A partir del 1 de marzo
Los delitos urbanísticos prescribirán a los seis años
La Junta apunta que esta ampliación pretende "ayudar a los ayuntamientos" a actuar contra las edificaciones ilegales
FRAN EXTREMERALa entrada en vigor el próximo 1 de marzo de la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y del decreto que, sólo en la comarca de la Axarquía, permitirá regular más de 11.000 viviendas desarrolladas fuera de ordenación en el suelo no urbanizable, acarreará también la ampliación del plazo legal para que una infracción urbanística considerada como grave o muy grave prescriba. Hasta ahora ese periodo era de cuatro años. A partir del próximo mes serán seis.Así lo subrayó el presidente del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Málaga y secretario-interventor del Ayuntamiento de Frigiliana, José Domingo Gallego Alcalá, en un encuentro para analizar el nuevo marco normativo en Andalucía, referente al urbanismo en suelo no urbanizable. «No hemos llegado aún a los diez años establecidos en Aragón para la prescripción de un delito urbanístico, pero ya es un avance», apuntaba.
Avance que también pone de manifiesto la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, después de reconocer que este cambio nace de los propios municipios y, en especial, de aquellos con menos recursos a la hora de vigilar las actuaciones irregulares en el campo. «La ampliación de cuatro a seis años en el plazo para que las administraciones puedan ejercer alguna medida de disciplina urbanística responde a una enmienda presentada por el PSOE en el Parlamento andaluz», señalaban ayer a este periódico fuentes de la propia Consejería de Vivienda.
Las mismas fuentes explicaban que «la iniciativa tiene como principal objetivo desincentivar que por la vía de los hechos se consoliden actuaciones irregulares en el territorio andaluz. Igualmente, la prolongación del plazo permite a los ayuntamientos contar con más tiempo para poder actuar contra las edificaciones en suelo no urbanizable».
Voces críticas en la Axarquía. Pero alcaldes de distinto signo político respondieron ayer de manera desigual a los posibles beneficios de estas modificaciones en las normativas urbanísticas. Por ejemplo, el alcalde de Nerja y diputado provincial, José Alberto Armijo (PP), arremetió contra la Junta: «La política urbanística del PSOE, basada en la improvisación y la chapucería, ha generado una gran inseguridad jurídica y un enorme daño a Andalucía».
El regidor de Sedella, José Antonio Gutiérrez (PSOE), matizó que lo importante «no es tanto el momento en el que se hace una modificación en la normativa, sino en qué situación quedarán las casas regularizadas. Es un paso que había que dar y ya se ha dado. Y confío en que con los cambios, la Diputación empiece a colaborar definitivamente con los pueblos pequeños», apuntó.
El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía, Óscar Medina (PP), fue también crítico con el relevo en la Delegación Provincial justo ahora que hay modificaciones en la legislación: «No es lógico que la Junta cambie la LOUA justo en los últimos minutos del partido y que entre encima en vigor cuando ya no hay ni delegado provincial y en precampaña».
El presidente de los Promotores y Constructores malagueños, José Prado, da por buena la modificación si evita episodios a los que se les debe pasar página: «Todo lo que sea no volver a las situaciones del pasado, a través de nueva legislación, puede resultar positivo». No obstante, Gustavo Romero, el presidente de la Asociación de Empresarios de la Ruta Mudéjar, se muestra «desilusionado» con la Junta: «No se le da al propietario de las viviendas soluciones precisas y no queda claro qué pasará si el delito ha prescrito porque han pasado cuatro años y ahora te reabren el expediente porque la medida es con efecto retroactivo».
La alcaldesa de Algarrobo, Natacha Rivas (PA), dijo que la Junta le ha pasado «la pelota al tejado de los ayuntamientos» en este asunto, sin darles «medios ni recursos», ni una normativa «clara». Y el alcalde de Sayalonga, Antonio Pérez (PP), también apuntó que con los cambios la confusión reina entre propietarios y dirigentes.
