Ideal 21 12 2010

Los alcaldes que no vigilen los desmanes urbanísticos irán a la cárcel desde el día 23

IDEAL/Granada* : El 'boom' inmobiliario provocó que se cometieran auténticas aberraciones medioambientales y que la mancha de la corrupción salpicara a algunas corporaciones. Bastantes casos se investigaron, pocos se juzgaron y prácticamente ninguno acabó con condenas severas. El esqueleto del mastodóntico hotel en el Algarrobico de Almería es uno de los ejemplos que persisten en la memoria colectiva. En Granada hay casos similares, como el Parque Nevada, que comenzó a construirse con una licencia ilegal; o el sorprendente ejemplo de Carataunas, donde se construyó un macizo con 65 nuevas viviendas en un municipio que apenas llega a 200 residentes. La nueva reforma del Código Penal pondría algunos de estos episodio al borde de la cárcel. A los alcaldes y a los concejales se les complica la vida si quieren jugar con fuego; en este caso, con ladrillos.

Se trata de una nueva redacción del artículo 320 del Código Penal, que entrará en vigor el próximo 23 de diciembre y que crea una figura que podría bautizarse como el delito de prevaricación omisiva. Hasta ahora un cargo público prevaricaba si tomaba una decisión aunque supiera que no era correcta. Por ejemplo, si aprobaba una licencia con más plantas de las permitidas. Desde el viernes, también cometerá un delito si concede un permiso legal pero no vigila que la obra se ajusta a lo autorizado.
El artículo recoge el delito de prevaricación como el referido a aquel funcionario o autoridad que «a sabiendas de su injusticia» informe favorablemente sobre un proyecto o que -y aquí está la novedad- «con motivo de inspecciones haya silenciado la infracción de dichas normas o que haya omitido la realización de inspecciones de carácter obligatorio».
Este artículo no hace más que ahondar en la responsabilidad de los ayuntamientos -que son el primer escalón en la vigilancia del urbanismo- y en la persecución de las irregularidades. Trata de atajar una situación que se ha venido reproduciendo, como el hecho de que el consistorio en cuestión anuncie que abre un expediente que luego se pierde en el tiempo sin que haya resultados ni responsabilidades, contando con que una causa prescribe a los cuatro años en vía administrativa.
La otra novedad es que las penas se endurecen y pasan de los dos años máximos -insuficientes para entrar en prisión si no hay antecedentes- a los cuatro.
El fiscal coordinador de ejecución penal, Francisco Hernández, explica que esta figura de prevaricación omisiva ya se estaba usando en las acusaciones, «pero quedaba a juicio del tribunal aceptarla o no». La reforma del Código Penal lo que hace es aclarar esa opción, que pone contra las cuerdas a los primeros responsables del urbanismo.
Cientos de casos
El número de expedientes por irregularidades urbanísticas en la provincia es difícil de calcular, por cuanto la vigilancia depende de ayuntamientos, administración autonómica, Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y Fiscalía de Medio Ambiente.
Aunque la crisis económica ha paralizado el sector de la construcción y han bajado también las posibilidades de que afloren nuevos casos de corrupción, la situación llegó a ser tan importante que el Defensor del Pueblo Andaluz hizo un informe especial sobre el urbanismo. Tantos eran los casos que le llegaban de familias que se encontraban pagando por viviendas que no podían usar, ya que estaban inmersas en procesos judiciales por presuntas irregularidades.
El informe especial sobre urbanismo del Defensor del Pueblo Andaluz recogía que en el año 2000 había en la comunidad mil urbanizaciones ilegales en las que vivían 400.000 familias. En el caso granadino, los últimos datos disponibles de la Junta de Andalucía, señalaban que en el año 2008 se habían abierto 162 expedientes en 75 pueblos, lo que afectaba a unas setecientas viviendas.
Un año después, el Seprona de la Guardia Civil, que tiene competencias para investigar el urbanismo ilegal, abrió 300 expedientes por irregularidades en promociones o construcciones, de los que 200 eran por sanciones administrativas y alrededor de un centenar fueron asuntos penales que se trasladaron a la Fiscalía de Medio Ambiente.
Y este organismo judicial ya alertaba en su memoria de la implicación de alcaldes y técnicos municipales en buena parte de los veinte procesos que abrieron en 2009 en casos de prevaricación urbanística. Citaba incluso en la memoria los casos de Atarfe, Armilla -caso Nevada-, Carataunas, Almuñécar o Monachil.
En respuestas a preguntas parlamentarias del diputado Sebastián Pérez, se da cuenta de que en Monachil hay un total de once actuaciones penales por irregularidades urbanísticas, seis en Quéntar y cinco en Gójar. También hay cuatro actuaciones administrativas en Láchar -además de dos penales- y otras cuatro administrativas en Fuentevaqueros o tres en Iznalloz.
A partir del próximo 24 de diciembre, cualquiera de estas acciones u omisiones por parte de una autoridad o funcionario público podrá castigarse con penas de prisión que oscilarán entre el año y medio y los cuatro años, además de imponer la sanción y la correspondiente inhabilitación para cargo público.

* Ideal - 21.12.10
Foto: Parque Nevada - ideal