El Pais 27 6 2013: El Supremo anula la aprobacion definitiva del PGOU de Benissa

El Supremo anula la aprobación definitiva del PGOU de Benissa

El fallo considera que el documento no cumplió con el debido trámite de información pública

EP Alicante 27 JUN 2013 - 19:49 CET


El Tribunal Supremo (TS) ha anulado la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad de Benissa (Alicante) por entender que, "a pesar de introducirse modificaciones sustanciales durante la tramitación" de la citada planificación, "no fue reiterado el trámite de información pública".

La sentencia de la sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo del TS, que ha contado con el voto particular de una magistrada, estima un recurso de la Asociación Valenciana de Defensa de los Derechos Humanos Medioamientales y en contra de los abusos urbanísticos, contra la sentencia de la sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), del 10 de marzo de 2009, que queda anulada.

Esta resolución desestimaba un recurso contra la desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto el 13 de diciembre de 2003 ante el consejero de Territorio y Vivienda contra la resolución de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante de 14 de abril del mismo año, que aprobaba definitivamente el PGOU de Benissa.

De este modo, el TS considera que "ha lugar" al citado recurso, dirigido también contra el acuerdo del director general de Urbanismo y Ordenación Territorial de 2 de octubre de 2003, que ordena la publicación de la aprobación definitiva del referido plan --BOP de Alicante número 262 de 14 de noviembre de 2003--, acuerdo que también es anulado.

Igualmente, el alto tribunal declara "nulo" el instrumento aprobado "por no ser conforme al ordenamiento jurídico", al tiempo que agrega que si la administración urbanística "decidiera sustanciar el procedimiento para la aprobación" del PGOU de la localidad alicantina, "deberá reponerse dicho procedimiento administrativo al momento inmediatamente posterior al acuerdo de aprobación provisional para su sometimiento a un nuevo trámite de información pública, a la vista de las modificaciones sustanciales introducidas con relación al documento aprobado inicialmente, sin hacer expresa condena al pago de las costas procesales causadas en la instancia y en este recurso de casación".

Entre los motivos planteados por la Asociación Valenciana de Defensa de los Derechos Humanos Medioamientales y en contra de los abusos urbanísticos, la sala atiende al que "suscita la polémica sobre la necesidad de sometimiento a nueva información pública en el supuesto de introducción de modificaciones sustanciales, alegando la prevalencia de la norma estatal básica sobre la autonómica, que la exonera".

"No es un mero trámite"

Así, citando jurisprudencia, especifica que la información pública en ese tipo de planeamiento "no es un mero trámite" en el procedimiento de su elaboración, sino un elemento "esencial por la especial incidencia" que tienen los planes urbanísticos en la vida de los ciudadanos, "máxime" cuando se produce, como aquí sucede, la aprobación de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana.

Del mismo modo, considera que se vulnera, por ello, el derecho a la participación pública en el planeamiento urbanístico si se aprueba el instrumento de planeamiento sin el correspondiente trámite de información pública, y también cuando se han introducido, sin ese trámite, modificaciones sustanciales en el planeamiento aprobado.

Por lo que respecta al voto particular, la magistrada entiende que "no existe ninguna contradicción ni confrontación" entre la norma estatal básica y la norma autonómica urbanística, y afirma que si el órgano jurisdiccional consideraba que la norma autonómica infringía una norma estatal básica, "en lugar de elegir entre la aplicación de una y otra norma legal, debió plantear cuestión de inconstitucionalidad".

Rebelion 16 6 2013: El nuevo proyecto de Ley de rehabilitacion

El nuevo proyecto de Ley de rehabilitación. ¿Se pretende volver a la época del boom inmobiliario?

Algo que se ha estado demandando, desde antes del inicio de la crisis inmobiliaria, ha sido la rehabilitación urbana. Habría que decir que en otra fase, porque ya en los últimos setenta y ochenta se rehabilitaron bastantes núcleos históricos con programas específicos. La diferencia es que ahora la nueva ley pretende fomentarla operada por el mercado privado. Algo que, sin duda, se hará con criterios económicos más que arquitectónicos o urbanísticos, con lo que esta iniciativa puede desvirtuar completamente sus necesarios fines.
"IBÁN DÍAZ PARRA* : El gobierno del Estado ha publicado recientemente un nuevo Proyecto de Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Es esta una medida muy demandada desde el perjudicado sector de la construcción y una de las pocas iniciativas dirigidas a la reactivación económica que ha realizado un gobierno centrado en las políticas de austeridad. La promoción de la rehabilitación ha sido una estrategia utilizada en el pasado para promover o sostener el sector de la construcción en un contexto de crisis. El caso más reciente es el primer periodo de democracia liberal en la España posfranquista.

En las década de los sesenta y setenta España había contado con un importante crecimiento económico, aún en el marco de recesión global propiciada por la conocida como crisis del petroleo. Contexto en el que se fragua la importante industria de la construcción española apoyada sobre el mercado de vivienda en propiedad y el turismo litoral. No obstante, desde finales de los setenta existe una desaceleración importante que coincide con el freno del crecimiento demográfico y de los procesos migratorios del campo a la ciudad. En este contexto, las políticas urbanas se dirigen en mayor medida a la rehabilitación de la ciudad construida, con especial atención a los enclaves históricos, completamente desinvertidos a principios de la década de los ochenta.

El fomento de la rehabilitación fue bastante exitoso a la hora de mantener la industria de la construcción y su mano de obra, algo que supuso una buena base para el posterior crecimiento de la misma en los dos ciclos inmobiliario-financieros que comienzan a partir de la entrada de España en la CEE en 1986. También es notablemente exitosa la rehabilitación conseguida en los centros históricos de las grandes ciudades españolas, ligadas a la potenciación de su función turístico-comercial y al aburguesamiento residencial de los mismos. La rehabilitación ha sido por lo tanto una parte importante de los sucesivos booms inmobiliarios entre 1987 y 1992 y entre 1997 y 2007.

La nueva ley pretende fomentar la rehabilitación y la renovación urbana operada por el mercado privado, tanto de la edificación como de los espacios públicos. Una intervención en la que tendría un papel importante la adaptación de la vieja edificación a los nuevos criterios de edificación sostenible y que recaería en cierta medida sobre los propietarios particulares y las comunidades de vecinos. Todo esto, implica un intento de restablecer uno de los elementos del anterior boom de la construcción, de forma similar a lo que hace la Ley de costas con la edificación de residencias para el turismo de sol y playa. Es obvio que para el actual gobierno resulta deseable un regreso al ciclo expansivo altamente especulativo que nos condujo a la actual depresión económica. Probablemente es deseable también para una parte importante de la población, que encuentra en esta posibilidad su principal esperanza de volver a la sociedad parcialmente opulenta que dejó atrás en 2007. No obstante existen serias dudas sobre la posibilidad de que esto sea factible.

En primer lugar, sigue existiendo un stock importante de vivienda vacías y sin vender, en diferentes modalidades y distribuidas por todo el territorio nacional. Ahora bien, el derribo de esas mismas viviendas puede ser una parte de la actividad constructora que se pretende fomentar, con el objetivo último de generar la escasez que permita al mercado volver a funcionar. En segundo lugar, existen serios obstáculos a una revitalización de la demanda, en la medida en que la demanda interior se ha visto y se va a seguir viendo seriamente castigada por la prolongación en el tiempo de elevadas tasas de desempleo, los recortes que afectan a los salarios indirectos y el saldo migratorio negativo. Asimismo, la demanda exterior encuentra sus limitaciones en la dimensión internacional de la crisis económica, que afecta inevitablemente a los clientes tradicionales (RU, Alemania y Francia), mientras que los nuevos mercados para el turismo y las segundas residencias (China o Rusia) por el momento no alcanzan a sustituir a los viejos. En tercer lugar, gran parte de la rehabilitación más rentable, en los enclaves históricos de las grandes ciudades, ya se ha llevado a cabo en los ciclos anteriores. Aunque todavía existan sectores degradados potencialmente atractivos para la inversión, estos siguen dependiendo de la existencia de una demanda. Así, la rehabilitación y adaptación a criterios de eficiencia ecológica afectaría en primer lugar a bolsas de infravivienda y comunidades de residentes en sectores urbanos afectados por cierta obsolescencia, graylands , que inevitablemente requerirían de importantes ayudas públicas que el gobierno está muy alejado de querer otorgar. Finalmente, el boom inmobiliario español, con sus desastrosas consecuencias por todos conocidas, se desarrolló en un contexto muy concreto y difícilmente repetible. Cualquier salida que pueda tener la crisis obliga a tomar otros caminos, sin que estos aseguren en absoluto el volver a la época de bonanza anterior.


* Rebelión - Opinión - 16.06.13
Foto: Vigo, antigua estación - urbanity

CBNews 21 6 2013: Marta Andreasen in the Spotlight

Marta Andreasen in the spotlight

Interview by Dave Jones

CBNEWS spoke this week to MEP Marta Andreasen, who is known to many expats for championing causes affecting Britons in Spain such as property abuses.

Mrs Andreasen (born 26 November 1954) is an Argentine-born Spanish accountant, employed in January 2002 by the European Commission as Chief Accountant and notable for raising concerns about flaws in the commission's accounting system, which she felt left it vulnerable to potential fraud.

She was subsequently elected as a Member of the European Parliament for United Kingdom Independence Party (UKIP) in 2009. Becoming increasingly disillusioned with the direction and management of the party, coupled with the inability and unwillingness of UKIP MEPs to meaningfully seek change within the EU, she moved in February 2013 to the Conservative Party, where she continues her work on the Budget and Budgetary Control Committees.

Was your move to the Conservative party over personal differences with party leader Nigel Farage?

As many will be aware I was the Chief Accountant of the European Commission. I was sacked - almost 10 years ago - after refusing to sign off accounts and make payments that were incorrect. After my experience I came to the conclusion that the EU needed real reform but would never achieve it given the strong opposition exercised by the powers that be within its bureaucracy. I joined UKIP with the idea that its aim was to offer a political option to the three main parties that would give British citizens a say on EU membership and would ensure respect for the outcome of the referendum.

Whilst this may well be the intention that the party grassroots have, I cannot say the same about the party leader Nigel Farage. Mr Farage spends little to no time meaningfully defending British people's interests in the European Parliament. He is only interested in appearing in the media. He has not actually developed a coherent strategy for the party. He is, in fact, not particularly interested in winning any representation in Westminster but instead in taking votes away from the Tories.

However, the Conservative party is now the only one offering a referendum on EU membership. UKIP is not offering such a possibility and will never be in a position to do so as it will never be in government. People should be aware that Mr Farage has never ever campaigned for an EU referendum, even if he is happy to jump on the bandwagon!

This is essentially the reason why I moved out of Ukip and joined the Conservatives.

Should Britain pull out of the EU?

As I mentioned before, I am of the opinion that the EU will never reform. It has proven to be a failed project into which it has dragged member states without assuming any responsibility for the ludicrous state of affairs in which many countries find themselves today.

Also, the EU bureaucracy continues to push forward its Federal Europe project, describing it as a way to end the present economic crisis. The UK should not accept rule from this incompetent entity nor should it continue to allow the EU to waste its taxpayers' money. The British Prime Minister has announced a renegotiation of the relationship that the UK has with the EU and this is a positive step forward for the country but I doubt the EU will allow him to repatriate significant powers. I believe it will take a serious threat to leave the EU substantiated by a referendum where people loudly call for withdrawal, to make the bureaucrats in Brussels realise their game is up.

If the British people vote to leave the EU in a referendum, how would you see the future for UK expats living in Spain, particularly those who are working here?

In the last four years I have been involved in defending the interests of UK expats living in Spain and I have helped some of them deal with serious issues they have had to face in that country. As many of your readers will know, I have fought for British expats' rights in regards to property ownership and bank guarantees. I have also helped in other instances such as medical history and repatriation procedures. To be blunt, I have to say some of these people have had a hard time and the European Parliament and the European Commission have lent deaf ears to all the claims they have put and I have put on their behalf. Therefore, in my view, things cannot become much worse than they are today if the UK were to leave the EU.

British expats working in Spain would obviously have to go through a bureaucratic process to obtain a work permit if the UK left the EU. But I have to say that given the tightening on immigration controls taking place these days - and this certainly includes the UK - things will become tougher anyway.

The main issue is that Spain needs British investment and that should be the guiding principle that makes the national and local authorities strive to make life easy for British expats. If they miss that point, which they actually are doing today, forget about the EU…

The EU is seen by some as a profligate waster of taxpayers' money. Is there room for the EU to become more streamlined? How?

Having seen how the EU administrates taxpayers' money from the inside when I was its Chief Accountant, I can say that there is enormous room for streamlining EU costs but unfortunately, the bureaucracy has no will to do so and never will.

There are many areas where costs could be cut and funds used for other more productive purposes. Take for example the European External Action Service (EEAS) currently headed by Baroness Ashton: it costs 500 million euros per year, it employs highly paid officials - some earning more than the British Prime Minister - it rents very expensive premises… and what has it achieved since its creation almost 3 years ago? Has it successfully intervened in the conflicts neighbouring the EU? NO. So why continue to fund such a project? Why continue to fund space GPS projects such as Galileo, for which the technology is already on the market and done cheaper by others? Why continue to give away structural funding to countries that have shown themselves unable to properly invest it?

Spain has received 130 billion euros in the last decade and there is little evidence that all this money has helped grow its economy. Similarly, Greece has received 60 billion in the same period and where does it stand today?

There is growing dissatisfaction with the EU in many European countries, including Britain and Spain. In Spain much of the anger stems from 'forced austerity'. Should the EU continue in this line, or is it time to stimulate job creation in Spain?

In general terms I am not of the opinion that austerity by itself will get Europe out of the crisis. The EU fails to understand that the crisis has different root causes in different member states. It believes in the 'one size fits all' approach and this is utterly wrong. Spain's main economic problem is and has been the 'property bubble'. This is the real root cause underlying unemployment and bank collapses. In as much as this cause is not addressed, Spain will not be able to start growing or overcome the crisis. The property bubble is still there as prices have not suffered the necessary deflation. To make things worse the EU has bailed out banks that are ostensibly bankrupt and non-efficient, which is increasing Spain's level of debt and its taxpayers' burden while at the same time small and medium enterprises are failing to obtain the necessary credit to continue operating. In short, it's a mess.

In Spain there are dozens of examples of unneeded infrastructure/building projects that have resulted in billions of euros of taxpayers' money being wasted (for example Castellón airport, Torrevieja's part-EU funded desalination plant, ghost motorways, etc). How would you resolve this? Do the regions have too much power? Should the political set up be changed to allow more central planning from the national government?

I consider the investment of European funds in unnecessary projects a fundamental failure in the European Commission's management of European taxpayers' money. I can say this from an informed point of view as this was my criticism when I was Chief Accountant. The Commission is happy to ask for more money from member states but turns a blind eye as to how and where the money is spent. While I agree that regions have too much power, the main issue is that they have not demonstrated that they are administratively efficient…to put it mildly.

People should know that funds flow directly from the EU coffers to regions so the entity that should put the questions and evaluate the soundness of the investment in all its aspects is the European Commission, before it pays the money. Even if the funding was centralised via the central government, the need for the EU administration to verify the proper use of funds before paying is essential. But the Commission refuses to exercise this control. No wonder the European Court of Auditors have failed to clear the EU budget for the last 18 years!

For more information from Mrs Andreasen, see her website www.martaandreasen.com

For information on postal voting in European elections go to http://www.aboutmyvote.co.uk/register_to_vote/british_citizens_living_abroad.aspx

Exclusive interview with the MEP championing causes affecting Britons in Spain

Marta Andreasen with Helen Prior