El Periodico 16 7 2010

Greenpeace denuncia que el 89% de la costa no protegida de Catalunya ya está edificada

EL PERIÓDICO* : La costa catalana es la que tiene mayor índice de saturación del litoral español, según el informe Destrucción a toda Costa que la organización ecologista Greenpeace ha presentado hoy en Barcelona y que asegura que el 89% de la costa no protegida de Catalunya ya está edificada. El informe denuncia que ha sido imparable la construcción de nuevas infraestructuras portuarias a pesar del desequilibrio que existe en el litoral catalán por años de continuas obras e infraestructuras y que "en Catalunya ya hay un puerto deportivo por cada 10 kilómetros, que suman unos 36.000 amarres", 6.000 más que en el 2006, cuando no se renovó la supuesta moratoria de puertos.

Uno de los coautores del informe, Julio Barea, ha declarado que "todos somos conscientes de que la agresión a la costa ha sido imparable los últimos años" pero que "lo más grave es que esta tendencia continúa y los políticos se afanan en acabar con la única normativa que defiende el litoral, que es la ley de Costas".

Exceso de puertos

"Es lamentable que por intereses partidistas se promuevan rebajas en esta ley que pretenden legalizar los desmanes que se han permitido durante todos estos años", ha afirmado Barea, partidario de demoler las grandes ilegalidades y no la ley de Costas.

El estudio también revela que la fragilidad de la costa catalana es un hecho que nadie puede ocultar y que sus playas pierden arena debido a las barreras colocadas a lo largo de 30 años.

El exceso de puertos es el responsable de la erosión de decenas de las 243 playas que hay en la costa de Catalunya, un problema que obliga a invertir "cifras ingentes de dinero público, como los 50 millones de euros presupuestados en 2006 para consolidar las playas de Barcelona", según el informe.

El trabajo pone de manifiesto que Catalunya acumula el 42% de la contaminación que se vierte directamente a la costa Mediterránea en España y que entre el 2000 y el 2002 se acumularon 994 expedientes por realizar vertidos ilegales.

Plataformas petrolíferas en Tarragona

En Tarragona han sido muy graves los efectos negativos que ha provocado el desarrollo de la industria química y petroquímica en los últimos 10 años, añade el estudio, y en el 2002, 2004 y 2009 se produjeron fugas de combustibles de las plataformas situadas en su frente litoral.

Greenpeace denuncia también la existencia de dos nuevos proyectos asociados a la plataforma petrolífera Casablanca, conectada ya con ocho pozos, lo que para la organización ecologista no augura un buen futuro para el delta del Ebro y las costas de Castellón.

Los ecologistas dicen que las perspectivas son muy poco prometedoras para la poca costa que queda virgen porque buena parte de los tres millones de viviendas que se proyectaban en el litoral en el 2007 están pendientes de la remisión de la crisis y porque hay una prórroga que permite retrasar la construcción en suelos urbanizables hasta el 2013.

A estos factores se añade, según Greenpeace, el hecho de que España sea el país del mundo donde más dinero público se ha destinado a sostener el sector inmobiliario.


* El Periódico - 16.07.10
Foto: Imagen de Roses, antes y después de la imparable saturación de construcciones denunciada por Greenpeace. GREENPEACE | 'DESTRUCCIÓN A TODA COSTA'

Malaga Hoy 17 7 2010

El ladrillo se comió la costa

MÁLAGA HOY* : Año tras año el ladrillo y el cemento han ido lapidando los pocos espacios naturales que la ocupación masiva que han sufrido las zonas costeras iba dejando libre. Pero ahora, la que ha sido la gallina de los huevos de oro durante tanto tiempo amenaza con llegar a su fin si no se pone remedio a tiempo porque apenas queda ya de dónde sacar provecho. Es la contundente conclusión del ya tradicional informe anual Destrucción a toda Costa con el que Greenpeace pretende concienciar del daño irreparable que sufre una parte tan vulnerable del territorio. El ritmo de destrucción es vertiginoso.

El informe revela que España degrada 7,7 hectáreas de costa cada día que pasa para crear urbanizaciones, suelo industrial y comercial. Y eso, según la ONG ecologista, ha supuesto que en los últimos 20 años se ha destruido en la costa española la superficie equivalente a ochos campos de fútbol al día.

Con casi el 60% del litoral ya urbanizado, Andalucía es una de las comunidades que "más ha maltratado su costa en las últimas décadas". En pleno pico de la locura urbanística, el ladrillo consumía en la región y, sobre todo, en las zonas costeras una media de casi 13 hectáreas diarias.

El "maltrato" que, según Greenpeace, se le ha dado a la costa empezó a pasar factura en 2004 a la propia industria turística, que llevaba tres años con un descenso constante de los niveles de ocupación a pesar del aumento del número de turistas. Curiosamente ese año se produjo la ocupación hotelera más baja en la Costa del Sol desde 2000 y "sin embargo se seguían permitiendo nuevas construcciones de hoteles en ese entorno".

Pero el avance imparable del sector de la construcción antes de que la crisis frenara su ambición no parecía tener límite. Greenpeace llegó a contabilizar a lo largo de los 817 kilómetros del litoral andaluz 683.350 viviendas y plazas turísticas proyectadas en 2007. Unas 154.600 de esas plazas estaban previstas, por ejemplo, en la provincia de Málaga, que acoge el histórico epicentro turístico de la Costa del Sol.

Los "disparates urbanísticos" más flagrantes recogidos en el informe de la organización medioambiental son los de la localidad almeriense Cuevas de Almanzora que planeaba aumentar su población un 3.600%. Mijas o Estepona, por ejemplo, tampoco se quedan cortos y preveían un incremento del 778 y del 392% con la construcción de 475.000 y 82.000 nuevas viviendas, respectivamente. Eso ha hecho que en la actualidad resulte una tarea francamente complicada encontrar un sólo metro del litoral malagueño libre del ladrillo. Ya en 2003 apenas una cuarta parte su costa estaba libre de edificaciones y zonas como Benalmádena estaban completamente urbanizadas.

Lo que más preocupa a Greenpeace es que "no hay ningún indicio de abandono" de la construcción masiva en el litoral, ni tampoco del "fin del acoso" a los últimos espacios vírgenes. Desde 1987 a 2005 se han destruido un total de 50.504 hectáreas de suelo natural en los dos primeros kilómetros de franja costera, sin incluir el archipiélago canario. Y, según Greenpeace, de todas las comunidades destaca la valenciana por ser la que más ha destruido su litoral en esta década. Bajo el paraguas de la burbuja inmobiliaria tuvieron cabida gran número de excesos por parte de numerosos ayuntamientos costeros y que le valieron a España el puesto 23 de 180 en el ranking de la corrupción urbanística mundial en 2005. La ONG ecologista señala que en muchos casos la batuta que ha dirigido la corrupción ha sido el urbanismo y que entre la "perplejidad y la indignación", los ciudadanos han asistido durante estos años al desfile de políticos y ex políticos que comparecen ante jueces como imputados por prevaricación, cohecho, fraude fiscal y otros delitos destinados a llenar bolsillos privados. Marbella fue un claro ejemplo.


* Málaga Hoy - 17.07.10
Foto: Marbella, puerto años 1965-2010 - greenpeace.org

El Mundo 16 7 2010: Greenpeace - España destruye cada día una superficie de costa equivalente a ocho campos de fútbol

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/07/16/ciencia/1279277397.html

España degrada 7,7 hectáreas de costa cada día para crear urbanizaciones, suelo industrial y comercial, según el informe 'Destrucción a Toda Costa 2010' , presentado hoy por Greenpeace. Según la organización ecologista, el 44% de la población española vive en la costa, que apenas representa el 7% del territorio.

La ONG ecologista ha denunciado también que en los últimos 20 años se ha destruido en la costa española la superficie equivalente a ocho campos de fútbol al día y añade que "no hay ningún indicio de abandono" de la construcción masiva en el litoral, ni tampoco del "fin del acoso" a los últimos espacios vírgenes.

Así, y según la misma fuente, desde 1987 a 2005 se han destruido un total de 50.504 hectáreas de suelo natural en los dos primeros kilómetros de franja costera (este dato no incluye el archipiélago canario).

Un fenómeno imparable

Este fenómeno se ha extendido en la última década hacia los últimos rincones bien conservados del litoral:la Región de Murcia, Almería, Huelva, Rías Baixas, Cantabria y Asturias.

"Todos somos conscientes de que la agresión a la costa ha sido imparable en los últimos años. Pero lo más grave es que esta tendencia continúa y los políticos se afanan en acabar con la única normativa que defiende el litoral. Lo que hay que demoler es El Algarrobico y no la Ley de Costas y vamos a seguir luchando para que esto no pase", asegura Juan López de Uralde, director de Greenpeace. "Es lamentable que por intereses partidistas se promuevan rebajas a la Ley de Costas que pretenden legalizar los desmanes que se han permitido durante todos estos años".

"En esta década se ha producido una urbanización masiva de la costa, sólo comparable a la de los años 60", afirma Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace. "Hoy sufrimos las consecuencias ambientales y la crisis económica, pero no parece que hayamos tomado nota de sus causas".

La Comunidad Valenciana, la que más ha destruido

Según Greenpeace, de todas las comunidades destaca la Valenciana por ser la que más ha destruido su litoral en esta década. En 2004 cada kilómetro cuadrado de esta comunidad recibió una media de 288 toneladas de cemento. Un año después, el 33% del primer kilómetro de costa estaba urbanizado. Y en 2008 existía un puerto deportivo cada 11 km de costa, según denuncian los ecologistas.

La organización ecologista considera que las iniciativas sobre una economía sostenible carecen de credibilidad si los casos de destrucción costera son promovidos por las administraciones. Como ejemplos citan el hotel de El Algarrobico, que sigue en pie, o que se fomente la construcción en puertos como el de Granadilla (Tenerife), Tarifa (Cádiz) o el de Pasaia (Gipuzkoa) así como desarrollos urbanísticos insostenibles como los de Marina d'Or y Cangas do Morrazo. Asimismo, reclaman que se tomen medidas para acabar con la contaminación de las rías gallegas o de la bahía de Algeciras.

Marcos asegura que "somos muchos los que creemos que el verdadero lujo no es un hotel de cinco estrellas, que el verdadero lujo es una playa virgen. Un lujo no sólo visual sino que supone un potente activo económico para un turismo sostenible y actividades artesanales como la pesca. Nos quedan pocos espacios de costa virgen y la tolerancia con los macroproyectos urbanísticos y portuarios debe ser cero".

Diario Sur 14 7 2010

Malaga - El PGOU mantiene como ilegales mas de un millar de casas en los diseminados



SUR* : Uno de los trabajos que ha tenido que realizar el Ayuntamiento de la capital para adaptar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a las exigencias de la Junta de Andalucía es elaborar un inventario de núcleos diseminados del municipio en los que se localizan viviendas que han sido construidas en suelo no urbanizable y que, por lo tanto, se encuentran fuera de la legalidad. Según pudo conocer este periódico, el trabajo arroja que en estos momentos hay 44 sectores que reúnen estas características y que albergan un total de 1.174 casas.

Para su legalización, el plan urbanístico metropolitano de la Junta contempla la posibilidad de agrupar y regularizar estas viviendas en lo que denomina como 'hábitats rurales diseminados'. No obstante, para ello, deben cumplir determinados requisitos entre los que se encuentra que deben estar vinculadas a una actividad agrícola o ganadera.
La Gerencia Municipal de Urbanismo ha comprobado en este estudio que ninguna de ellas cumple este requisito, por lo que ha optado por dejar todas fuera de ordenación, a la espera de que el Gobierno andaluz redacte y apruebe un reglamento que detalle con más precisión la fórmula para considerarlas como 'hábitats rurales'. El Consistorio confía en que ese reglamento sirva para que algunos núcleos puedan finalmente quedar avalados de algún modo bajo esa figura.
Sin embargo, por el momento esto no es posible y por ello se limita a establecer un catálogo de los sectores en el que estudia pormenorizadamente su superficie y su antigüedad, entre otros muchos aspectos.
Así, el nuevo PGOU contempla información sobre estos núcleos pero, a diferencia del plan del 97 y del que fue aprobado provisionalmente en 2008 y que ahora se ha cambiado, no establece un listado de diseminados que pueden llegar a regularizar su situación mediante la tramitación de un plan urbanístico especial. El texto del nuevo Plan General que fue aprobado por el Ayuntamiento hace dos años reconocía un total de 27 diseminados de los que sólo proponía regularizar nueve al ser los únicos que se amoldan a las condiciones impuestas por la Junta. Así, se contabilizaron un total de 1.311 vecinos en 684 casas rurales, pero sólo tendrían opciones para legalizarse 168 casas en las que residen 417 personas.
En el nuevo plan, que será aprobado por el pleno del próximo viernes, ya no se establece esta distinción y se dejan a todos los diseminados fuera de ordenación a la espera de que puedan encajar en una posible operación de legalización pactada con la Junta más adelante.
Fuentes municipales aseguraron que esto no genera una mayor indefensión para los vecinos de las casas levantadas en suelo no urbanizable. Así, argumentaron que la no delimitación de los sectores que podrían legalizarse no limita las opciones de regularización que pueden llegar a tener en el futuro. Además, el PGOU sigue contemplando la posibilidad de que puedan hacerlo mediante la tramitación de los planes especiales previstos para núcleos diseminados.
Según aseguraron desde el equipo de gobierno municipal, esto no va a implicar que se produzcan derribos de las edificaciones ya que se trata de núcleos muy consolidados y con una cierta antigüedad en los que los delitos por construir ya están prescritos -lo hacen a los cuatro años- y no cabe la demolición.
Mayor riesgo
No opinan lo mismo algunas fuentes jurídicas consultadas por este periódico, que aseguraron que dejar todos los diseminados fuera de ordenación facilitará que prosperen algunas órdenes judiciales de derribo que están en vigor. Así lo indicaron los abogados expertos en derecho urbanístico Manuel Jiménez y Álvaro Ruiz, quienes detallaron que uno de los argumentos que se ha estado empleando para frenar esas órdenes es la previsión de legalización de los núcleos mediante los planes especiales previstos en el PGOU.
«Si ahora no se prevé esta opción, se genera un problema para los vecinos, porque no sólo se arriesgan a las demoliciones, aunque posiblemente serán pocas, sino también a no poder beneficiarse de proyectos para mejorar sus infraestructuras como obras de asfaltado, alumbrado o saneamiento, ya que el plan metropolitano sólo las permite en los diseminados que se hayan regularizados como tales», explicó Álvaro Ruiz, quien precisó que su despacho estaba trabajando hasta ahora en la legalización de cuatro sectores que finalmente Urbanismo ha paralizado.
La mitad de las viviendas en suelo no urbanizable registradas por el PGOU están en Campanillas (526 casas), distrito al que sigue la zona de Pedrizas (191), Puerto de la Torre (178), el distrito Este (146) y Los Montes (133). De los sectores estudiados, se han regularizado las 75 casas de la Sierra de Churriana y la zona de Los Gámez (150). Dejar el resto fuera de ordenación implica que sus moradores sólo podrán realizar obras de mantenimiento, pero en ningún caso de ampliación. El Ayuntamiento ha autorizado en ocasiones obras de asfaltado, alumbrado y saneamiento para algunos de estos núcleos.


* Sur - 14.07.10

Foto: Hasta ahora no se habian aprobado planes de legalización de los diseminados.

Independent 11 7 2010: Spanish bulldozers target Britons' homes

More than 300,000 houses in Andulcia have been declared illegal, many owned by retired expats

By Alasdair Fotheringham

Sunday, 11 July 2010

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John Pritchard, a British pensioner living in Spain, is having problems sleeping at nights but it has nothing to do with age. He just can't stop imagining the noise that bulldozers sent by the town hall will make if they come to knock down his house. "I think I can hear them. It's the stress," he says, while his wife is so distraught about the possibility, she will not even be interviewed.

Mr Pritchard is not the only British expat worried about his house being declared illegal by one set of Spanish regional government officials, despite local planners originally giving it the green light. Official Spanish building reports recently found up to a staggering 300,000 such illegal or semi-illegal constructions in Andalucia alone. Technically, all could face demolition – and that includes some belonging to Britons.

Traditionally, illegal building was associated with Spain's chronically overdeveloped Mediterranean coast. But by the late 1990s, as the Spanish housing boom started, it moved inland and upmarket with a vengeance.

Arguably, the most acutely affected area is the Almanzora Valley, a remote rural region in south-east Andalucia, where there are calculated to be up to 11,000 illegal houses belonging to British pensioners – such as Mr Pritchard.

"These are all illegal, barring a couple of old farmhouses," says Maura Hillen, an Irishwoman, as her car crests a rise just outside Albox, the valley's main town, indicating dozens of detached houses. "Thousands were built in the valley, while in Albox town hall they claim just 11 building licences were officially issued."

Mrs Hillen is the president of AUAN, a 300-strong association formed by, mainly, British homeowners to fight the urban planning abuses ruining their dream retirement in the Spanish sun. Almost all bought property in good faith, only to discover that their homes had been constructed on land not zoned for building, or which lacked the correct licences, and were therefore illegal.

For most of them, things turned sour when court orders revoking planning permission arrived; and this year a new series of fast-track orders means in the most extreme cases an order for demolition can be carried out in under a month. One British couple whose Spanish villa has already bitten the dust are Helen and Len Prior. From January 2008, when the bulldozers moved in, they lived in a garage on their land, staying for over a year before the local council provided them with temporary accommodation.

The latest case to come before the courts involves nine British-owned houses in Albox. They are due for demolition as part of legal proceedings involving corruption charges against a former town councillor in charge of planning permission, while a local builder and two architects are accused of putting up the houses illegally.

But although the state prosecutor has asked for the owners to be compensated, they fear the payments will take as many years to come through as the case has taken to come to court. At the same time, if their houses are demolished, they will have nowhere to live. "The cases go on for ever, some since 2005," points out Mrs Hillen. "You're looking at the tens of thousands of euros in legal costs, or having to pay for urban infrastructure like sewage pipes and street lighting that your builder promised you but which never arrived, or risk getting the debt put on your house and it getting sold from under your feet. It's money nobody has. Either way we are screwed."

And there could be many more cases to come. "All of the houses facing current demolition orders since January 2010 were the first new ones to be built in Albox. They represent the tip of the iceberg, because hundreds if not thousands of houses are illegal in this valley alone."

"We're living in fear all the time," says Anne, who with husband Alan has also had to survive since 2006 on four hours of electricity a day after their builder absconded. And, adds Alan: "We can't have electricity put in as this is an illegal house. And there's no chance of compensation with the builder gone.

Mrs Hillen says: "One key emotion is resentment that people back home think the buyers did something wrong. Yet the Andalucian government has failed to control building on this scale, even though it was in plain sight. It's a massive mess. We've got councillors, architects and builders in court charged with planning crimes. And we're piggy in the middle."

In the Axarquia Valley, where roughly 10,000 houses are in jeopardy, the British expat community is marginally more optimistic. "Our impression is the Junta [Andalucia's government] has lost heart over demolition orders and realised that with northern Europeans bringing in around €5bn a year to an economy in crisis like Spain's, they'd be killing the goose that lays the golden eggs," says Gary Miles, a spokesman for SOHA (Save Our Homes Axarquia). "That said, we'd like agreements where houses become fully legalised without those living on pensions first facing a €50,000 fine."

According to Rosa Urioste, Andalucia's director of inspection of urban planning, the blame cannot be laid on any one person. "We've all failed." she said, in the Diario de Cádiz newspaper: " The buyer, the person who divided up the building plots, the one who built without permission and those who looked the other way." For many British homeowners, that category could include her own government.

With the Spanish economy just limping out of recession, it has been left with a rash of building corruption cases in the courts and having to sort out the status of property constructed so quickly that, in one year alone, 2002, Spain built more houses than in Italy, France and Germany combined. One solution is to try and regularise the houses by giving them legal status, but the cost of doing so, which can also include providing amenities, falls to the owner, not the builder, and again will run into tens of thousands of euros for each one.

Most Britons have already sunk their savings into their homes, and with the pound considerably weaker than five or six years ago, they are caught in an equity trap."Stress, depression, divorces – a fair few people have gone through those," says Mrs Hillen. "A lot of times, there are arguments over whether to leave." But some have gone, leaving behind empty houses, huge investments, and shattered dreams. Very few of those who remain can rest easy in their beds.

Spaniards are also victims of property rights abuses

Spaniards are also the victims of property-rights abuse

by Linda Palfreeman

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Jul 09, 2010 | 0 Comment(s)

What the Spanish authorities trample over property rights in Spain, expats aren't the only ones who suffer. Many ordinary Spaniards have had their homes, businesses and livelihoods cruelly snatched from them by developers in cahoots with politicians in the Valencian Region.

Article by Linda Palfreeman

There are thousands of expatriates, of all nationalities, currently suffering the consequences of urban corruption in Spain. Each of us, in our different localities, has our own particular predicament to contend with – ranging from illegally built housing to unjust expropriation, and often encompassing an unpalatable mixture of both.

Thankfully, we can count on the support of those who, both individually and collectively, are prepared to help us fight our cause. The proliferation of associations now springing into life throughout the country is indicative of the extent of the problem of urban abuse: Abusos Urbanísticos, No (AUN); Abusos Urbanísticos Lliber, No! (AULN); Abusos Urbanísticos del Levante Almeriense, No! (AULAN); Catral Asociación Contra Abusos Urbanísticos (CACAU); Justice for Catral Residents (J4CR), …and the list goes on. Whilst representing moving and inspiring examples of solidarity, sadly, these platforms are also indicative of the refusal of the Spanish Authorities to show any willingness to provide very necessary solutions to the problems of urban abuse, let alone accept any part in their creation.

How can it be, when Spain ranks as the second country in the world with respect to the number of laws in force, that the nation has earned itself the reputation as one which is corrupt? Enrique Climent, President of AUN, explains that 'the most important corruption is that which is not even classed as a crime.' He refers to those offences that are actually allowed to prosper as a result of the structure and wording of particular laws.

And who exactly is it that benefits from this type of crime? 'This is within the reach of very few,' states Climent, 'only those in power…and while the present urban model is maintained, corruption cannot be eradicated because it is that that maintains the system.'

Like Climent, there are many further examples of Spanish citizens valiant enough to swim against the tidal wave of corruption that sweeps the nation. Prominent figures include Willie Meyer, Raul Romeva, Carlos Carnero, José Sanmartín and, of course, the more immediately recognisable campaigner, Marta Andreasen. Many more manifest their support as members of collectives such as The Federación de Asociaciones en Defensa de los Derechos Humanos y en Contra de los Atropellos Urbanísticos y Medioambientales (FAUN), the association Plataforma Defensa De La Huerta, and the recently created organisation Transparencia Urbanística.

Corruption knows no national boundaries and neither does its effects. This is certainly the case in Spain. Whilst many of the urban scandals affect expatriates in search of peaceful retirement in the sun, we should also spare a thought for those Spanish nationals, our newly adopted neighbours, whose homes, businesses and livelihoods have been snatched cruelly from them, literally overnight in some cases, by urban speculators driven by heartless greed and backed by an unjust law.

Enrique Lluch's story

Let us consider the case of one man: 60 year old Enrique Lluch, from Valencia. Enrique was the owner of a small but prospering garden centre in the town of Náquera. In difficult and uncertain times, Enrique had to work hard to build a future for his family – a future that was destroyed the day the developers moved in. They had more money, more influence, more power …and consequently more right to do whatever they saw fit to do. And what they saw fit to do, in this instance, was erect enormous industrial blocks (in contravention of urban law) that would eventually engulf Enrique's small plot and his life's work. Of course, he put up a fight, but the ageing market gardener was no match for the construction Goliaths who had simply decided that he was in the way, and surplus to requirements. With desperate, heartbreaking impotence, Enrique watched as his livelihood literally withered and died around him.

'They didn't even give me chance to hand over the keys to my property,' explains Enrique. My garden centre was invaded, in my absence, and ransacked by the municipal Police and representatives of the Local Administration (led by the Partido Popular). By the time I arrived they had broken down part of the fencing, pulled out the automatic watering system and the alarm, and destroyed what plants I had left – without having any court authorisation to do so.'

Those who had almost everything now wanted all that Enrique had, too, so they got it. But the story does not end there. Apart from surrendering his only means of supporting his family, Enrique was ordered to pay approximately 150,000 euros towards the urbanisation costs for the area.

That day, Enrique Lluch watched in desperate impotence as his life's work was taken from him. His days as a market gardener ended and his days of campaigner for justice began. Shoulder to shoulder with the likes of Charles Svoboda, Michael Cashman, Roger Helmer, Margerete Auken, Neil Parish and David Lowe, Secretary of the Petitions Committee of the European Parliament, Enrique Lluch began his struggle to have his, and similar cases, heard. Twelve years later, Enrique and his family have still seen not a penny in compensation – not that any amount of money could make amends for the physical, psychological and emotional trauma that this event has caused in their lives.

'Let these people take their grudges to the courts,' declare the hard-faced, heartless members of the Valencian government who bleat about the unjustified treatment they currently receive at the hands of the European press. 'It's easy to criticise', declares socialist MEP, María Sornosa Martínez, when asked about the injustices suffered by those affected by property scandals in the Valencian region. She attacks reports made to the Petitions Committee of the European Parliament (such as that now known as the 'Auken Report') as completely lacking in validity. 'I think all the British have got together,' argues Sornosa, 'to win support for their campaign for election to the European Parliament…'

Enrique Lluch is of a different opinion. 'Although my situation is grave,' explains Sr. Lluch, 'it is by no means the worst you will find.' He talks, for example, about the scandalous and heartbreaking case of the El Cabanyal area of Valencia, where families of humble means are being violently dispossessed of their homes to make way for urban development schemes. 'It is cases like this', says Enrique, 'that really do makes your hair stand on end. You can see the methods used by the Spanish government (a government that presently occupies the Presidency of the European Community) in the interests of the property speculators and against the European Charter of Human Rights.'

Enrique has now spent twelve long and bitter years in his struggle to be heard, his struggle for justice. I would like to tell him that he is not alone.

Whilst there are no national boundaries to corruption and its effects, I would like to show Enrique that neither do such boundaries exist to compassion and solidarity. I would like to tell Enrique that his fight is our fight and that we, too, will do all we can to keep such issues at the forefront of European politics. We can start by writing to our MEPs and by giving voice to this injustice wherever the opportunity presents itself. We can pledge our support to those who campaign for the application of economic sanctions should Spain continue to refuse to comply with European law. This is the only hope that those like Enrique have of obtaining some kind of compensation for the injustice and inhumanity they have had (and continue to have) to endure.

Copyright Linda Palfreeman, reproduced here with permission.

El Mundo 7 7 2010: Los dos 'euro-moscones' del urbanismo espanol

ELMUNDO* : El urbanismo español tiene dos puntos negros que escaman a los europarlamentarios de Estrasburgo, dos pesadillas que el ejecutivo de Zapatero arrastra desde la anterior legislatura, ambas de difícil solución: por un lado, el "urbanismo salvaje" del litoral, denunciado por ecologistas y partidos verdes de la cámara baja europea -con la eurodiputada danesa Magrette Auken al frente- y que amenaza seriamente con provocar la pérdida de los jugosos fondos que la UE destina a España.

Por otro, los derribos de viviendas irregulares que se suceden en zonas rústicas y protegidas del mismo litoral que afectan a miles de particulares -muchos de ellos británicos- a raíz de una política de estricta aplicación de la Ley de Costas de 1988 durante el periodo en que Cristina Narbona se hizo cargo del Ministerio de Medio Ambiente y de varios avisos procedentes de Europa. Al amparo de dicha Ley, se calcula que unas 300.000 viviendas ya construidas serían irregulares y podrían ser derruidas. Muchas ya han desaparecido del mapa.

En este farragoso capítulo, otra eurodiputada, la liberal británica Marta Andreasen, que representa al Partido por la Independencia de Reino Unido (UKIP) desde 2009, se ha convertido en la nueva piedra en el zapato del Gobierno. Andreasen, que fue Jefa de Contabilidad de la Comisión Europea, no ha dudado en comparar las prácticas del gobierno de Zapatero con las del régimen Mugabe cuando derribaba las casas de los colonos británicos, en el pleno europeo en el que Zapatero decía adiós a la presidencia europea.

"La situación que se está produciendo es una violación de Derechos Humanos, amén de ser un componente importante de la crisis que vive España. ¿Espera usted que esta Unión Europea venga al rescate de un país donde esta violación continúa produciéndose sin que el Gobierno central se decida a intervenir?", espetó al presidente del Gobierno durante la clausura de la etapa española en la presidencia de la UE.

Hace un mes que Andreasen -argentina de nacimiento, que posa en su web bajo un retrato de Winston Churchill- se abrió una cuenta en Youtube para recopilar sus iracundos alegatos en favor de los ciudadanos británicos afincados en Andalucía y Murcia, víctimas -muchos ellos, al parecer- de constructores españoles sin escrúpulos que construyeron sus viviendas a pocos metros de la costa, en suelos rurales o en parques naturales como el Cabo de Gata.
Solución complicada

En Europa, mientras a un lado de la cámara se exige a Zapatero que limpie la costa de ladrillos, al otro, se pide justicia para los propietarios de unas edificaciones que han quedado al margen de la ley.

Los dos problemas, protección del litoral y viviendas irregulares, chocan entre sí y su resolución no es sencilla ni uniforme, pues en ellos intervienen muchos escalones institucionales del Estado y los tribunales.

Ambos, sin embargo, encuentran un documento de denuncia común en el Informe Auken, donde la diputada verde danesa recogió en marzo de 2009 los puntos en los que el ladrillo español incumplía las leyes medioambientales europeas, y que denunció la "destrucción o demolición arbitrarias de propiedades de particulares adquiridas legítimamente", básicamente la tesis que también defiende la eurodiputada británica. [Lea el informe]

Mientras, los propietarios de las viviendas afectadas por la Ley de Costas, agrupados en decenas de colectivos, apelan a que son víctimas de la permisividad y la avaricia de los ayuntamientos durante la época del 'boom', como en el caso de los municipios de Almanzora o la Albox- y que las normas únicamente se ejecutan para las casas de los menos pudientes.

Además, denuncian que si se aplicara la ley en su totalidad los afectados ascenderían a 500.000 ciudadanos y equivaldría a tirar 50.00 millones de euros a la basura.


* El Mundo - 6.07.10
Foto: Las eurodiputadas Margrete Auken (Los Verdes) y Marta Adreansen (UKIP) | Elmundo.es