- Más ladrillo contra la crisis del ladrillo
- La Generalitat utilizará el fallo del tribunal europeo para buscar inversores
- CRISTINA VÁZQUEZ - Valencia
- EL PAÍS - 31-05-2011
- El Consell, apoyado por todo el sector de la construcción, anunció ayer una ofensiva en el exterior para atraer nuevos inversores inmobiliarios al calor de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. "El tribunal ha dejado muy claro que la legislación valenciana es ajustada a derecho en todo lo referente al urbanismo", reiteró el vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla. A su lado, el consejero del ramo, Juan Cotino, asentía.
- El Gobierno valenciano aprovechará el foro creado en torno a la Estrategia Territorial para crear comisiones con empresarios y colegios de arquitectos y de ingenieros para explicar al mundo que invertir en esta autonomía es seguro desde el punto de vista jurídico.
- El Consell está decidido a encarar la crisis, pasados apenas tres años del estallido de la burbuja, con su apoyo al negocio de la promoción inmobiliaria. O, lo que es lo mismo: Más ladrillo para copmbatir la crisis del ladrillo. Solo así se entiende la prórroga ordenada por el Consell de más de 150 Programas de Actuación Integrada (PAI) -según cálculo del colectivo Abusos Urbanísticos No (AUN)- que la crisis económica frenó en seco y que podrán retomarse en cuanto el sector financiero se reponga.
- Junto al vicepresidente Rambla y el consejero Cotino se alinearon el presidente de Cierval, Rafael Ferrando, la presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Elena Bastidas, el presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, José Vicente Morata, representantes de las cámaras de Alicante, Alcoi y Orihuela, los presidentes de las asociaciones de promotores de las tres provincias y la cabeza visible de las cooperativas de vivienda, Vicente Diego.
- El dirigente cameral José Vicente Morata explicó que contactarán con todas las Cámaras del norte de Europa y de los países anglosajones para exponer el resultado de la sentencia y dejar claro que este es un territorio "interesante" para el turismo, para residir y para las empresas.
- Los excesos de la última década del sector inmobiliario, pese a que ahora el Consell saque pecho y repita que el tribunal ha avalado su política urbanística con la sentencia, han dejado una estela de problemas. El más grueso son las 110.000 viviendas de nueva construcción -según datos del Ministerio de Fomento y que otras entidades elevan a casi 200.000- que siguen sin venderse en la Comunidad Valenciana tres años después de que estallara la crisis. A este mar de pisos sin comprador se dirigirán los esfuerzos anunciados ayer por el Consell. "Queremos garantizar a los inversores que aquí hay seguridad jurídica para comprar estos bienes", subrayó Cotino, que, al igual que Rambla, culpó a los socialistas y "sus adláteres" de orquestar una campaña que ha perjudicado a los intereses valencianos. A beneficio de inventario quedaron los informes -en especial, el Informe Auken, que toma su nombre de la eurodiputada liberal que coordinó su redacción- donde se describen prácticas urbanísticas abusivas para miles de pequeños propietarios de suelo.
- Esta sentencia no evitará al Consell la necesidad de simplificar y aclarar la mucha legislación urbanística valenciana que ha generado en estas dos últimas legislaturas y contra la que han protestado profesionales del sector por farragosa. Ayer, el consejero Juan Cotino lo aclaró: "La tocaremos para reducir la tramitación", dijo. La Generalitat deberá refundir los textos para suprimir incongruencias.
- De los 150 PAI que AUN ha estimado que pueden ser prorrogados gracias a la acción del Consell, Cotino ni confirmó ni desmintió la cifra: "No sé de cantidades", dijo. "Yo le digo lo que hemos hecho y es que los Ayuntamientos pueden pedir la prórroga de los PAI que podían caducar. Lo hacemos para que la crisis no perjudique a nadie", añadió.
- Y para que no haya dudas de la ofensiva, la Generalitat difundió un comunicado en el que una revista china -Landscape Architecture China- ha colocado a la Comunidad Valenciana como "referente internacional" en políticas territoriales y paisajísticas, incluso menciona la Estrategia Territorial, aprobada hace escasamente cinco meses y cuya aplicación ni valoró el Consell en la campaña electoral por el poco tiempo que llevaba en marcha. A lo que sí que contestó la Coalició Compromís es a otro anuncio de Cotino, en el que comenta el interés de inversores del Golfo Pérsico en venir a esta autonomía. "No sirve para nada más que para engañar a la gente", comentó la diputada electa Mònica Oltra.
- A grandes rasgos
- - PIB. La construcción pasó entre 2000 y 2005 del 9% al 12% del PIB, según la Universitat de València.
- - Empleo. El número de trabajadores de la construcción en 2006 era de 271.000, el doble que una década atrás.
- - Vivienda protegida. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha detenido la construcción de 22.000 viviendas protegidas que estaban ligadas al desarrollo de los PAI.
- - Paro. El desempleo afectaba en 2010 a algo más de 100.000 personas en el sector de la construcción.
- - Crisis y 'stock'. La acumulación de viviendas sin vender asciende, según los últimos datos disponibles en el Ministerio de Fomento, a unas 110.000.
- La Generalitat utilizará el fallo del tribunal europeo para buscar inversores
31.5.11
El Pais 31 5 2011: Mas ladrillo contra la crisis del ladrillo
30.5.11
Inmodiario 30 5 2011: Entidades de Arabia Saudí interesadas en impulsar proyectos en la Comunidad Valenciana
Sobre todo en el terreno hotelero, de ocio y residencial
Entidades de Arabia Saudí interesadas en impulsar proyectos en la Comunidad Valenciana
30-05-2011 (10:03:27) por Redacción
Valencia. El vicepresidente tercero del Consell de la Comunidad Valenciana y conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, ha manifestado que "después de que el Tribunal Europeo haya avalado la normativa urbanística valenciana, ahora es el momento de trabajar con firmeza para recuperar la imagen de nuestra Comunitat en el exterior y atraer inversiones que generen actividad económica y empleo".
Cotino ha realizado estas declaraciones tras la reunión mantenida con una comisión presidida por Osama Amin, consejero delegado de Prince Turki Bin Sa'ad al Saud Trade Co., para tratar futuras inversiones en proyectos impulsados por entidades de Arabia Saudí en la Comunitat Valenciana, sobre todo en el terreno hotelero, de ocio y residencial.
El vicepresidente ha señalado que "la Generalitat está decidida a hacer llegar a todos que nuestro territorio es lo que siempre hemos defendido, una comunidad dinámica, donde las cosas se han hecho bien, una comunidad abierta al mundo entero, una comunidad donde se invierte y en la que existe seguridad jurídica, lo que crea confianza para recibir inversiones y aportar beneficios para el conjunto de la sociedad valenciana".
"En este sentido, el encuentro de hoy con representantes de Arabia Saudí es un primer paso para hacer llegar a Europa y al resto del mundo la realidad de la Comunitat Valenciana y en buen hacer de nuestra gestión en materia de urbanismo. Iniciamos una nueva etapa en la que vamos a recuperar la imagen de nuestro territorio y la confianza en nuestros proyectos", ha continuado Cotino.
Según ha anunciado el vicepresidente, "nos hemos puesto a trabajar inmediatamente y mañana mismo tendremos una reunión con representantes de los sectores empresariales y colegios profesionales vinculados a la vivienda y el urbanismo para analizar la sentencia y las medidas que vamos adoptar a partir de ahora".
"La Generalitat y todo el sector económico queremos dar la vuelta a una campaña de ataques malintencionados e injustificados que se han estado realizando contra nuestras leyes urbanísticas y con los que se ha llegado a poner en peligro el acceso a los fondos europeos para la Comunitat Valenciana y para España", ha asegurado Cotino.
Además, el Vicepresidente tercero ha recordado que "se llegó al punto de asociar a nuestro país con una imagen que mostraba la silueta de España cubierta de cemento y con una hormigonera, cuando lo cierto es que el 95% de nuestro territorio es verde y está libre de edificaciones o infraestructuras. Ahora debemos romper con esta imagen equivocada y trabajar para reparar el daño injusto que ha sufrido la Comunitat Valenciana durante estos siete años".
Afectados denuncia contra ley urbanística
Por otra parte, el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, Juan Cotino, mantendrá hoy lunes una reunión con los sectores afectados por la denuncia a la Ley Urbanística Valenciana (promotores, constructores, arquitectos, registradores o notarios) "para valorar las medidas que se puedan adoptar para reparar el perjuicio y el daño causado".
La portavoz del Consell realizó estas declaraciones durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Pleno del Consell, tras ser preguntada por la valoración del Consell tras conocerse que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha desestimado el recurso contra la legislación urbanística valenciana.
"El Consell valora este hecho con absoluta satisfacción porque después de siete años en los que se empezó a confundir las instancias jurídicas con los fines políticos, donde hubo manipulación y utilización de las normas jurídicas para atacar a la Comunitat, por fin el tiempo va poniendo cada cosa en su sitio y la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea respalda la política urbanística del Consell", ha destacado la consellera.
"En estos momentos habría que hacer una valoración por parte de todos de lo que ha supuesto esta campaña a costa del urbanismo valenciano, contra la propia Comunitat, el perjuicio que le ha causado, no solo a su imagen y credibilidad, sino al perjuicio económico que ha supuesto", añadía la portavoz.
Valencia Plaza 30 5 2011: Los promotores valencianos reclaman....
Los promotores valencianos reclaman la refundición de las leyes urbanísticas valencianas
EVA PALOMARES. Ayer
Francisco Murcia Puchades, José Luis Miguel, José Manuel Palau y Gerardo Roger dialogan con este diario sobre el futuro de la legislación urbanística valenciana tras el aval del Tribunal de Justicia europeo y proponen una simplificación en la que se garantice la libre comptencia
VALENCIA. Despues de siete años de litigios, finalmente el Tribunal de Luxemburgo ha apartado la espada de Damocles que pendía sobre el urbanismo valenciano. El máximo órgano de la Justicia de la Unión Europea (TUE) ha desestimado el recurso de la Comisión y la condena a pagar las costas. El dictamen concluye que las directivas comunitarias sobre contratación pública no son aplicables a la legislación autonómica valenciana porque los planes de actuación integrada "no son contratos públicos".
Promotores y urbanistas valencianos se felicitan por la victoria, aunque se lamentan que llegue con tanto retraso. Y entienden que es momento para reformar a fondo la legislación urbanística vigente. Consultados por ValenciaPlaz.com, José Luis Miguel y Francisco Murcia Puchades, presidentes de las asociaciones de promotores de Valencia y de la Comunitat Valenciana respectivamente, consideran que la resolución "llega tarde", pero confían en que permita que los proyectos viables y con financiación sigan adelante. Sin embargo, entienden que antes es necesario que la Administración autonómica ajuste y unifique el extenso articulado legislativo que regula el urbanismo valenciano. En esta línea, expertos y empresarios abogan, ahora más que nunca, por una refundición de los reglamentos de la LUV (Ley Urbanística Valenciana). Y opinan que la decisión de Luxemburgo dará pie a reflexiones que incidan en este ámbito.
Estrategia para remontar posiciones en el urbanismo
"Las acusaciones de Bruselas sobre la LRAU (Ley Reguladora de la Actuación Urbanística) llevaron a la entrada en vigor de la LUV con una complicada estructura de artículos que ha perjudicado mucho al urbanismo. Y ahora, con el dictamen favorable de la UE en la mano, es momento de reflexionar sobre su cuerpo legislativo", valora el promotor José Luis Miguel. Él y los demás consultados lamentan que se haya cambiado la legislación por las presiones de Bruselas. "Fuimos un ejemplo a seguir con la LRAU por todas las autonomías de España y, desde que entró en vigor la LUV estamos en el furgón de cola", se queja Murcia Puchades.
Aunque se condena a la Comisión Europea a pagar las costas del recurso, "se ha perdido totalmente las ventas al mercado británico, entre otros", según entiende Francisco Murcia Puchades, quien aboga por emprender una campaña informativa por estos países por parte de los promotores y de las administraciones nacional y autonómica para reparar el entuerto. Desde la asociación provincial que preside José Luis Miguel también se estudiará exigir responsabilidades.
"Se ha desmostrado que la LUV y la LRAU se adecuan a la legislación europea y no incumplen la legislación de contratos, pero la Administración tiene que implicarse para que los proyectos puedan seguir sus trámites de manera efectiva", afirma José Manuel Palau, abogado socio del despacho Gómez Acebo&Pombo especializado en Derecho Administrativo y Urbanismo.
Elección del agente urbanizador
El nuevo cambio en la legislación debería llevarse a cabo desde la asunción de premisas nuevas, más claras y útiles, con las nuevas leyes estatales y con la lección del pasado muy bien aprendida. Así opina el arquitecto urbanista Gerardo Roger. "Sería favorable que la LUV se reformulase en un sólo texto refundido y se adaptarla a la legislación estatal de la Ley de Suelo y a la Ley de Economía Sostenible, y que se siguiesen procedimientos más claros y transparentes para elegir la figura del agente urbanizador", propone.
Para Roger es aconsejable que se instaure, en la nueva ley, un procedimiento que arbitre y elija al agente urbanizador de manera que garantice la libre competencia. "Las bases de la legislación resultante, mucho más sencillas que las actuales, deberían perdurar en el tiempo, por lo que deberían ser asumidas por todos los grupos políticos y profesionales", añade.
27.5.11
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Margrete Auken's Statement in response to ECJ's judgment 26 5 2011
Statement by Margrete Auken, Danish Member of the European Parliament and author of the ‘Auken Report’, the report on the urbanistic abuses in the Valencian Region of Spain. Her statement is in response to the Judgment issued by the European Court of Justice on May 26, 2011.
"Margrete Auken respects the decision of the ECJ with regard to the case brought by the European Commission and which was mentioned in recital AA of the her Report (see AUN's home page, March 2009);
Emphasises that this case was brought by the Commission under the power conferred upon it under the Treaty, which is a discretionary power with which the Parliament is not associated; notes that the Court rejected the Commission's request to reopen the oral procedure which it had sought in order to obtain clarification regarding several perceived errors and omissions contained in the Advocate General's Opinion;
Considers that although this decision represents a setback for many persons living in the Valencian Autonomous Region who had set their hopes on a successful legal case brought by the Commission, it does not impact on the rights of European citizens to their legitimately acquired property as stated by the European Parliament in Recital N of the same resolution, nor does it undermine in any way the many other principles, recommendations and proposals contained in the Auken Report, notably paragraphs 3, 4, 18."
"Margrete Auken respects the decision of the ECJ with regard to the case brought by the European Commission and which was mentioned in recital AA of the her Report (see AUN's home page, March 2009);
Emphasises that this case was brought by the Commission under the power conferred upon it under the Treaty, which is a discretionary power with which the Parliament is not associated; notes that the Court rejected the Commission's request to reopen the oral procedure which it had sought in order to obtain clarification regarding several perceived errors and omissions contained in the Advocate General's Opinion;
Considers that although this decision represents a setback for many persons living in the Valencian Autonomous Region who had set their hopes on a successful legal case brought by the Commission, it does not impact on the rights of European citizens to their legitimately acquired property as stated by the European Parliament in Recital N of the same resolution, nor does it undermine in any way the many other principles, recommendations and proposals contained in the Auken Report, notably paragraphs 3, 4, 18."
23.5.11
Linda Palfreeman: "La ultima tragedia inmobiliaria"
“La última tragedia inmobiliaria”
Linda Palfreeman
A pesar de la indignación internacional actual, parece ser que el gobierno español aún no reconoce la magnitud del daño que los escándalos de la construcción ilegal de viviendas siguen causando, no sólo a la economía española sino también a su reputación, tanto dentro como fuera del país. La cobertura mediática del problema significa que ahora existe una desconfianza generalizada entre los inversores potenciales desde el exterior, mientras que los que están en el interior viven con demasiado temor y angustia sobre su futuro, y la de su casa, para gastar su dinero tan libremente como lo hacían antes.
El gobierno sigue cediendo subvenciones a las Autoridades Locales a fin de ‘estimular la economía’, e implementan programas como el reciente ‘roadshow’- gira europea diseñada para atraer a los compradores extranjeros de nuevo a las zonas afectadas. Como muchos otros, me gustaría saber ¿en qué está pensando el gobierno español al confeccionar semejante fiasco? ¿Y por qué se permite?
Tal vez fue la afirmación de la Ministra de Vivienda española de que sólo alrededor de 8.500 de los británicos residentes han caído en desgracia como resultado del fraude inmobiliario y de las injustas leyes de urbanismo. Por supuesto, tiene razón: los británicos (junto con los alemanes, los franceses, los belgas, los suecos...) representan una minoría entre los muchos miles de propietarios afectados – el número de ciudadanos españoles formando un porcentaje mucho mayor. Entonces ¿eso está bien? Sin duda, debemos alentar a los otros gobiernos europeos a seguir el mismo pensamiento. Mientras que sus propios ciudadanos constituyen la mayoría de los afectados por las leyes injustas, el mal funcionamiento de las administraciones locales, promotores sin escrúpulos y demás, al gobierno español se le debe dar una cálida bienvenida en cualquier país de la gira. Me temo que no estoy de acuerdo - y sé que no soy la única.
Hay muchos miles de personas, de todas las nacionalidades, que actualmente sufren las consecuencias de la corrupción urbanística en España. Cada uno de nosotros, en nuestras localidades diferentes, tiene nuestra propia situación particular con qué luchar - desde viviendas construidas ilegalmente a la expropiación injusta, y con frecuencia abarcando una mezcla desagradable de ambas. Afortunadamente, podemos contar con aquellos que, tanto individual como colectivamente, están preparados para ayudar a luchar contra nuestra causa. La proliferación de las asociaciones de apoyo que ahora surgen a la vida por todo el país es indicativa de la magnitud del problema: Abusos Urbanísticos No (AUN), Abusos Urbanísticos Lliber, ¡No! (AULN); Abusos Urbanísticos del Levante Almeriense, No (AULAN)... y la lista sigue. Mientras que representan ejemplos conmovedores de inspiración y de solidaridad, por desgracia, estas plataformas también son indicativas de la negativa de las autoridades españolas a mostrar su voluntad de ofrecer soluciones a los problemas de abusos urbanísticos, y mucho menos aceptar cualquier parte en su creación.
Tal vez alguien debería decirle a gobierno español que la única forma de inyectar nueva vida en la economía del país es por ordenar sus propias casas primero y gastar su dinero y esfuerzo en la aplicación de soluciones satisfactorias a los dilemas de las viviendas ilegales que amenazan con destruir comunidades locales y desgraciar a la nación. Y deben tratar de implementar uno de los fundamentos del marketing inteligente, cuando no de la decencia moral: dejar de tratar a las personas en términos de números y de mercados y comenzar a tratarlos como personas.
Tomemos a los Skipper, por ejemplo, una pareja de jubilados británicos que vive en Dolores. Los Skipper lamentan el día en que compraron una casa de una empresa inmobiliaria local. Entregaron sus ahorros y se establecieron en su pequeño pedazo de paraíso en medio de la Vega Baja. Bienvenido, Sres. Skipper, al fango.
Permítanme esbozar brevemente los detalles. Al igual que muchos miles de otros, los Skipper compraron su casa de buena fe, ignorando por completo que había sido construida ilegalmente. (Ni el promotor, ni el constructor, ni los varios ‘expertos’ legales involucrados en la compra-venta les informaron). Eso fue en 2003. De repente, cinco años más tarde, se encuentran con una enorme multa y la amenaza de demolición. Ahora se dan cuenta que fueron engañados, a lo grande, por su agente inmobiliario no-tan-agradable. Aunque tienen el respaldo de la Defensoría del Pueblo Regional, José Cholbi, la Administración local del Ayuntamiento se niega a aceptar las recomendaciones del Defensor del Pueblo y desafía a los Skipper a llevar el caso a los tribunales, sabiendo muy bien, por supuesto, que la posibilidad de esto es mínimo con los recursos disponibles a la pareja.
Es comprensible que los Sres. Skipper han sido física y emocionalmente afectados por la situación muy estresante en el que se encuentran. Después de haber sufrido un ataque al corazón, el Sr. Skipper ha sido hospitalizado tres veces en los últimos cinco meses. Lamentablemente, como sabemos, su historia no es única.
A pesar de todo, al igual que muchos ciudadanos europeos, a los Skipper les encanta vivir en España. Ellos sólo desean poder vivir en paz sin el temor constante de perder su casa. Hasta que eso sea posible, sin embargo, quieren advertir a otros de los peligros de la compra de inmobiliaria en España, como todos nos sentimos obligados a hacer.
Mientras tanto, me gustaría decirle a Ray y Veda Skipper que su lucha es nuestra lucha y que nosotros, también, haremos todo lo posible para mantener su caso en el ‘ojo público’ y llamar la atención sobre su difícil situación a nivel nacional y europeo, dando voz a la injusticia dondequiera que se presenta la oportunidad. Esta es la única esperanza de que aquellos como los Lluch, los Olsen, los Prior y los Skipper tienen de obtener algún tipo de compensación por la injusticia y la inhumanidad que han tenido (y siguen teniendo) que soportar.
Lo anterior es lo que me hubiera gustado decir a todos ellos pero, lamentablemente para algunos, ya es demasiado tarde. A medida que avanzamos a la prensa, hemos aprendido de la trágica noticia de la muerte de Ray Skipper. Ray nunca oirá estas palabras y Vera está demasiado afectada para poder escuchar, y, por supuesto, hay quienes simplemente harán oídos sordos.
22.5.11
Illegal Homes Tragedy
By Linda Palfreeman, Abusos Urbanisticos NO
Despite the current international outrage, the Spanish government,
construction companies, promoters and the rest still fail to acknowledge the
extent of the damage that the illegal housing scandals are continuing to
cause, not only to the country's economy but also to its reputation, both at
home and abroad. Media coverage of construction illegalities and demolition
tragedies means that there is now widespread mistrust among potential
investors from outside, whilst those trapped on the inside live in too much
fear and angst over their future, and that of their home, to spend money as
freely as they once did.
Central and regional governments issue grants in order to 'kickstart the
economy' and desperately seek to implement schemes like the latest roadshow fiasco designed to attract foreign buyers back into the affected areas. Like many others, I would like to know why they are allowed to do it.
Perhaps it was the Spanish housing minister's assurance that only
8,500-or-so British citizens have fallen foul of devious property dealers
backed by legal and local Authorities. The British (along with Germans,
French, Belgians, Swedish…) do indeed represent a minority among the many,
many thousands of affected homeowners – Spanish citizens forming by far the
greater percentage. So, that's alright then? No doubt other European
governments should be encouraged to follow the same thinking. As long as its
own citizens constitute the majority of those affected by unjust and
retroactively-applied housing laws, poorly-functioning local Authorities and
unscrupulous promoters, builders, lawyers and the rest, the Spanish
Government should be given a warm welcome on any European shore. I am afraid I disagree – and I know I am not alone.
There are many thousands of expatriates of all nationalities, currently
suffering the consequences of urban corruption in Spain. Each of us, in our
different localities, has our own particular predicament to contend with –
ranging from illegally built housing to unjust expropriation, and often
encompassing an unpalatable mixture of both. Thankfully, we can count on
those who, both individually and collectively, are prepared to help us fight
our cause, but they need our support. The proliferation of associations now
springing into life throughout the country is indicative of the extent of
the problem of urban abuse: Abusos Urbanísticos, No (AUN); Abusos
Urbanísticos Lliber, No! (AULN); Abusos Urbanísticos del Levante Almeriense,
No! (AULAN) …and the list goes on. Whilst representing moving and inspiring
examples of solidarity, sadly, these platforms are also indicative of the
refusal of the Spanish Authorities to show any willingness to provide very
necessary solutions to the problems of urban abuse, let alone accept any
part in their creation.
When asked, recently, if compensation would only be paid to affected
Britons, Housing Minister, Beatríz Corredor, replied: 'if the courts order
it'. So, we'll take that as a 'no' then, Beatríz?
This attitude ensures that only those buyers (of whatever nationality) who
are young enough and affluent enough to afford lengthy legal action stand a
chance of recouping their money. It will probably prove much more difficult
to recover their physical and psychological well-being.
Maybe someone should tell Spanish government that the only way to inject
life back into the country's economy is by getting their own houses in order
first. Instead of wringing the life out of what is left, they should spend
their money and effort in implementing satisfactory solutions to the illegal
housing dilemmas that threaten to destroy local communities and to disgrace
the nation. And they should try to implement one of the fundamentals of
clever marketing, if not of moral decency: stop treating people in terms of
numbers and markets and start treating them as people. Take the Skippers,
for example, an elderly couple who live in Dolores. They rue the day they
trusted a local company enough to buy a house from them. No doubt convinced by the chatty, reassuring words of the British 'estate agent' fronting the outfit, they handed over their life-savings and settled into their little
patch of paradise in the rural Vega Baja. Welcome, Mr and Mrs Skipper, to
the mire.
For those who are unfamiliar with the Skippers' case (as detailed in the
Costa Blanca News, May 13 2011), please allow me to briefly outline the
details. Like many thousands of others, Mr and Mrs Skipper bought their
house in good faith, completely unaware that it had been illegally built.
That was in 2003. Over five years later, suddenly faced with a huge fine and
the threat of demolition, they realize they were deceived, big time, by
their now not-so-friendly local estate agent. Though backed by the Regional
Ombudsman, José Cholbi, the Skippers find themselves up against the local
Town Hall Administration that refuses to accept the Ombudsman's
recommendations and challenges the Skippers to take the Town Hall to court,
knowing full-well, of course, that the likelihood of this is minimal with
the resources available to them.
Understandably, both Mr and Mrs Skipper have been emotionally and physically
affected by the extremely stressful predicament in which they find
themselves. Having suffered a heart attack, Mr Skipper has been hospitalized
three times since Christmas. Sadly, as most of us know, their story is not
unique.
Despite everything, like many other European citizens, the Skippers love
living in Spain. They only wish they could live in peace without the
constant fear of losing their home. Until that is possible, however, they
want to warn others of the dangers of buying Spanish property. As do we all.
Meanwhile, I would like to tell Ray and Veda Skipper that their fight is our
fight and that we, too, will do all we can, at least to keep their case in
the 'public eye' and to draw attention to their plight at national and
European level. We can start by writing to our MEPs and by giving voice to
this injustice wherever the opportunity presents itself. We can pledge our
support to those who campaign for the application of economic sanctions
should Spain continue to refuse to comply with European law. This is the
only hope that those like the Lluchs, the Olsens, the Priors and the
Skippers have of obtaining some kind of compensation for the injustice and
inhumanity they continue to endure.
That is what I would have liked to have said to them, but sadly it is
already too late. As we go to press, we have learned of the tragic news of
Ray Skipper's death. Ray will never hear these words and Vera is too
distraught to listen – and then, of course, there are those who will simply
turn a 'deaf ear.'
Despite the current international outrage, the Spanish government,
construction companies, promoters and the rest still fail to acknowledge the
extent of the damage that the illegal housing scandals are continuing to
cause, not only to the country's economy but also to its reputation, both at
home and abroad. Media coverage of construction illegalities and demolition
tragedies means that there is now widespread mistrust among potential
investors from outside, whilst those trapped on the inside live in too much
fear and angst over their future, and that of their home, to spend money as
freely as they once did.
Central and regional governments issue grants in order to 'kickstart the
economy' and desperately seek to implement schemes like the latest roadshow fiasco designed to attract foreign buyers back into the affected areas. Like many others, I would like to know why they are allowed to do it.
Perhaps it was the Spanish housing minister's assurance that only
8,500-or-so British citizens have fallen foul of devious property dealers
backed by legal and local Authorities. The British (along with Germans,
French, Belgians, Swedish…) do indeed represent a minority among the many,
many thousands of affected homeowners – Spanish citizens forming by far the
greater percentage. So, that's alright then? No doubt other European
governments should be encouraged to follow the same thinking. As long as its
own citizens constitute the majority of those affected by unjust and
retroactively-applied housing laws, poorly-functioning local Authorities and
unscrupulous promoters, builders, lawyers and the rest, the Spanish
Government should be given a warm welcome on any European shore. I am afraid I disagree – and I know I am not alone.
There are many thousands of expatriates of all nationalities, currently
suffering the consequences of urban corruption in Spain. Each of us, in our
different localities, has our own particular predicament to contend with –
ranging from illegally built housing to unjust expropriation, and often
encompassing an unpalatable mixture of both. Thankfully, we can count on
those who, both individually and collectively, are prepared to help us fight
our cause, but they need our support. The proliferation of associations now
springing into life throughout the country is indicative of the extent of
the problem of urban abuse: Abusos Urbanísticos, No (AUN); Abusos
Urbanísticos Lliber, No! (AULN); Abusos Urbanísticos del Levante Almeriense,
No! (AULAN) …and the list goes on. Whilst representing moving and inspiring
examples of solidarity, sadly, these platforms are also indicative of the
refusal of the Spanish Authorities to show any willingness to provide very
necessary solutions to the problems of urban abuse, let alone accept any
part in their creation.
When asked, recently, if compensation would only be paid to affected
Britons, Housing Minister, Beatríz Corredor, replied: 'if the courts order
it'. So, we'll take that as a 'no' then, Beatríz?
This attitude ensures that only those buyers (of whatever nationality) who
are young enough and affluent enough to afford lengthy legal action stand a
chance of recouping their money. It will probably prove much more difficult
to recover their physical and psychological well-being.
Maybe someone should tell Spanish government that the only way to inject
life back into the country's economy is by getting their own houses in order
first. Instead of wringing the life out of what is left, they should spend
their money and effort in implementing satisfactory solutions to the illegal
housing dilemmas that threaten to destroy local communities and to disgrace
the nation. And they should try to implement one of the fundamentals of
clever marketing, if not of moral decency: stop treating people in terms of
numbers and markets and start treating them as people. Take the Skippers,
for example, an elderly couple who live in Dolores. They rue the day they
trusted a local company enough to buy a house from them. No doubt convinced by the chatty, reassuring words of the British 'estate agent' fronting the outfit, they handed over their life-savings and settled into their little
patch of paradise in the rural Vega Baja. Welcome, Mr and Mrs Skipper, to
the mire.
For those who are unfamiliar with the Skippers' case (as detailed in the
Costa Blanca News, May 13 2011), please allow me to briefly outline the
details. Like many thousands of others, Mr and Mrs Skipper bought their
house in good faith, completely unaware that it had been illegally built.
That was in 2003. Over five years later, suddenly faced with a huge fine and
the threat of demolition, they realize they were deceived, big time, by
their now not-so-friendly local estate agent. Though backed by the Regional
Ombudsman, José Cholbi, the Skippers find themselves up against the local
Town Hall Administration that refuses to accept the Ombudsman's
recommendations and challenges the Skippers to take the Town Hall to court,
knowing full-well, of course, that the likelihood of this is minimal with
the resources available to them.
Understandably, both Mr and Mrs Skipper have been emotionally and physically
affected by the extremely stressful predicament in which they find
themselves. Having suffered a heart attack, Mr Skipper has been hospitalized
three times since Christmas. Sadly, as most of us know, their story is not
unique.
Despite everything, like many other European citizens, the Skippers love
living in Spain. They only wish they could live in peace without the
constant fear of losing their home. Until that is possible, however, they
want to warn others of the dangers of buying Spanish property. As do we all.
Meanwhile, I would like to tell Ray and Veda Skipper that their fight is our
fight and that we, too, will do all we can, at least to keep their case in
the 'public eye' and to draw attention to their plight at national and
European level. We can start by writing to our MEPs and by giving voice to
this injustice wherever the opportunity presents itself. We can pledge our
support to those who campaign for the application of economic sanctions
should Spain continue to refuse to comply with European law. This is the
only hope that those like the Lluchs, the Olsens, the Priors and the
Skippers have of obtaining some kind of compensation for the injustice and
inhumanity they continue to endure.
That is what I would have liked to have said to them, but sadly it is
already too late. As we go to press, we have learned of the tragic news of
Ray Skipper's death. Ray will never hear these words and Vera is too
distraught to listen – and then, of course, there are those who will simply
turn a 'deaf ear.'
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