Patas Arriba: Los despohos del tsunami urbanizador

Los despojos del tsunami urbanizador

El llamado 'Tsunami urbanizador', 'Burbuja inmobiliaria', 'Urbanismo salvaje' o, simplemente, 'Ladrillazo' de las últimas décadas, solo tiene su explicación en una conjunción de circunstancias especulativas que hicieron que España se situara a la cabeza europea en crecimiento de viviendas y en gasto de cemento, por ejemplo. Un triste récord del que algunos se vanagloriaban (mientras crecían sus beneficios ilegales), pero que ha dejado un territorio asolado por bloques de cemento y ladrillo sin una justificación de bien común, sino más bien producto de la avaricia desmedida de empresarios oportunistas, políticos desaprensivos y financieros sin escrúpulos. La conclusión es altamente negativa para la sociedad española en su conjunto y el origen de la crisis-estafa que se sigue padeciendo hoy día. No obstante, la inmensa mayoría de culpables de este Tsunami arrasador siguen libres sin cargos, gracias a una justicia cómplice que, ni supo parar la orgía urbanizadora, ni ahora sabe como sentenciar a los delincuentes de esta atrocidad territorial.
"MELISSA GARCÍA LAMARCA* : Hace ya más de seis años que explotó la burbuja inmobiliaria, lo que Ramón Fernández Durán denominó el 'tsunami urbanizador'. Los hechos de los años del boom, de este periodo de monocultura inmobiliaria, son vertiginosos: casi siete millones de viviendas construidas, 12 millones de hipotecas concedidas, más de 2,5 millones de trabajadores empleados en la construcción y un cuarto del territorio español construido. Algunos presumían de que España fuera el líder europeo de consumo de cemento y el quinto globalmente después de China, India, EE UU y Japón, durante un crecimiento económico inaudito.

Este cemento era la representación concreta de un crecimiento de acumulación de capital urbano en forma de vivienda, oficinas e infraestructuras que parecía no tener fin. La presión para comprar vivienda en particular venía de todos los lados, tanto de los actores públicos como de los privados, hasta la familia, vecinos e incluso amigos; pensábamos que los precios nunca caerían y que la vivienda era una inversión segura. Si estuviera presente, José Luis Arrese, el primer ministro de Vivienda, hubiera estado encantado de la vida de ver cómo su proyecto que empezó a finales de los 50 de crear "un país de propietarios, no de proletarios" se estaba haciendo realidad.

De hecho, esta orgía de construcción fue posible gracias a esta ideo­logía y a una constelación de procesos calculados desde hace décadas. Entre otras se incluyen la liberalización de la legislación bancaria en 1981 y de la ley de suelos en 1997, y la creación de un marco legal para extender la financiación de viviendas más allá de los ahorros bancarios en 1992. Se encaja todo dentro de una política de vivienda que se preocupó más en estimular la actividad económica que en cualquier política o bien social. Y cuando España formó parte de la Eurozona y adoptó el euro, el capital extranjero que temía una devaluación de la peseta por fin pisaba suelo firme, y una cantidad de crédito sin precedentes fluyó al país como agua del grifo. Sacar una hipoteca llegó a ser casi tan fácil como ir a comprar pan.

Hasta que petó la burbuja. Y aquí estamos casi siete años después, demasiados millones de personas siguen sin trabajo y con pocas posibilidades de encontrar uno decente, a pesar de los anuncios del Gobierno y del Fondo Monetario Internacional de que el país se está recuperando y el empleo está creciendo. Para los que tienen trabajo, la precariedad laboral es ya una norma. Debido a esta combinación de desempleo y precariedad seguimos presenciando todos los días una serie salvaje de de­sahucios de alquiler y de hipoteca cuya ejecución paga y realiza el Estado, llevando a una gran parte de la población a vivir de la solidaridad familiar, de la caridad o de trapicheos explotadores de bandas organizadas. Y eso sin contar la desgarradora realidad de los que se quitan la vida antes de enfrentarse a un desahucio. Afortunadamente, muchísima gente está luchando en movimientos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, contra los desahucios y el abuso infernal de los bancos, demostrando el valor terapéutico de procesos colectivos y del "sí se puede".

Mientras tanto, existen 3,4 millones de viviendas vacías en todo el territorio, por lo menos un tercio de las cuales están en manos de entidades bancarias o en lo que es la inmobiliaria más grande de Europa, la Sareb, creada para limpiar de "bienes tóxicos" el balance de los bancos rescatados por el Estado (es decir, por nosotros). A ello hay que añadir los edificios que se quedaron a medio construir debido a la súbita bancarrota de las constructoras. Los nuevos propietarios prefieren mantener las viviendas vacías y solares a medio construir a la espera de que el mercado inmobiliario mejore y suban los precios de nuevo. De hecho, a pesar de ser una entidad 45% pública, el objetivo explícito de la Sareb es "desinvertir los activos en un plazo de 15 años, maximizando el valor de los mismos".

El proyecto Empty Living ("habitar el vacío"), de Agustín Ortiz Herrera, señala las contradicciones fundamentales del modelo que se creó en la burbuja, y sus consecuencias. Este verano, Ortiz Herrera viajó a través del país sin una hoja de ruta concreta, parando en lugares especialmente afectados por la crisis, y encontró construcciones de viviendas inacabadas en las cuales es imposible vivir. La idea era habitar estos espacios abandonados, encontrar un lugar para descansar y pasar unas horas, incluso pernoctar si era posible. Pero en rea­lidad los espacios escogidos no eran adecuados para esta actividad, el entorno era hostil, inseguro, decadente y absurdo. La presencia humana en estos lugares abandonados entonces se convierte en una contradicción. Los mismos espacios vacíos son presencias inquietantemente olvidadas, mutadas en metáforas de una derrota. Esas construcciones esperan un futuro más próspero y, sin embargo, se han convertido en todo un símbolo del fallo del sistema y de la frustración que aún genera esta crisis.

Las fotografías y el diario de Agustín Ortiz Herrera, que vale la pena mirar detenidamente, son un ejemplo de proyectos de arte y activismo cuyos objetivos son visibilizar y hacernos reflexionar sobre una realidad que nos puede ser ajena, o sobre aquello que nunca habíamos pensado. Lo que podemos hacer para contrarrestar el proceso de capital financiero detrás del tsunami urbanizador y sus consecuencias tal vez no nos quede claro, pero a partir de reflexionar con proyectos como Empty Living y luchar en movimientos como la PAH, nos pueden brotar ideas y alternativas para un futuro mejor.

Melissa García Lamarca, doctoranda en Geografía por la Universidad de Mánchester.

20 Minutos 17 11 2014: 15 ayuntamientos apoyan manifiesto contra derribo...

Un total de 15 ayuntamientos del Almanzora apoyan manifiesto contra el derribo de casas irregulares, según AUAN La asociación Abusos Urbanísticos Almanzora NO (AUAN), que agrupa a propietarios, en su mayoría británicos, de viviendas fuera de ordenación en Almería, ha indicado este lunes que un total de 15 ayuntamientos de la comarca han apoyado el manifiesto del colectivo que apela al "respeto de los derechos humanos" de los compradores de buena fe y reivindica su derecho a recibir "una justa indemnización antes del derribo" de sus casas.

 

EUROPA PRESS. 17.11.2014 La asociación Abusos Urbanísticos Almanzora NO (AUAN), que agrupa a propietarios, en su mayoría británicos, de viviendas fuera de ordenación en Almería, ha indicado este lunes que un total de 15 ayuntamientos de la comarca han apoyado el manifiesto del colectivo que apela al "respeto de los derechos humanos" de los compradores de buena fe y reivindica su derecho a recibir "una justa indemnización antes del derribo" de sus casas.

Los consistorios, según ha indicado AUAN en un comunicado, señalan, asimismo, como "responsable, al menos, en parte" a la Junta de Andalucía de la "realidad de la existencia de miles de viviendas ilegales" y le reclaman al Gobierno andaluz "que no de la espalda a este problema, permitiendo un continuo goteo de órdenes de demolición".

La acción llega cuando está prevista este martes la demolición de dos viviendas unifamiliares construidas en no urbanizable en el paraje Las Terreras de Cantoria (Almería) sin que sus propietarios, dos familias de origen británico, hayan percibido la indemnización de alrededor de 789.000 euros fijada en vía judicial y que debe satisfacer como responsable civil el promotor.

Según AUAN, los ayuntamientos también respaldan la reivindicación de que la aplicación de la ley "debería ser conforme a la realidad social" sin que se pueda hacer "una aplicación de la ley sin equidad o abusiva" y declaran que se "debe proteger a los compradores extranjeros y no ahuyentarlos, dado que actualmente estos sufren un desproporcionado rigor urbanístico, aun siendo compradores de buena fe".

"Los representantes municipales entienden que el fin no justifica los medios y que nada se consigue con estas demoliciones y declaran no entender la actuación de la Junta en este caso concreto y piden saber cuál ha sido la intervención concreta de la misma", remarca el colectivo.

 El manifiesto apoyado por los 15 ayuntamientos del Valle del Almanzora apela, asimismo, a la regularización de las viviendas y "dice no entender cómo se pueden demoler las viviendas en Cantoria que están en una de las zonas de posible regularización" para terminar con el lema "¡Basta de palabras, soluciones ya!".

AUAN ha indicado, en esta línea, que al manifiesto también se han unido asociaciones de afectados de toda Andalucía, incluyendo la Plataforma de afectados por las inundaciones del Guadalquivir en Córdoba, la Federación de vecinos de Las Lagunas de Chiclana de la Frontera, La Asociación Afotomoque de Marmolejo de Jaén, la asociación Plataforma Vecinal de Estepona, la plataforma Víctimas del incendio de Mijas, la Federación de Parcelistas de Córdoba, la Asociación Apaig Villafranca de Córdoba, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Chiclana de la Frontera, así como AUAN en Almería y SOHA en Málaga.

"Aparentemente el apoyo no se limita a Andalucía, dado que la Federación española de Asociaciones en defensa de los derechos humanos y en contra de los atropellos medioambientales (FAUN) se ha apuntado a la misma, así como lo ha hecho la Asociación Abusos Urbanísticos No (AUN) de Valencia Dicho de otra forma, el manifiesto se encuentra actualmente apoyado por asociaciones y ayuntamientos que representan miles de personas, y las nacionalidades que expresamente han apoyado al mismo, incluyen españoles, británicos, alemanes, belgas, noruegos, e irlandeses, entre otros", concluye.

Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2299055/0/total-15-ayuntamientos-almanzora-apoyan-manifiesto-contra-derribo-casas-irregulares-segun-auan/#xtor=AD-15&xts=467263

 

Two British owned homes to demolished TOMORROW in Andalucia, Spain - No compensation for purchasers in good faith

We have had verbal confirmation from the home owners lawyer that representatives of the regional government will oversee the demolition of two British owned houses in Las Terreras, Cantoria TOMORROW, Nov 18th at 12.00 noon.

 

The promoter was convicted of planning crimes the properties were ordered to be demolished with 790,000 euros payable in compensation to the three homeowners who took part in the case.

 

The property of Mr John Brooks was demolished in October 2013.

Tomorrow Margaret and Peter Hegarty and Janet and Frank Dole will lose there homes.

 

None of the home owners have received a penny in compensation and have in effect lost their life savings on the Spanish dream.

 

They are not the only ones. Many other foreigners who bought properties in Andalusia risk a similar fate.

 

Contact: Maura Hillen - President AUAN,

Facebook 'AUAN Almanzora' 

www.almanzora-au.org

 

Mobile : 661329919

 

 

Demoliciones Valle del Almanzora

ALMANZORA, CRÓNICA UNA MUERTE ANUNCIADA

Si no hay nada que lo impida, el martes de la semana próxima tendrá lugar el entierro de la inversión británica en el Valle del Almanzora, bajo los escombros de dos viviendas que van a ser demolidas. Será un día triste, un día de luto. Con la caída de cada ladrillo caerán los sueños de los británicos que tuvieron la mala fortuna de invertir los ahorros de su vida en estas casas y de confiar que estarían protegidos aquí. Con cada movimiento de la pala excavadora se enterrará el futuro de una multitud de negocios y empleos.

Las indicaciones son que lo van a conseguir. El certificado de defunción está firmado. El problema es, que nadie se hace responsable del difunto, pues nadie admite tener pólvora en las manos.

El papel no lo aguanta todo. No son sólo papeles, sino vidas humanas las que estamos destrozando. Los compradores extranjeros no merecen este tratamiento. La pregunta es ¿por qué la Administración y las autoridades no pueden ser prácticas y no pueden resolver este problema ya? ¿Por qué tenemos que tener este continuo goteo de demoliciones, en gran parte de británicos? Seamos sensatos. Dejémonos de excusas y resolvamos estos problemas de una vez por todas.

No se entiende fuera de España cómo se pueden permitir injusticias materiales de este calado. Incluso aquí, existe un clamor social protestando por los Derechos Humanos que están siendo pisoteados. Lo dicen los alcaldes del Valle del Almanzora. Lo dicen las Asociaciones, los comerciantes, los profesionales y la sociedad civil en general.

¡Sensatez, por favor!

Ojalá nos equivoquemos en todo esto y por fin podrá empezar a primar la sensatez por el bien de todos. Pero el temor es que el día 18 se pondrán más clavos en el ataúd del bienestar social y económico del Valle del Almanzora. Entonces a vestir de negro, pues serán días de luto.

 

Gerardo Vazquez

Asesor Jurídico de AUAN

 

Maura Hillen

Presidente de AUAN

España hundida en un mar de corrupción ....

España hundida en un mar de corrupción y saqueo

El agua del vaso ha llegado hasta el borde y se ha desbordado por todas partes. La corrupción, se sigue viendo hoy en día, ha llegado al límite, todas las administraciones e instituciones de este Estado llamado democrático se han visto afectadas. Lo que ahora se denomina la Casta, es decir el poder 'político financiero judicial mediático', ha hecho saltar por los aires toda discreción y el grado de impunidad es escandaloso. Desde luego, según todos los índices, este país ha batido dentro del mundo occidental todos los récords de delincuencia de cuello blanco. Al menos hasta las próximas elecciones seguiremos asistiendo a esta degradación moral y ética de una casta deshumanizada.

"ARTURO BORRA*: El escándalo moral ante el estallido de denuncias de corrupción en España no deja de tener una dimensión hipócrita: nadie puede alegar de forma legítima desconocimiento al respecto. Lo que la derecha llama "milagro económico" español no ha sido otra cosa que la materialización de un crecimiento macroeconómico desigual estructurado sobre la base de prácticas corruptas en las que han participado gobiernos, grandes empresas, la banca privada y algún que otro invitado de honor, como es el caso de algunos líderes de los sindicatos mayoritarios. Nada de ello habría sido posible sin la complicidad objetiva (o, si se prefiere, la pasividad cómplice) de las mayorías sociales.

A nivel nacional, el saqueo sistemático a las cajas de ahorros, la organización fraudulenta de macroeventos deportivos, artísticos o religiosos, las contrataciones y adjudicaciones públicas a comisión a empresas privadas, el rescate estatal a la banca privada, los procesos de privatización acelerada de diversos organismos públicos o la estatización de deuda privada, entre otros asuntos, marcan las últimas décadas. Los escándalos actuales de corrupción (desde las tarjetas opacas en manos de políticos, banqueros y sindicales hasta las salpicaduras que afectan a la abrumadora mayoría de la cúpula del partido de gobierno, por no referirnos a la ingeniería de usurpación de algunos clanes familiares) no constituyen ninguna novedad: la condición de acceso al sistema político vigente implica, como regla, la aceptación de un régimen de prebendas. Nunca insistimos demasiado al remarcar que la globalización económica es también la globalización de la impunidad de las grandes corporaciones (favorecidas por la infrarregulación de los mercados) y la reconfiguración del sistema como capitalismo del saqueo.

En este sentido, la cleptocracia está institucionalizada y desborda la esfera estatal: no constituye una "perversión" con respecto a una pauta de rectitud diferente, sino que es el modo regular de funcionamiento de la economía-mundo y, en grados variables, según los controles públicos desplegados, de las democracias parlamentarias actuales (1). La ecuación de la gobernabilidad está ligada a la regulación de estas prácticas corruptas, no a su extirpación. El enriquecimiento ilícito de las autoridades dirigenciales es condición de gestión de políticas públicas antipopulares que tienen como beneficiarios inequívocos a las elites económico-financieras que las impulsan a base de mecanismos como el soborno, las puertas giratorias, los préstamos blandos, las dádivas y, en general, la instauración de un sistema ilegítimo de privilegios. Aunque no hay un límite fijo a estas prácticas sistémicas, su expansión ilimitada siempre corre el riesgo de provocar una «crisis de legitimidad».

Es desde ese transfondo político como podemos interpretar de forma plausible el actual giro jurídico-mediático ante la corrupción estructural que afecta a España. En efecto, lo que resulta novedoso en el presente no es la existencia de estas prácticas delictivas, sino la proliferación de actuaciones judiciales y denuncias mediáticas en torno a ellas. Aunque no hay motivos para la euforia, desde las revueltas pacíficas del 15-M, el estado de ánimo colectivo ha cambiando de forma acelerada: ante el ensanchamiento de la desigualdad socioeconómica y el deterioro de las condiciones de vida de amplias franjas sociales, la corrupción organizada de las élites económicas, financieras y gubernamentales es objeto de un repudio social generalizado. Lo que antaño se consentía de forma tácita, aparece hoy como algo inadmisible, aun cuando el grado de movilización social siga siendo menor al que cabría prever en circunstancias semejantes. El ascenso electoral de Podemos no es sino la encarnación de ese estado de ánimo que enlaza la indignación colectiva con la voluntad de un cambio político relevante.

Así, la hipótesis de lectura más plausible para dar cuenta de este giro jurídico-mediático podría plantearse a partir de lo que en ajedrez se denomina tour de force, esto es, un movimiento forzado producto de la deslegitimación creciente de esas instituciones y la intensificación de las luchas en su interior. Incluso si sigue siendo pertinente preguntarse por otros factores que pudieran estar incidiendo en este giro, la creciente crisis de legitimidad podría estar provocando fisuras significativas en las alianzas de las clases dominantes. Las actuaciones judiciales contra la corrupción pueden interpretarse como un intento de revertir el descrédito del que es objeto el sistema judicial en su conjunto. En particular, constituyen indicios del debilitamiento de una mayoría judicial conservadora, desacreditada tras el castigo ejemplarizante a jueces emblemáticos en la lucha contra la corrupción (destituidos por prevaricación) y del bloqueo sistemático de las investigaciones judiciales de este tipo de delitos cuando afectan a miembros destacados del establishment.

A nivel mediático, la hipótesis implica una variante: el giro de los medios privados de comunicación está interrelacionado tanto a esta nueva dinámica judicial como a la presión social creciente. Si por momentos los medios de prensa más conservadores van por delante de las actuaciones judiciales, ello se debe, ante todo, a una política editorial que anticipa un escenario temido, esto es, la profundización de una crisis de legitimidad que supondría, en primer lugar, el viraje electoral hacia fuerzas político-partidarias emergentes, como es el caso de Podemos. Las denuncias sobre corrupción responden a la lectura que los discursos mediáticos dominantes hacen del actual contexto político: sin una intervención contundente por parte del gobierno nacional que interrumpa la impunidad y penalice a los sujetos implicados (algo que difícilmente puede hacer, dado que comprometería a buena parte de sus miembros), el viraje político hacia la izquierda se hace cada vez más inevitable. Se trata, pues, de una versión novedosa del imperial miedo a los bárbaros, por demás de manifiesta en la auténtica cruzada que estos discursos han emprendido contra aquellos que encarnan de forma verosímil alguna tentativa de cambio. Semejante jugada estratégica, desde luego, sigue siendo arriesgada: salvar el neoconservadurismo arremetiendo contra el partido de gobierno que lo encarna puede crear efectos contrarios a los previstos. Seguir prescribiendo un "capitalismo sano", orientado a la iniciativa privada y la reducción de lo público -como si no se tratara de un oxímoron o una contradicción de los términos- se parece cada vez más a un ejercicio de periodismo-ficción.

No cabe descartar que el discurso contra la corrupción desate una debacle gubernamental, pero sigue siendo algo completamente incierto si esa debacle dará cabida a un cambio político profundo o a una mera reestructuración del bloque dominante. La crisis de hegemonía puede dar paso a lo emergente sólo en la medida en que se conecte esa corrupción generalizada al sistema que la produce. Es esa crisis lo que anuncia una oportunidad histórica de cambio que sobrevuela el presente.


* Rebelión - AB - 6.11.14
Foto:

en 10.11.14por UrbanismoPatasArriba Carlos de Rueda

Patas Arriba 27 10 2014: Viviendas ilegales: de la permisividad a ......

Viviendas ilegales: de la permisividad a la cultura urbanística

España es un país con poca cultura urbanística, a pesar de poseer una enorme herencia desde tiempos antiguos, como fue la romanización y la pertenencia a un modelo clásico occidental. Hasta el año 1956, en plena dictadura, no hubo una Ley de Suelo auténtica, que nació con buenas intenciones pero dejando enormes lagunas, como se vio en el 'desarrollismo' posterior. Actualmente, aunque la situación legislativa ha mejorado, su puesta en práctica sigue dejando mucho que desear. El caso de la reciente burbuja especulativa y la corrupción urbanística lo demuestran claramente. En el apartado de las viviendas ilegales construidas en suelo rústico, la complicidad política, y luego judicial, ha permitido llegar al caos actual, donde muchas miles de viviendas esperan una solución no siempre fácil, por desgracia.

"JOSEFINA CRUZ VILLALÓN* : Que en Andalucía existan centenares de miles de viviendas en suelo no urbanizable (y en España más de un millón) no es producto de una noche de borrachera. Solo puede ser producto de una acción continuada en el tiempo, como resultado de la inexistencia de normas precisas al respecto; o con normas, pero sin voluntad ciudadana ni política de cumplirlas. Solo cuando se ha plantea la necesidad de controlarlas, o derribarlas de acuerdo con la legalidad, se han convertido en un problema social y político.

La cultura urbanística se ha ido construyendo lentamente. Nuestra primera ley urbanística, de 1956, es reconocida por ser un texto de una gran calidad técnica, pero de escasos resultados efectivos. El Urbanismo empieza a ser una prioridad política en los años setenta, coincidiendo con los primeros ayuntamientos democráticos y la fuerte expansión urbana. En esos momentos lo prioritario era dar respuestas al crecimiento de las grandes ciudades; el campo no era un problema urbanístico. Quizás por ello, la legislación estableció tres conceptos y clases de suelos: el Urbano, el Urbanizable y el No Urbanizable, que se mantienen hasta hoy. Se ha advertido con frecuencia que este último recibe una denominación inadecuada, en negativo; pero a mi modo de entender refleja muy bien la idea de que es el espacio ajeno a la ciudad, el espacio ignoto de los mapas antiguos con el territorio que estaba más allá del mundo conocido.

La cultura urbanística empieza a extenderse entonces en los suelos urbanos y urbanizables. Ha habido también mucha indisciplina urbanística, pero hoy todo propietario sabe que si el Plan Urbanístico dice que se pueden construir cuatro plantas, no construye seis (antes se hacía); si el Plan declara que un inmueble está protegido por sus valores arquitectónicos, el propietario sabe que no puede demolerlo (antes se hacía para construir un centro comercial o un bloque de viviendas); los terrenos destinados a la construcción de un parque, se respetan (antes, no siempre).

Sin entrar en detalles, hoy el Plan urbanístico se cumple en los ámbitos urbanos y los Ayuntamientos ejercen el control de las actuaciones y la disciplina urbanística. Mientras tanto el Suelo No Urbanizable es un gran contenedor que no solo es ocupado por el espacio productivo agrario. Es donde se construyen carreteras o aeropuertos (¿dónde si no?) donde se instalan grandes vertederos de basura o cementerios de vehículos (¿dónde si no?), se abren canteras (¿dónde si no?), … y se construyen viviendas (por qué no?).

Viviendas en suelo no urbanizable ha habido antes de que la legislación urbanística existiera. La mayoría son viviendas vinculadas a la explotación agropecuaria y ninguna legislación urbanística establece prohibición alguna a su existencia, ni a la de los edificios anexos: casas de aperos de labranza, establos y naves para el ganado, bodegas, cortijos, pabellones de caza y un largo etcétera. Aquí no está el problema, salvo que se haya solicitado autorización para ampliar la caseta de los aperos de labranza y el resultado sea la construcción de un chalet con piscina. El problema se genera con la proliferación de viviendas no vinculadas a la agricultura.

El coste politico

La proliferación de vivienda "en el campo", y en términos jurídicos en suelo no urbanizable, está vinculada a diversos factores: La disminución de la actividad agraria, la mejora del nivel de vida, el incremento del parque de automóviles y de la movilidad, la demanda de segunda residencia para españoles o de primera residencia para extranjeros, son factores que se concatenan para provocar tal ocupación del territorio. Pero ¿por qué ilegales? ¿Por qué en suelos no urbanizables? Por tres razones muy simples: porque son más baratas, por la permisividad de las Administraciones y porque no existe una concienciación ciudadana que repruebe esos comportamientos.

Con frecuencia, la Administración que ha de vigilar el cumplimiento de la legalidad urbanística no ha ejercido su responsabilidad, bien porque no ha sido capaz de ejercer la disciplina urbanística en todos los rincones de su término municipal, bien porque ha sido permisiva ante el coste político que suponía le podría acarrear frenar tales actuaciones, e incluso se ha visto como una diversificación de la actividad económica en sus pueblos, con las nuevas construcciones y el incremento de residentes.

En los suelos que se ocupan legalmente, la construcción de viviendas viene precedida de la urbanización de esos suelos a los que se les dota de alcantarillado, abastecimiento de agua, luz y telefonía, pavimentación y acerado de las calles, y las administraciones reciben una parte de esos suelos para la construcción de viviendas protegidas y para los equipamientos que el nuevo sector urbano requiere (colegios, centros de salud, parques y jardines, …). Finalmente, todos estos costes de urbanización son repercutidos en el precio de la vivienda; pero ninguno de ellos es asumido por el comprador de una parcela en suelo no urbanizable, de ahí que su coste sea bastante inferior. Los adquirientes de estas viviendas, una vez asentados, reclaman los mismos servicios y acceso a dotaciones públicas y se organizan para que se legalice su vivienda, algunas adquiridas de buena fe y otras no tanto. El tiempo transcurrido desde su construcción y la inactividad de los poderes públicos son argumentos que juegan a su favor.

Mientras el número de estas viviendas ilegales se va incrementando hasta cifras inasumibles y se pone de manifiesto la insostenibilidad de ese "modelo" de ocupación del territorio por el consumo excesivo y desordenado de los recursos naturales, el deterioro ambiental y paisajístico, y el deficiente funcionamiento de infraestructuras y dotaciones, una nueva cultura del territorio reclama una actuación más firme y eficaz que es recogida por algunas leyes urbanísticas autonómicas, entre ellas la andaluza, y la Ley del Suelo estatal de 2008. Se identifican sus valores naturales, culturales y patrimoniales y se prohíbe la ocupación residencial de esos suelos.

De igual modo, el Código Penal de 1995 tipifica por vez primera el delito contra la Ordenación del Territorio como un delito penal. Las Administraciones empiezan a actuar de forma algo más decidida (algunas más convencidas que otras), ya no se conceden tan irresponsablemente licencias de construcción, las empresas abastecedoras de servicios públicos (agua y luz, sobre todo) conocen también su responsabilidad si prestan tales servicios a viviendas no legales, notarios y registradores se cuidarán de inscribir estas propiedades; en fin, los Tribunales de Justicia intervienen, se dictan sentencias de demolición, y hasta se demuelen alguna viviendas.

Una caótica situación heredada del pasado

Pero para entonces ya tenemos sobre el territorio esas cientos de miles/ese más del millón de viviendas en suelos no urbanizables. Con situaciones administrativas, territoriales y de legalidad muy diversas. Las hay legales, donde el delito ha prescrito, con licenciadas impugnadas o no, con sentencia de demolición, en suelos inundables, en suelos protegidos, aisladas junto a otras decenas (o centenares) de viviendas aisladas, formando parte de parcelaciones ilegales, … Y todas reclamando "sus derechos", además con mayor insistencia en la medida que han pasado a ser primeras residencias.

Las Administraciones han de hacer frente entonces a la resolución de una caótica situación heredada del pasado y de la que en parte es responsable, por su propia ineficacia o inactividad. Las Comunidades Autónomas de una u otra manera han ido adoptando medidas, como ha sido el caso de Andalucía con el Decreto aprobado a principios de 2012 o con las medidas que ahora ha anunciado la Presidenta, sin que aún se conozcan los detalles técnicos de la solución propuesta, y que ha suscitado aplausos, críticas, declaraciones ambiguas, expectativas infundadas y bastante demagogia.

Por ello, junto a la voluntad de querer dar solución a parte del problema, porque debe quedar claro que no todas las viviendas construidas en suelo no urbanizable son legalizables, no solo son importantes los instrumentos técnicos y los procedimientos de legalización o regularización, sino es mucho más importante la actitud política con la que se aborde.

En relación a los primeros, las medidas que se hayan de tomar para legalizar o reconocer de facto la existencia de estas viviendas no deben implicar cambios legislativos que supongan una desprotección frente a previsibles actuaciones futuras; no se puede modificar la Ley urbanística para dar solución a una situación heredada del pasado, porque se están incorporando marcos de actuación futuros.

Por otra parte, la legalización o reconocimiento de estas viviendas debe ir acompañado de la contribución de sus propietarios a la creación o ampliación de las infraestructuras y equipamientos públicos necesarios: De no ser así, será el conjunto de la sociedad la que soportará su coste. En este punto es donde hay mucha ambigüedad y bastante demagogia; y ejemplos no nos faltan de procesos de regularización anteriores, en los que los posibles beneficiarios se han negado a realizar tales contribuciones.

Pero más importante aún es la actitud política con lo que se debe afrontar este problema. Obviamente en la prohibición de construir viviendas en suelo no urbanizable hay una posición política de una determinada forma de hacer las cosas, hay un modelo de ocupación del territorio, hay una opción clara por la "utilización racional y sostenible de los recursos naturales" y "de la subordinación de los usos del suelo … al interés general" (art. 3º de la LOUA). Y en ese sentido, las Administraciones responsables tienen que controlar eficazmente posibles intentos de sortear la norma. La legislación tiene instrumentos más que suficiente para abordarlos; la única condición es que haya voluntad política de hacerlo. Y al mismo tiempo hay que avanzar en la concienciación ciudadana de que este modo de proceder es contrario al interés general, pues mientras la ciudadanía no repruebe estos comportamientos, todo será inútil y seguirán poniéndose puertas en el campo.

* Josefina Cruz Villalón. Catedrática de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla. Ha sido Consejera de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía.

AUAN & SOHA: Nota de prensa, 7 de octubre, 2014

Contacto: info@almanzora-au.org o press@soha.es   Maura Hillen : 661329919 or Mario Blancke : 687964097 Por parte de SOHA y AUAN estamos satisfechos con el compromiso a que PSOE y IU han llegado en relación con esta iniciativa.   Pero al mismo tiempo estamos impacientes para que este cambio se convierta en ley lo antes posible. Los socios de AUAN y SOHA son las víctimas, no los autores, de delitos urbanísticos. Ellos han sufrido años de incertidumbre legal y el estrés como consecuencia de su decisión de vivir en España y de comprar una vivienda en buena fe.   Aun necesitamos ver el texto pero según entendemos el cambio propuesto permite la regularización, no legalización, de viviendas que cumplan todos los criterios establecidos en el Decreto de Regularización de 2012, excepto por el hecho de que las viviendas comparten la misma parcela de suelo no urbanizable. No es una amnistía.   En un mundo ideal los culpables ya hubieron sido castigados y las victimas ya hubieron sido compensadas.   Pero no vivimos en un mundo ideal y estamos obligados a aceptar el compromiso en este aspecto.   Esperamos que con el diálogo y el sentido común este proyecto de ley pueda avanzar lo más rápidamente posible.   La demolición de todas las viviendas irregulares supondría el suicidio económico de Andalucía y a continuación de España.

 

Joint Press Release AUAN SOHA Oct 7 2014

Contact:  info@almanzora-au.org or press@soha.es

Maura Hillen: 661329919 or Mario Balncke 687964097 

Responding to today's announcement of the initiation of a parliamentary bill to amend the Planning Laws of Andalusia (LOUA) to deal with illegal land divisions, thus allowing more houses to be regularized .......

 

SOHA and AUAN are pleased with the agreement reached between PSOE and IU in relation to this initiative.

 

But at the same time we are impatient for this change to be made law as soon as possible.

The members of AUAN and SOHA are the victims, not the authors, of planning crimes. They have suffered years of legal uncertainty and stress as a consequence of their decision to live in Spain and to buy a house in good faith.

 

We need to see the text but as we understand it the proposed change permits the regularisation, not the legalisation, of houses that meet all of the criteria established in the Regularisation Decree of 2012, except for the fact that the houses share the same parcel of non urbanizable land. It is not an amnesty.

 In an ideal world the guilty would already have been punished and the victims would already have been compensated.

 

But we do not live in an ideal world and we are obliged to compromise.

 

We hope that with dialogue and common sense this bill will progress as quickly as possible.

 

The demolition of all the irregular houses would be economic suicide for Andalucía and for Spain.

Cronica de la gran burbuja inmobiliaria

Patas arriba 7 10 2014: Cronica de la gran burbuja inmobiliaria 

Crónica de la gran burbuja inmobiliaria española

 

La llamada 'burbuja inmobiliaria' fue una operación especulativa realizada a gran escala en todo el país, que comenzó en los primeros años del gobierno 'popular' de Aznar, gracias a leyes tan permisivas como la Ley de Suelo de 1998. Al calor de esta laxitud político-judicial surgieron de la nada nombres que, de la noche a la mañana, se convirtieron en multimillonarios especulando con terrenos y construcciones inmobiliarias salvajes, impropias de un país europeo con un importante patrimonio urbano y medioambiental. El periodista Lluís Pellicer, relata en su libro el ascenso de los promotores inmobiliarios que alentaron el mayor proceso especulativo de la historia. En este fragmento se explica el caso de Astroc, un ejemplo empresarial paradigmático de lo que fue esta gran estafa urbanística que, lógicamente, arrastró al resto de los sectores a la enorme crisis que todavía padece este país.

"LLUÍS PELLICER* : El imparable ascenso de Astroc encumbró a Enrique Bañuelos hasta el puesto 95 en el ranking de fortunas del planeta y la tercera de España, con un patrimonio estimado de 7.700 millones de dólares —5.770 millones de euros—, solo por detrás de Amancio Ortega y Rafael del Pino y por encima de nombres como los de Esther y Alicia Koplowitz, Isak Andic, Emilio Botín o Florentino Pérez. Bañuelos ya no era un desconocido, sino el alquimista capaz de transformar un campo de patatas en un negocio redondo. Ahora bien, ¿valía Astroc 9.000 millones de euros? En abril de 2007, en una entrevista en El País, Bañuelos daba la razón a un mercado que le sonreía: “Algo tendrá el agua cuando la bendicen”.

El folleto de salida a Bolsa de Astroc es una reliquia de los años del boom. La promotora presentaba una cuenta de resultados de ensueño: las ventas, de 162,9 millones, habían crecido en un año el 632,1%, lo que le permitía lucir el beneficio “más alto de su historia”, de 61,7 millones. Desmenuzando esas cuentas, resulta que el 53,7% del negocio procedía de las compraventas de terrenos, que se incrementaban el 632,9% respecto al año anterior. El peso de esa actividad podría considerarse desequilibrado, dado que se considera la actividad de mayor riesgo de toda la cadena que compone la promoción inmobiliaria.

Sin embargo, a los responsables de Astroc les gustaba definir la empresa como una “gestora de suelo”. Pero, ¿qué terrenos gestionaban? La documentación para el estreno bursátil fijaba que el valor de los activos de la empresa ascendía a 609,1 millones de euros. De esa cantidad, el 70% correspondía a suelo, el 20% a edificios y menos del 10% al alquiler, que la propia firma tacha de “residual”. Dado que Astroc destacaba su perfil de administradora de terrenos, su fortaleza debía estar en la cartera de 6,65 millones de metros cuadrados de suelo que tenía en su poder. Pues bien, el 66,4% estaba protegido por la Administración y, por lo tanto, en él no podía levantarse ni un apartamento. Traducido a euros, además, ese 66,4% de suelo protegido no suponía ni el 12% del valor de la cartera. Un colaborador cercano a Bañuelos reconoce que el modelo de negocio era “una locura”. “Entonces todo nos daba igual. Como norma, el Excel lo aguantaba todo. Siempre”, explica.

La empinadísima diagonal ascendente que dibujaba la cotización Astroc en 2006 solo puede entenderse dentro del contexto de la burbuja inmobiliaria. Las plusvalías que ofrecía la compraventa de viviendas eran mucho más jugosas que las de cualquier otra actividad. Los activos llegaron a revalorizarse un 20% anual en plena euforia. Entre 1997 y 2007, la rentabilidad de la vivienda —la que da el alquiler y la plusvalía— fue del 16% por año, muy por encima de la de cualquier otro sector. El alquiler de casas solo daba en ese periodo el 5%; los fondos de inversión arrojaban una rentabilidad de apenas el 3,55%; los fondos del mercado monetario, el 2,25%, y la Bolsa ofreció un rédito del 11,6%.

Y aun así, un 16%, e incluso un 20%, era una rentabilidad muy modesta en un mercado dominado por los excesos. Tanto era así que muchos clientes que habían dado una señal para reservar un piso sobre plano se encontraban que, cuando tenían que realizar el siguiente pago, la promotora les ofrecía el dinero que habían entregado y una cantidad extra para que renunciaran al piso. Ello se debía a que el mercado había crecido de tal modo que podían incrementar el precio y cubrir esa gratificación al cliente.

En el sector hay consenso de que la clave para superar esa rentabilidad estuvo en el suelo. Gonzalo Bernardos, uno de los analistas que se atrevió a augurar la llegada de la crisis inmobiliaria en pleno boom, pone un ejemplo muy plástico: “A finales de 2002, un promotor adquirió en la ciudad de Tarragona un solar urbano por valor de 950 euros el metro cuadrado de repercusión. Su expectativa era vender las viviendas a un precio de 2.150 euros el metro cuadrado. Estimaba que los costes totales de la promoción serían aproximadamente de 850 euros el metro cuadrado y, por tanto, que el beneficio alcanzaría los 350 euros el metro cuadrado. Es decir, sin recurrir a la financiación ajena, la rentabilidad obtenida sería aproximadamente de un 20%. Sin embargo, mientras planificaba y ejecutaba la promoción se produjo un gran aumento de la demanda de residencias que comportó, en primer lugar, un elevado incremento del precio de la vivienda y, posteriormente, del suelo residencial”. Cuando acabó la promoción en 2006, ese promotor pudo vender a un precio mucho más elevado, de 3.600 euros por metro cuadrado. En lugar de un margen del 20% logró uno del 100%, del cual el 20% procede de la gestión de la promoción —lo previsto— y el 80% del encarecimiento del suelo.

Ese margen seguía sin ser suficiente para muchas empresas. La fórmula que mejor permitía llenar las arcas de las inmobiliarias consistía en comprar suelos rústicos o todavía no urbanizables, cuyo precio en principio debía ser irrisorio, y esperar su recalificación. Era el modelo Astroc. “Bañuelos no había puesto un ladrillo hasta la salida a Bolsa”, ironiza un empresario valenciano del sector. La frase es un tanto exagerada, puesto que hasta entonces el promotor había construido cientos de viviendas en Sagunto, Canet de Berenguer y Oropesa. Pero la promoción no estaba en el corazón del negocio de Astroc. Bañuelos adquiría suelos en fases previas a la urbanización, ideaba un proyecto, lograba la luz verde para construir en ellos y los revendía listos para edificar. A eso se refería cuando definía a Astroc como una “gestora de suelo”.

Allí donde un ciudadano veía solo un campo de naranjos, Bañuelos imaginaba miles de viviendas con jardín y garaje, tiendas y complejos deportivos o puertos de lujo.

* El País - LlP - 21.9.14
Foto: Promoción inmobiliaria en A Coruña / GABRIEL TIZÓN

# posted by Charles Svoboda : 07:03

El Diario 11 2 2-14:Seis ejemplos de cómo se arrasa impunemente la naturaleza...

Seis ejemplos de cómo se arrasa impunemente la naturaleza en España

Un tema del que a lo largo de los años hemos tratado ampliamente en este blog, ya que la Naturaleza y el Medio Ambiente han sido ninguneados por una casta política ignorante, saqueados por empresarios sin escrúpulos y todo ello con la complicidad judicial que, hasta hace poco tiempo consideraba a los ciudadanos defensores, casi como terroristas y, por tanto, demoraba al máximo la resolución o no hacía caso de estos graves delitos. Algo se ha avanzado desde entonces, algunos casos son ya sentenciados, pero se hace de mala manera y demasiado tarde, así que, cuando la justicia se aplica por fin, el daño medioambiental está ya realizado y con escasa posibilidad de retorno a la situación precedente. Es decir, la justicia parece no entender lo que es la suspensión cautelar, como también ocurre lamentablemente con otros casos urbanísticos o de construcciones ilegales.
"ELDIARIO* : La justicia llega muchas veces tarde cuando se trata de proteger el medio ambiente. El 6 de febrero pasado, el Tribunal Supremo confirmó que el complejo turístico Marina de Valdecañas (en Cáceres) es ilegal. La sentencia llega tras ocho años de vericuetos judiciales y con buena parte de las edificaciones levantadas en una isla que cuenta con tres figuras legales de protección medioambiental. "Al final existe casi una impunidad para las administraciones respecto a la vulneración de las leyes medioambientales", analiza José María Trillo-Figueroa, el abogado de Ecologistas en Acción que ha ganado el caso de Valdecañas contra la Junta de Extremadura.

Desde que se anuncian los proyectos hasta que los jueces firman las sentencias, la política de hechos consumados arrasa con el patrimonio natural. La cuestión llega en ocasiones tan al absurdo que se realizan –y se pagan con dinero público– estudios de impacto ambiental de infraestructuras que llevan lustros funcionando. En la Comunidad de Madrid, una carretera convertida en autovía por decreto del Gobierno de Esperanza Aguirre está siendo evaluada ahora mismo. Fue declarada ilegal en 2008. El Supremo confirmó ese veredicto en 2011, año en el que el Tribunal de Justicia Europeo condenó a España por esta carretera. Los coches circulan desde hace más de cinco años. Y sumando.

En la promoción de Valdecañas, la primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia fue el 9 de marzo de 2011. "Ya habíamos pedido una suspensión cautelar de la obra y, al ganar, solicitamos la ejecución provisional hasta que se viera el recurso". Los magistrados admitieron la petición, pero con el depósito de una fianza.

Los jueces reconocieron no tener "criterio alguno, tan siquiera orientativo, para fijar el importe de la fianza". Así que convocaron a las partes. El Gobierno extremeño, en defensa de la construcción, pidió que Ecologistas en Acción aportara 39 millones de euros, ya que la promotora Marina Isla de Valdecañas había presentado un informe de daños que ascendía a 175 millones.

Los jueces impusieron el 14 de marzo de 2012 una caución final de 41 millones de euros. No hubo demolición. "También pedimos que no se siguieran dando licencias para las viviendas con el objetivo de no seguir generando derechos de terceros que complicarán todavía más la ejecución, sin éxito", remata el abogado.

La fórmula se repite. La autovía madrileña se inauguró recién publicada la primera sentencia que exigía "la restauración" de la zona a su estado anterior. Mientras la Comunidad de Madrid recurría al Supremo, la ejecución de la sentencia exigía una fianza de 497.367 euros, que no se materializó.

En el Puerto de Santa María (Cádiz) las promotoras Jale Construcciones y Las Beatillas aprovecharon una licencia municipal para ampliar un cortijo con fines hosteleros para construir un palacio de congresos con 1.700 metros por planta más subterráneo, un restaurante de 284 metros cuadrados, cinco pistas de pádel con vestuarios y duchas, una carpa de 700 metros cuadrados, un parque infantil, un aparcamiento de 4.500 metros cuadrados y una urbanización de 11.684 metros.

"Sólo se concedió licencia para la ampliación del cortijo", explicó en su momento el Tribunal Supremo. Los magistrados describieron así la situación: "Nos descubre una conducta dirigida a conseguir por la vía de los hechos consumados lo que jurídicamente era inviable. Un alarde de antijuricidad urbanística".

El Ayuntamiento del Puerto de Santa María había concedido el permiso de obras en 2001. La Junta de Andalucía decretó la demolición del complejo en septiembre de 2003. El Tribunal Superior de Justicia andaluz dio el visto bueno al desmantelamiento en 2005 y el Supremo, el 2 de febrero de 2011.

El complejo, ahora abandonado, sigue en pie."Es como un pueblo fantasma", cuenta hoy a eldiario.es Juan Clavero, ecologista de la zona. La Junta tuvo que convocar un concurso para la demolición en 2005 que nunca llegó a concretarse. "Jale desapareció. Pretendía aprovechar la ampliación del cortijo para que se recalificara todo el pelotazo anexo", recuerda Clavero.

Al otro lado de la península, en Cantabria, el Gobierno regional ha decidido recientemente adelantar el dinero (tres millones de euros) para echar abajo una urbanización ilegal nacida hace casi diez años. El Ejecutivo firmó un convenio con el Ayuntamiento de Piélagos, la promotora Fadesa y la Sareb para dar ese paso.

En un ya lejano 23 de marzo de 2004, el Pleno del Ayuntamiento aprobó el plan para construir 395 viviendas en las laderas del monte La Picota, junto al Parque Natural de las Dunas de Liencres. Tres años después y con 140 viviendas construidas, los jueces cántabros calificaban el plan de "dentellada al monte" y de "ruptura de armonía del paisaje que no ha hecho sino contribuir a su degradación".

"La agresiva modificación de la topografía del Monte Picota y las forzadas soluciones para poder implantar 395 viviendas" eran, según el TSJC, "una clara vulneración de la Ley del suelo".

El consistorio y Fadesa alargaron el proceso hasta el Supremo, que dictó sentencia en noviembre de 2011. La urbanización todavía está en el monte. 124 de las viviendas son ahora propiedad de la Sareb. El Gobierno cántabro asegura que, una vez que se los cedan, entrará en los terrenos este año para demolerlas. Pero el convenio para esa operación recoge que, destruidas las casas, la parte más baja de la montaña pueda ser urbanizada con 100 viviendas. El alcalde, Enrique Torre (PP), lo justifica: "La sentencia anuló el Plan Parcial anterior, pero el suelo sigue siendo urbanizable".

En Valladolid, hace más de seis años, las Cortes de Castilla y León aprobaron una ley –de 28 de marzo de 2007– llamada Proyecto Regional Ciudad del Medio Ambiente. Con la ley se trasmutaba un terreno en la ribera del río Duero, y que caía dentro de los Lugares de Interés Comunitario (LIC) y Red Natura 2000, en suelo urbanizable para 780 viviendas, hoteles, instalaciones deportivas, zona industrial y edificios institucionales en el Soto de Garray en Soria.

Al redactar una ley singular, el Ejecutivo, promotor del proyecto al que pensaba dedicar unos 100 millones de euros, se saltaba el control de los jueces sobre la legalidad de su plan. Sólo el Tribunal Constitucional podría opinar sobre este movimiento. Y sentenció en su contra el 5 de diciembre de 2013. Declaró la ley nula por no ser "medida razonable ni proporcionada".

Eso sí, durante seis años, las grúas y las constructoras ya habían levantado una buena parte con cargo al erario público. La impulsora de esta idea fue la entonces vicepresidenta regional María Jesús Ruiz (PP), que ahora pertenece al Grupo Parlamentario Popular en el Senado y es la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático.

Legalización a posteriori

Y si esta manera de funcionar se agota y las leyes imponen la extinción de proyectos, la dilación en los palacios de justicia permite cambiar la ley. Ante una sentencia negativa, da tiempo a modificar las leyes para salvar empresas.

El Parlamento regional de Extremadura aprobó con fecha 29 de marzo de 2011 –sólo 20 días después de que los magistrados declararan ilegal la promoción de Valdecañas– una modificación de la Ley del suelo. En su exposición de motivos señala: "Los recientes pronunciamientos judiciales han venido a plantear algunas consideraciones acerca del contenido regulador de la vigente redacción".

El cambio introducido en el artículo 11, que se dedica al "suelo no urbanizable", especifica que "la mera inclusión de unos terrenos en la Red Ecológica Natura 2000 no determina por sí sola su clasificación como terreno no urbanizable pudiendo ser objeto de una transformación urbanística". Además, permite que a los Planes Generales se les incorpore esta cláusula. "Las Administraciones tratan de homologar a posteriori los proyectos tras las sentencias que, de esa manera, no se cumplen", cuenta el abogado Trillo-Figueroa.

En mayo de 2013, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anulaba una licencia de actividad de la Fundación Pardo-Valcarce que, bajo el paraguas de prácticas formativas para personas con discapacidad, celebraba eventos en una carpa montada en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. La ley del parque prohibía estas actividades. La Fundación ni se inmutó. Y replicó que una ley de 2012 le permitía desarrollar actividades para "el desarrollo rural sostenible". La sentencia subrayaba que sólo podría hacer estas acciones de integración social "sin instalaciones".

La Fundación Pardo-Valcarce está presidida por la exconsejera de Caja Madrid Carmen Cafranga. Cafranga comparte un negocio en Subastas Segre con Lourdes Cavero, la esposa del presidente de Madrid, Ignacio González. Los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid salieron en ayuda de la fundación y presentaron un incidente de nulidad contra la sentencia.

En un auto de septiembre de 2013, los seis magistrados encargados resolvieron no sólo rechazar esta petición porque "en realidad está manifestando su disconformidad con la fundamentación [de la sentencia firme] [...] que entiende desfavorable", sino que, además, la Comunidad de Madrid actuó en defensa de "un interés netamente privado", el de la fundación presidida por Cafranga, por lo que le multó "por temeridad".

¿Fin de la actividad? En absoluto. Con este panorama, la Asamblea de Madrid aprobó en su Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de diciembre de 2013 una modificación directa de la Ley del Parque Regional donde se ubica la finca de la fundación. Se levantaba la prohibición de instalaciones en las zonas en las que cae la celebración de estos eventos sin licencia.


* El Diario - Raúl Rejón - 11.2.14
Foto: Modificación del monte La Picota con su urbanización, declarada ilegal.- eldiario

El Pais 9 2 2014: El urbanismo salvaje, en el banquillo

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/09/valencia/1391970562_506465.html

 

El urbanismo salvaje, en el banquillo

Los tribunales han suspendido siete planes generales y 14 PAI en dos años

La falta de informes medioambientales o recursos hídricos son las principales causas

 

Ezequiel Moltó Alicante 9 FEB 2014 - 21:06 CET

 

El plan general de San Miguel de las Salinas, en la imagen, preveía la construcción de 40.000 viviendas y el TSJ lo anuló. / DAVID RODRÍGUEZ

 

Primero fue la crisis la que paralizó el sector de la construcción, y luego los tribunales han ido enterrando varios macroproyectos urbanísticos se gestaron con el auge del ladrillo. En los últimos dos años en se han anulado siete PGOU (Benissa, Dénia, San Miguel de Salinas, Monforte del Cid, Castellón, Les Useres y Enguera) y 14 PAI en otras tantas localidades valencianas, según los datos de la Consejería de Infraestructuras. Entre los planes parciales cuestionados destacan el de Rabassa en Alicante, con cuatro sentencias en contra, el Plan Parcial Marina Golf de Cabanes o el de Benicàsssim Golf.

 

“El poder judicial se ha despertado, después de la época en la que la consejería aprobaba planes sin los requisitos necesarios, ahora se empieza a poner orden”, asegura Carlos Arribas de Ecologistas en Acción, una asociación que ha impulsado varios contenciosos administrativos en los tribunales que han permitido frenar estos proyectos. Distinta es la opinión de Ángel Sáez, alcalde de San Miguel de Salinas, del PP. “El pasado de este pueblo fue negro, pero ahora se han cargado el futuro”, sentencia tajante un regidor dolido porque desde que en 2007 comenzara a tramitarse el PGOU, con un máximo de 40.000 nuevas viviendas, todo han sido trabas. Según el alcalde cuando se inició la tramitación del PGOU no estaba vigente la normativa europea de la Ley Estratégica Medioambiental, pero cuando se aprobó, sí. “Los ecologistas nos denunciaron y han ganado”, admite el regidor que recuerda que un municipio “sin un PGOU no tiene norma urbanística y es una ciudad sin ley”. El Ayuntamiento y los técnicos de la consejería preparan un recurso que presentarán antes el Tribunal Supremo contra la decisión del TSJ valenciano de anular este PGOU, que carecía de la Evaluación Ambiental Estratégica. “Estoy muy disgustado, me preocupa el futuro de mi pueblo y pienso en mi hija y mis nietos”, confiesa Sáez.

 

Enrique Climent, presidente de Abusos Urbanísticos No, atribuye estos varapalos judiciales a que “había en la calle un clamor popular contra el urbanismo salvaje, y los jueces se lo tomaron en serio”. La falta de información pública, la ausencia de recursos hídricos o de estudios de impacto medioambiental son los principales motivos por los que se han anulado la mayoría de estos proyectos. Los constructores observan con preocupación esta situación. Jesualdo Ros, secretario de Provia, la asociación de promotores inmobiliarios de la provincia de Alicante, solo pide un “marco estable para poder desarrollar” proyectos. “Los empresarios necesitamos certeza, no es posible que se tarde 15 años en tramitar un PAI y luego lo tumben”, se queja el representante de los constructores.

 

Juan Giner, director general de Evaluación Ambiental de la consejería de Infraestructuras, atribuye tal cantidad de reveses judiciales a la “época en la que se politizaron las confederaciones que siempre cuestionaban la falta de agua”, comenta en referencia a la etapa socialista. Giner destaca además que todas estas sentencias “solo cuestionan aspectos técnicos, pero ninguna incide en el modelo territorial valenciano”. Por su lado, Moisés Cruz de la Plataforma Anticorrupción Salvemos la Huerta de Almoradí, considera que estos PAI se aprobaron “con un claro afán especulador” para urbanizar el vasto territorio de La Vega Baja. En Almoradí, municipio con 20.000 habitantes, el PGOU contempla otras 11.000 nuevas viviendas, y ahora los técnicos de la consejería han tumbado la propuesta por “no ajustarse ni a la demanda inmobiliaria real ni a la previsible evolución demográfica”.

 

El alcalde, Antonio Ángel Hurtado, del PP está muy molesto. “Siempre hemos ido de la mano de la consejería, hemos hecho lo que nos han pedido los técnicos de ordenación del territorio y ahora los de medio ambiente ponen pegas”, se queja el regidor que el próximo viernes tiene previsto reunirse con la consejera, Isabel Bonig, para buscar una salida.

 

Los alcaldes consultados también apuntan otro problema: los constantes cambios normativos. En el caso de Almoradí el PGOU se empezó a diseñar siguiendo los criterios de la LRAU (Ley Reguladora de la Actividad Urbanística), al año siguiente se aprobó la LUV (Ley Urbanística Valenciana) y en pocos meses una normativa europea obligaba a incorporar una memoria de la estrategia medioambiental.

 

Informacion 26 1 2014: Como y por que nos estallo la burbuja

Cómo y por qué nos estalló la burbuja

Una desastrosa reforma de la legislación urbanística amparada por el Tribunal Constitucional concedió a los promotores inmobiliarios un papel tan determinante como nocivo en la economía

luis garicano 26.01.2014 | 10:42

Los apuntes

·         El cambio drástico se produce con la legislación de 1994 de la Comunidad Valenciana, el kilómetro cero de los desmanes 

·         La ley del 94 pone la primera piedra para que los promotores capturen a los alcaldes y presidentes autonómicos 

·         El urbanismo se convirtió en una importantísima fuente de financiación para los ayuntamientos 

·         El mecanismo diabólico que unía a promotores, poderes locales y cajas dio a España los años más fáciles de su historia

 

España paga desde hace seis años las consecuencias de una burbuja económica cimentada sobre un cambio legal que propició la especulación urbanística en connivencia con los poderes políticos y económicos locales. El cómo surgió y por qué nos estalló lo explica el economista Luis Garicano en este texto, extracto de su libro «El dilema de España».

El desenfreno urbanístico: una historia legal
Para entender el enorme desenfreno bajo el que funciona el urbanismo español es necesario comprender el desarrollo legislativo que ha permitido esa disipación. La mayor parte de los especialistas en la materia sitúan el origen de la descentralización del urbanismo en una ley de Aznar de 1998. La realidad es otra. El origen del caos parte (como en muchos otros temas, incluyendo el caos autonómico y la irreformable universidad) de una desafortunada sentencia del Tribunal Constitucional.

El urbanismo español estaba históricamente basado en una ley del 12 de mayo de 1956 que era en esencia una transposición de la ley de Mussolini promulgó para Italia en 1942. Diferenciaba tres tipos de suelo: urbano, urbanizable y rústico. Un aspecto importante de la ley era que las expropiaciones debían pagarse al precio que se esperaba que tuviera el suelo cuando estuviera urbanizado, lo cual resultaba muy caro para los Gobiernos y explica la falta de infraestructura pública durante los años del desarrollo.

En 1975 se reforma la ley en dos direcciones: se elimina el derecho a construir en suelo rústico y se cede a los ayuntamientos el 10 por ciento del terreno de un nuevo polígono. Esto hace que los ayuntamientos incentiven la construcción de polígonos. Más tarde, en 1990, se vuelve a reformar la ley y se incrementa la parte de los ayuntamientos hasta un 15 por ciento.

Pero el cambio drástico se produce con la legislación de 1994 de la Comunidad Valenciana, el kilómetro cero de los mayores desmanes urbanístico-financieros españoles. Esta ley introduce dos figuras novedosas en nuestro ordenamiento. La primera de ellas es el convenio urbanístico, que permite al propietario, tras un acuerdo con el ayuntamiento, hacer lo que desee con el suelo. El agente urbanizador es la segunda de estas figuras. Es un promotor que propone un plan de desarrollo del terreno de un tercero. Ofrece una parte al ayuntamiento, otra se la queda él y la tercera se la da al propietario. El ayuntamiento puede legalmente ofrecer un justiprecio al propietario y obligarle a aceptarlo. En ambos casos, si el ayuntamiento aprueba el plan, el proyecto no está sujeto a las clasificaciones previas del terreno.

Esta ley supone una descentralización sin precedentes del proceso de urbanismo y da una responsabilidad enorme a los ayuntamientos. Pone la primera piedra para que los promotores capturen (¡voluntariamente!) a los alcaldes y a los presidentes de las comunidades autónomas. La Administración central del Estado puso un recurso de inconstitucionalidad. Pero éste fue rechazado por el Tribunal Constitucional en 1997 con el argumento de que la Constitución otorga las competencias de derecho urbanístico a las autonomías.

La famosa ley del suelo de 1998 no es la causa de desastre, como muchos piensan, sino un intento de constitucionalizar la legislación anterior (el texto refundido de 1990), tratando de liberalizar la oferta de suelo y de crear un marco libre para evitar la arbitrariedad de los ayuntamientos. El Tribunal Constitucional tumbó de nuevo esta ley en 2001, con el resultado de que, en la práctica, cada comunidad autónoma puede hacer lo que quiera.

Tras estos cambios en el marco legal, un promotor podía hacerse rico desarrollando suelo que nunca antes había estado en el mercado, sólo con conseguir la aprobación del alcalde. Además, como la municipalidad también recibía altas compensaciones en metálico, el desarrollo urbanístico se convirtió en una importante fuente de financiación para las autoridades locales, que podían así expandir sus programas sociales.

Las cajas como financiadoras de la burbuja
Para los individuos con buenas conexiones, el camino hacia la riqueza estaba despejado; sólo les hacía falta conseguir una fuente de financiación. Las cajas de ahorros, con una mezcla de gestión politizada y de simple ignorancia, jugaron un papel fundamental a la hora de proveer esa financiación.

Durante la primera década de este siglo el sistema financiero español se repartía en dos partes más o menos iguales entre las cajas y los bancos. Las cajas, originalmente creadas para prestar servicios bancarios locales para la población de clase media y obrera, por tradición ignorada por los bancos tradicionales, tenían una fuerte base territorial y una actitud conservadora.

Dos aspectos clave de su regulación cambiaron con la llegada de la democracia. En primer lugar, en 1985 su control fue transferido a las regiones, lo que abrió la puerta para su «captura» por parte de los políticos locales. En segundo lugar, recibieron autorización del legislador para expandirse territorialmente fuera de su área provincial original de actividad. Como resultado, las cajas comenzaron una diversificación geográfica imparable y el número de sucursales se disparó. El 1 de enero de 2008, España contaba con cerca de 25.000 sucursales de cajas, una por cada 1.800 habitantes.

En esta carrera por el crecimiento, las cajas empezaron a canalizar préstamos a los promotores inmobiliarios de manera indiscriminada. Entre 1995 y 2005, los préstamos para la construcción y el desarrollo inmobiliario pasaron del 8 por ciento al 29 por ciento del PIB, y los préstamos a hogares para la adquisición de la vivienda crecieron del 17 por ciento del PIB al 49 por ciento. Este auge de los préstamos fue acompañado por el mismo efecto en la construcción. El número de viviendas construidas, siempre al alza, pasó de 150.000 en 1995 a 600.000 en 2007. Los precios también aumentaron rápidamente: según datos del Ministerio de Vivienda español, entre 1998 y el pico del boom de 2008, los precios nominales de la vivienda se incrementaron en un 175 por ciento, en comparación con un aumento del 61,5 por ciento en el IPC.

Como el crecimiento de los depósitos no era suficiente para hacer frente al auge de los préstamos, las cajas recurrieron a la financiación mayorista. Y dado que los préstamos estaban denominados en euros y en contra de garantías físicas (activos inmobiliarios), las instituciones internacionales no tuvieron ningún reparo en prestar lo necesario.

Desgraciadamente, el enorme crecimiento del sector de las cajas no fue acompañado de mejoras en su gobernanza. Las cajas no tenían accionistas; se regían por un consejo gobernado por normas autonómicas y elegido por los Gobiernos locales, los empleados y los clientes regionales y locales. Mediante sistemáticas modificaciones de la legislación autonómica, sufrieron en muchos casos un verdadero asalto a sus órganos de dirección por parte del poder político, que procedió a nombrar gestores, en ocasiones de bajísima formación financiera y empresarial, y a utilizar las cajas como bancos regionales de financiación de proyectos. Unos proyectos que, en no pocos casos, carecían de rentabilidad económica, como aeropuertos sin aviones, grandes y vacíos, parques temáticos o grandiosas ciudades de las artes, la justicia o la cultura 

Intereses, no ideología
Es tentador, y quizás reconfortante, pensar que lo que presenciamos en España fue simplemente una combinación de errores de los poderes públicos y mucha mala suerte. Y sí, es cierto que hubo coincidencias negativas importantes en el germen del desastre. Pero también existen multitud de anécdotas que evidencian que no fue ésta la razón principal del desarrollo de una burbuja tan descomunal. Los poderes públicos buscaban en muchos casos su interés personal, incluso desarrollando proyectos que no tenían ningún sentido. Hemos visto muchas veces cómo el partido que gobierna defiende un proyecto insensato, y la oposición lo denuncia y se opone con dureza. En el momento en que el partido opositor consigue el poder, la situación cambia repentina y radicalmente: el que era la oposición se convierte en un defensor acérrimo del proyecto loco y el que estaba en el Gobierno, el pasar al otro lado, de repente ve la luz y lo rechaza.

Un ejemplo clásico al respecto es la construcción de la faraónica Ciudad de la Cultura de Galicia (...) Es inevitable concluir que, en muchos casos, a lo largo y ancho de nuestra geografía los partidos no defienden ideas sino que se comportan como intermediarios entre intereses económicos más o menos confesables (...)

Crecimiento sin conocimientos: consecuencias de la burbuja
La consecuencia del mecanismo diabólico que unía a los poderes locales, promotores y cajas fue que España tuvo los años más fáciles de su historia. Años en los que no era necesario estudiar, trabajar duro o innovar para hacerse rico. Sólo hacía falta tener un amigo en la Administración adecuada, es decir, tener un buen «enchufe».

La burbuja sumergió a España en una confortante pero engañosa neblina de éxito que ocultaba la realidad del país. A medida que los precios subían, el riesgo percibido por bancos y cajas y por los reguladores disminuía. Las familias, que solían vivir en viviendas de su propiedad y que invertían la mayor parte de su riqueza en bienes inmobiliarios, también se sentían más ricas. El resultado es que, al final de este período, España se encontró con un fuerte aumento de precios en el sector inmobiliario, uno de los niveles más altos de deuda privada en el mundo desarrollado (que se calcula en términos brutos en el 300 por ciento del PIB) y un enorme número de viviendas sin vender construidas entre 1995 y 2007.

Esta burbuja inmobiliaria tiene ahora consecuencias negativas para el crecimiento. Primero, porque, como en los países que descubren petróleo u otros recursos, los Gobiernos se embarcan en fastuosas inversiones y gastos improductivos (la Ciudad de la Cultura, por ejemplo) que tienen consecuencias sobre el gasto futuro y, por tanto, requieren de mayores impuestos. En el caso de España, el AVE, la mayor parte de cuyas vías es fuertemente deficitaria y lo será para siempre (como ha argumentado Germán Bel en España, capital París), es un caso obvio, pero existen muchos otros, particularmente en la cartera de prestaciones sanitarias. Segundo, porque la deuda en sí misma reduce el crecimiento. La razón es que incluso los proyectos de inversión que generan beneficios pueden tener problemas para conseguir capital si los financiadores temen que la inversión vaya a pagar las deudas previas. Es por eso que existe la bancarrota: alguien muy endeudado no puede salir del agujero porque ningún acreedor nuevo goza de protección contra los deudores pasados.

Además, en lo concerniente a nuestro país hay dos mecanismos adicionales por los que la burbuja tiene un impacto negativo sobre el crecimiento que requieren de una atención especial. Primero, España ha sufrido una variante de la «enfermedad holandesa». Esta expresión se refiere a los países que descubren repentinamente recursos naturales y que generalmente sufren como consecuencia de ello un fuerte deterioro de sus industrias exportadoras. Como en la España del Siglo de Oro, la repentina riqueza lleva a una fuerte subida de los precios de los productos no comerciales y causa un movimiento de los recursos desde los sectores comerciales y exportables hacia los no comerciales. Durante el Siglo de Oro España vio la destrucción de gran parte de su capacidad productiva. Los españoles, sobre todo los castellanos, se dedicaban a ser soldados o curas, mientras la construcción de palacios, iglesias y catedrales consumía una gran parte del ahorro del país.

El ladrillo no ha durado un siglo, sino sólo una década. Las catedrales de la España del nuevo milenio han sido los huertos solares, los estadios deportivos, los conciertos y festivales gratuitos en cada ciudad y en cada pueblo, las actividades de afirmación regional o provincial. Las tareas en las que los españoles han tenido éxito no son exportables (con contadas excepciones), sino que van ligadas al consumo interno.
La segunda consecuencia de la burbuja en España que requiere especial atención es su impacto sobre las instituciones y sobre las élites que nos gobiernan. Los incentivos y la selección que se produjo en el boom fueron nefastos.

Los políticos desmontaron sistemáticamente todas las instituciones independientes para ponerlas a su servicio. Por poner un ejemplo, el orgulloso e independiente Banco de España tuvo durante los años del descontrol financiero de la burbuja dos gobernadores sucesivos que eran políticos de carrera (uno de cada signo) y que no tenían ningún conocimiento de las que iban a ser sus dos funciones principales: la política monetaria y la supervisión bancaria. Lo mismo ha sucedido con el Tribunal Constitucional, hasta el punto de que es ahora presidido por un juez que es militante de un partido político. Una vez desmontadas las instituciones, puede llevar décadas reconstruir su independencia y su capacidad de análisis (...)