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El urbanismo salvaje, en el banquillo
Los tribunales han suspendido siete planes generales y 14 PAI en dos años
La falta de informes medioambientales o recursos hídricos son las principales causas
Ezequiel Moltó Alicante 9 FEB 2014 - 21:06 CET
El plan general de San Miguel de las Salinas, en la imagen, preveía la construcción de 40.000 viviendas y el TSJ lo anuló. / DAVID RODRÍGUEZ
Primero fue la crisis la que paralizó el sector de la construcción, y luego los tribunales han ido enterrando varios macroproyectos urbanísticos se gestaron con el auge del ladrillo. En los últimos dos años en se han anulado siete PGOU (Benissa, Dénia, San Miguel de Salinas, Monforte del Cid, Castellón, Les Useres y Enguera) y 14 PAI en otras tantas localidades valencianas, según los datos de la Consejería de Infraestructuras. Entre los planes parciales cuestionados destacan el de Rabassa en Alicante, con cuatro sentencias en contra, el Plan Parcial Marina Golf de Cabanes o el de Benicàsssim Golf.
“El poder judicial se ha despertado, después de la época en la que la consejería aprobaba planes sin los requisitos necesarios, ahora se empieza a poner orden”, asegura Carlos Arribas de Ecologistas en Acción, una asociación que ha impulsado varios contenciosos administrativos en los tribunales que han permitido frenar estos proyectos. Distinta es la opinión de Ángel Sáez, alcalde de San Miguel de Salinas, del PP. “El pasado de este pueblo fue negro, pero ahora se han cargado el futuro”, sentencia tajante un regidor dolido porque desde que en 2007 comenzara a tramitarse el PGOU, con un máximo de 40.000 nuevas viviendas, todo han sido trabas. Según el alcalde cuando se inició la tramitación del PGOU no estaba vigente la normativa europea de la Ley Estratégica Medioambiental, pero cuando se aprobó, sí. “Los ecologistas nos denunciaron y han ganado”, admite el regidor que recuerda que un municipio “sin un PGOU no tiene norma urbanística y es una ciudad sin ley”. El Ayuntamiento y los técnicos de la consejería preparan un recurso que presentarán antes el Tribunal Supremo contra la decisión del TSJ valenciano de anular este PGOU, que carecía de la Evaluación Ambiental Estratégica. “Estoy muy disgustado, me preocupa el futuro de mi pueblo y pienso en mi hija y mis nietos”, confiesa Sáez.
Enrique Climent, presidente de Abusos Urbanísticos No, atribuye estos varapalos judiciales a que “había en la calle un clamor popular contra el urbanismo salvaje, y los jueces se lo tomaron en serio”. La falta de información pública, la ausencia de recursos hídricos o de estudios de impacto medioambiental son los principales motivos por los que se han anulado la mayoría de estos proyectos. Los constructores observan con preocupación esta situación. Jesualdo Ros, secretario de Provia, la asociación de promotores inmobiliarios de la provincia de Alicante, solo pide un “marco estable para poder desarrollar” proyectos. “Los empresarios necesitamos certeza, no es posible que se tarde 15 años en tramitar un PAI y luego lo tumben”, se queja el representante de los constructores.
Juan Giner, director general de Evaluación Ambiental de la consejería de Infraestructuras, atribuye tal cantidad de reveses judiciales a la “época en la que se politizaron las confederaciones que siempre cuestionaban la falta de agua”, comenta en referencia a la etapa socialista. Giner destaca además que todas estas sentencias “solo cuestionan aspectos técnicos, pero ninguna incide en el modelo territorial valenciano”. Por su lado, Moisés Cruz de la Plataforma Anticorrupción Salvemos la Huerta de Almoradí, considera que estos PAI se aprobaron “con un claro afán especulador” para urbanizar el vasto territorio de La Vega Baja. En Almoradí, municipio con 20.000 habitantes, el PGOU contempla otras 11.000 nuevas viviendas, y ahora los técnicos de la consejería han tumbado la propuesta por “no ajustarse ni a la demanda inmobiliaria real ni a la previsible evolución demográfica”.
El alcalde, Antonio Ángel Hurtado, del PP está muy molesto. “Siempre hemos ido de la mano de la consejería, hemos hecho lo que nos han pedido los técnicos de ordenación del territorio y ahora los de medio ambiente ponen pegas”, se queja el regidor que el próximo viernes tiene previsto reunirse con la consejera, Isabel Bonig, para buscar una salida.
Los alcaldes consultados también apuntan otro problema: los constantes cambios normativos. En el caso de Almoradí el PGOU se empezó a diseñar siguiendo los criterios de la LRAU (Ley Reguladora de la Actividad Urbanística), al año siguiente se aprobó la LUV (Ley Urbanística Valenciana) y en pocos meses una normativa europea obligaba a incorporar una memoria de la estrategia medioambiental.
