El Periodico 14 12 2010

Bruselas dice que el Banco de España falló en el control de la burbuja inmobiliaria

ELPERIÓDICO* : El Banco de España no adoptó ninguna de las medidas adecuadas que habrían frenado la burbuja inmobiliaria española y que habrían amortiguado la gravedad de la crisis económica y financiera actual del país, según detalla hoy un informe de la Comisión Europea. El establecimiento de techos en el importe de las hipotecas en relación al valor de la vivienda y al nivel de ingresos del adquiriente "habrían ayudado a evitar el excesivo crecimiento del crédito en España e Irlanda", advierte el informe trimestral sobre la zona euro en una apartado específico dedicado las burbujas inmobiliarias. El Banco de España toleró durante la expansión inmobiliaria que bancos y cajas de ahorro dieran hipotecas por importe equivalente hasta el 120% del valor de la vivienda. Otra de las medidas que habrían frenado el alza de los precios de los pisos y la burbuja inmobiliaria hubiera sido aumentar los costes de financiación por parte de los bancos y cajas obligando a incrementar el nivel de capital propio para este tipo de créditos, precisa el citado informe.

Efecto negativo de la desgravación fiscal

La pasividad del Banco de España permitió una espiral especulativa en la que los precios de la vivienda se alejaron cada vez más de la realidad económica del país, según el análisis que efectúa la Comisión Europea, aunque evita señalar directamente al supervisor español.

El Gobierno español, según el informe europeo, también contribuyó a mantener viva la burbuja inmobiliaria al no haber eliminado antes la desgravación fiscal por la compra de vivienda. El Ejecutivo comunitario señala que la reducción de las desgravaciones fiscales en las hipotecas constituye una medida efectiva para contener la especulación inmobiliaria y el alza de los precios.

* El Periódico - 14 .12.10
Foto: Parlamento europeo - flickr

El Almeria 13 12 2010

 

Izquierda Unida pide un "pacto político" contra las viviendas ilegales

Ricardo Alba / Mojácar, mojácar | Actualizado 13.12.2010 - 05:01

 

Izquierda Unida ha solicitado en el Parlamento Andaluz un pacto político de cara a las próximas elecciones municipales "para evitar que algunos partidos políticos intenten conseguir votos a base de prometer que determinadas urbanizaciones ilegales se van a legalizar, pero, además, se les va a pagar la obra y no les costará ni un euro". Esta propuesta de IU-CA se ha efectuado en el transcurso del debate parlamentario en el seno de la Comisión de Obras Publicas y Vivienda sobre las medidas para combatir la edificación ilegal en Andalucía en el que la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz Villalón, se ha referido a este asunto "como de gran complejidad, yo diría que la asignatura pendiente que tenemos en el urbanismo y en la ordenación del territorio en Andalucía". Para la titular de Vivienda no existen soluciones mágicas, aparte de tratarse de un tema de competencia esencialmente municipal.

Para Cruz Villalón, "las actuaciones que se lleven a cabo en el sentido de regularizar las viviendas que puedan ser legalizadas, tiene que encontrar su resolución sin que generen costes añadidos a las Administraciones públicas, es decir, que las infraestructuras y equipamientos han de ser costeados por las personas que tienen su residencia en esas condiciones". Hacía mención expresa la Consejera al tratamiento diverso que se ha de emplear puesto que no se puede aplicar la misma norma a una urbanización que a una vivienda aislada. El Partido Popular, por su parte, mostraba alarmas al haber transcurrido más de doce años en aprobar un plan territorial en Andalucía.

"¿Con qué autoridad moral se les puede mantener el problema a estas personas?" En referencia a la reunión mantenida con el colectivo AUAN, Abusos Urbanísticos Almanzora No, se recordó en el Parlamento de Andalucía que "el primer procedimiento que conocieron se inició hace siete años, pero hasta ahora no se ha legalizado ninguna casa".

De otro lado, el derribo de la casa de los señores Prior en Vera fue puesto como ejemplo de demolición de una vivienda con licencia, "mientras El Algarrobico sigue en pie, hecho que nos parece absolutamente indignante".

 

  http://www.elalmeria.es/article/provincia/858187/izquierda/unida/pide/quotpacto/politicoquot/contra/las/viviendas/ilegales.html#

Informacion 14 12 2010: Lliber - Un imputado por la estafa de 300 casas ilegales...

Un imputado por la estafa de las 300 casas ilegales de Llíber desvió 2,4 millones a cuentas en Andorra

La juez que investiga la trama urbanística destapada hace un año bloquea los fondos bancarios que el ex aparejador municipal tiene en el principado

ALFONS PADILLA 

 El ex aparejador municipal de Llíber, Amador Signes, quien está imputado por la supuesta estafa urbanística en la que también están implicados, entre otros, el ex alcalde del PP, José Mas Avellá, y el constructor Miguel Muntaner, desvió a cuentas en el principado de Andorra 2,4 millones de euros. El pasado mes de abril, la juez que investiga esta trama ordenó el bloqueo de las cuentas y el embargo de bienes de Muntaner, José Mas, Amador Signes y del constructor Trevor Bourne, que es otro de los imputados. Dictó una comisión rogatoria internacional para rastrear los posibles fondos bancarios del ex arquitecto técnico municipal en Andorra. Fuentes del caso confirmaron ayer a INFORMACION que se han encontrado depósitos por valor de 2,4 millones, que la magistrada ya ha ordenado congelar.

 En su auto de abril, la juez advirtió del "cuantioso patrimonio" que los principales imputados habían logrado amasar con la construcción y venta de 300 casas ilegales. La presunta estafa se cometió entre los años 1999 y 2003. Los promotores implicados actuaban en supuesta connivencia con el entonces alcalde y con el aparejador municipal. José Mas daba las licencias de obra fraudulentas y el arquitecto técnico las informaba favorablemente y realizaba y cobraba los proyectos privados.

 Cuando la juez ordenó embargar el patrimonio de los imputados, los bienes de Signes no eran nada del otro mundo comparados con los de Muntaner, quien acumulaba 100.000 metros cuadrados en terrenos repartidos por media comarca de la Marina Alta, 16 viviendas y 7 coches. El ex aparejador municipal "sólo" tenía seis fincas en Dénia que sumaban 22.000 m2. Pero los 2,4 millones localizados en cuentas en Andorra sí que constituyen un peculio importante.

 La trama urbanística de Llíber se destapó hace justo ahora un año. La Guardia Civil detuvo a Muntaner, al ex alcalde del PP y al ex aparejador municipal. La juez ordenó el ingreso de los tres en prisión, pero fueron saliendo en libertad tras pagar la fianza. El último en abonarla fue Mas Avellá, quien permaneció más de dos meses en el centro penitenciario de Fontcalent.
Por esta estafa urbanística, hay, en total, 18 imputados, entre promotores, abogados e incluso un notario. También están imputados todos los ediles de la corporación de 1999 a 2003, incluido el actual alcalde, Juan Bautista Reus, del PSPV.

 En la causa se han personado como acusación particular 158 propietarios de viviendas que las compraron convencidos de que eran legales. Sin embargo, con el tiempo descubrieron el fraude y, además, todavía hoy no disponen de servicios urbanísticos básicos. El suministro de luz y agua sigue siendo de obra, años después de construirse las casas en suelo no urbanizable y habitarse. Además, numerosos propietarios tienen que recurrir a placas solares y generadores.

 El montante total de la estafa podría ascender a 60 millones de euros. Los afectados son, en su mayoría, jubilados extranjeros que invirtieron los ahorros de toda una vida en adquirir una casa. Pero su retiro a la Marina Alta poco ha tenido de apacible. Llevan años luchando para que se legalicen sus viviendas. De un año a esta parte, al menos han visto cómo la estafa de la que fueron víctimas ha tenido respuesta policial y judicial.

 Las fuentes del caso antes citadas indicaron que la juez está a punto de terminar la instrucción y que, probablemente en enero, se iniciará ya el procedimiento abreviado. Entonces, esta causa, en la que hay indicios delictivos de estafa, cohecho y prevaricación, pasará a los juzgados de Benidorm.

Sur - EFE 7 12 2010

El fiscal se querella contra el alcalde de La Viñuela por seis delitos urbanísticos

SUR/Málaga* : La Fiscalía de Medio Ambiente ha presentado una querella contra el alcalde de La Viñuela, Juan Millán, por seis delitos contra la ordenación del territorio y contra cuantas otras personas resulten, a través de la investigación, responsables de los hechos. La querella de la Fiscalía, a la que ha tenido acceso Efe, se interpone después de que el ministerio público considere que el alcalde presuntamente concedió seis licencias urbanísticas sin los preceptivos informes técnicos y sin seguir el procedimiento legalmente previsto. Además, en la querella del fiscal se añade que la concesión de las citadas licencias se realizaron «por la sola y exclusiva voluntad del querellado» y, que debido a ello, tales resoluciones son «arbitrarias e injustas».

Supuestamente el regidor concedió licencias de segregación, de obras y de primera ocupación a unas solicitudes urbanísticas para segregación de 5.000 metros cuadrados y simultáneamente para la construcción de viviendas unifamiliares en diversas parcelas.
El ministerio fiscal ha pedido la admisión de la querella en los juzgados competentes y que se incoen diligencias previas para averiguar los hechos y los presuntos responsables.
El alcalde de la Viñuela tiene otros procedimientos abiertos por delitos contra la ordenación del territorio y ya ha sido condenado anteriormente a quince años y seis meses de inhabilitación para empleo o cargo público por dos delitos de prevaricación urbanísticas por la concesión de tres licencias. Debido a ello, Juan Millán tras su condena por delito urbanístico pidió la baja temporal como militante del PSOE.
Millán siempre se declaró inocente y cuando fue condenado aseguró que continuaría con su defensa y las acciones judiciales oportunas hasta que la causa tenga una sentencia absolutoria.
En la sentencia que lo condenó el juez destacó que el alcalde otorgó por decreto las tres licencias «en un claro ejemplo de flagrante arbitrariedad contraria a los principios más básicos del recto ejercicio del poder público».
Las licencias fueron otorgadas por decretos de agosto de 2001 y de octubre de 2003 y se concedieron sin atender las indicaciones de los informes de procedimiento emitidos por el secretario municipal
El regidor anunció hace unos días su intención de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales, a la vez que pedía la suspensión de la ejecución de la sentencia por delitos urbanísticos recientemente confirmada por la Audiencia de Málaga.

* Sur - EFE - 7.12.10
Foto: La Viñuela (Málaga) - vinuela.es

El Confidencial 6 12 2010

Med Group construyó en Mojácar 'otro Algarrobico' en suelo protegido

ELCONFIDENCIAL/Almería* : Otro Algarrobico. Aún sin impacto nacional, pero con mucho más graves consecuencias medioambientales. Playa Macenas, en el municipio almeriense de Mojácar, promovido por Med Group, es un macroproyecto de 1.400 viviendas, dos hoteles y dos campos de golf ubicados íntegramente en suelo protegido del LIC de Sierra Cabrera. A pesar de carecer del más mínimo informe medioambiental, uno de los campos de golf ocupa íntegramente la rambla de Macenas, para lo cual se ha transformado su cauce "con más de un millón de metros cúbicos de escombros", según denuncia a El Confidencial Jaime del Val, presidente de la organización ecologista Salvemos Mojácar y el Levante Almeriense. No acaban aquí las irregularidades de este complejo urbanístico.

El riego de los campos de golf es ilegal (se hace con agua potable). "Aun no existiendo otra fuente en las inmediaciones, el riego con agua potable sería ilegal en cualquier caso, pero teniendo en cuenta que no se usa y que solo sirve a modo de gigantesco cartel publicitario nos encontramos ante un abuso ilegal y obsceno de los recursos hídricos para una población de entre 16.000 y 30.000 habitantes, con el riego intensivo que se hace en los meses de verano", remarca Del Val.

Las asociaciones ecologistas han presentado una treintena de denuncias en los juzgados ante la Junta de Andalucía pero el Gobierno andaluz incumple sus propios decretos de riego de los campos de golf. En Playa Macenas hay uno de 18 hoyos ya en funcionamiento y el otro aún se encuentra sin construir. "Han tomado zonas comunes y no han respetado para nada el enclave. Cambiaron las carreteras de acceso a las playas y en un área sin servicios, alcantarillado, sin agua y sin luz", señala a este diario una vecina del entorno.

La crisis de Med Group ha tocado de lleno a este proyecto. Las obras llevan dos años paradas por la crisis. Un grupo de propietarios quieren deshacer sus contratos por incumplimiento de la promotora. El futuro hotel se encuentra en situación muy similar al del Algarrobico, con aproximadamente la mitad del espacio ocupando la servidumbre de protección marítimo terrestre, según la planimetría de la Dirección General de Costas y de acuerdo con la ley de 1988.

Un informe jurídico de Paz Andrés Sáenz de Santa María, catedrática de Derecho Internacional Público de la Universidad de Oviedo, y Abel La Calle Marcos, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Almería, también critica cómo la no evaluación de impacto ambiental incumple "el deber de difundir y consultar al público el estudio de evaluación de impacto ambiental y los informes institucionales pertinentes, en un plazo razonable a fin de dar al público interesado la posibilidad de expresar su opinión antes de que se conceda la autorización".

El estudio añade que aunque se ha sometido a información pública el Plan Parcial y el Proyecto de Urbanización de la actuación de Playa Macenas, "el público no ha podido tener acceso al estudio de sus efectos ambientales, alternativas estudiadas y el resto de los aspectos objeto de evaluación ambiental, ni ha podido expresar su opinión sobre ello".

* El Confidencial - 6.12.10
Foto: Mojácar (Almería), urbanización Macenas - ideal

EL PAIS: Málaga - 07/12/2010: Los dueños de casas ilegales se unen

This looks interesting as a new group action, it seems involving mainly
Spanish property owners. I assume AUAN and SOHA for example are in some form of contact already.
CVS
**********
Los dueños de casas ilegales se unen

Una plataforma de afectados pide la 'amnistía' para sus viviendas

DIEGO NARVÁEZ -

La solución más factible, ecuánime y eficaz para la acumulación de viviendas en suelo rústico o no urbanizable en Andalucía es hacer tabla rasa y habilitar una fórmula para legalizarlas masivamente. Y para hacer fuerte la reivindicación nada mejor que agrupar a las decenas de miles de afectados esparcidos por todo el territorio andaluz. Con ese planteamiento, la asociación de propietarios de viviendas ilegales de Mijas (Málaga) promueve una plataforma para hacer presión a las administraciones en la que pretende aglutinar al mayor número de afectados.

Los promotores de la iniciativa ponen a Extremadura como ejemplo a seguir
La Junta tiene inventariados hasta el momento 100.000 casos

Los promotores de la iniciativa estiman que en la comunidad puede haber unas 500.000 viviendas irregulares construidas en suelo no urbanizable y
consideran que la dimensión que alcanza el fenómeno requiere de una
respuesta única, en contra de la postura que mantiene la Junta, que ha
apostado por buscar soluciones desde el planeamiento urbanístico de cada
municipio, atendiendo a sus peculiaridades, y revisar en cada uno de ellos
la situación caso a caso, proceso que resulta muy lento por su complejidad,
y frente al que la plataforma propone la inmediatez del borrón y cuenta
nueva. Los afectados ponen como modelo el caso de Extremadura, donde PSOE y
PP acaban de consensuar una reforma legal para legalizar todas las viviendas rústicas siempre que no ocupen suelo especialmente protegido.

Los afectados de Mijas consideran que la fórmula propuesta por la Junta es
inviable, y ponen como ejemplo el caso de este municipio de la Costa del
Sol, donde en cuatro años desde el anuncio del plan de regularización no se
ha avanzado nada, ni tampoco, como consecuencia, en la elaboración del nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Solo en este municipio, el más extenso de la provincia de Málaga, se estima que existen unas 4.000 casas ilegales.

"Hemos tratado en todo lo posible de llegar a acuerdos con los políticos,
pero en todo este tiempo no hemos recibido ni una mala palabra ni ninguna
buena acción", se queja el abogado Ricardo Santandreu. Según el letrado de
la plataforma mijeña, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)
"puede que esté concebida como una ley del siglo XXI", pero el inconveniente es que "los ayuntamientos no estaba preparados ni tenían medios para aplicarla". De hecho, apunta Santandreu, durante los casi ocho años que lleva en vigor el fenómeno no sólo no se ha frenado, sino que ha
proliferado.

Los promotores de la plataforma consideran que, ante una situación de tal
dimensión, la respuesta de las administraciones no es ya ineficiente,
difícilmente se puede actuar contra cientos de miles de personas, sino que
es además arbitraria. Así relatan como hay casos en los que se procede en la vía administrativa exclusivamente, otros que se llevan a la vía penal y
numerosísimos en los que no hay ningún tipo de intervención porque no media
denuncia de parte.

Según la plataforma hay "privilegiados" que resultan impunes. Además,
lamentan que las actuaciones administrativas sólo castiguen a los
constructores y propietarios y no a políticos y técnicos que han autorizado
las construcciones ilegales. Por eso insisten en que lo mejor es la
legalización de todas las viviendas, definiendo un procedimiento que diera
garantías jurídicas y procurando el coste cero para los ayuntamientos, y a
partir de ahí iniciar una nueva etapa en la que "se impida la construcción
de viviendas donde no lo permite la ley y que esta se aplique con seriedad
para que no se repita lo que ha ocurrido hasta ahora".

El PP también aboga por hacer borrón y cuenta nueva y establecer un
procedimiento de legalización generalizado similar al acometido en
Extremadura.

La Junta mantiene que no puede haber una respuesta general para un fenómeno
que tiene muy distinta casuística con situaciones muy dispares, y que hay
que aprovechar que todos los municipios están en proceso de adaptación o de
redacción de sus planes de ordenación urbana a la LOUA para abordar las
soluciones desde cada municipio. Los planes dibujan un modelo que es el que
determinará qué actuaciones pueden tener cabida en él y cuáles no, y,
cruzarlo con el inventario de construcciones ilegales para determinar cuáles y en qué condiciones se regularizan y las que no son posible en ningún caso, filosofía similar a la que ha inspirado las normalizaciones acomedidas en Marbella o Chiclana.

Para detallar este catálogo de construcciones irregulares, la Junta firmó un acuerdo con 78 municipios. Hasta el momento, la Junta tiene ya inventariadas unas 100.000 casas ilegales, según la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz, aunque admitió que el trabajo de inspección está aún lejos de concluirse.

Las Provincias 5 12 2010 sobre la reforma del Codigo Penal

http://www.lasprovincias.es/v/20101205/comunitat/viviendas-ilegales-monserrat-20101205.html

Viviendas ilegales en Monserrat

La reforma del Código Penal, que llega este mes, perseguirá a los alcaldes que no denuncien las construcciones ilegales

05.12.10 - 01:43 -
JOAQUÍN BATISTA jbatista@lasprovincias.es |






Vídeo. www.lasprovincias.es

Muchas viviendas se construyeron en las décadas de los 60 y los 70, cuando había permisividad con las irregularidades urbanísticas. Otras nacieron de la mano de casos de corrupción, con centenares de vecinos que compraron propiedades paradisíacas y se toparon con un engaño que coincide perfectamente con la palabra estafa.
Por desgracia, en la Comunitat han germinado demasiadas viviendas ilegales que generan una doble problemática. Tienen un impacto medioambiental y sus propietarios, por regla general, carecen de los necesarios servicios básicos: luz, agua, asfaltado o alcantarillado. La competencia en materia urbanística recae en los ayuntamientos, que son los encargados de vigilar y denunciar casos de viviendas irregulares, bien porque se han construido sin la preceptiva licencia o porque se han levantado en zonas no urbanizables. Además de la labor inspectora, tienen la obligación de propiciar investigaciones judiciales por si se ha cometido algún tipo de delito, pero no todos los alcaldes actúan conforme prevé la ley. Se limitan a sancionar y el expediente iniciado no tiene más recorrido. Se evita así derivarlo a la Fiscalía de Medio Ambiente para que determine si existe alguna responsabilidad penal relacionada con la ordenación del territorio. El problema fue denunciado en 2009 por el fiscal titular de la provincia de Valencia, Joaquín Baños, después de detectar que muchos municipios no habían remitido ningún expediente pese a contar con amplias extensiones de suelo no urbanizable.
 
La advertencia dio resultado, tal y como explicaba el propio Baños la pasada semana. En 2009 se iniciaron 252 diligencias de investigación penal de casos relacionados con construcciones ilegales, un dato que en 2010, a falta de un mes para cerrar el ejercicio, asciende a 343, 30 de ellas pendientes de tramitarse. Además, se han formulado 49 escritos de acusación por delito urbanístico contra particulares.
 
Para tratar de implicar más a los Ayuntamientos, o para evitar su inacción, la reforma del Código Penal prevista para el 24 de diciembre incluye la figura de la prevaricación omisiva. Esto significa que un funcionario público podrá ser imputado no sólo si aprueba planeamientos urbanísticos que son ilegales, sino también cuando silencien las irregularidades cometidas o eviten realizar la labor inspectora que les corresponde por ley.

Al fin y al cabo, resolver el problema de una vivienda ilegal supone enfrentarse al vecino, que es un potencial votante, de ahí que en muchos casos se haya intentado solucionar la situación con una sanción económica, sin más complicación. Además, Baños explica que la ley establece que sólo se pueden derribar los inmuebles ilegales en un plazo de cuatro años, antes de que prescriba la infracción. Pasado ese tiempo quedan legalizadas, salvo en casos de construcciones en espacios protegidos.
La reforma del Código Penal ampliará las penas de prisión, que oscilarán entre el año y medio y los cuatro años (hasta ahora el máximo eran dos), además de imponer la sanción y la correspondiente inhabilitación para cargo público.

Aunque resulta complicado hacer una estimación de viviendas en situación irregular en la Comunitat, pues son los ayuntamientos los que tienen la mayoría de competencias en la materia, las cifras de los diferentes organismos, como la Conselleria de Territorio o la Fiscalía de Medio Ambiente, permiten hacerse una idea del problema.
En el caso del Consell, su tarea se centra en infracciones cometidas en suelo no urbanizable protegido. Según la Conselleria, en los últimos tres años se han iniciado 1.500 expedientes de restauración de la legalidad urbanística, que en la mayoría de los casos suponen la demolición de la construcción. Según la ley valenciana (LUV), esta figura contempla diferentes acciones. «Tratándose de obras de edificación, las operaciones de restauración consistirán en la demolición de las edificaciones realizadas ilegalmente», según se puede leer en el artículo 225. Otros supuestos hacen referencia a la necesidad de devolver la parcela afectada a su situación original.
 
Todos estos expedientes siguen un recorrido común. Tras ser detectada la vivienda, bien sea a través de herramientas cartográficas o mediante denuncias de particulares o de otros organismos, como la Policía Autonómica, se insta al propietario a solicitar una licencia de obras a su ayuntamiento. En caso de que no sea concedida porque no procede, no tendrá más remedio que derribarla. Incluso si se resiste, puede ser multado con sanciones que oscilan entre los 600 y los 3.000 euros al mes durante un máximo de diez (30.000 euros como mucho).
La idea es forzar al propietario a que ejecute la orden de restauración a través de «sanciones coercitivas». Si pese a todo se resiste, se puede ordenar la demolición de forma subsidiaria. Eso sí, desde la Conselleria que dirige Juan Cotino matizan que «la Administración autonómica centra todo su esfuerzo en la tramitación de los expedientes de restauración de la legalidad al considerar que lo fundamental es resolver la situación, más que imponer sanciones de carácter económico».

Si se dan los supuestos que permiten el mantenimiento de una vivienda, como la prescripción de la ilegalidad (tras cuatro años), se puede dar la opción, con carácter excepcional, de intentar regularizarla mediante un plan urbanístico, siempre que se incluya en un núcleo consolidado. Es lo que se está haciendo en el municipio de Catral.

Además, según los datos facilitados por la Fiscalía de Medio Ambiente de Valencia, en 2008 los municipios remitieron 4.500 expedientes relacionados con viviendas ilegales.
 
Tras destaparse el caso de Montroy, la alcaldesa de Monserrat (municipio limítrofe) reconoció la dificultad de legalizar las viviendas irregulares construidas en años anteriores en su término municipal. Respondía así a la denuncia del ex alcalde de Montroy, quien señaló que otras localidades de la zona tenían el mismo problema.

EN DATOS

1.200

viviendas ilegales se levantaron en terrenos de huerta de Catral, municipio alicantino situado en la Vega Baja. La solución pasa por la aprobación de un planeamiento urbanístico que permita declarar la zona como urbanizable. De esta forma, el Ayuntamiento puede llevar hasta la zona servicios básicos como luz o alcantarillado. Catral fue el segundo municipio español en perder las competencias urbanísticas de forma temporal, después de Marbella.

8.000

viviendas ilegales se han levantado en el término municipal de Orihuela, según la estimación que hace el grupo de IU. El partido mostró su rechazo al anuncio de la portavoz socialista de legalizar estas construcciones si ganaba las elecciones.