Un decreto fijará los criterios a seguir con las viviendas ilegales
La norma que prepara Obras Públicas no eximirá del cumplimiento de la LOUA
DIEGO NARVÁEZ - Málaga
EL PAÍS - 04-01-2011
La consejería de Obras Públicas prepara una norma específica para dar
solución a las decenas de miles de viviendas construidas en suelo no
urbanizable en el medio rural y que dejen de estar en el limbo jurídico en
el que se encuentran y expuestas a una muy variada gama de respuestas en los ámbitos administrativo y judicial, cuando no contradictorias. Más que una norma que establezca preceptos, el texto fijará los procedimientos a seguir y los requisitos para la normalización de estas viviendas con unos criterios homogéneos pero no modifica la ley que hay que seguir cumpliendo.
La inmensa mayoría de estas viviendas quedará fuera de los planes de
ordenación urbana por estar sobre suelos no urbanizables y alejadas de los
núcleos urbanos consolidados. Desde Obras Públicas se asegura que se busca
fijar unos mínimos requisitos con los que estas viviendas podrían obtener
una licencia de primera ocupación que diera a sus propietarios seguridad
jurídica.
La normativa, que presumiblemente será un decreto, contemplará tres
presupuestos básicos: Las viviendas que en ningún caso pueden ser
legalizadas ni entrar dentro de ningún plan de ordenación, y por tanto
abocadas a ser demolidas; las que pueden obtener este permiso de mínimos y
subsistir, aunque fuera de ordenación; y las que sí pueden ser legalizadas
con todas las consecuencias. Todo ello considerado que la casuística es muy
amplia, con una graduación muy variada de los incumplimientos que habrá de
considerarse en la exigencia de requisitos de normalización, y con fenómenos de construcción también muy distintos según las comarcas y territorios.
Además de cumplir los requisitos urbanísticos, una de las exigencias
indispensables para las viviendas que puedan normalizarse es que no haya
repercusión sobre las arcas públicas, y que los promotores o propietarios
corran con los gastos de dotación de servicios e infraestructuras básicas.
Todo ello en defensa de los intereses de los ciudadanos que han comprado una vivienda legal y que por tanto contribuyen con sus tasas e impuestos al
mantenimiento de servicios colectivos.
Las viviendas condenadas a la demolición serían aquellas construidas en
suelo especialmente protegido o que incumplen alguna normativa sectorial,
especialmente de medio ambiente o que infrinjan la Ley de Costas.
Para las viviendas que pueden beneficiarse de algún tipo de normalización,
aun quedando fuera de ordenación, la norma considerará diversos criterios
para valorar la gravedad de los incumplimientos. "Será una normativa muy
exhaustiva", insisten fuentes de la consejería, porque hay una gama muy
variada de casos. Hay casas que pueden estar en situación de ilegalidad
sobrevenida porque se construyeron con las características que tienen antes
de que entraran en vigor las leyes que las prohíben. La Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía (LOUA) de 2003, prohíbe la construcción de una
vivienda en suelo rústico en una parcela que no tenga al menos 25.000 metros cuadrados y cuyo uso esté condicionado a las labores agrícolas, ganaderas o forestales.
La consejería mantiene que la solución de las decenas de miles de viviendas
en suelo no urbanizable deberá verse caso a caso y dentro del planeamiento
urbanístico de cada municipio. Los alcaldes de las comarcas más afectadas
por la proliferación de viviendas en suelo rústico, especialmente los de la
comarca malagueña de La Axarquía, han pedido reiteradamente la elaboración
de un reglamento sobre usos en suelo urbanizable, algo que la Junta ha
considerado innecesario porque entiende que la LOUA ya fija con claridad lo
que es posible y no hacer.
Colaboración institucional en La Axarquía
El trabajo en colaboración entre los Ayuntamientos, la Diputación de
Málaga y Obras Públicas ha permitido en el último año avances notables en la planificación urbanística en La Axarquía, comarca malagueña donde se estima que existen más de 10.000 viviendas en suelo rústico no urbanizable. En un año, cuatro municipios han logrado la aprobación definitiva de sus planes, otros tres cuentan con la provisional y están a la espera del dictamen de la Administración autonómica; otros seis han superado la fase inicial y tres tienen más retrasados sus trabajos y optaron por elaborar su planeamiento al margen del convenio con las administraciones.
La comarca tiene 29 municipios en total, de los que hasta comienzos del año
pasado 16 no se habían dotado de un plan de ordenación urbanística pese a
que así lo exige la ley en vigor desde 2003. De la planificación realizada
hasta el momento, solo entre el 5% y el 15% de las construcciones
identificadas como ilegales no tienen ninguna posibilidad de regularización
al ocupar suelo con especial protección.
