Viviendas ilegales en Monserrat
La reforma del Código Penal, que llega este mes, perseguirá a los alcaldes que no denuncien las construcciones ilegales
05.12.10 - 01:43 -JOAQUÍN BATISTA jbatista@lasprovincias.es |
Vídeo. www.lasprovincias.es
Muchas viviendas se construyeron en las décadas de los 60 y los 70, cuando había permisividad con las irregularidades urbanísticas. Otras nacieron de la mano de casos de corrupción, con centenares de vecinos que compraron propiedades paradisíacas y se toparon con un engaño que coincide perfectamente con la palabra estafa.
Por desgracia, en la Comunitat han germinado demasiadas viviendas ilegales que generan una doble problemática. Tienen un impacto medioambiental y sus propietarios, por regla general, carecen de los necesarios servicios básicos: luz, agua, asfaltado o alcantarillado. La competencia en materia urbanística recae en los ayuntamientos, que son los encargados de vigilar y denunciar casos de viviendas irregulares, bien porque se han construido sin la preceptiva licencia o porque se han levantado en zonas no urbanizables. Además de la labor inspectora, tienen la obligación de propiciar investigaciones judiciales por si se ha cometido algún tipo de delito, pero no todos los alcaldes actúan conforme prevé la ley. Se limitan a sancionar y el expediente iniciado no tiene más recorrido. Se evita así derivarlo a la Fiscalía de Medio Ambiente para que determine si existe alguna responsabilidad penal relacionada con la ordenación del territorio. El problema fue denunciado en 2009 por el fiscal titular de la provincia de Valencia, Joaquín Baños, después de detectar que muchos municipios no habían remitido ningún expediente pese a contar con amplias extensiones de suelo no urbanizable.
La advertencia dio resultado, tal y como explicaba el propio Baños la pasada semana. En 2009 se iniciaron 252 diligencias de investigación penal de casos relacionados con construcciones ilegales, un dato que en 2010, a falta de un mes para cerrar el ejercicio, asciende a 343, 30 de ellas pendientes de tramitarse. Además, se han formulado 49 escritos de acusación por delito urbanístico contra particulares.
Para tratar de implicar más a los Ayuntamientos, o para evitar su inacción, la reforma del Código Penal prevista para el 24 de diciembre incluye la figura de la prevaricación omisiva. Esto significa que un funcionario público podrá ser imputado no sólo si aprueba planeamientos urbanísticos que son ilegales, sino también cuando silencien las irregularidades cometidas o eviten realizar la labor inspectora que les corresponde por ley.
Al fin y al cabo, resolver el problema de una vivienda ilegal supone enfrentarse al vecino, que es un potencial votante, de ahí que en muchos casos se haya intentado solucionar la situación con una sanción económica, sin más complicación. Además, Baños explica que la ley establece que sólo se pueden derribar los inmuebles ilegales en un plazo de cuatro años, antes de que prescriba la infracción. Pasado ese tiempo quedan legalizadas, salvo en casos de construcciones en espacios protegidos.
La reforma del Código Penal ampliará las penas de prisión, que oscilarán entre el año y medio y los cuatro años (hasta ahora el máximo eran dos), además de imponer la sanción y la correspondiente inhabilitación para cargo público.
Aunque resulta complicado hacer una estimación de viviendas en situación irregular en la Comunitat, pues son los ayuntamientos los que tienen la mayoría de competencias en la materia, las cifras de los diferentes organismos, como la Conselleria de Territorio o la Fiscalía de Medio Ambiente, permiten hacerse una idea del problema.
En el caso del Consell, su tarea se centra en infracciones cometidas en suelo no urbanizable protegido. Según la Conselleria, en los últimos tres años se han iniciado 1.500 expedientes de restauración de la legalidad urbanística, que en la mayoría de los casos suponen la demolición de la construcción. Según la ley valenciana (LUV), esta figura contempla diferentes acciones. «Tratándose de obras de edificación, las operaciones de restauración consistirán en la demolición de las edificaciones realizadas ilegalmente», según se puede leer en el artículo 225. Otros supuestos hacen referencia a la necesidad de devolver la parcela afectada a su situación original.
Todos estos expedientes siguen un recorrido común. Tras ser detectada la vivienda, bien sea a través de herramientas cartográficas o mediante denuncias de particulares o de otros organismos, como la Policía Autonómica, se insta al propietario a solicitar una licencia de obras a su ayuntamiento. En caso de que no sea concedida porque no procede, no tendrá más remedio que derribarla. Incluso si se resiste, puede ser multado con sanciones que oscilan entre los 600 y los 3.000 euros al mes durante un máximo de diez (30.000 euros como mucho).
La idea es forzar al propietario a que ejecute la orden de restauración a través de «sanciones coercitivas». Si pese a todo se resiste, se puede ordenar la demolición de forma subsidiaria. Eso sí, desde la Conselleria que dirige Juan Cotino matizan que «la Administración autonómica centra todo su esfuerzo en la tramitación de los expedientes de restauración de la legalidad al considerar que lo fundamental es resolver la situación, más que imponer sanciones de carácter económico».
Si se dan los supuestos que permiten el mantenimiento de una vivienda, como la prescripción de la ilegalidad (tras cuatro años), se puede dar la opción, con carácter excepcional, de intentar regularizarla mediante un plan urbanístico, siempre que se incluya en un núcleo consolidado. Es lo que se está haciendo en el municipio de Catral.
Además, según los datos facilitados por la Fiscalía de Medio Ambiente de Valencia, en 2008 los municipios remitieron 4.500 expedientes relacionados con viviendas ilegales.
Tras destaparse el caso de Montroy, la alcaldesa de Monserrat (municipio limítrofe) reconoció la dificultad de legalizar las viviendas irregulares construidas en años anteriores en su término municipal. Respondía así a la denuncia del ex alcalde de Montroy, quien señaló que otras localidades de la zona tenían el mismo problema.
