La Opinion de Malaga 29 8 2010

Los pequeños municipios exigen más medios para controlar el urbanismo ilegal en sus territorios

Ojén ha pedido a la Junta y a la Diputación que asuman las competencias en sanciones. Istán se queja de que a los consistorios no se le dan los resortes necesarios para controlar el fenómeno. Pocos policías locales y técnicos compartidos por varios pueblos, características habituales

 
Vista de Árchez, en plena Axarquía. Este pueblo, al igual que otros muchos en la comarca, no cuenta siquiera con un policía local para controlar el urbanismo.  Fran Extremera

JOSÉ ANTONIO SAU. MÁLAGA
El enemigo común es la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Esta norma impide que se puedan levantar viviendas en el campo, a no ser que estén vinculadas a usos agrícolas, forestales y ganaderos. Y eso ha de estar muy bien justificado en los informes jurídicos y técnicos que avalan la concesión de la licencia. Si no, el alcalde que la concede es acusado de prevaricación urbanística. Sin ir más lejos, el año pasado fueron condenados 16 cargos públicos por este hecho. Sólo uno fue absuelto.
Los alcaldes de la Axarquía encabezaron a mediados del año pasado un movimiento reivindicativo para que la Junta de Andalucía suavizara la norma. Ello fue apoyado incluso por el presidente de la Diputación Provincial, Salvador Pendón, aunque nadie osó reformar la LOUA, sobre todo después de la que estaba cayendo en Málaga con casos como «Malaya», «Arcos» o «Astapa».

Los municipios más pequeños son los que tienen más problemas para controlar el urbanismo ilegal, porque sus medios son exiguos y no pueden llegar a todos los lados. Algunos pueblos sólo tienen entre tres y cinco policías locales para comprobar si las viviendas ilegales se siguen construyendo; algunos municipios de la Axarquía comparten secretario o arquitecto, encargados de elaborar los informes técnicos, y se apoyan en asesores jurídicos externos, mientras que los alcaldes tienen escasos conocimientos en urbanismo y firman todo aquello que les ponen por delante.
 
La Junta de Andalucía y la Diputación Provincial pueden, en teoría, auxiliar a estos pueblos con más medios materiales y humanos, pero la tarea es hercúlea: la ley exige mucho para la financiación escasas con la que cuentan estas administraciones públicas.

Un reflejo de esto es que sólo 15 ayuntamientos de Málaga presentaron denuncias ante la Fiscalía por irregularidades urbanísticas en 2009; los que más, Vélez y Málaga, por motivos obvios: tienen numerosos técnicos.

El alcalde de Istán, José Miguel Marín (IU), asegura que su pueblo ha crecido bien, pero aclara lo siguiente: «A los ayuntamientos se nos dan competencias pero no los medios para llevarlas a cabo». Este municipio apenas tiene 1.500 habitantes censados y 100 metros cuadrados de superficie; desde 2006, han abierto 28 expedientes urbanísticos (en su mayoría, almacenes de aperos levantados sin permiso). Sólo tres policías locales vigilan las casas ilícitas –amén de encargarse de la seguridad ciudadana–. Emiten informes, inspecciones cuando reciben un aviso de posible infracción y hacen el seguimiento de la sanción.

Ojén tiene 86 kilómetros cuadrados de superficie, 2.000 habitantes y 3.000 casas. En concreto, posee 500 expedientes de disciplina urbanística abiertos desde 2004 por excesos de edificabilidad o viviendas en suelo rústico. Pese al inmenso volumen, cinco policías se encargan de los informes de disciplina y vigilar (sólo dos al día, en la práctica).
José Antonio Gómez, regidor de la villa (GSIO), asegura que el Consistorio «tiene pocos recursos». «Contamos con extensiones de terrenos que nos superan por falta de recursos y resultan imposibles de controlar. Yo incluso he mandado escritos a Diputación y Junta para pedirles que las competencias en sanciones urbanísticas las tomen ellos», dice.
En Cuevas del Becerro, en la Serranía de Ronda, sólo tres policías locales se dedican a velar, además de ordenar el tráfico y de la seguridad ciudadana, por que se cumpla la LOUA. Su alcalde, Joaquín Esquina, dice que no tienen mucho trabajo.

Ya en el Valle del Guadalhorce, la situación es similar: Ardales se adhirió a una oficina urbanística del Consorcio del Guadalteba. Su alcalde, Juan Calderón, asegura que los tres agentes locales no tienen capacidad para controlarlo todo, «y la LOUA es cada vez más restrictiva. Tenemos grandes dificultades».

El regidor de Guaro, Sebastián Rueda, afirma que el Ayuntamiento no dispone de capacidad técnica y jurídica para tramitar estos expedientes, ni los agentes están formados jurídicamente para ello.

En la Axarquía, el alcalde de Benamocarra, Abdeslam Lucena, asegura que, antes de la crisis, sólo tenía dos técnicos. Ahora cuenta con uno, que viene tres días en semana. Y, para vigilar, sólo cuatro agentes. En Frigiliana, la situación es similar, con dos policías locales para 4.000 habitantes. El municipio presentó una moción para que la Diputación paliase el déficit en control urbanístico. «No es lógico que la Junta nos pida que cumplamos la legislación, cuando no tenemos fondos para contratar al personal requerido en esas funciones», dice el equipo de Gobierno. Amalia Sánchez, alcaldesa de Árchez, indica que la falta de agentes municipales impide que «se pueda atajar cualquier irregularidad en suelo no urbanizable».

El Almeria 25 8 2010

El TSJA prohíbe acometer actuaciones urbanísticas en paraje El Algarrobico

ELALMERÍA* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, TSJA, ha acordado prohibir al alcalde de Carboneras, Cristóbal Fernández, que acometa actuaciones urbanísticas en el paraje de El Algarrobico y le ha advertido de que, de no acatar la medida, estaría incurriendo en un delito de desobedencia después de que la corporación local aprobase hace un año la adaptación de sus Normas Subsidiarias a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía en la que mantenía la calificación de urbanizable para el sector. La providencia dictada por el Alto Tribunal Andaluz, requiere "personalmente" al regidor carbonero para que "se abstenga de cualquier actuación urbanística" en la zona donde se asienta el macrohotel promovido por la mercantil Azata del Sol y en la que se proyecta, además, la construcción de unas 250 viviendas "al estar pendiente de decisión judicial", subraya, el nivel de protección del parque natural Cabo de Gata-Níjar.

La decisión, contra la que ha interpuesto recurso de súplica el Consistorio de Carboneras que aún se tramita tras la impugnación de la organización Greenpeace, se enmarca en la pieza separada abierta por el TSJA en la que decretó, en noviembre de 2008, la suspensión cautelar de lo dispuesto respecto al paraje de El Algarrobico en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) en vigor desde nueve meses antes al considerar los tres magistrados de la sala que podría permitir el "uso efectivo" del macrohotel de Azata del Sol.

El Alto Tribunal andaluz prohíbe al socialista Cristóbal Fernández acometer actuaciones urbanísticas en esta zona del litoral carbonero después de que tres colectivos ecologistas pusieran en su conocimiento a finales de 2009 la existencia del acuerdo municipal donde la corporación local dio luz verde a una adaptación de su planeamiento en que continuaba clasificando el paraje de El Algarrobico como urbanizable y autorizaba, implícitamente, la construcción de 250 viviendas, lo que, a juicio de los demandantes, suponía desobedecer al tribunal que ordenó mantener el grado de protección que tenía en el anterior PORN. En el auto, la sala de lo contencioso administrativo requiere al Consistorio el citado acuerdo de pleno, que se justificó por parte del Ayuntamiento en que adaptación de las NNSS a la LOUA es de un procedimiento "y no un instrumento de planeamiento", por lo que, a su juicio, no puede "alterar las clasificaciones de suelo ni otras determinaciones urbanísticas". Sostiene el Consistorio, al hilo de esto, que el suelo de El Algarrobico era urbanizable en el PORN de 1994, que derogaba el ahora suspendido y al que el TSJA ordenó retrotraerse, un extremo muy controvertido ya que los cambios en la planimetría efectuados por la Junta de Andalucía fueron tachados por un juez como una "burda maniobra" e investigados por la Fiscalía, que ordenó el archivo.


* El Almería - 25.08.10
Foto: Hotel El Algarrobico (Almería), obras prohibidas - elalmeria.es

El Correo de Andalucia 21 8 2010

Castilblanco.- La Audiencia deja en pie un chalé de Las Minas ante su 'previsible' legalización

ELCORREOWEB/Sevilla* : Nueva sentencia dispar sobre las viviendas ilegales construidas en el paraje de Las Minas. Después de no considerar una piscina como construcción, pero sí la casa, o de rebajar la condena después de demoler una nave, ahora la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha anulado la orden de derribo de un chalé de 170 metros cuadrados construido porque el lugar se ha convertido en una "zona residencial de facto" y los tribunales "son proclives a la regularización" de este tipo de construcciones.

La Audiencia, en una sentencia a la que ha tenido acceso la agencia Efe, confirma la condena de seis meses de cárcel impuesta por el juzgado penal 3 de Sevilla al matrimonio propietario de la parcela, pero anula la parte de la sentencia que ordenaba demoler el chalé. Los acusados J.L.B.V. y su esposa G.V.S. son propietarios de una parcela en la urbanización Las Minas de Castilblanco de los Arroyos donde levantaron entre 2003 y 2006 una vivienda de 170 metros cuadrados con muro de contención de 20 metros, caseta para el motor del pozo, una fosa séptica y una conexión al servicio eléctrico.

De acuerdo con la jurisprudencia vigente, el juzgado penal ordenó la demolición, a costa de los acusados, de todo lo levantado ilegalmente y la reposición del terreno a su estado primitivo. Sin embargo, la Audiencia anula ahora esa parte del fallo porque, según dijo en el juicio el arquitecto municipal, "es posible que en un futuro las construcciones sean autorizables" y el terreno está clasificado como rural pero "no especialmente protegido".

"La zona en la que está la construcción constituye una zona residencial de facto" y "es un hecho notorio que tanto la política administrativa como la jurisprudencia de los tribunales de lo contencioso-administrativo son proclives a la legalización y regularización de zonas como la urbanización Las Minas", dice la Audiencia.

Los jueces recuerdan que la propia sentencia ahora rectificada recoge que la zona "cuenta con diversos viales, acometida de luz eléctrica y telefónica, así como servicio de recogida de basuras", y que más de 500 propietarios pagan al Ayuntamiento el Impuesto de Bienes Inmuebles.

El hecho de no acordar la demolición en la vía penal "no significa en absoluto que la resolución santifique la obra", dice el fallo, que recuerda que dicha medida puede ser tomada por el Ayuntamiento o la Junta como administraciones con competencias en materia de urbanismo.

La sentencia de la Audiencia recoge que el propio Ayuntamiento de Castilblanco "toleró la construcción de decenas de viviendas contrarias a las normas urbanísticas en el mismo paraje", hechos por los que el ex alcalde Manuel Ruiz Lucas (Nueva Izquierda) ha sido imputado por la Fiscalía de Medio Ambiente y se encuentra pendiente de juicio.

Por otra parte, la Audiencia rechaza el argumento de los acusados de que desconocían la ilegalidad de su comportamiento, y dice que en un mundo tan intercomunicado como el actual "es difícil acreditar el desconocimiento de la antijuridicidad de un hecho de esa naturaleza".

* El Correo de Andalucía - 21.08.10
Foto: Castilblanco de los Arroyos (Sevilla), urbanización Las Minas - elcorreoweb.es

La Opinion 8 8 2010

Santa Cruz.- La amenaza del gran mamotreto

LAOPINIÓN/Tenerife* : El silencio es ensordecedor. Murciélagos y palomas, sus principales inquilinos. La inmensa sombra del hotel de Añaza se extiende sobre el mar. La basura y el abandono lo rodean. La ausencia de vallas de seguridad y el camino que invita a entrar a sus tenebrosos y peligrosos aposentos lo convierten en un quebradero de cabeza para los padres. De día, un hotel fantasma; de noche, el escenario de historias con drogas y alcohol, o el nido de amor de atrevidas parejas. Ha sido también el fatídico desenlace de al menos cuatro vidas. Lleva treinta años en pie, y el Estado y el Ayuntamiento de la capital enfrascados en la discusión sobre quién debía derribarlo. Mientras que Cho Vito, Igueste o Bocacangrejo temían y temen por sus casas; mientras que, por ejemplo, en Santa Cruz se invertían millones para traer a Rafael Amargo al Carnaval, el también llamado hotel de Acorán, el auténtico mamotreto de Santa Cruz, y la costa de Añaza, continuaban y continúan en el olvido, a la espera de que pueda ocurrir otra desgracia.

Pero ahora ya no hay excusa que valga. El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino lo deja claro a este periódico. Costas no tiene ninguna competencia en la demolición de este ruinoso edificio, pues se encuentra sobre suelo urbano. Lo que ocurra con este gran bloque de hormigón es responsabilidad del Ayuntamiento de Santa Cruz, y así lo ha reconocido la propia Gerencia de Urbanismo, eso sí, después de tener que revisar el expediente.

Los técnicos de Urbanismo comentan que los constructores eran alemanes y la empresa se denominaba Cooperativa Santa Cruz, aunque "nunca se pidió licencia". Un vecino de Bocacangrejo, César Rodríguez, cuenta que su padre trabajó para ellos en este hotel y que "un buen día, los alemanes se marcharon con todo el dinero, sin pagar al personal, y dejando este bloque de piedra en la costa santacrucera".
La empresa no tenía licencia, pero aún así, pudo levantar 21 plantas ante los ojos ciegos en aquel entonces del Ayuntamiento, y el edificio no está precisamente muy escondido. Ante la imposibilidad de encontrar a los propietarios, comenzó la pelea entre el Estado y la corporación local santacrucera para intentar quitarse el muerto. El "carteo" fue el medio utilizado, tal y como reconocen los técnicos. "Que si debes derribarlo tú..., que si te corresponde a ti...". Finalmente, la competencia ya parece clara, debe ser el Ayuntamiento la administración que debe encargarse de este fantasma gigante de piedra.

Los técnicos de Urbanismo indican que la última actuación pública que se realizó en la zona, y que fue en el año 2002, consistió en la colocación de unas vallas de seguridad para impedir el acceso a estas peligrosas instalaciones, donde se había producido ya algún que otro accidente. Pero también el misterio rodeaba a los casos de muerte que se habían detectado en el hotel.

Al menos cuatro personas han perdido la vida en él, pero poco se dice desde la Policía Local. El más sonado fue el de un joven que cayó cuando estaba capturando palomas en el interior del edificio. Otros casos se prefieren mantener en secreto.

Esas vallas hoy no existen, ni ninguna otra medida de seguridad. Cualquiera puede acceder con total facilidad al hotel. Los vecinos temen que se produzca otra desgracia. "No entiendo cómo se puede estar tan tranquilo en el Ayuntamiento teniendo esta mole aquí tan peligrosa", dice la ciudadana Ana Falcón.

´Okupas´
Otra vecino de la zona, Enrique Fernández, cuenta que "también hay okupas, familias muy necesitadas que se han instalado en las cuevas que se encuentran bajo la estructura del edificio". "Es cierto que la Policía Local viene a menudo, sobre todo por las noches, porque muchos jóvenes vienen a beber, a celebrar fiestas..., y esto es bastante peligroso. Pero, deberían derribarlo ya o hacer algo con él, dar una solución. O simplemente colocar las medidas de seguridad necesarias para que nadie pueda acceder a él".

La Gerencia de Urbanismo manifiesta que se está a la espera de que se apruebe el Plan General de Ordenación Urbana de Santa Cruz para desarrollar el Plan Especial director que ordenará esta zona de Añaza, en el que ya se contempla la demolición por parte del Ayuntamiento del hotel. Es más, el Consistorio recuerda que existe un proyecto para esta parte de la costa, denominado Pasea, e ideado por los arquitectos José David Izquierdo, Raquel Guanche y David Espejo, cuyo coste asciende a 65 millones de euros. Pero los vecinos dicen que "hemos escuchado la misma canción desde hace muchísimos años, y aquí nadie ha hecho absolutamente nada".

Lo que no se sabe aún es cuánto le costará a la corporación local capitalina derribar este ruinoso edificio y de dónde se sacará el dinero. Tampoco se quiere establecer una fecha determinada para un hecho tan esperado.

Eso sí, el Ayuntamiento lo sigue asegurando. Tirará el hotel, pero cuando se apruebe el Plan. "En un futuro, en lugar de esta infraestructura, la zona tendrá un paseo, rematado con un gran parque de palmeras, con piscinas naturales, instalaciones deportivas y espacios de sombra", mantiene la Gerencia de Urbanismo.


* La Opinión Tenerife - 8.08.10
Foto: El hotel fantasma, ubicado en la costa de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife.- laopinion.es

Irish Independent

how one couple's retirement hideaway turned into a pile of rubble

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Saturday July 31 2010

Len and Helen Prior always dreamed of retiring to a villa in the Spanish sun.

The couple, a retired driver and telecommunications worker, didn't make that much money.

But they had spent a lifetime improving and trading up until finally, in 2003, they could afford to sell their UK house and build a dream home in Almeria, which they named 'Tranquility'.

It had everything for a blissful retirement: swimming pool, huge flourishing garden painstakingly grown out of arid scrubland, and lots of rooms for their three children and six grandchildren.

The hot climate and easygoing lifestyle were also ideal for Len and Helen's health problems. Both now 65, they suffer from a heart condition and arthritis respectively. They made lots of friends whom they invited to dinner parties and barbecues by the pool. Helen baked and sewed; Len restored old cars. Their happiness seemed complete when their daughter moved to within driving distance.

But by the end of 2008, it had all gone horribly wrong.

Their beautiful home, like their Spanish dream, was smashed into a pile of rubble.

Now, after two years living in their garage, they have just been allotted a local council house.

The Priors are still in shock -- like most 'illegal' home-owners, they thought they had done everything by the book.

Experienced at buying and selling property, they had secured all the necessary permits from the local council before building began.

Yet, unknown to them, some permissions had been obtained illegally, as was common practice at the time, and the regional government condemned their €600,000 home.

"Their lawyers said 'don't worry, we'll appeal to the Supreme Court," says Irishwoman Maura Hillen, president of AUAN, one of many groups representing "illegal" home-owners in the region.

But one morning, when Helen tried to make coffee, she noticed the electricity had been cut off. And through the window, she saw a procession of police, cameramen, stern-faced officials and a demolition crew with diggers and trucks.

They had hours to get their belongings out. "They only just managed to do that in time because so many local people turned up to help. The Spanish people, apart from the ones who sold us these houses, obviously, are really very nice," says Maura.

Len, who had come to Spain to escape stress, finally succumbed to it as the diggers moved in. Blood pressure soaring, he collapsed and was rushed to hospital as the walls of his home came down.

The couple, like others in the same situation, are probably entitled to compensation. But Spain's legal system is as slow-paced as its lifestyle.

According to Maura, the regional government has "disgraced itself" by getting involved in an "unseemly row" with the local council over who should pay up. "We're now in the third year and there is no end in sight. It could take another seven," she adds. (Most Spanish legal battles last a decade).

By then the Priors will be well into their seventies and won't have much retirement left to enjoy.

It was no consolation to them when, last year, Spain's Constitutional Court ruled that the planners' actions had been illegal.

"They finally made a ruling on the demolition -- after it had taken place," Maura says wryly.

Irish Independent