El Pais 20 12 2010

Barbate autoriza el suministro eléctrico a un millar de casas construidas sin permiso

ELPAÍS/Cádiz* : Los propietarios de viviendas ilegales de Zahora, Caños de Meca o San Ambrosio, pedanías de Barbate (Cádiz), podrán tener suministro eléctrico normalizado aunque no puedan legalizar todavía sus casas. Es la principal conclusión de una ordenanza que su Ayuntamiento, gobernado por el PSOE, acaba de sacar adelante. Sigue el ejemplo de la localidad sevillana de Marchena (PA-PP), referente para otros municipios con similar problema, que fue el primero en acogerse al artículo 53 del reglamento de disciplina urbanística de la Junta de Andalucía. Este punto permite dotar de algunas licencias a casas consideradas fuera de ordenación. Marchena tiene 18.000 habitantes y 2.000 casas ilegales. Barbate, se mueve en cifras similares. 22.000 habitantes y algo más de un millar de viviendas construidas sin permiso. Ambos consistorios cuentan ya con unas ordenanzas que permiten dar licencia de primera ocupación, requisito básico para poder obtener contratos de servicios básicos como la luz o el agua, a casas que están construidas en zonas no urbanizables.

Ha pasado tanto tiempo desde que fueron levantadas que ya no se les puede aplicar medidas disciplinarias pero el limbo legal en el que se encuentran lleva a sus habitantes a sufrir constantes trastornos. En Barbate, por ejemplo, la compañía eléctrica ha amagado varias veces con cortes de luz para exigir la normalización del servicio y para protestar por los numerosos enganches ilegales.

Los pioneros en buscar una solución fueron los responsables municipales de Marchena. El nuevo reglamento de disciplina urbanística, aprobado en marzo de este año, contempla en su artículo 53 la figura de régimen de fuera de ordenación, en el que se pueden inscribir "los actos de uso de suelo y, en particular, obras, instalaciones, construcciones y edificaciones realizadas con infracción de la normativa urbanística, respecto de los cuales ya no se puedan adoptar medidas de protección y de restauración de la legalidad por haber transcurrido el plazo citado en la ley", que es de cuatro años. Esta norma permite a los ayuntamientos conceder licencias a estas casas para darle el uso pretendido de la edi-ficación, es decir, la habitabilidad. Marchena, y ahora Barbate, han decidido aplicarlo para poner fin a una reclamación vecinal y atender una demanda social. "Hay un conflicto socioeconómico y hay que darle una solución", explica el concejal de Urbanismo de Barbate, Antonio Domínguez. "Esto no quiere decir que permitamos nuevas construcciones. De hecho, aquí marcamos una raya y no consentiremos ni un solo ladrillo más. Tendremos tolerancia cero contra las viviendas ilegales", añade.

La iniciativa impulsada por Marchena ha llamado la atención de otros municipios con idénticos problemas. Es el caso de propietarios de viviendas ilegales en El Puerto de Santa María (Cádiz), que han solicitado a su ayuntamiento, gobernado por el PP, que apruebe una ordenanza similar para que ellos también puedan contar con suministros básicos. El Consistorio portuense se ha negado. Aduce que el artículo 53 sólo se puede aplicar a casos donde el planeamiento urbanístico municipal lo consienta. Y El Puerto mantiene que su plan no permite dar una licencia de primera ocupación a casas construidas en suelo no urbanizable.

Otros municipios han preferido optar por un camino más largo. Chiclana y Vejer, también en la provincia de Cádiz, han preferido regularizar antes las casas para que puedan tener acceso a esos suministros básicos. El proceso, que acaba de iniciarse en ambos casos, conllevará que sean los vecinos los que paguen por contar con servicios básicos, aunque esta medida no ha estado exenta de conflictos. De hecho, algunos dueños de casas ilegales de Chiclana han llegado a crear un partido político para oponerse a este proceso.

* El País - 20.12.10
Foto: Barbate (Cádiz), Caños de Meca - García Cordero (El País)