Los pequeños municipios exigen más medios para controlar el urbanismo ilegal en sus territorios
Ojén ha pedido a la Junta y a la Diputación que asuman las competencias en sanciones. Istán se queja de que a los consistorios no se le dan los resortes necesarios para controlar el fenómeno. Pocos policías locales y técnicos compartidos por varios pueblos, características habituales
Vista de Árchez, en plena Axarquía. Este pueblo, al igual que otros muchos en la comarca, no cuenta siquiera con un policía local para controlar el urbanismo. Fran Extremera
JOSÉ ANTONIO SAU. MÁLAGA
El enemigo común es la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Esta norma impide que se puedan levantar viviendas en el campo, a no ser que estén vinculadas a usos agrícolas, forestales y ganaderos. Y eso ha de estar muy bien justificado en los informes jurídicos y técnicos que avalan la concesión de la licencia. Si no, el alcalde que la concede es acusado de prevaricación urbanística. Sin ir más lejos, el año pasado fueron condenados 16 cargos públicos por este hecho. Sólo uno fue absuelto.
Los alcaldes de la Axarquía encabezaron a mediados del año pasado un movimiento reivindicativo para que la Junta de Andalucía suavizara la norma. Ello fue apoyado incluso por el presidente de la Diputación Provincial, Salvador Pendón, aunque nadie osó reformar la LOUA, sobre todo después de la que estaba cayendo en Málaga con casos como «Malaya», «Arcos» o «Astapa».
Los municipios más pequeños son los que tienen más problemas para controlar el urbanismo ilegal, porque sus medios son exiguos y no pueden llegar a todos los lados. Algunos pueblos sólo tienen entre tres y cinco policías locales para comprobar si las viviendas ilegales se siguen construyendo; algunos municipios de la Axarquía comparten secretario o arquitecto, encargados de elaborar los informes técnicos, y se apoyan en asesores jurídicos externos, mientras que los alcaldes tienen escasos conocimientos en urbanismo y firman todo aquello que les ponen por delante.
La Junta de Andalucía y la Diputación Provincial pueden, en teoría, auxiliar a estos pueblos con más medios materiales y humanos, pero la tarea es hercúlea: la ley exige mucho para la financiación escasas con la que cuentan estas administraciones públicas.
Un reflejo de esto es que sólo 15 ayuntamientos de Málaga presentaron denuncias ante la Fiscalía por irregularidades urbanísticas en 2009; los que más, Vélez y Málaga, por motivos obvios: tienen numerosos técnicos.
El alcalde de Istán, José Miguel Marín (IU), asegura que su pueblo ha crecido bien, pero aclara lo siguiente: «A los ayuntamientos se nos dan competencias pero no los medios para llevarlas a cabo». Este municipio apenas tiene 1.500 habitantes censados y 100 metros cuadrados de superficie; desde 2006, han abierto 28 expedientes urbanísticos (en su mayoría, almacenes de aperos levantados sin permiso). Sólo tres policías locales vigilan las casas ilícitas –amén de encargarse de la seguridad ciudadana–. Emiten informes, inspecciones cuando reciben un aviso de posible infracción y hacen el seguimiento de la sanción.
Ojén tiene 86 kilómetros cuadrados de superficie, 2.000 habitantes y 3.000 casas. En concreto, posee 500 expedientes de disciplina urbanística abiertos desde 2004 por excesos de edificabilidad o viviendas en suelo rústico. Pese al inmenso volumen, cinco policías se encargan de los informes de disciplina y vigilar (sólo dos al día, en la práctica).
José Antonio Gómez, regidor de la villa (GSIO), asegura que el Consistorio «tiene pocos recursos». «Contamos con extensiones de terrenos que nos superan por falta de recursos y resultan imposibles de controlar. Yo incluso he mandado escritos a Diputación y Junta para pedirles que las competencias en sanciones urbanísticas las tomen ellos», dice.
En Cuevas del Becerro, en la Serranía de Ronda, sólo tres policías locales se dedican a velar, además de ordenar el tráfico y de la seguridad ciudadana, por que se cumpla la LOUA. Su alcalde, Joaquín Esquina, dice que no tienen mucho trabajo.
Ya en el Valle del Guadalhorce, la situación es similar: Ardales se adhirió a una oficina urbanística del Consorcio del Guadalteba. Su alcalde, Juan Calderón, asegura que los tres agentes locales no tienen capacidad para controlarlo todo, «y la LOUA es cada vez más restrictiva. Tenemos grandes dificultades».
El regidor de Guaro, Sebastián Rueda, afirma que el Ayuntamiento no dispone de capacidad técnica y jurídica para tramitar estos expedientes, ni los agentes están formados jurídicamente para ello.
En la Axarquía, el alcalde de Benamocarra, Abdeslam Lucena, asegura que, antes de la crisis, sólo tenía dos técnicos. Ahora cuenta con uno, que viene tres días en semana. Y, para vigilar, sólo cuatro agentes. En Frigiliana, la situación es similar, con dos policías locales para 4.000 habitantes. El municipio presentó una moción para que la Diputación paliase el déficit en control urbanístico. «No es lógico que la Junta nos pida que cumplamos la legislación, cuando no tenemos fondos para contratar al personal requerido en esas funciones», dice el equipo de Gobierno. Amalia Sánchez, alcaldesa de Árchez, indica que la falta de agentes municipales impide que «se pueda atajar cualquier irregularidad en suelo no urbanizable».
