El Pais 11 12 2012: Andalucia permite la regularizacion de 250.000 casas ilegales

Andalucía permite la regularización de 250.000 casas ilegales

ELPAÍS* : La Junta de Andalucía aprobó ayer el decreto que persigue la regularización de miles de casas que se han levantado de forma ilegal en suelos no urbanizables durante las últimas décadas. La norma abre la puerta al "reconocimiento" de las casas, una figura legal que les permitiría salir del limbo jurídico y acceder, por ejemplo, al suministro de agua y luz. "Son viviendas que no pueden ser demolidas ni legalizadas", detalló ayer la consejera andaluza de Obras Públicas, Josefina Cruz Villalón.

El Gobierno regional desconoce el número exacto de edificaciones que se verán afectadas. La consejería solo dispone de algunos censos parciales y estimaciones. Gloria Vega González, secretaria general de Ordenación del Territorio y Urbanismo, señaló que la Junta calcula que en Andalucía hay entre 300.000 y 350.000 viviendas irregulares aisladas. Alrededor de un 10%, añadió Vega, nunca podrán legalizarse, porque están en suelos protegidos y zonas inundables o porque el delito urbanístico no ha prescrito. Otro 10% sí pueden ser legalizado con el planeamiento actual. En el 80% restante -es decir, entre 200.000 y 250.000 edificaciones- el delito ha prescrito y, aunque nunca serán legales por estar en suelo no urbanizable, los Ayuntamientos podrán otorgarles un "reconocimiento" jurídico como "asimiladas a fuera de ordenamiento".

El decreto introduce novedades fundamentalmente en este último caso. Los propietarios podrán ahora inscribir las edificaciones en el Registro de la Propiedad, con lo que ganan en seguridad jurídica, y las compañías suministradoras podrán darles acceso a agua y luz con todas las de la ley.

Críticas
Cruz Villalón insistió ayer en que todos los gastos que se deriven de la aplicación de la norma tendrán que ser asumidos por los propietarios. "El decreto no es una norma de regularización indiscriminada sino una respuesta concreta acorde a cada situación".

Pero su aprobación cosechó ayer críticas. Las organizaciones ecologistas consideraron un "error" la regularización. En opinión de WWF y Ecologistas en Acción, la Junta lanza el mensaje de que existen leyes que "no es necesario cumplir, pues luego vendrá la Administración para resolver el problema creado al respecto". Para el PP, sin embargo, la norma se queda corta ya que las casas "van a seguir siendo ilegales".

* El País - MANUEL PLANELLES - Sevilla - 11/01/2012
Foto: El Puerto (Cádiz), viviendas ilegales - diariodecadiz.es

Noticias de Almeria 12 1 2012: Griñán hace legal lo ilegal

Griñán hace legal lo ilegal

PEDRO TENA* : La Junta va a librar de la piqueta 9 de cada 10 casas ilegalmente construidas en Andalucía, con lo que se hace bueno el dicho de tú construye que una vez hecha la casa, no la cae nadie. En lo que cabe considerar como una amnistía encubierta de delitos urbanísticos, la decisión de Griñán hace que el esfuerzo de respetar la legalidad que hacen millones de ciudadanos andaluces seas equivalente al esfuerzo de quebrantarla que realiza una minoría que ahora ve que no cumplir la ley es bien rentable como se quiere electoralmente rentable la medida impulsada por José Antonio Griñán.
El 90 por ciento de las viviendas construidas en Andalucía en suelos no urbanizables podrán regularizarse a través de las distintas fórmulas y sólo un 10 por ciento de las alrededor de las 250.000 edificaciones que están al margen de la legislación corren el riesgo de ser derribadas.
Si escandalosa es la situación jurídica creada, más escandalosa aún es la explicación aportada por la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz, que dice que el objetivo del Decreto del gobierno Griñán es adaptar la «realidad física a la jurídica» así como «acotar un fenómeno del pasado», que es como califica al urbanismo descontrolado y consentido por la Junta hace muchos años. De este modo se justifica que cualquiera haga lo que quiera, porque, después, se adaptará la realidad física a la jurídica.

En Andalucía alrededor de 250.000 viviendas ilegales de uso residencvial que no pueden ser demolidas ahora porque ha prescrito el delito urbanístico pero que tampoco podían ser legalizadas. Hasta ese punto ha sido negligente y dolosa la conducta de la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE desde 1982, hace treinta años.

La consejera ha dicho que no se trata de una regularización indiscriminada ni de una «ley de punto final». Según ella y con el censo realizado en la mano,
«de cada diez viviendas una se puede legalizar directamente, ocho podrán ver reconocida su situación y se les dotará de servicios básicos, pues no se pueden demoler porque el posible delito ha prescrito, pero tampoco se legalizarán; y una de cada diez viviendas sería demolida y no se podría legalizar». Estas últimas son las que se encuentran en suelos de especial protección y/o en zonas inundables.

* Noticias de Almería - Opnión - 12.1.12

Fwd: Tercera - Opinion 2 1 2012: La Plataforma por una Vivienda Digna denuncia una ayuda encubierta a los bancos...

La Plataforma por una Vivienda Digna denuncia una ayuda encubierta a los bancos de 100.000 millones de euros

PLATAFORMAPORUNAVIVIENDADIGNA* : Cronología de la Burbuja Inmobiliaria y situación actual: en el Consejo de Ministros del 30-12-2011 se recupera la desgravación en el IRPF por adquisición de vivienda habitual en las mismas condiciones que existían hasta el 31 de diciembre de 2010 con el anterior gobierno con el fin de reactivar el mercado de viviendas y, por tanto, la especulación inmobiliaria.

En 1990 el gobierno de Felipe González reformó la Ley del Suelo en España (ley 8/1990), con un texto refundido en 1992 que supuso una primera etapa de conversión de suelo rústico a suelo urbanizable.

En 1998, el primer gobierno Aznar vuelve a reformar la ley del suelo liberalizándolo aún más y simplificando los tipos de suelo a tres: urbano, urbanizable y no urbanizable, fijando además la siguiente premisa: que "salvo que esté expresamente prohibido por una disposición jurídica, todo suelo es, a partir de ahora, urbanizable". La finalidad era conseguir "un drástico aumento de la oferta de suelo", lo que, según el entonces ministro Arias-Salgado, se debería traducir a medio plazo en "una reducción del precio del suelo y, por tanto, de la vivienda".

Una noticia del diario El Mundo titulada "La Ley del Suelo aumentará la cantidad de terreno urbanizable" aseguraba en su subtítulo que "la nueva norma aprobada ayer pretend[ía] también abaratar la vivienda". Otro editorial de Marzo de 1998 -"Suelo barato"- del mismo diario reflexionaba sobre las consecuencias de la aprobación de la nueva Ley del Suelo del gobierno del PP, posicionándose claramente a favor de la misma.

Otros medios situados ideológicamente en posturas neoliberales publicaban informaciones parecidas, refiriéndose a la situación anterior del suelo en España como "una estricta regulación administrativa". El editorial de El Mundo concluía;

"Habrá que dar tiempo al tiempo hasta que esta iniciativa pueda dar sus frutos. Sólo entonces podremos hacer un juicio definitivo".

Cualquiera puede ahora sacar conclusiones acertadas sobre las consecuencias de esa decisiva iniciativa a largo plazo. Desde la oposición de izquierda se advertía entonces que la nueva ley favorecería la especulación inmobiliaria y aumentaría el precio de la vivienda. Efectivamente, la burbuja inmobiliaria se ponía en marcha por esas fechas.

Tras el cambio del gobierno, el PSOE aprobaba desgravaciones fiscales a la compra de vivienda entre otras medidas, contradiciendo su postura cuando era parte de la oposición al gobierno anterior y alimentado el falso modelo "productivo" que el PP había puesto en marcha en 1998. Se creaban cientos de miles de puestos de trabajo vinculados al sector de la construcción, empleos que empezaron a destruirse aceleradamente desde el estallido de la actual crisis económica internacional y de la burbuja inmobiliaria interna. Gran parte del 20% de desempleo actual proviene -sin duda- de la construcción.

Estos días, a raíz de las últimas medidas aprobadas por el nuevo gobierno Rajoy relativas a la vivienda en fechas en las que la opinión pública anda bastante distraída, la PVD ha publicado un importante comunicado que difundimos a continuación;

"La asociación de carácter estatal Plataforma por una Vivienda Digna, tras revisar el real decreto-ley de "medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público", denuncia que contiene una ayuda de 100.000 millones de euros en avales para las entidades financieras, que no ha sido comunicada a la ciudadanía ni en la rueda de prensa, ni en el documento difundido por La Moncloa con posterioridad. Asimismo, esta asociación califica de inconcebible la recuperación de las desgravaciones fiscales a la compra de vivienda con todas las recomendaciones nacionales e internacionales en contra.

Revisando el contenido del real decreto-ley publicado el 31 de diciembre de 2011 en el Boletín Oficial del Estado, se puede observar un incremento muy significativo en los límites máximos de la cuantía destinada a los avales del Estado para entidades financieras privadas, que se incrementa con esta norma hasta la cifra de 196.043 millones de euros. Si uno compara esta cifra con la del real decreto-ley precedente, en la que el importe ascendía a 115.543,5 millones de euros, se observa que, aparte de la abultada partida destinada a los avales al fondo de "Facilidad Europea de Estabilización Financiera" -que permanece invariable-, aparece un nuevo concepto (que en el anterior decreto análogo no aparecía) que va a permitir al Estado avalar y hacerse cargo con vigencia indefinida en caso de ejecución de la deuda privada –y sus intereses- por valor de 100.000 millones de euros.

En concreto, el real decreto-ley, en la disposición final decimoséptima (página 146.637 del BOE), expone textualmente:

«Con efectos de 1 de enero de 2012 y vigencia indefinida (…) b) 100.000.000 miles de euros para el otorgamiento de avales a las obligaciones económicas derivadas de las emisiones de bonos y obligaciones nuevas que realicen las entidades de crédito residentes en España con una actividad significativa en el mercado de crédito nacional. El aval garantizará el principal de la emisión y los intereses ordinarios. De producirse la ejecución del aval, siempre que la misma se inste dentro de los 5 días naturales siguientes a la fecha de vencimiento de la obligación garantizada, el Estado satisfará una compensación a los titulares legítimos de los valores garantizados, sin perjuicio de las cantidades que deba abonar en virtud del aval.»

Mal, muy mal inicia la andadura el nuevo gobierno, si comienza mintiendo y ocultando información de este monumental calibre a los hastiados ciudadanos de España, peor si eso se hace en nombre de la verdad, mucho peor si es para intentar sostener con recursos públicos una situación inmobiliaria que lleva tiempo siendo y es a todas luces insostenible; y tremendamente nefasta, si esa ocultación se hace tirando por tierra las palabras del presidente Mariano Rajoy, cuando en la campaña electoral ha negado hasta la saciedad que fuese a subir impuestos y a otorgar ayudas a las entidades financieras.

Las desgravaciones, un canto de sirena que comprometerá las políticas públicas de vivienda, tan necesarias en estos momentos

Por otra parte, esta asociación ha venido reiterando en consonancia con instituciones como el BCE, el Banco de España, la OCDE, Funcas, el FMI, el Consejo Económico y Social, CCOO, la Comisión Europea y un larguísimo etcétera de organismos nacionales e internacionales de todo tipo de signo y condición, que las desgravaciones fiscales a la compra de vivienda han estado en el origen del cáncer inmobiliario que ha degenerado en la brutal crisis económica que padecemos en España y por tanto, nos vemos obligados a alzar la voz una vez más criticando ferozmente el reforzamiento de estas "ayudas" y reiterando nuestra petición de que se retiren de manera paulatina y no retroactiva.

En estos momentos de excepcionalidad, además nos parece tremendamente grave que el grueso del dinero de las políticas públicas de vivienda e incentivos como el IVA al 4%, se vuelvan a focalizar en la compra de vivienda -lo que no deja realmente de ser otra ayuda a bancos y promotores en base a un supuesto fin social- cuando estos fondos debieran servir para propiciar políticas de alojamiento que paliaran la extrema urgencia en la que se encuentra ya una buena parte de la sociedad española que está soportando un paro, unos desahucios y una exclusión social fuera de todo orden. Por si fuera poco, con las tremendas cifras de desempleo y la enorme incertidumbre que está padeciendo el país, pensar que estas desgravaciones van a cumplir el objetivo de liquidar el stock de vivienda existente –el verdadero fin que persigue su "recuperación"- es una pura entelequia.

El suelo, en una eterna valoración falsa

También denunciamos que en este real decreto-ley se prorroga de nuevo la aplicación de la Ley del Suelo en cuanto a la valoración de terrenos recalificados. Otro muy mal síntoma que persevera en una política económica basada en la ocultación y falseamiento de la realidad. Los problemas jamás se resuelven ocultándolos y el que tienen las entidades financieras con un suelo pagado muy caro y que no vale nada sin viviendas construidas encima, no va a ser algo distinto. Por otra parte, valoramos como muy negativa la intención de que sea el Estado a través del "banco malo", el que cargue directamente con las consecuencias de decisiones de financiación que en su día se basaron en la más pura codicia y especulación, sin que las personas y entidades que tomaron estas decisiones, tan dañinas para la economía española, asuman ninguna consecuencia ni la más mínima responsabilidad.

Hace años, en un comunicado en el que advertíamos de la crisis económica, social y política que iban a traer las políticas que favorecían la burbuja inmobiliaria, esta asociación a la desesperada, instó a nuestros gobernantes a pensar en el país que iban a dejar sus hijos. Redoblamos esa apuesta y ahora, cuando estamos padeciendo como nunca los resultados de tantos años de sinrazón, invitamos a nuestros gobernantes a pensar en el papel con el que se van a ver reflejados en los libros de historia, puesto que con la reiteración de unas políticas económicas tan nefastas como funestas que son un enorme y grave error, que han esquilmado y endeudado hasta límites insoportables a la población española agrandando más y más el agujero negro inmobiliario, están conduciendo a este país inexorablemente a la autodestrucción económica. Parafraseando al científico Einstein como última reflexión: "Locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados".

Plataforma por una Vivienda Digna

* Tercera - Opinión - 2.1.12
Foto: Vivienda digna, cartel novasatenerunacasaenlaputavida

ABC 30 12 2011: La Junta de Andalucía va a regular por decreto en el mes de enero miles de viviendas ilegales

La Junta de Andalucía va a regular por decreto en el mes de enero miles de viviendas ilegales

ABC* : El martes 10 de enero es la fecha inicialmente prevista para que el Consejo de Gobierno de la Junta apruebe el Decreto por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos en suelos no urbanizables, una normativa impulsada en la presente legislatura por la consejera de Obras Públicas y Viviendas, Josefina Cruz, y que permitirá la normalización de miles de viviendas construidas de forma ilegal. El decreto cuenta con el dictamen favorable del Consejo Consultivo, que únicamente ha apuntado objeciones de carácter técnico y perfectamente subsanables.
En Andalucía se calcula que hay entre 300.000 y 400.00 viviendas que por haberse levantado en suelos no urbanizables incumplen la legislación, circunstancia a la que se quiere poner fin con una normativa sumamente compleja por cuanto incluye una amplia variedad de tipologías.

El Decreto, que según afirmó recientemente el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, será aprobado el próximo 10 de enero, señala en la exposición de motivos que «la complejidad de los procesos territoriales y su evolución en el tiempo, y las modificaciones habidas en el marco normativo, hacen que convivan en esta clase de suelo situaciones muy diferentes, tanto en su génesis como en su forma de implantación, que demandan un tratamiento diferenciado».

«Es por lo que el presente Decreto ­añade­ tiene como objetivo principal clarificar el régimen aplicable a las edificaciones existentes en suelo no urbanizable, singularizando su casuística y estableciendo los requisitos esenciales para su reconocimiento por el Ayuntamiento y su tratamiento por el planeamiento urbanístico. Esta línea de desarrollo normativo ya fue iniciada por el Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía».

Actualmente, existen en esta clase de suelo edificaciones en diferentes situaciones por su origen, ubicación, uso, etc. El Decreto diferencia básicamente las edificaciones por su forma de implantación y por su adecuación o no a las determinaciones establecidas en la ley.

Diferencias

Entre las edificaciones disconformes pueden distinguirse, además, diferentes situaciones: las que se construyeron con arreglo al régimen jurídico existente en su momento a las que una norma sobrevenida las ha dejado fuera de ordenación, y las edificaciones que se han construido al margen de la legalidad, para las que la Ley establece la necesidad de restituir la realidad física alterada, si bien cuando ya no se puedan adoptar medidas de protección y restauración de la legalidad, por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 185.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, estas edificaciones quedan en situación de asimilación al régimen de fuera de ordenación. Las medidas de restauración de la legalidad no prescriben en ningún caso cuando las edificaciones se ubican en suelos protegidos o afectados por riesgos naturales.

De esta forma, la Consejería de Obras Públicas contempla un numeroso grupo de edificaciones que, previa decisión judicial, tendrán que ser demolidas. Son aquellas que se encuentran en suelos de especial protección y en zonas inundables. También las que sus propietarios recibieron las órdenes de paralización cuando se encontraban en fase de estructura, y las que estando afectadas por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía no han transcurrido cuatro años desde que fueron terminadas, periodo que la LOUA marca para la prescripción.

En paralelo a la elaboración del decreto, la Junta ­en colaboración con los ayuntamientos­ ha venido elaborando el censo de viviendas construidas en suelos no urbanizables, centrado esencialmente en dos comarcas, la Axarquía de Málaga y el Valle del Almanzora, en Almería.

Según datos facilitados por la Consejería, en Almanzora, en suelo protegido, se contabilizaron 534 edificaciones, un 4,2 por ciento, y de menos de cuatro años o no finalizadas, otras 386, el 3,1 por ciento. En el caso de la Axarquía, en el apartado de suelo protegido fueron 859, el 6,7 por ciento de las construidas en zonas no urbanizables, y las de menos de cuatro años o no terminadas de construir, 876, un 6,8 por ciento del inventario.

El resto de las viviendas, un 92,7 por ciento en Almanzora y un 86,5 en Axarquía, podrán ser regularizadas dentro de las variantes que marcará la inminente normativa, bien como fuera de ordenación, o bien asimilado a fuera de ordenación.

Consejo Consultivo

El Decreto que previsiblemente se aprobará el próximo 10 de enero fue dictaminado favorablemente por la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de Andalucía en la sesión celebrada el pasado día 21 de diciembre. La conclusión del informe, de carácter favorable, señala que, «en términos generales, el articulado de la disposición proyectada se ajusta al ordenamiento jurídico». No obstante, incluye una serie de observaciones. Así, en referencia al artículo 8.2.a, se indica: «Entre los supuestos en los que no se reconocerá la situación de fuera de ordenación, debe incluirse las edificaciones realizadas sobre suelo dotacional público, cuyas actuaciones ilegales sobre el mismo gozan de la imprescriptibilidad consagrada en el artículo 185.2 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre».

«Ciertamente ­indica el Consultivo­ es excepcional que una dotación pública se encuentre sobre suelo no urbanizable. No obstante, la experiencia nos indica que, si bien de forma poco ortodoxa, en algunos planeamientos generales los sistemas generales de espacios libres han sido implantados sobre suelo urbanizble. Para evitar que una vivienda ilegal construida sobre el mismo se le pretenda aplicar los beneficios derivados de su falta de mención expresa en el artículo 8.2.a del Decreto, es necesario incluir de forma expresa este supuesto a fin de que no pueda ser declarada como asimilada a fuera de ordenación».

De la reticencia a la oposición frontal
La legalización de viviendas irregulares en Andalucía a través de un Decreto específico levantó en principio serias reticencias en las organizaciones conservacionistas. Pero en estos momentos la postura es de frontal oposición. Juan Clavero, portavoz de Ecologistas en Acción en esta materia, considera sin dudarlo en declaraciones a ABC que la Junta va a dar una «amnistía» al urbanismo supuestamente ilegal. Tras recordar que son numerosos los alcaldes imputados y condenados por «permitir y avalar las miles de viviendas que ahora se quieren legalizar», señaló que la propuesta «es de suma gravedad por ser contraria a la legislación vigente y crear un precedente muy peligroso para los actos delictivos contra la ordenación del territorio. El Decreto ­subrayó­ es un aval para el urbanismo salvaje». Según Clavero, la regularización de miles de viviendas ilegales «desgajadas de los núcleos de población provocará un grave problema, pues creará poblaciones imposibles de administrar, que demandarán inversiones públicas y servicios que serán muy costosos o, incluso, imposibles de acometer por su dispersión».


* ABC - JOSÉ CEJUDO - 30.12.11
Foto: Una pala mecánica procede a la demolición de una vivienda ilegal - ideal

El Confidencial 31 12 2011: Vuelta al patrón ladrillo.....

Vuelta al patrón ladrillo: estímulos para comprar y más IBI para recaudar

ELCONFIDENCIAL* : A corto plazo, el nuevo Gobierno tiene claro que parte de la solución pasa por el ladrillo. Quedó claro ayer con la presentación del primer paquete de medidas, de la que se desprende una decidida apuesta por estimular el mercado de la vivienda y por incrementar la recaudación apelando al patrimonio inmobiliario de los ciudadanos. Por el camino, soltar lastre de algunos gastos comprometidos, como la renta básica de emancipación (364 millones).
Al contrario que con otras subidas de impuestos, en el caso de las medidas relacionadas con la vivienda, todas venían recogidas en el programa electoral del PP. Para el objetivo de poner en valor el actual stock de viviendas, los populares apostaban por reactivar el mercado de compraventa. Para ello, como prometieron, han prorrogado otros seis meses el IVA superreducido del 4% y recuperan la deducción por adquisición de vivienda en el IRPF.

Para algunos expertos, estos estímulos esconden un interés manifiesto en reactivar el sector inmobiliario, uno de los motores económicos que puede reaccionar más a corto plazo y por lo tanto generar empleo. Visto de otro modo, es también una ayuda para que los bancos, que acumulan en sus balances infinidad de viviendas y suelos sin vender, puedan sacar al mercado de manera más acelerada este producto, ante la poca flexibilidad en los precios.

Esta prioridad por la compra de vivienda fue criticada esta misma semana por el Banco de España. En su último boletín económico, la institución es tajante al señalar el daño que pueden volver a hacer a la economía las políticas favorables a promover la propiedad de la vivienda, vía desgravación fiscal, culpables en parte de la burbuja inmobiliaria que podría volver a alimentarse, en detrimento del alquiler y que además pueden suponer un coste de hasta 1.500 millones anuales.

Subida del IBI

Sobre la subida del IBI, impuesto que se aplica a los bienes inmuebles, el Gobierno pretende recaudar unos 918 millones y afectará a 25 millones de inmuebles. La medida será temporal (dos años) y se aplicará a las viviendas cuyo precio esté por encima del valor catastral medio, es decir, afectará al 50% de los inmuebles, todas los que queden por encima de esa media, realizada en cada municipio y siempre que sus valores catastrales fueran actualizados después de 2001.

En este caso, se trata, como reconoció el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de una actuación destinada a ayudar a las corporaciones locales a mejorar su financiación. El incremento de este impuesto se ha establecido de una manera progresiva del 10, 6 y 4%, de forma que tendrá una mayor subida en las que tengan una mayor antigüedad de la revisión catastral.

Adiós a la renta de emancipación

Respecto a la eliminación de la renta básica de emancipación, el economista Alberto Garzón, diputado de Izquierda Unida por Málaga, explicaba ayer que esta decisión "es una medida regresiva porque se beneficiaban de ella los más jóvenes y con más necesidades. Aunque no era la solución al problema de la vivienda, quitarla sólo puede empeorar la situación de los más desfavorecidos", contraria por tanto al ánimo de ampliar el mercado de alquiler propuesto por el PP.

Esta ayuda entró en vigor el 1 de enero de 2008 para jóvenes de entre 22 y 30 años, con una fuente regular de ingresos inferior a 22.000 euros brutos anuales durante los seis meses previos. En la actualidad, se beneficiaban de esta ayuda de 210 euros para el alquiler un total de 301.254 jóvenes, después de que 34.303 personas empezarán a recibirla en el primer semestre del año, un 12,8% más respecto al cierre de 2010, según datos del Ministerio de Fomento.


* El Confidencial - Carlos Hernanz - 31.12.11
Foto: Soraya Sáenz de Santamaría, junto al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (Efe)

Para ver los comentarios:

http://urbanismopatasarriba.blogspot.com/2012/01/vuelta-al-patron-ladrillo-estimulos.html