771 de Andalucía. El horizonte para el desarrollo de estas herramientas es de dos años. Hay zonas con situaciones graves como La Axarquía (Málaga) o Almanzora (Almería). Hay municipios como Chiclana o Vejer que ya han analizado a fondo su territorio y que ya están inmersos en el proceso regulador a través de su planeamiento.

Otra herramienta destacada del nuevo Reglamento de Disciplina es la posibilidad de conceder licencias de primera ocupación desvinculada de licencia de obras, "una salida para edificaciones históricas sin licencias anteriores", apuntó Urioste en la primera de las seis ponencias del día.

El que Andalucía disponga de un nuevo Reglamento de Disciplina no quiere decir que antes no hubiera una normativa. Si, pese a todo, se han construido 300.000 viviendas ilegales, ¿ qué o quién ha fallado? La pregunta surgió del aforo y animó el debate con los directivos de la Junta.

El alcalde de Tarifa, Miguel Manella (PSOE), criticó la frecuente caducidad de expedientes sancionadores en el urbanismo, "por dejadez, por burocracia o por intereses políticos". "La caducidad de un expediente urbanístico no debería permitirse", argumentó. Un técnico de un ayuntamiento de la Bahía dirigió una andanada contra las administraciones locales: "No ha fallado la legislación, sino la ejecución de lo legislado". "Los propios alcaldes no han querido ejecutar la disciplina urbanística en vigor y ahora desarrollamos una legislación que está basada en la desconfianza en la ejecución. No falta legislar, falta obligar a cumplir lo legislado". "¿No huele la nueva normativa a indulto urbanístico?".

Al frente de los regidores, el alcalde de Cartaya, Juan Antonio Millán (PSOE), señaló que él y sus colegas han hecho "lo que podían hacer". "Hemos utilizado todos los medios habidos y por haber, en unos casos con más éxito que en otros. Ahora estamos en el momento de hacer frente a la realidad del territorio; legalizar lo legalizable, y lo que no, no. Al menos vamos a dialogar", pidió.

La directora general de Inspección medió en las acusaciones para asumir que "hemos fallado todos". Y todos, enumeró, son "el que compró, el que parceló, el que construyó sin permiso, el que miró para otro lado". También el que fue lento en la gestión del expediente, o el que no habilitó los recursos necesarios para afrontar los problemas de urbanización.

La responsabilidad, a su juicio, también es de una sociedad en la que "no hay cultura urbanística ni de la infracción". "No puedes hacer lo que quieras con tu campo, hay unas reglas de juego, sociales... No se puede construir donde se quiera, no se puede construir uno una casa en la parcela de al lado de la de su abuelo. Hay que saber que el derecho romano de la propiedad ya no existe".

Ideal/Almeria 23 6 2010

La fiscalía pide la inhabilitación para el ex edil de Urbanismo de Albox

Ideal/Almería* : La Fiscalía de Almería ha pedido la demolición de nueve viviendas propiedad de ciudadanos británicos residentes en Albox dentro del procedimiento judicial abierto contra, entre otros, el ex concejal de Urbanismo del municipio, José Luis González Wandosell, para quien solicita un total de diez años de inhabilitación especial por la presunta comisión de un delito de prevaricación y otro de omisión del deber de perseguir delitos.

El escrito del Ministerio Público formula acusación, asimismo, contra el constructor y los dos arquitectos encargados de redactar los proyectos e interesa penas individuales de dos años de prisión por supuestos delitos contra la ordenación del territorio y multa de 24 meses a razón de 20 euros al día para ellos, quienes deberían sufragar, de producirse, el coste de los derribos tasados pericialmente en 229.6156,38 euros.
Según informaron fuentes judiciales, el titular de Instrucción número 2 de Huércal-Overa, encargado de las diligencias de la causa, ha dado traslado de las actuaciones a las nueve familias perjudicadas para que se personen como acusación particular ya que el fiscal establece, asimismo, que los tres imputados deberán hacerse cargo de las "eventuales" indemnizaciones para restituir los derechos de aquellos que compraron de "buena fe".
La Fiscalía señala en su escrito que el promotor dio comienzo en 2004 a la construcción de 13 viviendas unifamiliares en el paraje albojense conocido como 'La Hortichuela' sobre suelo no urbanizable y no autorizable con los proyectos elaborados por los dos arquitectos, quienes a su vez, ahonda, tenían conocimiento de la irregularidad y de que, además, la obra se estaba ejecutando sin la oportuna licencia municipal.
Autorizaciones administrativas
Al ex edil José Luis González Wandosell, quien formó colación de gobierno con el PP desde las filas del PA entre 2003 y 2006, le acusa de firmar, a lo largo de ese mismo año, autorizaciones administrativas para nueve de las viviendas sobre las que se efectuó contrato de compraventa "consciente de que no podía" y de que no contaban, ni "mucho menos", con licencia de primera ocupación.
Subraya el fiscal, en esta línea, que el ex concejal, quien concurrió a las elecciones municipales de 2007 como cabeza de lista de GIAL, no abrió expediente disciplinario ni se ocupó de restablecer la legalidad urbanística pese a que "tenía delegadas funciones" por parte de alcalde y a que tenía la "obligación" de denunciar al tener conocimiento de que había indicios de que se podía estar cometiendo un delito.
La calificación del Ministerio Público interesa nueve años de inhabilitación especial para cargo público por un presunto delito de prevaricación para González Wandosell y otro año más por un presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos. Solicita, asimismo, inhabilitación profesional durante dos años para el constructor y los dos arquitectos.

El Pais 20 6 2010: "Costas: construcción y destrucción"

JUAN ANTONIO CAMPOS PALOMO* : Debido al desarrollo urbanístico descontrolado y a la falta de sensibilidad ecológica de alcaldes y constructores se ha destruido casi toda la costa española, y la poca que queda terminará siendo invadida por más bloques. Por muchas excusas que nos den -como la del progreso-, el fondo de todo es el dinero. Por el enriquecimiento de unos pocos se ha destruido un litoral costero que es de todos. Lo quieren edificar todo. El trabajo que da destruir la costa es escaso y efímero, y no es calidad de vida para los ciudadanos. Es calidad de vida para unos pocos. Los ciudadanos queremos más playas vírgenes y que se respeten las que ya hay.

El paisaje costero no es un desierto que no sirva para nada, sino que forma parte de un ecosistema que se está extinguiendo como lo demuestra el descenso del número de águilas pescadoras en toda España o la práctica extinción de la siempreviva malagueña (Limonium malacitanum) por poner dos ejemplos de especies que solo tienen este hábitat.

Quiero pedir a alcaldes, políticos y constructores que no destruyan más la costa española y que nos dejen lo poco que queda. Escuchen lo que quieren los ciudadanos. Legislen para protegernos de la construcción abusiva y que no se destruyan las últimas playas vírgenes que nos quedan.

* ELPAIS.com - Opinión - 20.06.10

El Diario Montanes 4 6 2010 - Translation of earlier article

Sentences for urban corruption are on the increase

In Spain, ‘Town Hall’ is still synonymous with urban corruption. Despite the fact that the housing crisis has dried up a source of wealth from which all the municipal authorities benefitted, through the management of land for development, the Law has not stopped looking very closely at these operations. In fact, convictions for environmental crimes related to land have skyrocketed, reaching a historical peak in 2009. The increase in one year was 28%, ranging from 301 to 386 sanctions, imposed mostly in coastal towns, with Andalusia in the lead.

The increase in convictions for urban offences illustrates the massive amount of litigation now underway in the Spanish courts concerning this matter. According to the Public Prosecutor’s Office, last year there were 1,737 cases heard and 1,729 in the pre-trial stage, the stage prior to the prosecution of the case. Although there were sanctions against individuals, the majority of convictions concealed the spurious interests of municipal authorities. There are mayors, town planners, municipal technicians, developers and architects whose names are linked to property speculation and the breach of planning regulations with a single goal: unlawful enrichment. The figures themselves justify the space occupied in the media by news of convictions of those in public office.

The most common offences within this framework of corruption are urban prevarication, general prevarication and the failure to prosecute criminal offenses or the falsification of official documentation. The Official Prosecutor highlights the complexity of prosecuting these criminal cases in view of their uniqueness: the bodies that should control these excesses are the Town Halls themselves. They are required to act as ‘urban police’, - entities that manage the redevelopment of their own urban land.

Some Provincial Prosecutors already use, as a framework for their investigations, the so-called 'Auken Report', produced by a Danish MEP in 2009 with the collaboration of public platforms and Spanish citizens. The non-binding report calls on local authorities for the suspension of urban development plans that have been drawn up without respecting environmental criteria, and criticises the ‘excessive influence’ of developers in the decisions of corporations.

The Office of the Environment denounces the lack of cooperation of municipalities and states that in places like Valencia, Seville, Las Palmas and Murcia, those who instigate the greatest number of legal denouncements are municipal heads of urban affairs, environmental groups, law enforcement officers and private citizens, which generates a message of ‘impunity’, admits the Public Ministry.

Another growing concern is the ‘legal insecurity and uncertainty’ created by disparity between some court decisions involving the same region and similar offenses. This occurs mostly in convictions that determine the demolition of a house that was built illegally or the erection of prefabricated houses in non-residential areas, according to the Official Prosecutor.

* El Diario Montañés - 04/06/1910

Translation courtesy of Linda Palfreeman

Diario Montanes 4 6 2010: Las condenas por corrupcion urbanistica se disparan...

 

DIARIOMONTAÑÉS* : En España, ayuntamiento sigue siendo sinónimo de corrupción urbanística. Pese a que la crisis inmobiliaria ha secado la fuente de la que bebían los entes municipales, a través de la gestión del suelo urbanizable, la Justicia no ha dejado de mirar con lupa estas operaciones. De hecho, las condenas por delitos medioambientales vinculados a la ordenación del territorio se han disparado y alcanzaron su techo histórico en 2009. El aumento en un solo año fue del 28%, al pasar de 301 a 386 sanciones, la mayoría de ellas impuestas en municipios costeros, con Andalucía a la cabeza.

El incremento de las condenas por delitos urbanísticos recoge la siembra del ingente volumen de procesos judiciales que actualmente instruyen los tribunales españoles en esta materia. El año pasado había 1.737 casos en trámite y otros 1.729 en fase de diligencias previas, el paso anterior a la judicialización del asunto, según datos de la Fiscalía de Medio Ambiente.
Aunque hubo sanciones a particulares, la mayor parte de las condenas escondía intereses espurios de lo que se ha venido a denominar «autoridades municipales». Se trata de alcaldes, concejales de urbanismo, técnicos municipales, promotores o arquitectos cuyo nombre aparece ligado a la especulación inmobiliaria y al incumplimiento de las normativas urbanísticas con un único fin: el enriquecimiento ilícito. Las cifras justifican por sí solas el espacio que ocupan en los medios de comunicación las condenas a cargos públicos.
Los delitos más comunes en estas tramas de corrupción son la prevaricación urbanística, la prevaricación genérica, la omisión del deber de perseguir delitos o la falsedad en documento oficial. La Fiscalía especializada destaca la complejidad de perseguir estos tipos delictivos habida cuenta de su singularidad: los órganos que deberían controlar estos excesos son los propios ayuntamientos, que tienen la obligación de hacer las veces de «policía urbanística», como ente que gestiona la recalificación de su propio suelo urbano.
Moratoria
Algunas fiscalías provinciales ya usan como documento marco para sus investigaciones el denominado 'Informe Auken', elaborado por una europarlamentaria danesa en 2009 con la colaboración de plataformas y ciudadanos españoles. El informe no vinculante pedía a las autoridades locales la moratoria de los planes de ordenación urbana que hayan sido reformados sin respetar los criterios medioambientales y criticaba la «excesiva influencia» de los promotores inmobiliarios en las decisiones de las corporaciones.
Precisamente, la Fiscalía de Medio Ambiente denuncia la falta de colaboración de los ayuntamientos y menciona que en lugares como Valencia, Sevilla, Las Palmas o Murcia los principales denunciantes son las gerencias municipales de Urbanismo, los grupos ecologistas, las fuerzas del orden y ciudadanos particulares, lo que genera un mensaje de «impunidad», admite el Ministerio Público.
Otra preocupación creciente es la «inseguridad jurídica y la incertidumbre» que generan algunas decisiones de tribunales en un mismo territorio y ante un delito similar. Ocurre sobre todo en sentencias condenatorias que determinan la demolición de una vivienda que ha sido construida de forma ilegal o el levantamiento de casas prefabricadas en lugares no urbanizables, según denuncia el órgano acusador.

* El Diario Montañés - 4.06.10
Foto: corrupción urbanística, viñeta ayuntamiento

3 6 2010: BBC's 'Watchdog'

Watchdog includes a report on thousands of Britons who bought property in Spain (Andalucia), and who now face demolition orders. Broadcast on:

BBC One, 8:00pm Thursday 3rd June 2010

Duration: 60 minutes
Available until: 8:59pm Thursday 10th June 2010

http://bbc.co.uk/i/snmv6/ 

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