Un imputado por la estafa de las 300 casas ilegales de Llíber desvió 2,4 millones a cuentas en Andorra
La juez que investiga la trama urbanística destapada hace un año bloquea los fondos bancarios que el ex aparejador municipal tiene en el principado
ALFONS PADILLA
El ex aparejador municipal de Llíber, Amador Signes, quien está imputado por la supuesta estafa urbanística en la que también están implicados, entre otros, el ex alcalde del PP, José Mas Avellá, y el constructor Miguel Muntaner, desvió a cuentas en el principado de Andorra 2,4 millones de euros. El pasado mes de abril, la juez que investiga esta trama ordenó el bloqueo de las cuentas y el embargo de bienes de Muntaner, José Mas, Amador Signes y del constructor Trevor Bourne, que es otro de los imputados. Dictó una comisión rogatoria internacional para rastrear los posibles fondos bancarios del ex arquitecto técnico municipal en Andorra. Fuentes del caso confirmaron ayer a INFORMACION que se han encontrado depósitos por valor de 2,4 millones, que la magistrada ya ha ordenado congelar.
En su auto de abril, la juez advirtió del "cuantioso patrimonio" que los principales imputados habían logrado amasar con la construcción y venta de 300 casas ilegales. La presunta estafa se cometió entre los años 1999 y 2003. Los promotores implicados actuaban en supuesta connivencia con el entonces alcalde y con el aparejador municipal. José Mas daba las licencias de obra fraudulentas y el arquitecto técnico las informaba favorablemente y realizaba y cobraba los proyectos privados.
Cuando la juez ordenó embargar el patrimonio de los imputados, los bienes de Signes no eran nada del otro mundo comparados con los de Muntaner, quien acumulaba 100.000 metros cuadrados en terrenos repartidos por media comarca de la Marina Alta, 16 viviendas y 7 coches. El ex aparejador municipal "sólo" tenía seis fincas en Dénia que sumaban 22.000 m2. Pero los 2,4 millones localizados en cuentas en Andorra sí que constituyen un peculio importante.
La trama urbanística de Llíber se destapó hace justo ahora un año. La Guardia Civil detuvo a Muntaner, al ex alcalde del PP y al ex aparejador municipal. La juez ordenó el ingreso de los tres en prisión, pero fueron saliendo en libertad tras pagar la fianza. El último en abonarla fue Mas Avellá, quien permaneció más de dos meses en el centro penitenciario de Fontcalent.
Por esta estafa urbanística, hay, en total, 18 imputados, entre promotores, abogados e incluso un notario. También están imputados todos los ediles de la corporación de 1999 a 2003, incluido el actual alcalde, Juan Bautista Reus, del PSPV.
Por esta estafa urbanística, hay, en total, 18 imputados, entre promotores, abogados e incluso un notario. También están imputados todos los ediles de la corporación de 1999 a 2003, incluido el actual alcalde, Juan Bautista Reus, del PSPV.
En la causa se han personado como acusación particular 158 propietarios de viviendas que las compraron convencidos de que eran legales. Sin embargo, con el tiempo descubrieron el fraude y, además, todavía hoy no disponen de servicios urbanísticos básicos. El suministro de luz y agua sigue siendo de obra, años después de construirse las casas en suelo no urbanizable y habitarse. Además, numerosos propietarios tienen que recurrir a placas solares y generadores.
El montante total de la estafa podría ascender a 60 millones de euros. Los afectados son, en su mayoría, jubilados extranjeros que invirtieron los ahorros de toda una vida en adquirir una casa. Pero su retiro a la Marina Alta poco ha tenido de apacible. Llevan años luchando para que se legalicen sus viviendas. De un año a esta parte, al menos han visto cómo la estafa de la que fueron víctimas ha tenido respuesta policial y judicial.
Las fuentes del caso antes citadas indicaron que la juez está a punto de terminar la instrucción y que, probablemente en enero, se iniciará ya el procedimiento abreviado. Entonces, esta causa, en la que hay indicios delictivos de estafa, cohecho y prevaricación, pasará a los juzgados de Benidorm.
