urbanismo
Bruselas no interviene contra el PGOU en Hondón de los Frailes porque aún no está aprobado
La Eurocámara mantendrá abierta una denuncia ciudadana por presunta falta de compensaciones en expropiaciones
01.02.11 - 19:51 -EFE| ALICANTE |
La Comisión Europea (CE) ha asegurado hoy que seguirá insistiendo a España para que cumpla con las normas de gestión de aguas y de tratamiento de aguas residuales, después de que dos ciudadanos llevasen al Parlamento Europeo quejas contra desarrollos urbanísticos en la Comunidad Valenciana.
La comisión de Peticiones de la Eurocámara ha estudiado hoy los dos asuntos: la construcción en Elche de un bloque de cinco plantas y 1.600 apartamentos, y el plan urbanístico de Hondón de los Frailes, criticado por algunos vecinos.
Tras el debate, los eurodiputados decidieron dejar abiertos los dos expedientes a la espera de más información.
En el caso de Elche, Bruselas considera que está afectada la directiva de gestión de aguas residuales, por cuyo incumplimiento España tiene abierto un procedimiento de infracción en su contra.
El representante de la CE en la sesión ha recordado que el pasado 27 de enero se envió un "dictamen motivado" -aviso previo al envío del caso al Tribunal de Justicia de la UE- para conseguir que España garantice un tratamiento correcto de las aguas.
Bruselas, sin embargo, ha rechazado otras acusaciones de los denunciantes contra el proyecto, como la del uso irregular de fondos, al considerar que no tienen base.
En cuanto a posibles problemas de planificación territorial, el representante de la CE ha recordado que no son competencia de la UE, sino de las autoridades valencianas.
Mientras, la queja sobre Hondón de los Frailes, presentada por un ciudadano británico en nombre de una asociación de vecinos, critica el plan de ordenación urbanística de la localidad al considerar que no sería sostenible y que no se respetan los derechos de los propietarios.
La CE considera que en este caso es la directiva marco del agua la afectada, y ha recordado que España tiene abierto un expediente en su contra por no haber aprobado a tiempo los planes hidrográficos de cuenca requeridos por la legislación europea.
En lo que se refiere al plan de ordenación urbana en concreto, el Ejecutivo comunitario ha explicado que no puede intervenir por ahora.
Los denunciantes han protestado porque a su juicio los proyectos en la localidad se desarrollan en el marco de una ley que "no ofrece suficientes garantías de indemnización a los propietarios por la expropiación de sus terrenos".
Esta queja, que ya ha sido llevada en numerosas ocasiones a la Eurocámara por extranjeros residentes en España, ha sido acompañada de críticas por parte de diputados británicos.
Para Marta Andreasen -del grupo Libertad y Democracia- "ya es hora de hacer algo que obligue a las autoridades españolas a proteger los derechos de los ciudadanos europeos".
Mientras, el conservador Roger Helmer hizo hincapié en la "frustración" que sienten los ciudadanos de la UE que no ven respetado su derecho a la propiedad.
