8.2.11

Rebelion 6 2 2011


La resistencia campesina frente a la especulación urbanística



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SOBERANÍA ALIMENTARIA, BIODIVERSIDAD Y CULTURAS* : La alcaldesa de Zamora, Rosa Valdeón, frente a las reclamaciones de la plataforma nacida para preservar la vega agraria periurbana de Villagodio de la construcción de un polígono industrial, se encastilló en su postura y reiteró que la protesta «ha demostrado que lo que se quiere presentar como una inquietud social es en realidad el intento de determinados grupos políticos y organizaciones de paralizar otro proyecto más para la ciudad». Concluyó que «los propietarios de esos terrenos tendrán lo que les corresponda, pero los derechos de tres personas no pueden entorpecer el bien común». Este eufemismo –el bien común- es el parapeto habitual utilizado por muchas administraciones para sacar adelante proyectos de todo tipo que priman un modelo de sociedad industrial y consumidora frente a un modelo rural más sobrio y responsable con la gestión de los recursos de la tierra.

El conflicto:

Villagodio es una fértil vega de regadío de 900 hectáreas en la Vega del Duero y un barrio agrario de Zamora donde se asienta un desarrollo agropecuario pujante con 21 agricultores y agricultoras menores de 40 años, 7.400 ovejas y un proyecto de modernización del regadío en marcha. Se realiza una agricultura de tipo continental: maíz, alfalfa, cereales, remolacha, patata, girasol y colza. Pero en este mismo territorio, la administración local y autonómica pretenden construir una gran zona industrial ocupando unas 175 hectáreas del mismo y, lógicamente, desplazando y desarticulando varias unidades campesinas.

La gran mayoría de las y los agricultores que allí mantienen su trabajo se oponen al proyecto y aunque no todos son propietarios de las tierras, muchos de los propietarios que viven ajenos a la actividad agraria, tampoco comparten el destino que se le pretende dar a la tierra. Este grupo de propietarios se ha mostrado muy activo en el fenómeno de contestación social, con una postura muy digna y de alguna forma reveladora de una sensibilidad ambiental profunda: la tierra como legado a preservar.

Lo paradigmático de este enfrentamiento es que la lucha por un desarrollo meramente industrial o un desarrollo que contemple también la agricultura, tiene una solución válida para las dos posturas, pues como explican desde la Plataforma de defensa de Villagodio, existe un proyecto urbanístico previo que instalaba el polígono en unos terrenos que carecen de valor agrario o ambiental, y están distantes del núcleo urbano. La alternativa pasa por la ampliación del polígono de los Llanos, al oeste de la ciudad, y supondría una menor inversión de dinero público pues buena parte de las infraestructuras ya están construidas.

La administración local insiste en un desarrollo de la ciudad dependiente del desarrollo urbanístico: del ladrillo en detrimento del medio rural. El Plan General de Ordenación urbanística, embebido por la llegada del AVE, prevé una ciudad de 166.000 habitantes frente a los 65.000 actuales, y aunque en Zamora existen más de cinco mil viviendas vacías, se prevé construir otras ¡40.000 viviendas!

Es precisamente en este mundo de especulación urbanística dónde más necesario es preservar los espacios agrarios. Como la mayoría de las ciudades, Zamora ha perdido buena parte del paisaje agrario en las zonas periurbanas pero por fortuna aún conserva un paisaje agrario muy interesante en sus flancos este y sur-este, en torno a la Vega del Río Duero. Este territorio agrario proporciona a la ciudad ventajas que habría que poner valor: limita el urbanismo impidiendo que éste fagocite el territorio y su naturaleza, evita la aparición de los denominados "espacios de borde" o zonas marginales de transición, se proporciona a la ciudad una imagen verde y se cuenta con alimentos de la zona.

La Plataforma denuncia como todos los principios de sostenibilidad ambiental que la Administración dice defender se traicionan a favor de intereses especulativos. Los proyectos que defienden la construcción del polígono están llenos de palabras grandilocuentes para justificar lo injustificable, con unos informes ambientales totalmente sesgados y tendenciosos. A los gestores públicos se les llena la boca con el desarrollo rural, la despoblación, el medio ambiente, la alimentación,…. sin embargo después los hechos van por otro lado.

La contestación social:

El Proyecto carece del más mínimo consenso social. En un primer momento las personas afectadas y usuarias de la tierra agraria organizaron la Asociación para el Desarrollo Sostenible de Villagodio., que más tarde promovió la Plataforma para el Mantenimiento del Desarrollo Agropecuario de Zamora., que tiene como finalidad la proteger los espacios agrarios de la ciudad, y en concreto el regadío de Villagodio. Actualmente existe un gran número de asociaciones adheridas: las tres organizaciones agrarias, la cámara agraria provincial, comunidades de regantes, algunos partidos políticos, muchas ONG y –lo que revela creciente sensibilidad al respecto- muchas asociaciones de consumidores y de vecinos. Este apoyo ha sido y es trascendental, porque como todo hecho de exclusión social hacia imprescindible un apoyo ciudadano amplio para que adquiriese cierta notoriedad.

A pesar de que pareciera que hemos anulado nuestros sentidos y hemos des-aprendido a escuchar y mirar la tierra, el ejemplo de lucha en Villagodio, demuestra que hay una fuerte resistencia al urbanismo incontrolado devorador y contaminador del territorio. Eso que llaman, también eufemísticamente, progreso y avance o innovación.

Fuente: http://revistasoberaniaalimentaria.wordpress.com/2011/01/29/el-eufemismo-del-bien-comun-la-resistencia-campesina-frente-a-la-especulacion-urbanistica/


* Rebelión - 6.02.11
Foto: Zamora, protesta polígono Villagodio - laopiniondezamora.es

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7.2.11

La Opinion 6 2 2011: La Fiscalia propone reforzar a los secretarios municipales...


La Fiscalía propone reforzar a los secretarios municipales para combatir la corrupción

LA OPINIÓN / A Coruña* : La falta de mecanismos de control en los ayuntamientos gallegos ha provocado un aumento de los casos de corrupción por parte de alcaldes y concejales. Una de las últimas tramas de adjudicaciones irregulares fue destapada esta semana en tres concellos de A Costa da Morte -Fisterra, Cee y Mazaricos- y supuso la detención de once personas, entre ellas los alcaldes de los tres municipios coruñeses, tres ediles y dos constructores. La Fiscalía Superior de Galicia tiene su propia receta para combatir los "comportamientos corruptos" de los cargos públicos. Y para atajarlo, urge una mayor implicación de la Xunta y de los concellos. Una de las causas que, a juicio del fiscal superior, Carlos Varela, explica "no pocos casos de impunidad urbanística" es el "debilitamiento de las competencias de control urbanístico" a los secretarios, interventores y tesoreros municipales. Para Varela, estas figuras deben jugar un papel "clave" en el "control interno de la gestión urbanística a través de sus funciones de fiscalización de la legalidad de las actuaciones municipales". ¿Cómo? Haciendo vinculantes los informes emitidos por los secretarios y los interventores, lo que evitaría que el Concello buscase dictámenes a medida a través de un asesoramiento externo.

Aunque evita entrar en el caso concreto de la investigación de la denominada operación Orquesta y manifiesta su "respeto escrupuloso a la presunción de inocencia" de los detenidos, el fiscal superior reconoce que el urbanismo se ha convertido en los últimos años en una "fuente de riesgo de comportamientos corruptos". "Y más todavía -añade- si al mismo tiempo no funcionan adecuadamente los sistemas de control de las administraciones públicas".

En esa labor contra la corrupción, Carlos Varela también apela a la colaboración del Gobierno autonómico, al que recuerda que es "imprescindible" que la Axencia Galega de Protección da Legalidad Urbanística (APLU), dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, mantenga una "colaboración permanente con la Fiscalía para "detectar y corregir ilegalidad urbanísticas constitutivas de delito, con independencia del color político de cada corporación".

Desde el punto de vista jurídico, el fiscal superior propone "cerrar los resquicios del ordenamiento jurídico por los que ocasionalmente puedan deslizarse las tentaciones de algunos gestores públicos para ejercitar las potestades de su cargo con fines de enriquecimiento personal".

Otra de las medidas que según la Fiscalía Superior permitiría combatir la corrupción urbanística en Galicia sería la actualización del régimen de incompatibilidades del personal de los ayuntamientos. En el punto de mira está la figura del alcalde promotor. La propuesta para evitar que un regidor, servidor público que tiene que ser un vigilante de la legalidad urbanística, pueda ser promotor ya la hizo el ex presidente de la Xunta Emilio Pérez Touriño a principios de 2007 al asegurar que "iba a pasar a la historia" la posibilidad de combinar el bastón de mando municipal con el sector de la construcción. Pese a las reclamaciones del entonces líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, no se introdujo modificación alguna en la ley de incompatibilidades para evitar compaginar Alcaldía y actividad urbanística. Pero con la llegada de Feijóo a la Presidencia de la Xunta, la reivindicación que en su día hacía desde la oposición quedó aparcada.

Ante los múltiples escándalos de corrupción que han saltado a la luz pública en Galicia en los últimos años, el fiscal superior también defiende la creación de cuerpos autonómicos de inspectores urbanísticos y unidades de la policía judicial en delitos de esta naturaleza.

De no reforzar los mecanismos de control internos y externos sobre el urbanismo municipal y no crear unidades autonómicas de la policía judicial, Varela alerta de que el goteo de casos de corrupción protagonizados por cargos públicos "minará la confianza de los ciudadanos en el sistema político, generando un serio problema de deslegitimación de las instituciones públicas.

* La Opinión A Coruña - 6.02.11
Foto: A Coruña, denuncias urbanísticas 2005-09 - laopinión
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6.2.11

Daily Mail 6 2 2011:

 

The global financial crisis has brought the return of the Brits abroad

By Jo Thornhill
Last updated at 10:08 PM on 5th February 2011

It's what many of us dream about while we slave away at our workplace – a relaxed retirement with a decent amount of money and lots of sun.

And more than five million Britons are enjoying this dream life, spending all or part of the year safe from the lottery of the British weather.

But the global financial crisis has brought storm clouds and many expats are heading home. We look at the reasons why:

Property crashes

Deborah Cassely moved to Spain 20 years ago with her partner, Andrew Walker. For much of that time they ran a successful property development and lettings business in Marbella on the Costa del Sol, where they had three children  -  Jorja, now 18, Tomasz, 11, and Benjamin, 9.
Deborah Cassely and Andrew Walker, with Benjamin, Tomasz and Jo  

Broken dream: Deborah Cassely and Andrew Walker pictured with their children

The family thought they would stay in Spain for ever, but things started to go wrong in 2008 with the onset of the credit crisis.

Spain's overheated property market began to collapse and inflation took hold. Deborah, 45, and Andrew, 50, suffered a sharp rise in the cost of running their household.

'Every time we came back to London to visit friends and family it seemed things were cheaper than in Marbella,' says Deborah. 'The cost of food, eating out  -  everything had really started to rise fast in Spain.'

The family finally decided to move back to their home in East Sheen, south-west London, 18 months ago, where Jorja has enrolled in college and her brothers are in school.

Deborah and Andrew had, thankfully, let their home. They now run a property letting business in London and are doing well, but it is a different story with their Spanish properties  -  their Marbella villa and a commercial property in the town have languished on the market for almost two years.

And they are far from alone in quitting the Continent. Michael Derks, chief strategist at currency trading company FxPro, says: 'It's not surprising people are returning from Spain. Property prices are plunging, the pound has declined against the euro and the labour market is dire. Unemployment in Spain is 20 per cent.'

Charles Purdy, director at Smart Currency Exchange, which can exchange large sums such as the proceeds of a house sale, has had a 50 per cent increase in transactions linked to repatriations from the Continent.'We've seen a marked increase in people bringing euros back to the

UK for conversion to sterling,' he says. 'For many Brits, particularly those receiving a UK pension or relying on other income in sterling such as rental income, their buying power has been badly eroded by the weak pound.'

Currency crisis

When euro notes and coins came into circulation in 2002, £1 was worth about 1.66 euros. It is now worth about 1.16 euros. At its worst, on the last day of 2008, £1 was worth 1.02 euros.

To put this into context, someone who retired to Spain at the end of 2002 on a UK pension of £10,000 a year would have received 16,600 euros. Today it would be worth just 11,800 euros  -  a dramatic drop, and at a time when the cost of living has risen sharply

'Those who are coming back to the UK and selling property or moving large amounts of euros back into sterling must think carefully about how they will exchange their money,' says Nick Jones, of currency exchange specialist World First.

'Since it could be a large transaction, it pays to shop around,' he advises.

Most companies roll their fees into the exchange rate they offer. For example, on January 28 someone wanting to convert 150,000 euros into sterling would have received £129,534 with World First, £128,535 with HiFX or £129,200 with Smart Currency. None of these firms charges an upfront fee.

But you must be sure that you are dealing with a reputable company where their cash is safe. The collapse of Crown Currency Exchange, where thousands of customers lost money, has given cause for concern.

Mark Bodega, marketing director at HiFX, advises checking that the company is a 'payment institution' fully authorised by the Financial Services Authority.

While Crown was 'registered' with the regulator, it was only as a 'small payment institution' and this meant it had far fewer requirements placed on it.

'By contrast, authorised payment institutions such as HiFX, with a turnover of more than three million euros, are subject to higher FSA scrutiny,' says Bodega.

'Client accounts must be segregated, directors are subject to fit and proper tests and companies must hold a minimum level of capital.'

Barbara Templeton, 61, recently had to sell her bungalow close to Bordeaux in the Dordogne, south west France, after her mother, Grace Goody, 88, who lives in Accrington, Lancashire, had a fall and became ill. Barbara has decided to come back to Britain to help her mother and also to be nearer her daughters and grandchildren, who live in Hampshire.

After the sale of her home last month, Barbara, who had worked as a chef and housekeeper in France for five years, researched which foreign exchange companies to use.

Barbara chose World First and says: 'I was happy that the company was regulated and my money was ring-fenced.

'I've seen companies go to the wall, taking customers' cash, and the various currency scams that are around, so I knew I needed to be careful. I also wanted to get the best possible rate as sterling has been volatile.'

Tax and austerity

In some cases complex and onerous tax rules in other countries are driving expats back to Britain.

As Continental countries struggle to manage deficits, often introducing harsh new tax regimes, many expats find they are paying more tax  -  and being chased more efficiently for it  -  than previously.

The UK, by comparison with countries such as Portugal, Greece or Spain, is increasingly attractive.

Once the decision has been taken to return to Britain, tax is another area where advice is needed, particularly if there are significant savings or assets in bank accounts overseas.

In some circumstances it may be advisable for expats to close savings accounts overseas before returning permanently to the UK, for example. However-they need to seek independent expert advice to minimise their tax liabilities.

Sliding prices: Grab a bargain

While the financial crisis has been disastrous for many living or owning homes abroad, falling property prices in Europe have thrown up opportunities.

Property prices in Spain have fallen by up to 20 per cent since 2007 and are expected to continue their slide.

Clare Nessling, operations director at overseas mortgage specialist Conti Financial Services, says buyers are keen to snap up a bargain.

'Spain and France still offer opportunities and Turkey has also been popular among those searching for a holiday home,' she says. 'The problem can sometimes be in getting the funding, but banks are still lending, including in Spain.'

Nessling stresses the importance of getting independent expert legal and tax advice and valuations.

She recommends researching all the costs and taxes involved in the purchase, including utility charges, and checking whether there is any responsibility for previous owners' debts or inheritance issues. And never sign anything that is not in English and you have not discussed with your lawyer.

Nessling says: 'You often hear nightmare stories about people who have planning disputes over land in Spain, but this is nearly always because they didn't get the right advice.'

Why maligned NHS and schools look more appealing from afar

However much Britain's public services are criticised, they draw back a significant number of expats.

When retirees suffer ill-health, many decide they want to have access to the NHS. This is largely due to the high costs of healthcare in Spain, France and other popular retirement locations.

Schooling in Britain is also a draw. Paul Chipchase, an antiques dealer, and his wife, Gemma Fernandez de la Vega, decided to move from Ventallo in northern Spain to Lenham, Kent, so their sons, Guillon, 9, and Olivier, 5, could attend a British school. They say the rising cost of living in Spain was another factor.

Paul, 42, had lived in Spain for 13 years after meeting Gemma, 41, a book publisher. The couple sold their home last November and are now house-hunting in Kent.

'While we loved living in Spain and the children enjoyed their small rural school, I was keen for them to be educated in England,' says Paul. 'They have enrolled in the local primary school and so far are adapting well.'

Read more: http://www.dailymail.co.uk/money/article-1354044/The-global-financial-crisis-brought-return-Brits-abroad.html#ixzz1DDFtZqp2
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Telegraph 6 2 2011

 
Spain

Spanish housing minister appeals to British buyers to return

The Spanish government has launched a direct appeal to Britons to help kick-start Spain's faltering economy by buying some of the country's 700,000 unsold houses.

Benidorm in Spain's Coasta Blanca  
 
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400,000 newly built homes near the coast in Spain are waiting to be sold Photo: ALAMY
Spaninsh Housing Minister Beatriz Corredor  
 
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Spaninsh Housing Minister Beatriz Corredor Photo: AFP
Harriet Alexander
 
By Harriet Alexander, Villamartin, near Alicante 7:30AM GMT 06 Feb 2011

Beatriz Corredor, the Spanish housing secretary, promised new planning laws to end the confusion which has led to some British home owners being ordered to knock down their properties deemed to have been illegally built.

"Come here calmly, and trust in the system that we have and the transparency we provide," she said.

"There is a very attractive offer on the table here, with prices significantly lower than two years ago, and you will certainly find what you are looking for."

Her plea reflects growing alarm in Spain at the huge stock of newly built homes waiting to be sold - of which 400,000 are near the coast - since the country's economic crisis began. Prices have tumbled by up to 40 per cent and banks and construction firms are desperate to recoup some of their investment.

In recent years, Britons have bought one third of all Spanish properties sold to foreigners. But many have recently been put off by horror stories of planning permission being retrospectively revoked and other complications, and the number of British buyers has slumped.

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According to government figures, 100,000 homes built around the coast during the last decade face unresolved planning problems, and residents say the true number is even higher.

"The British are our highest priority and are those about whom we are most concerned," Mrs Corredor told The Sunday Telegraph. "It is true that there has been... an image problem. Now we want to reassure the British, and all foreigners, that we are doing everything possible to put the details clearly on the table."

As part of a package of legal reforms to be steered through the Spanish parliament this month, for any property being sold the local council will be obliged to provide a document stating clearly its boundaries, the category of land on which it stands, its access to services including water and electricity, and details of its planning approval.

If someone buys a house with all the correct paperwork, Mrs Corredor said, they could be assured of its legality. "If there is not any mention of legal proceedings on the document, the person who buys the property through the correct channels will then know there is judicial support."

An estimated one million properties are currently on the market across Spain, including homes that have already been lived in by at least one owner.

The Spanish government's hope is that a return of British buyers will give a boost to the ailing economy by injecting much-needed liquidity into the banks, creating work for those involved in fitting out homes and helping to draw a line under free-falling property prices.

Over the next few weeks the Spanish government will also embark on a "roadshow" around Britain and other northern European countries to promote the country's property market. House prices have fallen on average by 24 per cent in the Malaga area and by 19 per cent in Tenerife, Mrs Corredor said. "They are very attractive reductions, especially in properties of high quality. They are properties that are worth the trouble."

John Heyes would agree. From his beachfront apartment on the Costa del Sol near Estepona, which he bought just over a month ago for €161,000 (£136,000), a full €100,000 cheaper than its original price, Mr Heyes, 66, urged others to seize the moment.

"There are hundreds of thousands of properties around, all at seriously discounted prices. Do your research and take your time, but it is a great opportunity."

Nick Stuart, a British estate agent who runs the website Spanish Hot Property, said: "There are huge bargains to be had there, such as villas in Marbella that are almost at half their previous prices.

"Get a decent independent lawyer and make sure that the property rights and bank guarantees are in place. Ninety five per cent of these horror stories could have been avoided."

But others are not so sure. And i the golf resort of Villamartin, near Alicante in south-eastern Spain, the scale of the problem facing Mrs Corredor becomes clear.

There are 120,000 empty new homes in the wider region, and in Villamartin rows of whitewashed houses sit empty, waiting for an owner. Signs hung over the balconies offer cheap sales for properties repossessed by the banks.

Sun-bleached billboards along main roads, advertising in English and Russian, offer dream holiday homes, but the empty streets, with just the occasional car with British number plates, tell a different story.

Robin Barton, 65, has lived in Villamartin for 10 years, and sitting outside The Stray Sod Irish bar, he said it would take more than a slick marketing campaign and technical changes in the law to bring back the British and end falling prices.

"The simple fact is that the Spaniards built too many homes," he said. "There is just not the demand for all of these houses, and with the rest of the EU in crisis too, nothing the Spanish government does is going to make people buy them."

He pointed to the shell of a half-built block of flats, its exterior walls complete but the building uncompleted inside. "That's been there for years. And no one will finish it. It just proves the lack of planning that caused all this mess."

Gabi Baischer, managing director of In Sun Properties in Villamartin, has not sold a single property to Britons in the last month. Flicking through her records, trying to recall the last time that British clients came to buy homes rather than sell, she said there were now only Scandinavians and Russians.

She drove around the winding roads of Villamartin, circling the golf course and past the Irish pub, pointing out the most heavily discounted properties. Everything is being sold at a vast reduction. On Thursday she sold a two-bedroom whitewashed townhouse for €107,500 (£90,700) ­ less than half the initial price.

A British family is selling their villa with a swimming pool, originally bought for €320,000, for €260,000. A third property, a pretty three bedroom semi-detached villa with views down to the coast, is on the market for €205,000 ­ €120,000 less than its original asking price. It too is being sold by Britons.

"Over 90 per cent of our business three years ago was British people buying," she said, "and now, it's maybe two per cent. It has totally dried up."

Meanwhile those who have become ensnared in complex legal disputes of the kind that have been a bugbear to foreign buyers - with some cases ending up in the European Court - warn that not even Mrs Corredor's change to the law will solve the problem for new buyers.

"The government in Madrid can give all the assurances it wants, but without it enforcing the laws nothing will ever change," said Charles Svoboda, whose Valencia home has been the subject of legal wrangling for the past eight years. His support group for property owners taking court action currently has 30,000 members in Valencia alone.

"The problem is that housing is often dealt with at a regional level, and national rulings make no difference whatsoever. And in small towns, there is often no one who is technically competent to enforce these laws.

"I wish the government all the luck in the world with these new proposals, and am sure they are well intentioned. But here it is like Alice in Wonderland. The housing rules may look the same, but actually everything is totally backwards."

Maura Hillen, 46, bought a home with her husband John near the town of Albox, 130 miles south of Alicante, only to discover too late that it had not been legally approved. She is sceptical about the impact of the new law, which in any case will not apply retrospectively to cases like hers.

"I look out of my kitchen window and still see houses being built where they shouldn't be," she said. "And for people like us, who bought our place three years ago and are trapped in legal limbo, you feel as if the four walls are closing in on you.

"We are being hounded by a machine that will not move, that will not blink. The legal situation for housing is just crazy."

They have formed a residents' association which has 700 members, and this weekend are meeting 36 other organisations in Andalucia to campaign for their rights to be respected.

They say that Britons considering a move to Spain should still be very cautious.

"Many places have the veneer of legality, but these laws from Madrid are never enforced on a local level," Mrs Hillen said. "Their intentions are correct, and I do think their efforts are in the right direction.

"But at the moment I would honestly say that British buyers should go somewhere else."
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4.2.11

Siglo XXI 3 2 2011:Urbanismo salvaje y estado de derecho

Urbanismo salvaje y estado de derecho

JOSÉ MANUEL ONIEVA/Granada* : En plena crisis económica más o menos general, asistimos, desde hace dos años, a la versión española de la misma, al estallido de la "burbuja inmobiliaria". En palabras de muchos empresarios ligados a la construcción directamente o de sus industrias auxiliares, y, faltaría más, de bastantes alcaldes de uno y otro color político, oímos o leemos en los medios: "...es que en dos años no se mueve una grúa en mi municipio", dijo, por ejemplo, Avelino Menéndez, alcalde del PP de Salobreña. Durante los pujantes años del "ladrillo a gogó", observábamos cómo se iban macizando las plataformas o glacis de erosión que rodean la Vega y ciudad de Granada. O en pleno centro de la misma, el ilegal y mamotrético Edificio Nevada. Seguimos, bajamos por el Valle de Lecrín y más de lo mismo, hasta la Costa Tropical y allí nos podemos quedar pasmados ante la tremenda proliferación de adosados, chalets, los menos, apartamentos y "torres" por doquier. Visiten pueblos como Salobreña y, sobre todo, Almuñécar y sus anejos, Taramay, Velilla, el propio casco de la fenicia Sexi, y la Herradura, playa del Muerto, Marina del Este y se percatarán bien de lo que les cuento. No se pierdan Motril y todo lo ligado al Golf y Playa Granada, bien que aquí, con algo más de espacios abiertos. Vayan hacia Torrenueva, Calahonda, Castell de Ferro etc. y lleguen al límite con Almería. Comprobarán más y más, a parte de una autovía nueva rota y una inmensa maraña de plásticos que todo lo van invadiendo.

¿Cuántos terrenos no habrán sido recalificados y cuantos euros no habrán ingresado los ayuntamientos, algunos políticos y propietarios, constructores o promotores, en negro negrísimo? Poco a poco los casos más flagrantes han ido llegando a los tribunales y ¿para qué? ¿A caso se acatan las sentencias y se reponen de la mejor forma los atentados urbanísticos ejecutados? No. ¿Devuelven el dinero sisado al erario público? No. Ante esto, ¿es España un "estado social y democrático de derecho" como consagra nuestra vigente Constitución? Yo creo que no.

En Salobreña, o en Granada, terrenos cedidos por inmobiliarias para uso público, los recalifica el pleno municipal para uso terciario de servicios, o docente y se construyen centros en lugares inapropiados, ya hablaré de algún caso otro día. Mien tras tanto, los propietarios a callarse. El Edificio Nevada, ilegalidad y atentado ecológico y natural horrible, quieren que siga para adelante con una timorata sentencia por todos recurrida, como es lógico. Los políticos implicados se van de rositas. Argumento: que hay mucho paro y gente inocente pillada...Se debería demoler y restaurar el suelo, y si no fuera posible, dedicarlo a fines lúdicos, culturales o deportivos pero "no lucrativos". Es mi opinión. Leíamos en la prensa local (GRANADA HOY del 16 de enero pasado) que en Monachil (Pradollano) "El juzgado ordena el precinto del edificio Marisol al no poder derribarlo". El magistrado ordenó la demolición y al verse afectados "terceros adquirentes" lo precinta, pues muy bien. Sin Estado de derecho no nos queda nada. Desterremos lo de "SEGUIMOS Y NO PASA NADA, YA LO LEGALIZARÁN". Recuerden el Hiper cerrado en tiempos del ínclito Jara Andreu, el Rey Chico, La Chumbera etc.

 * Siglo XXI - 3.02.11
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3.2.11

Faro de Vigo 1 2 2011: Urbanismo, poder local y corrupcion


Urbanismo, poder local y corrupción

ALFONSO VILLAGÓMEZ* : En una esquina del norte de la costa gallega, tres alcaldes son detenidos y la noticia abre las páginas de los periódicos y los informativos audiovisuales. Sin embargo, la corrupción vinculada a presuntas prácticas delictivas en materia de ordenación del territorio y urbanismo han adquirido en los últimos años en España unas dimensiones desproporcionadas. Los expertos afirman que lo que sale a la luz es un porcentaje ínfimo del total de casos que se estarían dando en toda la geografía española. Solo hay que analizar por encima todas aquellas recalificaciones o proyectos urbanísticos que hayan adquirido una cierta dimensión para identificar condiciones en las que los privilegios, favoritismos, tráficos de influencias, comisiones, etc...se perciben para explicar posturas políticas que no casan con la coherencia de una ordenación racionsl o la defensa de los intereses generales de los ciudadanos. Hace unos años el diario británico The Guardian alarmaba a toda Europa con detalles sobre la entidad que la corrupción urbanística estaba alcanzando en nuestro país, en especial a lo largo de la extensa franja costera. No hace falta recordar los casos de Marbella, en los que llegó a extenderse de tal forma que prácticamente implicó a casi todos los estamentos del poder local. Pueblos con millares de viviendas construidas ilegalmente, facturas falsas en grandes proyectos para el esparcimiento colectivo construidos con el dinero y el aval público, y privilegios y tratos de favor investigados en manos de los jueces o de la fiscalía anticorrupción. El poder local se ha convertido en un apetitoso plato de intereses urbanísticos.

La lucha por llevarse a la boca el mayor trozo de la tarta es encarnizada entre promotores, agentes, constructores, y demás "protagonistas" del proceso urbanizador. El descenso de las ventas inmobiliarias por efectos de la crisis económica ha provocado que los tipos de interés también cambien y que vender sea más difícil. Pero, las promesas de algunos y las expectativas de otros esperan la llegada de mejores tiempos para poder cumplirse. Los conocedores de favores no aceptan fácilmente segundos platos vacíos. Todo podría ser posible conforme las elecciones municipales se acercan y la posibilidad de algunos cambios políticos también.

Aunque los cambios más eficaces para intentar acabar con todo este desolador paisaje, quizá vayan a seguir entre las musas de las medidas de los expertos sin pasar al teatro operativo de la legislación vigente.

La entidad de los escándalos y de las evidencias contrasta con la pasividad de las instituciones y la incapacidad de la justicia, torpedeada en ocasiones por los propios poderes públicos. En muchos casos, aunque la evidencia es clamorosa, los partidos cierran filas y protegen a los implicados imputados judicialmente. Negar, descalificar al adversario y mirar a otra parte son las recetas políticas aplicadas con cierta generalidad en la mayoría de los casos.

La Comunidad Valenciana -cuyo modelo urbanístico ha sido denunciado y cuestionado en Europa-, Murcia, Andalucía, Madrid, Cataluña, ambas Castillas, y ahora Galicia, tienen casos que desvelan la entidad y extensión de las tramas de corrupción urbanística en España. La alarma social está llegando a adquirir tales proporciones que, como primera medida, habría que imponer una "tolerancia cero" a la corrupción.

Más adelante, y con el sosiego y el estudio necesarios, habría que replantearse el esquema competencial en materia urbanística, en el sentido claro y decidido de sustraer dicha materia del ámbito de los poderes locales para depositarla en manos firmes de las comunidades autónomas y del propio Estado. No siempre, como este caso paradigmáticamente demuestra, la proximidad del ejercicio de la competencia al poder es lo más adecuado para la salud de nuestra democracia.
* Alfonso Villagómez, magistrado del TSXG

* Faro de Vigo - 1.02.11
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2.2.11

Las Provincias 1 2 2011: Bruselas no interviene....


urbanismo

Bruselas no interviene contra el PGOU en Hondón de los Frailes porque aún no está aprobado


La Eurocámara mantendrá abierta una denuncia ciudadana por presunta falta de compensaciones en expropiaciones

01.02.11 - 19:51 -
EFE| ALICANTE |

La Comisión Europea (CE) ha asegurado hoy que seguirá insistiendo a España para que cumpla con las normas de gestión de aguas y de tratamiento de aguas residuales, después de que dos ciudadanos llevasen al Parlamento Europeo quejas contra desarrollos urbanísticos en la Comunidad Valenciana.

La comisión de Peticiones de la Eurocámara ha estudiado hoy los dos asuntos: la construcción en Elche de un bloque de cinco plantas y 1.600 apartamentos, y el plan urbanístico de Hondón de los Frailes, criticado por algunos vecinos.

Tras el debate, los eurodiputados decidieron dejar abiertos los dos expedientes a la espera de más información.

En el caso de Elche, Bruselas considera que está afectada la directiva de gestión de aguas residuales, por cuyo incumplimiento España tiene abierto un procedimiento de infracción en su contra.

El representante de la CE en la sesión ha recordado que el pasado 27 de enero se envió un "dictamen motivado" -aviso previo al envío del caso al Tribunal de Justicia de la UE- para conseguir que España garantice un tratamiento correcto de las aguas.

Bruselas, sin embargo, ha rechazado otras acusaciones de los denunciantes contra el proyecto, como la del uso irregular de fondos, al considerar que no tienen base.
En cuanto a posibles problemas de planificación territorial, el representante de la CE ha recordado que no son competencia de la UE, sino de las autoridades valencianas.

Mientras, la queja sobre Hondón de los Frailes, presentada por un ciudadano británico en nombre de una asociación de vecinos, critica el plan de ordenación urbanística de la localidad al considerar que no sería sostenible y que no se respetan los derechos de los propietarios.

La CE considera que en este caso es la directiva marco del agua la afectada, y ha recordado que España tiene abierto un expediente en su contra por no haber aprobado a tiempo los planes hidrográficos de cuenca requeridos por la legislación europea.

En lo que se refiere al plan de ordenación urbana en concreto, el Ejecutivo comunitario ha explicado que no puede intervenir por ahora.

Los denunciantes han protestado porque a su juicio los proyectos en la localidad se desarrollan en el marco de una ley que "no ofrece suficientes garantías de indemnización a los propietarios por la expropiación de sus terrenos".

Esta queja, que ya ha sido llevada en numerosas ocasiones a la Eurocámara por extranjeros residentes en España, ha sido acompañada de críticas por parte de diputados británicos.
Para Marta Andreasen -del grupo Libertad y Democracia- "ya es hora de hacer algo que obligue a las autoridades españolas a proteger los derechos de los ciudadanos europeos".

Mientras, el conservador Roger Helmer hizo hincapié en la "frustración" que sienten los ciudadanos de la UE que no ven respetado su derecho a la propiedad.
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