23.4.10
Diario de Lanzarote 22 4 2010
DIARIODELANZAROTE* : La ex alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, y el jefe de la oficina técnica del Ayuntamiento capitalino, Rafael Arrocha, ingresaron en prisión provisional tras prestar declaración ante el juez César Romero Pamparacuatro, que instruye el ‘caso Unión' y coordina la ‘operación Jable', en la que fueron detenidos Déniz y Arrocha el lunes. El juez ha determinado su ingreso en prisión provisional, al contrario de lo que ha sucedido con otros imputados como Stephani Jean Balverde, directivo de Urbaser, el ex consejero del Cabildo Miguel Ángel Leal y el empresario Francisco Armas, que quedaron en libertad con cargos este miércoles.
Tanto María Isabel Déniz como Rafael Arrocha –que ya estaba imputado en el ‘caso Unión' por revelación de información privilegiada- salieron del Palacio de Justicia a lo largo de la madrugada tras haber prestado declaración durante horas.
En la investigación se trata de determinar si se han producido delitos de cohecho, tráfico de influencias, alteración de concursos públicos, entre otros.
* Diario de Lanzarote - 22.04.10
Round Town News, Costa Blanca South 22 4 2010
Written by Louise Clarke
Thursday, 22 April 2010
CLARO President Bob Houliston presents Petition to the European Parliament in Brussels.
CLARO PRESIDENT Bob Houliston presented the petition to save Cala Mosca to the European Parliament last week. The petition was backed up by the over 7,000 signatures collected locally in Orihuela Costa which demonstrate the widespread opposition to the construction of 1,500 new houses and apartments on this last piece of green land on Orihuela Costa. Bob told RTN: “This petition underlines that this project is one of four approved by Orihuela Town Hall which would double the existing 30,000 registered population of Orihuela Costa.”
In the course of its over-rapid expansion, no provision has been made for proper parks and gardens in Orihuela Costa. Indeed, two of these four projects are situated in or adjoining the inland natural park of Sierra Escalona. Bob added: “If the Cala Mosca project goes ahead, residents and visitors would lose the last remaining sea view on the 18 kilometre Orihuela Costa coastline and the possibility to enjoy walking and relaxing on the last piece of open land which also provides access to several attractive natural bays.”
PROTECTED SPECIES
The petition submitted to the European Parliament stresses that the Cala Mosca project has already been modified to take account of the existence of two protected species. But the modifications took place after infrastructure works to provide streets and pavements had been carried out. It is therefore most likely that the two protected species have already been damaged. Bob continued: “With a view to examining the relevant European Union environmental legislation, the European Parliament has already requested additional information on the protected species involved. The Petition declares that it has not been possible to obtain a clear statement that the project has received all the necessary approvals and also points out that the Ministry of the Environment in Alicante has stated that the infrastructure works have not respected the reserved zone of protection of the shoreline.”
Bob concluded: “The Cala Mosca building project is environmentally destructive and would be a further blow to the fragile and over-exploited Spanish coast. The Petition requests the support and action of the European Parliament to oppose it and help preserve this emblematic area of Orihuela Costa.”
22.4.10
El Pais/Malaga 19 4 2010
Jueces y fiscales discrepan sobre qué considerar delito urbanístico
ELPAÍS/Málaga* : El alcalde de La Viñuela, Juan Millán, acaba de ser condenado a una pena de inhabilitación y multa por conceder tres licencias para construir en suelo no urbanizable. La ex alcaldesa de Cártama, Leonor García-Agua, ha sido absuelta por haber autorizado licencias de segregación de fincas para construir en suelo rústico. El ex alcalde de Sayalonga José Luis Navas ha sido absuelto por la Audiencia de Málaga, que revocó la condena a un año de prisión que le impuso un juez de lo penal y por la que dimitió del cargo.
Cada uno de estos tres recientes casos con resoluciones tan dispares tiene evidentemente sus particularidades, pero presentan un denominador común, se trata de prevaricación urbanística por autorizar construcciones en suelo no urbanizable y en los tres la fiscalía solicitaba penas de prisión.
La jurisprudencia de los tribunales malagueños no muestra un criterio único en la respuesta a los casos urbanísticos, y deja de relieve la disparidad de criterio entre la fiscalía y la Audiencia Provincial sobre cuándo deben considerarse delito las ilegalidades urbanísticas y aplicar el Código Penal y cuándo basta con la sanción del derecho administrativo.
En una provincia donde hay más de una veintena de alcaldes imputados en causas por este tipo de delitos, el debate se mantiene también en el ámbito político. El presidente de la Diputación, Salvador Pendón, promovió hace dos años un foro que reivindica que no se juzgue en la vía penal la construcción de viviendas unifamiliares en el suelo no urbanizable. Sólo en la comarca de La Axarquía se estima que existen más de 10.000 casas en suelo rústico.
El presidente de la Audiencia Provincial de Málaga, Francisco Javier Arroyo Fiestas, recuerda que "el derecho penal se rige por el principio de la intervención mínima", por lo que aboga por dejar el Código Penal "sólo para situaciones extremas". "Cuando las infracciones no son muy groseras y no ha habido cohecho de por medio, entiendo que la intervención debería venir por el derecho administrativo", explica.
Arroyo Fiestas conmina a tener en consideración cuestiones como "ayuntamientos muy pequeños, deprimidos económicamente, que tienen poco asesoramiento y apenas medios", que cuando han autorizado construcciones lo han hecho sin mala fe.
El presidente de la Audiencia sostiene que es la fiscalía la que tiene que marcar un criterio de actuación, ya que los jueces no intervienen en estos asuntos si no es a instancias del ministerio público.
Y la postura que defiende el fiscal jefe de Málaga, Antonio Morales, es que hay una respuesta penal justamente porque la extensión de las ilegalidades es lo que hizo que se incluyeran en el Código Penal los delitos urbanísticos para dar respuesta a una situación abusiva. "En una sociedad normalizada, el juego del derecho administrativo frente al penal está bien, pero cuando se exagera y hay abuso hay que tomar medidas más contundentes", explica.
Morales rechaza que se reste importancia a la concesión de licencias en suelo no urbanizable porque se trata de un fenómeno y "no es ya un daño particular o privado, sino que hay un perjuicio colectivo, al paisaje y al medio ambiente, y también tiene consecuencias económicas importantes para la sociedad, que tiene que hacer frente a servicios de saneamiento, agua, etcétera".
El fiscal jefe sostiene que sería "contraproducente" unificar criterios previamente y que conviene actuar caso a caso analizando las circunstancias específicas de cada uno.
Graduación de penas
En la práctica judicial española difícilmente hay dos casos idénticos, por más que lo aparenten. El Código Penal establece para el delito de prevaricación urbanística la posibilidad de penas de inhabilitación, multa económica y prisión. La cuestión está en qué graduación aplicar en cada caso. José Carlos Aguilera, abogado malagueño de dilatada experiencia como acusación y defensa en delitos urbanísticos, se queja de que por lo general las sentencias no especifican la motivación de por qué la pena impuesta entre las posibles. Ello contribuye a la confusión. No es fácil entender por ejemplo por qué permitir dos edificios con 237 viviendas en suelo de sistema general de espacios libres mereció seis meses de prisión ( caso Banana Beach) y un año la licencia para tres unifamiliares en suelo con menos protección del caso Proinsa.
Se supone que la graduación de penas obedece a la gravedad de cada asunto. Pero no sólo las penas, los propios casos en ocasiones parecen algo incomprensibles, como el procesamiento a un alcalde por dar una licencia que posteriormente revisó y anuló y sin que llegara a hacerse obra alguna.
* ELPAIS.com - 19.04.10
Foto: Construcciones diseminadas en suelo rústico en la comarca de la Axarquía, en el término de Alcaucín (Málaga).- JULIÁN ROJAS, elpais.com
AUAN 22 4 2010: Albox - Two orders of demolition set aside / Dos ordenes de demolicion puestos a un lado
Abusos Urbanisticos Almanzora No
Contacto: Patricia Sampson, Tel: 646506943
mailto:info@almanzora-au.org
Dos órdenes de demolición puestos a un lado en Albox
Uno de los "8 de Albox" recibió unas buenas noticias el 19 de abril cuando el juez pidió que los procedimientos para demoler su hogar sean puestos a un lado y que el caso sea revisado. Las objeciones de la Junta fueron negadas.
Su abogado, Gerardo Vazquez, citó la jurisprudencia, que incluyó la decisión del Tribunal Supremo a favor de los Srs. Prior, para convencer al juez que los dueños de las casas no fueron informadas correctamente de los procedimientos contra sus hogares.
Una segunda familia amenazada con la demolición de su casa recibió las mismas buenas noticias hoy mismo de su abogado, Francisco Alonso de Alonso y Garrido.
Para las seis familias que se quedan sin noticias, la lucha jurídica continúa.
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Abusos Urbanisticos Almanzora No
Campaigning to safeguard our homes
AUAN Press release – 20th April 2010
Contact mailto:info@almanzora-au.org
Demolition order set aside
One of the ‘Albox 8’ was the recipient of some good news yesterday when a judge ordered that proceedings to demolish their home should be set aside and the case re-tried. The Juntas’ objections were denied.
Their lawyer cited case law which included the Supreme Court ruling in favor of Helen and Len Prior to convince the judge that the homeowners had not been correctly informed of the proceedings against their home.
17.4.10
El Pais 17 4 2010: La trama corrupta de Lliber...
El ex alcalde del PP posee 27.000 metros cuadrados en nueve parcelas rústicas
ARTURO RUIZ - Dénia - 17/04/2010
Decenas de viviendas, chalés de lujo, locales comerciales, fincas rústicas, automóviles de alta cilindrada... Los cuatro principales imputados en el escándalo urbanístico de Llíber amasaron un impresionante patrimonio inmobiliario entre 1999 y 2003 gracias a la construcción y venta de unas 300 viviendas ilegales en suelo rústico. La juez de Dénia que instruye el caso ha ordenado a través de cuatro autos el embargo preventivo de esos bienes a nombre del alcalde en aquel periodo, el popular José Mas, del ex aparejador municipal Amadeo Signes, del principal cabecilla de la trama, el constructor de Xàbia Miguel Muntaner, y de otro destacado promotor, Trevor Bourne.
La juez investiga en Andorra las cuentas y el patrimonio del ex aparejador
La Guardia Civil está convencida de que los acusados pudieron disfrutar de tan elevado tren de vida gracias a los beneficios que obtuvieron de la trama. La juez les ha prohibido disponer de sus propiedades para que, en el caso de que sean condenados, las mismas "no desaparezcan y puedan servir de compensación a los perjudicados".
Los promotores de la trama vendieron las casas ilegales, en la mayoría de los casos a clientes extranjeros, después de sobornar al ex alcalde del PP de Llíber y al ex aparejador municipal para que éstos avalaran los inmuebles con licencias que en realidad sólo autorizaban a restaurar ruinas o a alzar casas de aperos. La mayoría de las dádivas fueron en especie (fincas y coches) y en otros casos cantidades en metálico por cada permiso aprobado.
El cerebro de la trama, Miguel Muntaner, escrituró un patrimonio muy notable no sólo a su nombre sino también al de alguna de las 13 sociedades de las que era administrador único, como Comercial de Maquetas y Tapices, SL, o Complejo Comercial Montys. Según la Guardia Civil, hizo servir esas mercantiles como tapadera, ya que "las utilizaba para realizar trabajos y pagos relacionados con el presunto delito de estafa que se le imputa".
Muntaner acumuló 26 parcelas rurales, la mayoría en suelo urbanizable -también algunas en terreno agrícola- que suman casi 97.000 metros cuadrados. En cuatro de ellas, ubicadas en Xàbia, Llíber y Benidoleig, edificó chalés de gran tamaño. La Guardia Civil destaca un terreno urbanizable del acusado en Llíber, de 29.000 metros cuadrados, aún sin edificar. La mayoría de las parcelas rondaban no obstante entre los 2.000 y los 4.000 metros cuadrados. También compró algunas en Sagra, Gata, Beniarbeig y Alcalalí. Asimismo, la juez le ha embargado a Muntaner 14 viviendas (dos de ellas dúplex) y ocho locales comerciales situados en Xàbia, Calp y Calatayud (Zaragoza). Y un total de ocho vehículos, entre ellos un Ferrari.
La magistrada ha ordenado a José Mas que inscriba de forma inmediata sus bienes en el Registro de la Propiedad, toda vez que estos sólo constan en el catastro, lo que haría inviable su embargo. El ex alcalde, imputado por presunta estafa, cohecho y prevaricación, tiene a su nombre un total de nueve inmuebles rústicos que suman 27.000 metros cuadrados, así como un inmueble urbano.
La juez también ha decidido embargar el patrimonio a nombre del ex aparejador de Llíber, Amador Signes, y de su esposa e hijos: seis terrenos ubicados en Dénia que suman más de 22.000 metros cuadrados. Además, la magistrada ha dictado una comisión rogatoria internacional para averiguar si el ex funcionario tiene productos patrimoniales o bancarios en el principado de Andorra. Signes está imputado por los mismos delitos que el ex alcalde.
La juez no puede dejar de subrayar que a otro de los principales promotores de la trama, el empresario Trevor Bourne "únicamente se le ha encontrado a su nombre un vehículo y una finca en Xaló (de 2.700 metros cuadrados) de la que es titular la empresas Taibach, de la que el imputado es administrador único".
Los cuatro cabecillas de la red están en libertad bajo fianza. En el sumario hay otros 15 imputados más.
Bienes de los principales imputados
- Miguel Muntaner: Este promotor de Xàbia es, según la investigación, el cabecilla de la red. Su patrimonio es el siguiente: 26 fincas rústicas que suman 97.000 metros cuadrados; cuatro chalés; 14 viviendas urbanas, dos de ellas dúplex; ocho locales comerciales; y ocho vehículos, entre ellos un Ferrari.
- José Mas: Alcalde de Llíber del PP entre 1999 y 2003. De acuerdo con la investigación judicial, el ex regidor cuenta con un inmueble urbano y nueve parcelas rústicas, que suman un total de 27.000 metros cuadrados. Estos bienes no estaban inscritos en el Registro y sólo figuran en certificaciones catastrales.
- Amador Signes: Aparejador municipal de Llíber entre 1999 y 2003. Tiene un patrimonio que incluye seis fincas rústicas, que suman 22.450 metros cuadrados. La juez también investiga otros bienes patrimoniales y cuentas bancarias en Andorra.
- Trevor Bourney: Promotor. Su patrimonio es una finca rústica de 2.370 metros cuadrados y un vehículo.
11.4.10
AUAN Media Release 10 4 2010: Five more homes under threat...
Campaigning to safeguard our homes
AUAN Press release – 10th April 2010
Contact info@almanzora-au.org
Five more homes under possible threat of demolition in Albox
Five more British families in Albox are facing
the possible demolition of their homes.
They were summoned to court number 2 in
Huercal-Overa on the 7th of April to be told that
their builder Osvaldo Ceferino Martinez has been
charged with planning crimes relating to the
illegal construction of their homes in the 'La Molata' area of Albox.
The State Prosecutor is seeking the demolition of
the five homes with compensation payable to the
homeowners by the builder. The builder is also
expected to pay the 65,000 euro cost of
demolition. Sr. Martinez's' whereabouts is
unknown to the homeowners at this time and there
is some concern as to his financial status.
The families were given 3 days to appoint a
lawyer and a procurator so that they can take
part in the proceedings to defend their interests and claim compensation.
The case will now be sent to trial in Almeria.
Urbanismo Patas Arriba 10 4 2010
La corrupción sigue
ELLIBREPENSADOR* : Nadie puede creer que algo que conocen multitud de personas pueda mantenerse en secreto. Cierto que en cada operación solo participan unos cuantos, pero en conjunto en la gran cantidad de operaciones que se efectúan en muchos lugares es seguro que son no cientos sino posiblemente millares de personas las que saben al menos de un caso de corrupción y no la denuncian. Pero no es solo el caso Gürtel, o la corrupción en Baleares. También están pringados en la corrupción muchos socialistas y de otros partidos.
Resulta que en España hay cientos de acusados de corrupción en los tribunales y esto solo es una pequeña parte del total, la mayor parte esta impune, pasa el tiempo y los delitos prescriben. Pasa el tiempo y Hacienda se ve impotente para reclamar los impuestos que se deberían haber pagado y no se hizo.
Supongo que falta gente en la Inspección, pero habiendo miles de funcionarios mano sobre mano se podrían destinar más a esta función.
Posiblemente no se me crea, pero es así.
Resulta que antiguamente los jóvenes ambiciosos querían ser ingenieros, o banqueros, pero hoy quieren ser futbolistas o concejal de urbanismo.
Parece chiste pero no lo es, y lo peor es que hay muchísimos más que prefieren ser funcionarios en vez de empresarios, una pena.
La sociedad está corrupta y no me refiero solo a algunas personas sino a la masa toda de los ciudadanos, bueno mejor de los súbditos.
El esfuerzo y el sacrificio, el estudio y el trabajo ha pasado a ser cosa de tontos, lo importante es ser ricos y divertirse.
Por lo tanto no es extraño que la corrupción avance triunfalmente por nuestra sociedad.
Cualquier tráfico es valido si deja pingues beneficios, drogas, armas, información privilegiada, seres humanos, blanqueo de dinero, cualquier cosa que no de mucho trabajo y rinda cantidad.
Por eso no es de extrañar la facilidad con que Correa y los otros ejecutivos de la trama Gürtel encontraban gente que les seguía el juego.
Unos por dinero, otros por ambición política, algunos por ideología y tal vez incluso por estupidez, pero el hecho es que muchos les han seguido el juego y al mas puro estilo mafioso han mantenido la boca cerrada.
Y no se puede decir que Correa y los suyos fueran un ejemplo de discreción pues no lo eran, eran unos bocazas y Correa el que más.
Pero así son las cosas en España, incluso la corrupción está en manos de incapaces.
El nepotismo, el enchufe y la recomendación es tal entre los políticos, los regalos y los chanchullos están tan al orden del día que a nadie le preocupa ni extraña que se den estas cosas.
Muchos incluso las consideran parte del SISTEMA y tal vez tengan razón, tal vez son parte integrante del SISTEMA que nos explota y domina.
Pero no es parte de una democracia, no es parte de ningún estado de derecho, tal vez sea que España no es una democracia ni un estado de derecho y por eso pasan estas cosas impunemente.
Parece que son los corruptos los que hacen las leyes según sus necesidades, de una manera u otra se roba al pueblo y de pronto se encuentran millones de para no entrar en la cárcel.
Los amigos de los amigos siempre ganan y el dinero de la corrupción rindiendo dividendos en un paraíso fiscal.
De vez en cuando uno que es el más tonto de la banda cae y a ese se le pasea por todos los medios de comunicación para que el pueblo crea que es el gran jefe y que se hace justicia, pero no es así solo se le castiga por imbécil, por no haber seguido las normas y no haber repartido con aquellos que brindan protección, que en realidad son la cúpula de la banda, los verdaderos jefes ocultos, los promotores de la corrupción.
Correa, el bigotes o Roldan solo son los cabezas de turco, tan solo eso.
Y la trama sigue operando.
japerezduval@gmail.com
* El Librepensador - Opinión - 10.04.10
Viñeta: ellibrepensador.com
Diario Sur 9 4 2010: Quince años de inhabilitacion al alcalde de la Viñuela..
SUR/Málaga* : La sentencia afirma que actuó de forma «más que arbitraria, aberrante e incompatible con el ejercicio del poder público. Nueva sentencia condenatoria contra un munícipe de la Axarquía. El alcalde de La Viñuela, el socialista Juan Millán, ha sido condenado a 15 años y medio de inhabilitación y a pagar una multa de 13.515 euros por conceder tres licencias ilegales en 2001 y 2003.
La sentencia dictada por el titular del juzgado de lo Penal número 8 de Málaga, Francisco Ontiveros, afirma que el alcalde actuó de forma «más que arbitraria», haciendo caso omiso a cualquier procedimiento y prescindiendo de la norma urbanística, «según su mejor parecer» o por la vía del «yo me lo guiso, yo me lo como». Un proceder que el magistrado califica de «aberrante y totalmente incompatible con en el ejercicio del poder público en un Estado de Derecho moderno».
Juan Millán concedió en 2001 dos licencias para la construcción de sendas viviendas unifamiliares en la zona del embalse de La Viñuela, en suelo no urbanizable de secano y en otra más en 2003, «según su propio parecer y sin recabar informe técnico o jurídico alguno, ni atender a las indicaciones del secretario de la corporación», afirma la sentencia. En el primero de los casos, la normativa vigente que impedía construir eran las Normas Subsidiarias de La Viñuela y en el segundo, la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía (LOUA).
La sentencia condenatoria se basa en la propia declaración en el juicio de Millán, quien manifestó que el secretario hacía un informe tipo, pero que él no lo miraba. Así, la resolución recoge que el acusado llegó a afirmar de forma «tajante y palmaria» que era él quien decidía sí estaba o no en suelo protegido, «pues las licencias siempre las he concedido sin mirar informes técnicos» ya que, aunque no tenía conocimientos técnicos, al ser originario de La Viñuela conocía el terreno «como la palma de mi mano».
«Sapienza autóctona»
«Esta sapienza autóctona -añade la sentencia- no parecía estar reñida con un desconocimiento claro de la normativa urbanística», que dijo en el juicio que la idea que tenía de zona protegida era todo lo que estuviese a menos de 100 metros de la zona de cota máxima de embalse.
La declaración del secretario municipal también ha servido como prueba al juez, quien ha considerado que el funcionario ratificó la forma de proceder del munícipe «ajena a cualquier tipo de procediemiento y sin sujeción a norma alguna». También han sido consideradas decisivas las manifestaciones de los técnicos de la Junta de Andalucía que confirmaron que ninguna de las tres licencias concedidas en la zona se ajustaban a la legalidad urbanística vigente en su momento.
Los tres casos fueron un ejemplo de «flagrante arbitrariedad, contraria a los principios más básicos del recto ejercicio de poder público», ya que las tres licencias fueron concedidas, según la resolución, contraviniendo la ordenación urbanística vigente, en una la LOUA y en las otras dos, al estar impugnado el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y no haberse publicado las Normas Subsidiarias, resultaban de aplicación las normas generales, es decir, la ley estatal.
De esta forma, el magistrado subraya que «no cabe la existencia de una confusión sobre la normativa aplicable».
Además recuerda que el alcalde declaró en el juicio su forma de actuar fue una pauta normal hasta que en 2004 le dijo la Junta de Andalucía que no diera más licencias y no dio más y que todo el mundo era consciente de lo que se estaba haciendo, por lo que «no cabe justificar su actuación sobre la base de que se trata de una persona que es un simple albañil como argumenta la defensa», apostilla.
El juez considera que Juan Millán es autor de dos delitos urbanísticas, uno de ellos de manera continuada (porque las dos licencias que se concedieron en el mismo acto), por ello le condena a ocho años y seis meses de inhabilitación y 8.115 euros de multa por uno y a siete más de inhabilitación y otra multa de 5.400 euros por el segundo.
+ SUR - 9.04.10