- Los ayuntamientos deben presentar un inventario de diseminados
- Las casas que no estén regularizadas en enero no tendrán derecho a servicios
La Junta de Andalucía lo anunció en marzo de 2011 y lo aprobó en enero de 2012, pero el decreto que regula las edificaciones y asentamientos en suelo no urbanizable de Andalucía aún no ha dado sus frutos en la provincia. A día de hoy, el número de casas regularizadas para obtener así seguridad jurídica –es decir, servicios y licencias– es cero. Los requisitos establecidos implican directamente a los ayuntamientos –algunos muy pequeños y con escasos recursos– y ralentizan el proceso.
Sólo en la Axarquía el Gobierno andaluz ha identificado 12.760 viviendas irregulares en 22 municipios, de las que más de 11.000 pueden beneficiarse del decreto de regularización. Existen 976 viviendas con menos de cuatro años, por lo que el delito aún no ha prescrito, de forma que los consistorios deben identificar caso por caso y solicitar los informes oportunos para poder tramitar las regularizaciones. Además, 859 viviendas están en suelo protegido y no se descarta su posible demolición, al no poder regular su situación.
El decreto dicta que los ayuntamientos deben establecer en su Plan General o mediante ordenanzas municipales unas «condiciones mínimas de habitabilidad» y redactar un Avance de planeamiento para identificar las edificaciones aisladas en suelo no urbanizable.
Fuentes de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Oriental-Axarquía explicaron a ELMUNDO.es que apenas un par de ayuntamientos han elevado a la Junta la documentación requerida para su aprobación definitiva y poder iniciar así el proceso de regularización, entre ellos el de Alcaucín, con gran número de viviendas en situación irregular.
Según su alcalde, Domingo Lozano (PP), hay 39 asentamientos urbanísticos en suelo rústico o no urbanizable, de los que 16 (un total de 586 viviendas) han sido incluidos en el Avance de planeamiento para su regularización, según se aprobó en pleno hace pocas semanas. La documentación se ha trasladado a la Junta, que debe culminar el proceso.
«Muchas viviendas son muy antiguas y ahora no les podemos dar licencia ni para obras de reforma o mantenimiento, por eso hace falta regularizar, aunque queden fuera de ordenación», explicó el regidor.
De hecho, según fuentes de la Diputación provincial –que asesora y trabaja con 22 municipios de la provincia en este asunto–, las viviendas construidas antes de 1975 son legales, «porque se construyeron cuando aún no había legalislación al respecto, pero quedan igual fuera de ordenación, con menor valor, y no se pueden ampliar ni demoler, sólo mantener». Además, tendrán que pagar tasas por tramitar sus expedientes de regularización.
Lo más preocupante a estas alturas es que las casas que no sean regularizadas un año después de aprobado el decreto no tendrán derecho a recogida de basura, suministros de luz, gas o agua ni licencias de ocupación o de obra para mantenimiento.
EL MUNDO,lunes 15 de octubre de 2012
