30.5.11

Valencia Plaza 30 5 2011: Los promotores valencianos reclaman....

Los promotores valencianos reclaman la refundición de las leyes urbanísticas valencianas

 
EVA PALOMARES. Ayer
 
Francisco Murcia Puchades, José Luis Miguel, José Manuel Palau y Gerardo Roger dialogan con este diario sobre el futuro de la legislación urbanística valenciana tras el aval del Tribunal de Justicia europeo y proponen una simplificación en la que se garantice la libre comptencia
 
VALENCIA. Despues de siete años de litigios, finalmente el Tribunal de Luxemburgo ha apartado la espada de Damocles que pendía sobre el urbanismo valenciano. El máximo órgano de la Justicia de la Unión Europea (TUE) ha desestimado el recurso de la Comisión y la condena a pagar las costas. El dictamen concluye que las directivas comunitarias sobre contratación pública no son aplicables a la legislación autonómica valenciana porque los planes de actuación integrada "no son contratos públicos".

Promotores y urbanistas valencianos se felicitan por la victoria, aunque se lamentan que llegue con tanto retraso. Y entienden que es momento para reformar a fondo la legislación urbanística vigente. Consultados por ValenciaPlaz.com, José Luis Miguel y Francisco Murcia Puchades, presidentes de las asociaciones de promotores de Valencia y de la Comunitat Valenciana respectivamente,  consideran que la resolución "llega tarde", pero confían en que permita que los proyectos viables y con financiación sigan adelante. Sin embargo, entienden que antes es necesario que la Administración autonómica ajuste y unifique el extenso articulado legislativo que regula el urbanismo valenciano. En esta línea, expertos y empresarios abogan, ahora más que nunca, por una refundición de los reglamentos de la LUV (Ley Urbanística Valenciana). Y opinan que la decisión de Luxemburgo dará pie a reflexiones que incidan en este ámbito.

Estrategia para remontar posiciones en el urbanismo

"Las acusaciones de Bruselas sobre la LRAU (Ley Reguladora de la Actuación Urbanística) llevaron a la entrada en vigor de la LUV con una complicada estructura de artículos que ha perjudicado mucho al urbanismo. Y ahora, con el dictamen favorable de la UE en la mano, es momento de reflexionar sobre su cuerpo legislativo", valora el promotor José Luis Miguel. Él y los demás consultados lamentan que se haya cambiado la legislación por las presiones de Bruselas. "Fuimos un ejemplo a seguir con la LRAU por todas las autonomías de España y, desde que entró en vigor la LUV estamos en el furgón de cola", se queja Murcia Puchades.

Aunque se condena a la Comisión Europea a pagar las costas del recurso, "se ha perdido totalmente las ventas al mercado británico, entre otros", según entiende Francisco Murcia Puchades, quien aboga por emprender una campaña informativa por estos países por parte de los promotores y de las administraciones nacional y autonómica para reparar el entuerto. Desde la asociación provincial que preside José Luis Miguel también se estudiará exigir responsabilidades.

"Se ha desmostrado que la LUV y la LRAU se adecuan a la legislación europea y no incumplen la legislación de contratos, pero la Administración tiene que implicarse para que los proyectos puedan seguir sus trámites de manera efectiva", afirma José Manuel Palau, abogado socio del despacho Gómez Acebo&Pombo especializado en Derecho Administrativo y Urbanismo.

Elección del agente urbanizador

El nuevo cambio en la legislación debería llevarse a cabo desde la asunción de premisas nuevas, más claras y útiles, con las nuevas leyes estatales y con la lección del pasado muy bien aprendida. Así opina el arquitecto urbanista Gerardo Roger. "Sería favorable que la LUV se reformulase en un sólo texto refundido y se adaptarla a la legislación estatal de la Ley de Suelo y a la Ley de Economía Sostenible, y que se siguiesen procedimientos más claros y transparentes para elegir la figura del agente urbanizador", propone.

Para Roger es aconsejable que se instaure, en la nueva ley, un procedimiento que arbitre y elija al agente urbanizador de manera que garantice la libre competencia. "Las bases de la legislación resultante, mucho más sencillas que las actuales, deberían perdurar en el tiempo, por lo que deberían ser asumidas por todos los grupos políticos y profesionales", añade.