31.5.11

El Pais 31 5 2011: Mas ladrillo contra la crisis del ladrillo


Más ladrillo contra la crisis del ladrillo

La Generalitat utilizará el fallo del tribunal europeo para buscar inversores

CRISTINA VÁZQUEZ  -  Valencia
EL PAÍS - 31-05-2011

El Consell, apoyado por todo el sector de la construcción, anunció ayer una ofensiva en el exterior para atraer nuevos inversores inmobiliarios al calor de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. "El tribunal ha dejado muy claro que la legislación valenciana es ajustada a derecho en todo lo referente al urbanismo", reiteró el vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla. A su lado, el consejero del ramo, Juan Cotino, asentía.
El Gobierno valenciano aprovechará el foro creado en torno a la Estrategia Territorial para crear comisiones con empresarios y colegios de arquitectos y de ingenieros para explicar al mundo que invertir en esta autonomía es seguro desde el punto de vista jurídico.

El Consell está decidido a encarar la crisis, pasados apenas tres años del estallido de la burbuja, con su apoyo al negocio de la promoción inmobiliaria. O, lo que es lo mismo: Más ladrillo para copmbatir la crisis del ladrillo. Solo así se entiende la prórroga ordenada por el Consell de más de 150 Programas de Actuación Integrada (PAI) -según cálculo del colectivo Abusos Urbanísticos No (AUN)- que la crisis económica frenó en seco y que podrán retomarse en cuanto el sector financiero se reponga.

Junto al vicepresidente Rambla y el consejero Cotino se alinearon el presidente de Cierval, Rafael Ferrando, la presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Elena Bastidas, el presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, José Vicente Morata, representantes de las cámaras de Alicante, Alcoi y Orihuela, los presidentes de las asociaciones de promotores de las tres provincias y la cabeza visible de las cooperativas de vivienda, Vicente Diego.

El dirigente cameral José Vicente Morata explicó que contactarán con todas las Cámaras del norte de Europa y de los países anglosajones para exponer el resultado de la sentencia y dejar claro que este es un territorio "interesante" para el turismo, para residir y para las empresas.

Los excesos de la última década del sector inmobiliario, pese a que ahora el Consell saque pecho y repita que el tribunal ha avalado su política urbanística con la sentencia, han dejado una estela de problemas. El más grueso son las 110.000 viviendas de nueva construcción -según datos del Ministerio de Fomento y que otras entidades elevan a casi 200.000- que siguen sin venderse en la Comunidad Valenciana tres años después de que estallara la crisis. A este mar de pisos sin comprador se dirigirán los esfuerzos anunciados ayer por el Consell. "Queremos garantizar a los inversores que aquí hay seguridad jurídica para comprar estos bienes", subrayó Cotino, que, al igual que Rambla, culpó a los socialistas y "sus adláteres" de orquestar una campaña que ha perjudicado a los intereses valencianos. A beneficio de inventario quedaron los informes -en especial, el Informe Auken, que toma su nombre de la eurodiputada liberal que coordinó su redacción- donde se describen prácticas urbanísticas abusivas para miles de pequeños propietarios de suelo.

Esta sentencia no evitará al Consell la necesidad de simplificar y aclarar la mucha legislación urbanística valenciana que ha generado en estas dos últimas legislaturas y contra la que han protestado profesionales del sector por farragosa. Ayer, el consejero Juan Cotino lo aclaró: "La tocaremos para reducir la tramitación", dijo. La Generalitat deberá refundir los textos para suprimir incongruencias.

De los 150 PAI que AUN ha estimado que pueden ser prorrogados gracias a la acción del Consell, Cotino ni confirmó ni desmintió la cifra: "No sé de cantidades", dijo. "Yo le digo lo que hemos hecho y es que los Ayuntamientos pueden pedir la prórroga de los PAI que podían caducar. Lo hacemos para que la crisis no perjudique a nadie", añadió.

Y para que no haya dudas de la ofensiva, la Generalitat difundió un comunicado en el que una revista china -Landscape Architecture China- ha colocado a la Comunidad Valenciana como "referente internacional" en políticas territoriales y paisajísticas, incluso menciona la Estrategia Territorial, aprobada hace escasamente cinco meses y cuya aplicación ni valoró el Consell en la campaña electoral por el poco tiempo que llevaba en marcha. A lo que sí que contestó la Coalició Compromís es a otro anuncio de Cotino, en el que comenta el interés de inversores del Golfo Pérsico en venir a esta autonomía. "No sirve para nada más que para engañar a la gente", comentó la diputada electa Mònica Oltra.



A grandes rasgos
 

- PIB. La construcción pasó entre 2000 y 2005 del 9% al 12% del PIB, según la Universitat de València.

- Empleo. El número de trabajadores de la construcción en 2006 era de 271.000, el doble que una década atrás.

- Vivienda protegida. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha detenido la construcción de 22.000 viviendas protegidas que estaban ligadas al desarrollo de los PAI.

- Paro. El desempleo afectaba en 2010 a algo más de 100.000 personas en el sector de la construcción.

- Crisis y 'stock'. La acumulación de viviendas sin vender asciende, según los últimos datos disponibles en el Ministerio de Fomento, a unas 110.000.

30.5.11

Inmodiario 30 5 2011: Entidades de Arabia Saudí interesadas en impulsar proyectos en la Comunidad Valenciana

Sobre todo en el terreno hotelero, de ocio y residencial

Entidades de Arabia Saudí interesadas en impulsar proyectos en la Comunidad Valenciana

30-05-2011 (10:03:27) por Redacción

Valencia. El vicepresidente tercero del Consell de la Comunidad Valenciana y conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, ha manifestado que "después de que el Tribunal Europeo haya avalado la normativa urbanística valenciana, ahora es el momento de trabajar con firmeza para recuperar la imagen de nuestra Comunitat en el exterior y atraer inversiones que generen actividad económica y empleo".


Cotino ha realizado estas declaraciones tras la reunión mantenida con una comisión presidida por Osama Amin, consejero delegado de Prince Turki Bin Sa'ad al Saud Trade Co., para tratar futuras inversiones en proyectos impulsados por entidades de Arabia Saudí en la Comunitat Valenciana, sobre todo en el terreno hotelero, de ocio y residencial.


El vicepresidente ha señalado que "la Generalitat está decidida a hacer llegar a todos que nuestro territorio es lo que siempre hemos defendido, una comunidad dinámica, donde las cosas se han hecho bien, una comunidad abierta al mundo entero, una comunidad donde se invierte y en la que existe seguridad jurídica, lo que crea confianza para recibir inversiones y aportar beneficios para el conjunto de la sociedad valenciana".


"En este sentido, el encuentro de hoy con representantes de Arabia Saudí es un primer paso para hacer llegar a Europa y al resto del mundo la realidad de la Comunitat Valenciana y en buen hacer de nuestra gestión en materia de urbanismo. Iniciamos una nueva etapa en la que vamos a recuperar la imagen de nuestro territorio y la confianza en nuestros proyectos", ha continuado Cotino.


Según ha anunciado el vicepresidente, "nos hemos puesto a trabajar inmediatamente y mañana mismo tendremos una reunión con representantes de los sectores empresariales y colegios profesionales vinculados a la vivienda y el urbanismo para analizar la sentencia y las medidas que vamos adoptar a partir de ahora".


"La Generalitat y todo el sector económico queremos dar la vuelta a una campaña de ataques malintencionados e injustificados que se han estado realizando contra nuestras leyes urbanísticas y con los que se ha llegado a poner en peligro el acceso a los fondos europeos para la Comunitat Valenciana y para España", ha asegurado Cotino.


Además, el Vicepresidente tercero ha recordado que "se llegó al punto de asociar a nuestro país con una imagen que mostraba la silueta de España cubierta de cemento y con una hormigonera, cuando lo cierto es que el 95% de nuestro territorio es verde y está libre de edificaciones o infraestructuras. Ahora debemos romper con esta imagen equivocada y trabajar para reparar el daño injusto que ha sufrido la Comunitat Valenciana durante estos siete años".


Afectados denuncia contra ley urbanística


Por otra parte, el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, Juan Cotino, mantendrá hoy lunes una reunión con los sectores afectados por la denuncia a la Ley Urbanística Valenciana (promotores, constructores, arquitectos, registradores o notarios) "para valorar las medidas que se puedan adoptar para reparar el perjuicio y el daño causado".


La portavoz del Consell realizó estas declaraciones durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Pleno del Consell, tras ser preguntada por la valoración del Consell tras conocerse que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha desestimado el recurso contra la legislación urbanística valenciana.


"El Consell valora este hecho con absoluta satisfacción porque después de siete años en los que se empezó a confundir las instancias jurídicas con los fines políticos, donde hubo manipulación y utilización de las normas jurídicas para atacar a la Comunitat, por fin el tiempo va poniendo cada cosa en su sitio y la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea respalda la política urbanística del Consell", ha destacado la consellera.


"En estos momentos habría que hacer una valoración por parte de todos de lo que ha supuesto esta campaña a costa del urbanismo valenciano, contra la propia Comunitat, el perjuicio que le ha causado, no solo a su imagen y credibilidad, sino al perjuicio económico que ha supuesto", añadía la portavoz.

Valencia Plaza 30 5 2011: Los promotores valencianos reclaman....

Los promotores valencianos reclaman la refundición de las leyes urbanísticas valencianas

 
EVA PALOMARES. Ayer
 
Francisco Murcia Puchades, José Luis Miguel, José Manuel Palau y Gerardo Roger dialogan con este diario sobre el futuro de la legislación urbanística valenciana tras el aval del Tribunal de Justicia europeo y proponen una simplificación en la que se garantice la libre comptencia
 
VALENCIA. Despues de siete años de litigios, finalmente el Tribunal de Luxemburgo ha apartado la espada de Damocles que pendía sobre el urbanismo valenciano. El máximo órgano de la Justicia de la Unión Europea (TUE) ha desestimado el recurso de la Comisión y la condena a pagar las costas. El dictamen concluye que las directivas comunitarias sobre contratación pública no son aplicables a la legislación autonómica valenciana porque los planes de actuación integrada "no son contratos públicos".

Promotores y urbanistas valencianos se felicitan por la victoria, aunque se lamentan que llegue con tanto retraso. Y entienden que es momento para reformar a fondo la legislación urbanística vigente. Consultados por ValenciaPlaz.com, José Luis Miguel y Francisco Murcia Puchades, presidentes de las asociaciones de promotores de Valencia y de la Comunitat Valenciana respectivamente,  consideran que la resolución "llega tarde", pero confían en que permita que los proyectos viables y con financiación sigan adelante. Sin embargo, entienden que antes es necesario que la Administración autonómica ajuste y unifique el extenso articulado legislativo que regula el urbanismo valenciano. En esta línea, expertos y empresarios abogan, ahora más que nunca, por una refundición de los reglamentos de la LUV (Ley Urbanística Valenciana). Y opinan que la decisión de Luxemburgo dará pie a reflexiones que incidan en este ámbito.

Estrategia para remontar posiciones en el urbanismo

"Las acusaciones de Bruselas sobre la LRAU (Ley Reguladora de la Actuación Urbanística) llevaron a la entrada en vigor de la LUV con una complicada estructura de artículos que ha perjudicado mucho al urbanismo. Y ahora, con el dictamen favorable de la UE en la mano, es momento de reflexionar sobre su cuerpo legislativo", valora el promotor José Luis Miguel. Él y los demás consultados lamentan que se haya cambiado la legislación por las presiones de Bruselas. "Fuimos un ejemplo a seguir con la LRAU por todas las autonomías de España y, desde que entró en vigor la LUV estamos en el furgón de cola", se queja Murcia Puchades.

Aunque se condena a la Comisión Europea a pagar las costas del recurso, "se ha perdido totalmente las ventas al mercado británico, entre otros", según entiende Francisco Murcia Puchades, quien aboga por emprender una campaña informativa por estos países por parte de los promotores y de las administraciones nacional y autonómica para reparar el entuerto. Desde la asociación provincial que preside José Luis Miguel también se estudiará exigir responsabilidades.

"Se ha desmostrado que la LUV y la LRAU se adecuan a la legislación europea y no incumplen la legislación de contratos, pero la Administración tiene que implicarse para que los proyectos puedan seguir sus trámites de manera efectiva", afirma José Manuel Palau, abogado socio del despacho Gómez Acebo&Pombo especializado en Derecho Administrativo y Urbanismo.

Elección del agente urbanizador

El nuevo cambio en la legislación debería llevarse a cabo desde la asunción de premisas nuevas, más claras y útiles, con las nuevas leyes estatales y con la lección del pasado muy bien aprendida. Así opina el arquitecto urbanista Gerardo Roger. "Sería favorable que la LUV se reformulase en un sólo texto refundido y se adaptarla a la legislación estatal de la Ley de Suelo y a la Ley de Economía Sostenible, y que se siguiesen procedimientos más claros y transparentes para elegir la figura del agente urbanizador", propone.

Para Roger es aconsejable que se instaure, en la nueva ley, un procedimiento que arbitre y elija al agente urbanizador de manera que garantice la libre competencia. "Las bases de la legislación resultante, mucho más sencillas que las actuales, deberían perdurar en el tiempo, por lo que deberían ser asumidas por todos los grupos políticos y profesionales", añade.

27.5.11

Prensa 27 5 2011: Tribunal Europeo de Justicia

Norma polémica pero legal

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea puso ayer punto final a siete años de litigio al considerar plenamente legal la polémica Ley Urbanística Valenciana. La Comisión Europea la había denunciado al considerar que los planes de actuación integrada ...

El Tribunal Europeo rechaza la denuncia contra la Ley Urbanística

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LAURA BALLESTER VALENCIA El calvario legal de la Ley Urbanística Valenciana (LUV) llegó ayer a su fin. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea ha dado la razón al Reino de España y, por extensión, a la Generalitat en el litigio administrativo y ...

Europa y el urbanismo valenciano

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Cotino: ´Acaban 7 años de persecución contra la C. Valenciana y Camps´

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Bruselas rechaza el recurso contra España por la Ley Urbanística ...

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha rechazado el recurso interpuesto por la Comisión Europea (CE) contra España por la legislación urbanística de la Comunidad Valenciana. El Ejecutivo comunitario había denunciado ante la Justicia europea la ...

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El Ejecutivo comunitario había denunciado ante la Justicia europea la Ley Urbanística de la Comunidad Valenciana al considerar que incumplía la normativa comunitaria sobre contratación pública. Los jueces consideran que Bruselas no ha demostrado que el ...

 

 

Margrete Auken's Statement in response to ECJ's judgment 26 5 2011

Statement by Margrete Auken, Danish Member of the European Parliament and author of the ‘Auken Report’, the report on the urbanistic abuses in the Valencian Region of Spain. Her statement is in response to the Judgment issued by the European Court of Justice on May 26, 2011.


"Margrete Auken respects the decision of the ECJ with regard to the case brought by the European Commission and which was mentioned in recital AA of the her Report (see AUN's home page, March 2009);

Emphasises that this case was brought by the Commission under the power conferred upon it under the Treaty, which is a discretionary power with which the Parliament is not associated; notes that the Court rejected the Commission's request to reopen the oral procedure which it had sought in order to obtain clarification regarding several perceived errors and omissions contained in the Advocate General's Opinion;

Considers that although this decision represents a setback for many persons living in the Valencian Autonomous Region who had set their hopes on a successful legal case brought by the Commission, it does not impact on the rights of European citizens to their legitimately acquired property as stated by the European Parliament in Recital N of the same resolution, nor does it undermine in any way the many other principles, recommendations and proposals contained in the Auken Report, notably paragraphs 3, 4, 18."

23.5.11

Linda Palfreeman: "La ultima tragedia inmobiliaria"

“La última tragedia inmobiliaria”

 

Linda Palfreeman

 

 

A pesar de la indignación internacional actual, parece ser que el gobierno español aún no reconoce la magnitud del daño que los escándalos de la construcción ilegal de viviendas siguen causando, no sólo a la economía española sino también a su reputación, tanto dentro como fuera del país. La cobertura mediática del problema significa que ahora existe una desconfianza generalizada entre los inversores potenciales desde el exterior, mientras que los que están en el interior viven con demasiado temor y angustia sobre su futuro, y la de su casa, para gastar su dinero tan libremente como lo hacían antes.

El gobierno sigue cediendo subvenciones a las Autoridades Locales a fin de ‘estimular la economía’, e implementan programas como el reciente ‘roadshow’- gira europea diseñada para atraer a los compradores extranjeros de nuevo a las zonas afectadas. Como muchos otros, me gustaría saber ¿en qué está pensando el gobierno español al confeccionar semejante fiasco? ¿Y por qué se permite?

Tal vez fue la afirmación de la Ministra de Vivienda española de que sólo alrededor de 8.500 de los británicos residentes han caído en desgracia como resultado del fraude inmobiliario y de las injustas leyes de urbanismo. Por supuesto, tiene razón: los británicos (junto con los alemanes, los franceses, los belgas, los suecos...) representan una minoría entre los muchos miles de propietarios afectados – el número de ciudadanos españoles formando un porcentaje mucho mayor. Entonces ¿eso está bien? Sin duda, debemos alentar a los otros gobiernos europeos a seguir el mismo pensamiento. Mientras que sus propios ciudadanos constituyen la mayoría de los afectados por las leyes injustas, el mal funcionamiento de las administraciones locales, promotores sin escrúpulos y demás, al gobierno español se le debe dar una cálida bienvenida en cualquier país de la gira. Me temo que no estoy de acuerdo - y sé que no soy la única.

Hay muchos miles de personas, de todas las nacionalidades, que actualmente sufren las consecuencias de la corrupción urbanística en España. Cada uno de nosotros, en nuestras localidades diferentes, tiene nuestra propia situación particular con qué luchar - desde viviendas construidas ilegalmente a la expropiación injusta, y con frecuencia abarcando una mezcla desagradable de ambas. Afortunadamente, podemos contar con aquellos que, tanto individual como colectivamente, están preparados para ayudar a luchar contra nuestra causa. La proliferación de las asociaciones de apoyo que ahora surgen a la vida por todo el país es indicativa de la magnitud del problema: Abusos Urbanísticos No (AUN), Abusos Urbanísticos Lliber, ¡No! (AULN); Abusos Urbanísticos del Levante Almeriense, No (AULAN)... y la lista sigue. Mientras que representan ejemplos conmovedores de inspiración y de solidaridad, por desgracia, estas plataformas también son indicativas de la negativa de las autoridades españolas a mostrar su voluntad de ofrecer soluciones a los problemas de abusos urbanísticos, y mucho menos aceptar cualquier parte en su creación.

Tal vez alguien debería decirle a gobierno español que la única forma de inyectar nueva vida en la economía del país es por ordenar sus propias casas primero y gastar su dinero y esfuerzo en la aplicación de soluciones satisfactorias a los dilemas de las viviendas ilegales que amenazan con destruir comunidades locales y desgraciar a la nación. Y deben tratar de implementar uno de los fundamentos del marketing inteligente, cuando no de la decencia moral: dejar de tratar a las personas en términos de números y de mercados y comenzar a tratarlos como personas.

 Tomemos a los Skipper, por ejemplo, una pareja de jubilados británicos que vive en Dolores. Los Skipper lamentan el día en que compraron una casa de una empresa inmobiliaria local. Entregaron sus ahorros y se establecieron en su pequeño pedazo de paraíso en medio de la Vega Baja. Bienvenido, Sres. Skipper, al fango.

Permítanme esbozar brevemente los detalles. Al igual que muchos miles de otros, los Skipper compraron su casa de buena fe, ignorando por completo que había sido construida ilegalmente. (Ni el promotor, ni el constructor, ni los varios ‘expertos’ legales involucrados en la compra-venta les informaron). Eso fue en 2003. De repente, cinco años más tarde, se encuentran con una enorme multa y la amenaza de demolición. Ahora se dan cuenta que fueron engañados, a lo grande, por su agente inmobiliario no-tan-agradable. Aunque tienen el respaldo de la Defensoría del Pueblo Regional, José Cholbi, la Administración local del Ayuntamiento se niega a aceptar las recomendaciones del Defensor del Pueblo y desafía a los Skipper a llevar el caso a los tribunales, sabiendo muy bien, por supuesto, que la posibilidad de esto es mínimo con los recursos disponibles a la pareja.

Es comprensible que los Sres. Skipper han sido física y emocionalmente afectados por la situación muy estresante en el que se encuentran. Después de haber sufrido un ataque al corazón, el Sr. Skipper ha sido hospitalizado tres veces en los últimos cinco meses. Lamentablemente, como sabemos, su historia no es única.

A pesar de todo, al igual que muchos ciudadanos europeos, a los Skipper les encanta vivir en España. Ellos sólo desean poder vivir en paz sin el temor constante de perder su casa. Hasta que eso sea posible, sin embargo, quieren advertir a otros de los peligros de la compra de inmobiliaria en España, como todos nos sentimos obligados a hacer.

Mientras tanto, me gustaría decirle a Ray y Veda Skipper que su lucha es nuestra lucha y que nosotros, también, haremos todo lo posible para mantener su caso en el ‘ojo público’ y llamar la atención sobre su difícil situación a nivel nacional y europeo, dando voz a la injusticia dondequiera que se presenta la oportunidad. Esta es la única esperanza de que aquellos como los Lluch, los Olsen, los Prior y los Skipper tienen de obtener algún tipo de compensación por la injusticia y la inhumanidad que han tenido (y siguen teniendo) que soportar.

 

Lo anterior es lo que me hubiera gustado decir a todos ellos pero, lamentablemente para algunos, ya es demasiado tarde. A medida que avanzamos a la prensa, hemos aprendido de la trágica noticia de la muerte de Ray Skipper. Ray nunca oirá estas palabras y Vera está demasiado afectada para poder escuchar, y, por supuesto, hay quienes simplemente harán oídos sordos.

 

22.5.11

Illegal Homes Tragedy

By Linda Palfreeman, Abusos Urbanisticos NO

Despite the current international outrage, the Spanish government,
construction companies, promoters and the rest still fail to acknowledge the
extent of the damage that the illegal housing scandals are continuing to
cause, not only to the country's economy but also to its reputation, both at
home and abroad. Media coverage of construction illegalities and demolition
tragedies means that there is now widespread mistrust among potential
investors from outside, whilst those trapped on the inside live in too much
fear and angst over their future, and that of their home, to spend money as
freely as they once did.

Central and regional governments issue grants in order to 'kickstart the
economy' and desperately seek to implement schemes like the latest roadshow fiasco designed to attract foreign buyers back into the affected areas. Like many others, I would like to know why they are allowed to do it.
Perhaps it was the Spanish housing minister's assurance that only
8,500-or-so British citizens have fallen foul of devious property dealers
backed by legal and local Authorities. The British (along with Germans,
French, Belgians, Swedish…) do indeed represent a minority among the many,
many thousands of affected homeowners – Spanish citizens forming by far the
greater percentage. So, that's alright then? No doubt other European
governments should be encouraged to follow the same thinking. As long as its
own citizens constitute the majority of those affected by unjust and
retroactively-applied housing laws, poorly-functioning local Authorities and
unscrupulous promoters, builders, lawyers and the rest, the Spanish
Government should be given a warm welcome on any European shore. I am afraid I disagree – and I know I am not alone.

There are many thousands of expatriates of all nationalities, currently
suffering the consequences of urban corruption in Spain. Each of us, in our
different localities, has our own particular predicament to contend with –
ranging from illegally built housing to unjust expropriation, and often
encompassing an unpalatable mixture of both. Thankfully, we can count on
those who, both individually and collectively, are prepared to help us fight
our cause, but they need our support. The proliferation of associations now
springing into life throughout the country is indicative of the extent of
the problem of urban abuse: Abusos Urbanísticos, No (AUN); Abusos
Urbanísticos Lliber, No! (AULN); Abusos Urbanísticos del Levante Almeriense,
No! (AULAN) …and the list goes on. Whilst representing moving and inspiring
examples of solidarity, sadly, these platforms are also indicative of the
refusal of the Spanish Authorities to show any willingness to provide very
necessary solutions to the problems of urban abuse, let alone accept any
part in their creation.

When asked, recently, if compensation would only be paid to affected
Britons, Housing Minister, Beatríz Corredor, replied: 'if the courts order
it'. So, we'll take that as a 'no' then, Beatríz?

This attitude ensures that only those buyers (of whatever nationality) who
are young enough and affluent enough to afford lengthy legal action stand a
chance of recouping their money. It will probably prove much more difficult
to recover their physical and psychological well-being.

Maybe someone should tell Spanish government that the only way to inject
life back into the country's economy is by getting their own houses in order
first. Instead of wringing the life out of what is left, they should spend
their money and effort in implementing satisfactory solutions to the illegal
housing dilemmas that threaten to destroy local communities and to disgrace
the nation. And they should try to implement one of the fundamentals of
clever marketing, if not of moral decency: stop treating people in terms of
numbers and markets and start treating them as people. Take the Skippers,
for example, an elderly couple who live in Dolores. They rue the day they
trusted a local company enough to buy a house from them. No doubt convinced by the chatty, reassuring words of the British 'estate agent' fronting the outfit, they handed over their life-savings and settled into their little
patch of paradise in the rural Vega Baja. Welcome, Mr and Mrs Skipper, to
the mire.

For those who are unfamiliar with the Skippers' case (as detailed in the
Costa Blanca News, May 13 2011), please allow me to briefly outline the
details. Like many thousands of others, Mr and Mrs Skipper bought their
house in good faith, completely unaware that it had been illegally built.
That was in 2003. Over five years later, suddenly faced with a huge fine and
the threat of demolition, they realize they were deceived, big time, by
their now not-so-friendly local estate agent. Though backed by the Regional
Ombudsman, José Cholbi, the Skippers find themselves up against the local
Town Hall Administration that refuses to accept the Ombudsman's
recommendations and challenges the Skippers to take the Town Hall to court,
knowing full-well, of course, that the likelihood of this is minimal with
the resources available to them.

Understandably, both Mr and Mrs Skipper have been emotionally and physically
affected by the extremely stressful predicament in which they find
themselves. Having suffered a heart attack, Mr Skipper has been hospitalized
three times since Christmas. Sadly, as most of us know, their story is not
unique.

Despite everything, like many other European citizens, the Skippers love
living in Spain. They only wish they could live in peace without the
constant fear of losing their home. Until that is possible, however, they
want to warn others of the dangers of buying Spanish property. As do we all.


Meanwhile, I would like to tell Ray and Veda Skipper that their fight is our
fight and that we, too, will do all we can, at least to keep their case in
the 'public eye' and to draw attention to their plight at national and
European level. We can start by writing to our MEPs and by giving voice to
this injustice wherever the opportunity presents itself. We can pledge our
support to those who campaign for the application of economic sanctions
should Spain continue to refuse to comply with European law. This is the
only hope that those like the Lluchs, the Olsens, the Priors and the
Skippers have of obtaining some kind of compensation for the injustice and
inhumanity they continue to endure.

That is what I would have liked to have said to them, but sadly it is
already too late. As we go to press, we have learned of the tragic news of
Ray Skipper's death. Ray will never hear these words and Vera is too
distraught to listen – and then, of course, there are those who will simply
turn a 'deaf ear.'

21.5.11

El Pais & New York Times: 21/05/11: Elecciones y corruption / Elections and corruption

El Pais /El 'New York Times' ilustra la corrupción en España con el ejemplo de Camps

En un artículo del periódico sobre el Movimiento 15-M y el descontento de la sociedad

(se recoge mas abajo el texto en inglés)

El periódico estadounidense The New York Times atribuye las protestas que se están produciendo en España a la "corrupción de los partidos políticos" y, para ilustrar este argumento, pone como ejemplo el caso del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, al que llega incluso a comparar con el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi. "El domingo, se espera que Francisco Camps sea reelegido como jefe del Ejecutivo regional de Valencia. A finales de año, sin embargo, Camps también estará probablemente en el juzgado para enfrentarse a cargos de soborno como parte de una vasta investigación de corrupción, denominada caso Gürtel, que también incluye a varios políticos de la principal fuerza política de centro-derecha, el Partido Popular", explica el diario en un artículo. A pesar de todo, The New York Times subraya que estas acusaciones "no han entorpecido" las posibilidades de Camps para la reelección, y llega a comparar al dirigente 'popular' con Berlusconi, ya que "el señor Camps se ha presentado como la víctima de una caza de brujas por parte de sus oponentes políticos, jueces y medios de izquierda".
El diario norteamericano utiliza una frase del diputado socialista por Valencia en el Congreso Ferran Bono, anteriormente periodista de El País, para reflejar esta situación: "Hay gente que ha visto tantos escándalos políticos que los trivializa, aunque creo que también hay mucha gente que verdaderamente cree en la teoría de la conspiracion que Camps tan activamente ha difundido".

Fracaso de los políticos

The New York Times explica que ante las elecciones del próximo domingo en más de 8.000 ayuntamientos y en 13 de las 17 comunidades autónomas, "miles de personas, la mayoría de ellas jóvenes, han tomado las calles en Madrid, Barcelona y otras grandes ciudades esta semana exigiendo el fin de la supuesta permanente corrupción en los partidos políticos". Pero además, afirma que "alimentando la ira" de los manifestantes también se encuentra "el fracaso de los políticos para aliviar las dificulades que se han impuesto a la población que lucha contra una tasa de paro del 21 por ciento". "El mensaje de los manifestantes es una campaña alternativa que podría eclipsar la de los partidos establecidos y resultar en una bajada de la participación el domingo", indica el diario, que añade uno de los eslóganes de la plataforma 'No Les Votes' acerca de que "la corrupción en España ha llegado a niveles alarmantes".

Barberá no comenta el artículo del Times "porque no habla inglés"

La biblia del periodismo mundial vincula a Camps con los ejemplos de la corrupción en España

La alcaldesa de Valencia y candidata del PP la reelección, Rita Barberá, dijo hoy que no opina sobre los comentarios que hoy publica el New York Times sobre Francisco Camps porque no habla inglés. El diario The New York Times asegura en su edición de hoy que las concentraciones que se están produciendo en diversas ciudades españolas están relacionadas con la corrupción de los partidos políticos y señalaba como ejemplo de esa situación al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps. El NY Times dice que "miles de personas, en su mayoría jóvenes, han tomado las calles en Madrid, Barcelona y otras grandes ciudades esta semana exigiendo el fin de la supuesta corrupción permanente en los partidos políticos". Señala que el domingo se espera que Francisco Camps sea reelegido presidente de la Generalitat valenciana, y recuerda que "sin embargo, Camps también tendrá que ir probablemente al juzgado para enfrentarse a cargos de soborno como parte de una vasta investigación de corrupción, denominada caso Gürtel, que también incluye a varios políticos de la principal fuerza política de centro-derecha, el Partido Popular".

Preguntada en rueda de prensa la alcaldesa de Valencia Rita Barbera por este artículo del diario norteamericano ha respondido:"no hablo inglés desgraciadamente para mí y, por tanto, no leo el New York Times, pero el malestar que hay en la calle es fruto del desastre económico en el que nos ha sumido Zapatero".


Spaniards Take to Streets Before Vote

By RAPHAEL MINDER

MADRID — With elections set for Sunday in Spain in more than 8,000 municipalities and 13 of its 17 regions, thousands of people, most of them young, have taken to the streets in Madrid, Barcelona and other large cities this week, calling for an end to suspected longstanding corruption among established parties. Fueling the demonstrators' anger is the perceived failure by politicians to alleviate the hardships imposed on a struggling population by a jobless rate of 21 percent. At sit-ins, street protests and on social media networks, the protesters' message is that of an alternative campaign that could eclipse that of the established parties and result in a decline in voter turnout on Sunday, from 63 percent four years ago. Some of the youth groups have made the fight against corruption their battle cry, like NoLesVotes, or "Don't vote for them," whose manifesto starts with the warning that "corruption in Spain has reached alarming levels." The group recently published a Web site map pinpointing localities where more than 100 politicians seeking election were also under judicial investigation.

Other protesters are fielding alternative candidates, like the Pirate Party in Catalonia, founded 18 months ago, which is hoping to win about 7,000 votes across Catalan municipalities. One of its candidates in Barcelona, the 27-year-old Francesc Parelleda, said political corruption was a consequence of a "political system in which there is simply zero transparency and democracy within the main parties."


José M. de Areilza, dean of the IE Law School in Madrid, said, "I don't think that political corruption is necessarily worse in Spain than in other European countries, but I do think that the economic crisis is now generating a lot more anger and resentment here toward politicians."
On Sunday, Francisco Camps is expected to be re-elected as head of the regional government of Valencia, which includes the third-largest city in Spain and some of the most popular Spanish resorts.

By the end of the year, however, Mr. Camps is also likely to be in court facing bribery charges, as part of a vast corruption investigation, dubbed the Gürtel case, that has also targeted several other politicians from the main center-right political force, the Popular Party.

Mr. Camps was charged in February for allegedly receiving tailor-made suits in return for granting public contracts, with further possible financial irregularities still under investigation. Nine other politicians standing for the Popular Party on Sunday in Valencia are being investigated or have been charged with fraud. Mr. Camps and his fellow candidates deny any wrongdoing.

For now, the corruption allegations have not hindered Mr. Camps's re-election bid, according to the latest opinion polls. Like Silvio Berlusconi, the Italian prime minister who is engulfed in scandal, Mr. Camps has portrayed himself as the victim of a witch hunt by political opponents, judges and left-leaning media. Asked in December to comment on some of the allegations, he said that "nobody should believe Soviet-style propaganda against everything that has been achieved in Valencia." In fact, "many people in Valencia now talk about the Berlusconization of our society," said Ferrán Bono, a Socialist lawmaker who represents Valencia in the national Parliament in Madrid. "Some people have seen so many political scandals that they just treat them as banal, but I think many also genuinely believe the conspiracy theory that Camps has been so actively promoting."

The Gürtel investigation, which also targets some Popular Party politicians in Madrid, involves more than €120 million, or about $170 million, of public funds misspent by politicians in return for alleged kickbacks, according to a summary of the charges presented by the prosecution this year. Its alleged ringleader, Francisco Correa, is in jail awaiting trial.

Thousands of protesters occupy Puerta del Sol square in Madrid

With tents, mattresses, a kitchen, a workshop and even a pharmacy, a protest camp in Madrid has grown into a real 'urban village' for thousands of young people. Under blue plastic tarpaulins, demonstrators have gathered in the landmark Puerta del Sol square in the centre of the Spanish capital,. Many of them have spent several days and nights there, to decry politicians who left Spain with a 21 per cent unemployment rate. Calling for "Real Democracy Now," the protests popularly known as M-15 began on May 15, lamenting Spain's economic crisis, politicians in general, and corruption.

16.5.11

Telegraph 16 5 2011: PR firm in Facebook controversy promotes real estate for Spanish government

PR firm in Facebook controversy promotes real estate for Spanish government

The PR company hired by Facebook to spread anti-Google stories in the US press is also employed by the Spanish government to promote the sale of its real estate to UK investors, it can be revealed.

 
Web of intrigue: the PR firm hired by Facebook to spread anti-Google stories also works for the Spanish government


9:08AM BST 16 May 2011
Burson-Marsteller (BM), headquartered in the United States and with offices in 67 countries worldwide, was employed by Spain's secretary of state for housing, Beatriz Corredor, to assist with the launch of Spain's international property roadshow that kicked off in London last week.
Since then it has emerged that BM, on behalf of Facebook, approached well-known blogger, Christopher Soghoian, urging him to investigate Google's privacy policy in exchange for getting the piece published on influential sites such as The Huffington Post and The Washington Post.
BM has terminated its contract with Facebook but continues to work on behalf of the Spanish government, as its ministers attempt to pitch the sale of the country's 700,000 unsold holiday homes to European and Russian investors in a bid to kickstart a flailing economy.
BM's PR consultants were in attendance at the first roadshow event, held in London last week, and were responsible for identifying and contacting local media and raising publicity for the event entitled:"Look. Think. Invest. The Spanish Real Estate Market in your hands."
President of BM's Spanish office Carmen Valera, said: "The way the work was done for Facebook was not at all standard operating procedure and was against our policies, and the assignment on those terms should have been declined.
"BM started working on behalf of the secretary of state of housing to coincide with the celebration of London's event within the framework of the international information tour, to report on the current situation of the Spanish real estate market.
"BM identified the local journalists to be invited to the event and contacted them.
"It is the first project that Spain has undertaken for the Spanish government in the present year and the first time with the secretary of state for housing."
The London event received a poor reaction from UK investors who considered the value of Spanish land to be overvalued, despite the presentation revealing prices had fallen up to 50 per cent in certain coastal regions.
Charles Svoboda*, a former head of Canadian Intelligence and veteran campaigner against the unfair expropriation of land by the Spanish authorities, said: "I can't say I'm surprised. The PR firm in question also has links [interlocking officials on their respective management teams] with property-selling firms here in Spain.
"They would do better to hound the authorities to do a better and more honest, transparent job when it comes to dealing with property related problems that abound in Spain, rather than to lure more unwary buyers into the money trap that is much of Spanish real estate.
"This sort of control goes with the territory, it seems. Free speech is a luxury afforded only to those who spout messages the authorities wish others or themselves to hear."
Telegraph Expat's Spanish Planning Scandal campaign is supporting the thousands of expats who have been affected by the illegal homes crisis in Spain. You can find all the latest news on the situation here.

*Charles Svoboda notes that " I don't know where my status as "Former head of Canadian Intelligence" came from. True, I was DG at CSIS ( Canadian Security Intelligence Service) (1991-96) after I left the diplomatic service, and wrote public articles, commentaries, etc. in that capacity. That is clear from "googling" my name. But that's not the same thing, as this piece suggests. And it's not relevant here anyway. Otherwise, apart from the facts that there are many more than 700,000 unsold houses here, maybe almost
double that number according to some reports, and that the complex "expropriation" process isn't used, rather it's an out right land and money grab, the Telegraph is performing a useful and timely service to its readers with such articles. The control I was referring to, put in its context, had to do with how the launch of the road show was rigorously stage managed in London by the PR firm and the Spanish Embassy, to minimize any chance of disruption or any other views about Spanish property being expressed".

5.5.11

Expansion 3 5 2011: ¿Cómo se va a aplicar el nuevo sistema de valoraciones inmobiliarias?

¿Cómo se va a aplicar el nuevo sistema de valoraciones inmobiliarias?

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EXPANSIÓN* : Con la salida a la luz del documento que desarrolla el Reglamento de la Ley del Suelo se busca solventar el problema de la especulación para llenar de transparencia el mercado del suelo.
Gerardo Roger Fernández, arquitecto y profesor de Urbanismo del Instituto Pascual Madoz de la Universidad Juan Carlos III, ya adelanta que "el reglamento atiende específicamente a la Valoración del Suelo aplicada a los expedientes expropiatorios que la Administración acomete por razones de interés general". Por lo tanto, asegura, "no afecta directamente a la gestión del suelo en general y, en todo caso, sólo tendría consecuencias positivas en la gestión del suelo público obtenido tras el procedimiento de expropiación". El Ministerio de Fomento ha rectificado del anteproyecto la parte dedicada al Registro de la propiedad alegando que se podían colar infracciones urbanísticas, por lo que en este momento el eje principal del Reglamento es el sistema de valoraciones, que permite aplicar métodos y normas de valoración más precisos de forma más técnicas.

En definitiva, se pretende promover una transformación real del modelo de crecimiento urbano, y así definitivamente superar la etapa de desregulación en la que la tensión que existía por al especulación sobre el suelo llevó al precio medio de la vivienda por metro cuadrado a duplicarse en nuestro país, haciendo imposible al acceso a una vivienda a la mayoría de los ciudadanos.

Unidad Editorial Conferencias y Formación, consciente de la importancia que tiene saber cómo van a influir estos nuevos criterios de valoración de los suelos organiza, el próximo 1 de junio, la conferencia 'Desarrollo del Reglamento de la Ley del Suelo', donde se darán cita los máximos representantes del sector para analizar y estudiar los cambios e innovaciones que se proponen en la nueva norma.

Sobre los convenios urbanísticos, Roger indica que "sólo afectaría indirectamente a aquellos Convenios Urbanísticos que comportasen obtención del suelo por expropiación, garantizando para esos casos una mayor transparencia y equilibrio económico en el proceso de valoración". En definitiva, esta nueva regulación servirá para despejar algunas de las dudas que se plantean sobre la validez de los convenios, pero otras subsisten e incluso se incrementan.

Lo que sí regula claramente el nuevo reglamento es, según explica Roger es "la valoración expropiatoria de los suelos urbanizables y urbanos, tasándolos desde su realidad fáctica pero sin consideración de expectativas especulativas que no se deriven del esfuerzo inversor del propietario, tal como establece el artículo 47 de la Constitución, que mandata a los poderes públicos a impedir la especulación del suelo".

En cuanto a las indemnizaciones por pérdidas de facultades urbanísticas, Roger apunta que "el propietario de suelo sujeto a actuaciones urbanizadoras dispone de la facultad de participar en la ejecución de las mismas, abonando los costes y recibiendo los beneficios que la misma comporte a sus derechos". Obviamente, añade, si por razones de interés general debe ser expropiado, "el propietario deberá ser indemnizado por la pérdida de la facultad de participar. Una indemnización que la Ley del Suelo establece de manera análoga al valor económico del aprovechamiento que para actuaciones de iniciativa privada le corresponde a la Administración en función del principio de participación pública en la plusvalías".

La tasación de edificios, en cambio, se realiza por el valor de reposición de los mismos. O lo que es lo mismo, explica Roger, "por el valor de mercado de lo realmente construido aplicando el método de comparación". De nuevo, "se trata de valorar generosamente lo existente, pero no las expectativas exógenas al esfuerzo inversor del propietario", añade.

Las viviendas libres no se ven afectadas por el reglamento al no ser objeto de expropiación. Pero, el nuevo reglamento si afectará a las viviendas protegidas, "cuyo destino sea tanto la venta como el alquiler, de promoción y titularidad pública", indica.

Por último, ¿cómo afecta el nuevo reglamento a los bancos y cajas? Las entidades financieras pretenden gestionar el activo que poseen, el suelo, de una forma eficiente en estos momentos de crisis. Pero, asegura Roger, las entidades sólo podrán tener el cuenta el nuevo reglamento "en aquellos suelos para los que los Planes Generales de Ordenación prevean su ejecución por expropiación, tal como aclara la Disposición Adicional Séptima que se incorporó a la Orden ECO 805/2003, que es la norma que regula las Valoraciones Inmobiliarias por las Entidades Financieras".


* Expansión - 3.05.11
Foto: Vivienda digna, cartel novasatenerunacasaenlaputavida

4.5.11

Telegraph 4 5 2011: Buying in Spain is not as safe as houses

 

Spanish Planning Scandal campaign

Telegraph Expat is launching a campaign in support of the hundreds of thousands of British and other expats who have fallen victim to urban corruption and the confused state of property law in Spain. If you have beeen affected by the problem, please add a pin documenting your story to our Expat Directory (telegraph.co.uk/expatdirectory) under the pin category 'Illegal Spanish Property'. Over time, this will generate an interactive map which will document and expose the full extent of the problem.

 

Expat weekly_telegraph May 4th, 2011 9:20
Buying in Spain is not as safe as houses
By Anna Nicholas

Today José Blanco, Minister for Development in Spain, is in the UK to kick off a European wide roadshow aimed at encouraging Britons to invest in property in Spain. The man must have the hide of an armadillo and the cojones of a bull.

Spanish government roadshow sparks fury from victims of property scandals
With rosy coloured spectacles firmly in place, José Blanco promised that the initiative would "highlight the strengths of our economy, transparency, and legal certainty of our planning legislation.' At least he has a sense of humour.

Spain currently has about 700,000 vacant properties rotting away, mostly along stifled coastlines, the result of greedy over development during the last decade when the country experienced a so-called property boom. Many Britons like lambs to the slaughter invested in homes, lured by the sun and false promises. Tens of thousands of properties were either illegally built or never completed when corrupt developers went bankrupt. Countless Britons, mostly retirees, had invested their life savings in such properties and had diligently ensured that building permits and local council permissions were in place. Unwittingly they employed corrupt lawyers, architects and builders who colluded with deceitful local councils to gain false permits. Those who invested in new developments off-plan, placed hefty deposits as guarantees with Spanish banks and when the properties never materialised, found their money had evaporated along with any hope of compensation.

In 2009, the British represented 31.5 per cent of foreign buyers of property in Spain so it comes as no surprise that José Blanco and his property chums are itching to get their hands on more gullible potential purchasers. The Spanish government has admitted to a need to "speed up the digestion of stock" but for many British victims left suffering from property scandal dyspepsia, the roadshow is proving too bitter a pill to swallow.

Maura Hillen, president of Almanzora Valley action group, AUAN, has said that the Spanish government must put its own house in order before encouraging further buyers. She added, "Faced with the myopia of the Spanish administration, the indifference of the UK government and helplessness of the EU, we have no choice but to fight on."

Helen and Len Prior whose £600,000 Spanish home was "illegally" demolished in 2008 and who were forced to live in a garage, are still awaiting justice and compensation. Their home had been built with false building permits issued by their local Spanish council.

Instead of preaching about the benefits of buying in Spain, might I suggest to José Blanco that he first address the following issues during his European roadshow: Reform of town planning, punishment of corrupt officials, regulation of estate agents, regulation of the legal profession, enforcement of bank guarantees, compensation for victims of property scandal, judicial security, end of Ley de Costas (the arbitrary and retrospective coastal planning law) a stop to land grabs, and finally the creation of an independent commission.

Until all these matters have effectively been dealt with and the Spanish government is prepared to act with transparency, revising the Draconian planning regulations which have been used with impunity by its regional authorities, it has no right to hold its cheerleading roadshow.

José Blanco might be lucky enough to find some willing recruits on his European travels but in truth he's got a long way to go before he'll be home and dry.

Find out more about Anna Nicholas here

Telegraph Expat's Spanish Planning Scandal campaign is supporting the thousands of expats who have been affected by the illegal homes crisis in Spain. You can find all the latest news on the situation here.

The Guardian 3 5 2011


Spanish holiday home roadshow 'an insult'

Aggrieved UK investors call on Spanish banks to honour deposit guarantees on troubled properties as country launches drive to attract overseas buyers Holiday homes in Spain  
Spanish roadshow aims to boost sales of holiday homes condemned by UK investors. Photograph: Jose Jordan/AFP/Getty Images

A publicity roadshow aimed at encouraging foreigners to buy Spanish holiday homes has been branded "an insult" by groups of Britons caught in legal difficulties over the status and funding of their properties on the Costas.

Spanish housing minister, Beatriz Corredor, and public works minister, José Blanco, visit Britain this week at the start of a six-nation tour. The Spanish authorities said the ministers will use the roadshow to encourage individuals and institutional investors to buy some of the estimated 1m new homes lying empty in Spain.

"We must revive the holiday housing market to speed up the 'digestion of stock'," said a Spanish government spokesman, while Blanco claimed the exercise will "highlight the strengths of our economy [and] transparency and legal certainty of our planning legislation".

However, protest bodies such as the Spanish Bank Guarantees Petition and the Finca Parcs Action Group are organising online petitions calling for the roadshow to instead address long-standing grievances on the alleged refusal of Spanish banks to honour aval bancario, or bank guarantees.

Since the late 1960s, Britons buying homes off-plan from Spanish developers have been told their deposits go into third-party reserve funds set up by Spanish banks. If a developer goes bankrupt or fails to build a property the banks then refund a purchaser's deposit. But in recent years, the groups claim, many banks have allegedly refused to honour the guarantees of several thousands of British buyers.

Keith Rule, a spokesman for the campaigners, said: "Many estate agents, lawyers and banks were negligent and acted with a complete lack of professional due diligence. We, as innocent victims of the Spanish housing market, demand action and recompense."

Ruth Genda from Wymondham in Leicestershire put down a £75,000 deposit on a Spanish holiday home in 2003. Construction was delayed, but as the apartment was finally completed it was declared an "illegal build" as it didn't have formal planning permission. Genda took Banco Popular Hipotecario (BPH) to court, which declared her guarantee valid and ordered the bank to refund the purchase. But BPH appealed and the ruling was overturned.

"The case was eventually dismissed and my deposit was never returned. We believe thousands are in the same position. Where is the transparency and fairness which the government ministers now want others to believe in?" Genda said.


The Spanish government says the roadshow is a "pioneering initiative" targeting countries with national economies that are recovering from the downturn and which have historically provided many of the foreign buyers for properties on the Costas.

This week's publicity events in Britain will be followed by similar exercises in France, Germany, the Netherlands and Scandinavia, with Russia later in the year.

Michael Cashman, a Labour member of the European parliament and long-time supporter of British buyers seeking bank guarantee repayments, has written to the Spanish government. "What about those that have already invested and who have found absolutely no results through the Spanish legal system?" he asked, adding: "I would not advise any investment in Spanish property until this problem is resolved".

 

3.5.11

20 Minutos30 4 2011: Amnestia Internacional acusa a España de vulnerar el "derecho humano"...

AI acusa a España de vulnerar el "derecho humano" a la vivienda

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20MINUTOS* : La sección española de Amnistía Internacional ha denunciado que nueve millones de personas están "indefensas" ante "una vulneración muy grave" de los derechos humanos que se da en España, donde el acceso a una vivienda digna no es considerado derecho fundamental, sino que se encuentran en una "segunda categoría", al arbitrio de las leyes que, en este caso, no protegen a los ciudadanos. Esta es una de las principales conclusiones del informe 'Derechos a la intemperie. Dificultades para hacer valer los derechos económicos, sociales y culturales en España', presentado por Amnistía Internacional. En el documento se recogen las alertas que desde diferentes organismos internacionales se venían lanzando sobre la situación de la vivienda en España. Así, en 2004, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales alertaba de la situación de las personas sin hogar, y de las personas afectadas por los desalojos forzosos.

"Miles de personas son desalojadas forzosamente de sus viviendas o están en riesgo inminente de serlo sin que se les informe previamente, sin permitirles participar en decisiones que afectan a su vida y sin ofrecerles alojamientos alternativos. Estas personas, además de quedarse sin hogar, sin duda, verán como sus condiciones de vida empeoran", ha asegurado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, durante la presentación del informe.

Desalojos forzosos y sin protección legal

Amnistía Internacional recuerda que los desalojos forzosos, que se realizan sin protección legal y sin otras garantías, están prohibidos por el derecho internacional y son considerados como graves violaciones de derechos humanos.

Según Esteban Beltrán, la privación del acceso a las personas a una vivienda digna así como a una sanidad pública universal son ejemplos de "violaciones de los derechos humanos" de igual calado que la falta de libertad o de expresión.

Según Amnistía, ni siquiera la Constitución española otorga a los derechos económicos, sociales y culturales, a excepción de la educación, las mismas garantías de protección que respecto a otros derechos. Estos derechos son considerados como principios rectores dependientes de leyes específicas, con el problema de que no están siendo recogidos por las legislaciones de las distintas administraciones.

En la presentación del informe se ha hablado también de los asentamientos de la Cañada Real Galiana, en Madrid, en donde supuestamente viven entre 25.000 y 40.000 personas, que podrían ser desalojadas de sus viviendas "sin ningún tipo de garantías", según ha advertido el abogado Javier Rubio, responsable legal de algunas de esas familias.


* 20 Minutos - 30.04.11
Foto: Madrid, vista Cañada Real - 20minutos