Griñán hace legal lo ilegal
PEDRO TENA* : La Junta va a librar de la piqueta 9 de cada 10 casas ilegalmente construidas en Andalucía, con lo que se hace bueno el dicho de tú construye que una vez hecha la casa, no la cae nadie. En lo que cabe considerar como una amnistía encubierta de delitos urbanísticos, la decisión de Griñán hace que el esfuerzo de respetar la legalidad que hacen millones de ciudadanos andaluces seas equivalente al esfuerzo de quebrantarla que realiza una minoría que ahora ve que no cumplir la ley es bien rentable como se quiere electoralmente rentable la medida impulsada por José Antonio Griñán.El 90 por ciento de las viviendas construidas en Andalucía en suelos no urbanizables podrán regularizarse a través de las distintas fórmulas y sólo un 10 por ciento de las alrededor de las 250.000 edificaciones que están al margen de la legislación corren el riesgo de ser derribadas.
Si escandalosa es la situación jurídica creada, más escandalosa aún es la explicación aportada por la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz, que dice que el objetivo del Decreto del gobierno Griñán es adaptar la «realidad física a la jurídica» así como «acotar un fenómeno del pasado», que es como califica al urbanismo descontrolado y consentido por la Junta hace muchos años. De este modo se justifica que cualquiera haga lo que quiera, porque, después, se adaptará la realidad física a la jurídica.
En Andalucía alrededor de 250.000 viviendas ilegales de uso residencvial que no pueden ser demolidas ahora porque ha prescrito el delito urbanístico pero que tampoco podían ser legalizadas. Hasta ese punto ha sido negligente y dolosa la conducta de la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE desde 1982, hace treinta años.
La consejera ha dicho que no se trata de una regularización indiscriminada ni de una «ley de punto final». Según ella y con el censo realizado en la mano,
«de cada diez viviendas una se puede legalizar directamente, ocho podrán ver reconocida su situación y se les dotará de servicios básicos, pues no se pueden demoler porque el posible delito ha prescrito, pero tampoco se legalizarán; y una de cada diez viviendas sería demolida y no se podría legalizar». Estas últimas son las que se encuentran en suelos de especial protección y/o en zonas inundables.
* Noticias de Almería - Opnión - 12.1.12
