28.3.12

La Voz de Almeria 28 3 2012: La Junta pide el derribo de una casa ilegal por una sentencia de 2005

 

La Junta pide el derribo de una casa ilegal por una sentencia de 2005

El juzgado dictó la suspensión provisional de la demolición en 2010 y Obras Públicas pide que se ejecute. El Ayuntamiento habla de “otro caso Prior”

Eva de la Torre [ 28/03/2012 - 07:00 ]

La casa de los Prior fue derribada en 2008 y el caso aún está en los tribunales. [ Archivo La Voz ]

Una vivienda situada en La Loma de Vera, en una parcela de 10.000 metros cuadrados de suelo no urbanizable podría tener el mismo fin que la casa de los tristemente famosos Hellen y Leonard Prior, el matrimonio británico cuyo chalé ha sido, hasta ahora, la única edificación derribada en la provincia por declararse nula la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento.

Y ha sido el propio Ayuntamiento de Vera el que ha informado de que la Delegación de Obras Públicas ha solicitado que se levante la suspensión de la ejecución de una sentencia de derribo que pesaba sobre esta vivienda. O lo que es lo mismo, que la Administración autonómica “está solicitando que se ejecute la demolición de dicha edificación”, afirma el concejal de Urbanismo y portavoz del equipo de Gobierno, José Antonio Fernández.

La vivienda obtuvo licencia para su construcción en el año 2004. La Junta reclamó la ilegalidad de la misma y se dictó sentencia de derribo por el juzgado en mayo de 2005. No obstante, en noviembre de 2010 se emite un auto, por parte del juzgado, de suspensión provisional de la demolición de la vivienda. Pero, tras varias incidencias, en julio de 2011, la Junta pide el levantamiento de dicha suspensión provisional, intentando, por tanto, que se ejecute la sentencia de derribo.

Aunque esta movimiento de Obras Públicas se realizó hace meses, no ha sido hasta este viernes cuando el Consistorio recibió la notificación del juzgado sobre la petición de la Junta, ha explicado a LA VOZ Fernández.

Demolición anulada

La casa tiene características similares a la de los Prior, cuya legalidad de la licencia está todavía dirimiéndose, aunque la vivienda se derribó hace años. Y curiosamente otra casa que estaba en similar situación, su licencia finalmente y a raíz de una apelación municipal al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se declaró que era correcta y la orden de demolición del juzgado de Almería se anuló.

El concejal de Urbanismo insiste en que en el caso recién comunicado, la vivienda cumple los requisitos que se establecen para su regularización en el reciente Decreto de 10 de enero aprobado por la Junta por el que se podrán regularizar muchas de las viviendas que existen en suelo no urbanizable.

En base a esta norma, el Ayuntamiento de Vera va a solicitar ahora que no se ejecute dicha sentencia. José Antonio Fernández, no entiende cómo la Junta no permite regularizar una vivienda que cumple los requisitos que ella misma establece y niega la posibilidad de regularizar una vivienda tanto a través del Potala como del Decreto de 10 de enero.

Política sectaria
Fernández considera que “vuelve a aplicarse por parte de la administración autonómica una política sectaria” y califican de total irresponsabilidad la actitud de la Junta, más todavía cuando existen precedentes tan desafortunados como el de los Prior, cuya casa se demolió por insistencia de la Junta y, sin embargo, el procedimiento todavía no ha sentenciado sobre la legalidad de la licencia otorgada. El concejal recuerda “las nefastas consecuencias que el hecho ha acarreado no sólo a la familia Prior y al municipio de Vera, sino también a la imagen y turismo de la provincia, en particular, y de la comunidad autónoma en general”.

En su opinión, más grave es el comportamiento de la Junta cuando a través del Decreto “se podrían legalizar grandes urbanizaciones” en la provincia y, sin embargo, “no se regulariza la situación de vecinos que lo único que han hecho ha sido construirse una vivienda en terreno de su propiedad y siguiendo unos criterios lógicos”.

Desde el Ayuntamiento de Vera se quiere hacer un llamamiento “a la cordura y al sentido común” y sobre todo, pedir a la administración que deje de mostrar “una visión sectaria por el color político de uno u otro ayuntamiento en temas que atañen a los ciudadanos de forma directa”.