22.3.10
Europa Press 22 3 2010: España defiende ante la Eurocámara la ley de Costas y las compensaciones "justas" que incluye
UE
España defiende ante la Eurocámara la ley de Costas y las compensaciones "justas" que incluye
Eurodiputados exigen una reacción de la UE pero Bruselas insiste en que no es competencia comunitaria
BRUSELAS, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -
La directora General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Alicia Paz Antolín, defendió hoy ante la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo la Ley de Costas española porque su objetivo es "preservar" el litoral español y porque prevé compensaciones "justas" para los afectados, respondiendo así a las numerosas quejas remitidas a la Eurocámara.
La comisión europarlamentaria escuchará mañana martes a ciudadanos de distintos países comunitarios que acusan a las autoridades españolas de haberles expropiado sus viviendas en base a Ley de Costas.
En su comparecencia, Antolín señaló que la "gran presión" a la que se ve sometido el litoral español debido al impacto "económico, social, cultural y recreativo" de la costa hace necesaria una ley que la proteja y que fije "límites" al crecimiento urbanístico.
Además, insistió en que su deslinde afecta a una zona "francamente estrecha" y "sensible" en la que se quiere limitar el impacto de construcciones, y que se ha aplicado de manera "progresiva".
También subrayó que el Tribunal Constitucional avala como "justa y equilibrada" la concesión de hasta 60 años que la ley prevé para los afectados que posean propiedades que sí fueron construidas de acuerdo a la legislación vigente antes de que existiera la ley de costas.
Varios eurodiputados tomaron la palabra durante el debate para aceptar la necesidad de una ley tal pero también para poner en duda la forma en que se ha puesto en marcha y reprochar el carácter "caprichoso" del deslinde en el litoral español. Es el caso de la eurodiputada verde danesa Margrete Auken, autora de un duro informe sobre el urbanismo en España, para quien la ley de costas es "estupenda" pero que considera que su aplicación está siendo "aleatoria".
Auken criticó la "desigualdad" de una norma que afecta a "casas modestas", mientras que permite "que se levanten enormes hoteles". En la misma línea se pronunció el eurodiputado 'popular' Carlos Iturgaiz que criticó el trazado "en zigzag" de los deslindes para "salvar determinadas estructuras" y no a otras. También atacó la ley española por ser "caprichosa, parcial y discriminatoria" y no indemnizar "justamente" a unos propietarios a los que la norma convierte en "okupas".
El representante de IU, Willy Meyer, expresó el apoyo de Izquierda Unitaria a la ley de costas española pero advirtió de "graves asimetrías" en su aplicación ya que "arrasa con celeridad" construcciones tradicionales, mientras que "no toca" otras como grandes complejos hoteleros. Por ello, pidió "estudiar" la reubicación de sectores populares que han perdido "de la noche a la mañana su primera vivienda" y contemplar indemnizaciones apropiadas.
Por su parte, el eurodiputado socialista Miguel Ángel Martínez defendió la actuación del Gobierno español y recordó las palabras de un portavoz de la Comisión Europea que al inicio del debate advirtió de que las instituciones europeas "no tienen competencia" en esta área.
El socialista protagonizó un rifirrafe con un colega conservador, el británico Roger Helmer, quien consideró "intolerable" que España haga "caso omiso" a las denuncias de ciudadanos británicos que se ven "amenazados" por la expropiación de sus propiedades en España. Helmer afirmó que la corrupción "empaña" el mercado de viviendas en España por lo que "desaconseja" a sus electores que adquieran propiedades en este país.
España defiende ante la Eurocámara la ley de Costas y las compensaciones "justas" que incluye
Eurodiputados exigen una reacción de la UE pero Bruselas insiste en que no es competencia comunitaria
BRUSELAS, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -
La directora General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Alicia Paz Antolín, defendió hoy ante la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo la Ley de Costas española porque su objetivo es "preservar" el litoral español y porque prevé compensaciones "justas" para los afectados, respondiendo así a las numerosas quejas remitidas a la Eurocámara.
La comisión europarlamentaria escuchará mañana martes a ciudadanos de distintos países comunitarios que acusan a las autoridades españolas de haberles expropiado sus viviendas en base a Ley de Costas.
En su comparecencia, Antolín señaló que la "gran presión" a la que se ve sometido el litoral español debido al impacto "económico, social, cultural y recreativo" de la costa hace necesaria una ley que la proteja y que fije "límites" al crecimiento urbanístico.
Además, insistió en que su deslinde afecta a una zona "francamente estrecha" y "sensible" en la que se quiere limitar el impacto de construcciones, y que se ha aplicado de manera "progresiva".
También subrayó que el Tribunal Constitucional avala como "justa y equilibrada" la concesión de hasta 60 años que la ley prevé para los afectados que posean propiedades que sí fueron construidas de acuerdo a la legislación vigente antes de que existiera la ley de costas.
Varios eurodiputados tomaron la palabra durante el debate para aceptar la necesidad de una ley tal pero también para poner en duda la forma en que se ha puesto en marcha y reprochar el carácter "caprichoso" del deslinde en el litoral español. Es el caso de la eurodiputada verde danesa Margrete Auken, autora de un duro informe sobre el urbanismo en España, para quien la ley de costas es "estupenda" pero que considera que su aplicación está siendo "aleatoria".
Auken criticó la "desigualdad" de una norma que afecta a "casas modestas", mientras que permite "que se levanten enormes hoteles". En la misma línea se pronunció el eurodiputado 'popular' Carlos Iturgaiz que criticó el trazado "en zigzag" de los deslindes para "salvar determinadas estructuras" y no a otras. También atacó la ley española por ser "caprichosa, parcial y discriminatoria" y no indemnizar "justamente" a unos propietarios a los que la norma convierte en "okupas".
El representante de IU, Willy Meyer, expresó el apoyo de Izquierda Unitaria a la ley de costas española pero advirtió de "graves asimetrías" en su aplicación ya que "arrasa con celeridad" construcciones tradicionales, mientras que "no toca" otras como grandes complejos hoteleros. Por ello, pidió "estudiar" la reubicación de sectores populares que han perdido "de la noche a la mañana su primera vivienda" y contemplar indemnizaciones apropiadas.
Por su parte, el eurodiputado socialista Miguel Ángel Martínez defendió la actuación del Gobierno español y recordó las palabras de un portavoz de la Comisión Europea que al inicio del debate advirtió de que las instituciones europeas "no tienen competencia" en esta área.
El socialista protagonizó un rifirrafe con un colega conservador, el británico Roger Helmer, quien consideró "intolerable" que España haga "caso omiso" a las denuncias de ciudadanos británicos que se ven "amenazados" por la expropiación de sus propiedades en España. Helmer afirmó que la corrupción "empaña" el mercado de viviendas en España por lo que "desaconseja" a sus electores que adquieran propiedades en este país.
20.3.10
18.3.10
La Opinion de Malaga 18 3 2010: Extranjeros al sol
´Extranjeros al sol´, por José Ramón Mendaza
JOSÉ RAMÓN MENDAZA Es lo que nos faltaba por ver. El desmadre urbanístico que tantos quebraderos de cabeza sigue dando y que ha provocado desde interminables broncas políticas hasta los conocidos escándalos de corrupción en la Costa, deriva ahora en una manifestación en pleno Centro de Málaga, encabezada por propietarios extranjeros de casas en la Axarquía con miedo a perderlas. Es un hecho llamativo porque solemos relacionar a los ´guiris´ residentes con un estilo de vida sosegado en sus casitas cerca de la playa o en el monte, casi siempre educados cuando te los encuentras de paseo o haciendo la compra, y, sobre todo, ajenos a nuestras cosas. Les importa un pimiento el mundo aborigen. Hasta ahora.
Una gran parte de ellos ha ido viniendo al final de su vida laboral con unos ahorros para comprar algún apartamento o chalé o lo que sea y pasar unos buenos años al sol. Y el problema les ha llegado con ese ´lo que sea´: un terreno barato en mitad del campo, una casa de aperos... Encargaban un proyecto a un arquitecto, les daban licencia municipal, préstamos bancarios y firmaban escrituras ante notario. Como cualquiera. La mayoría de buena fe y animados, claro, por las buenas condiciones económicas.
Pasado el tiempo y coincidiendo con el furor legalista que no tuvo la Junta cuando debió, y hablamos de hace veinte años al menos, se encuentran con órdenes o amenazas de demolición de muchas casas en situación irregular. Los extranjeros se organizan (en Málaga y también en Alicante) y salen a la calle a protestar para que se paralicen las demoliciones. Tienen una página web (www.soha.es) en la que explican su desazón: "SOHA necesita tu apoyo para parar las órdenes de demolición de las casas de gente totalmente inocente, aquí en la Axarquía y otros lugares de España. Necesitamos tu participación en nuestra Marcha de Protesta el 17 de marzo de 2010. Traer vuestros pitos, cacerolas, etc.". Esta manifestación coincidió ayer con la reunión informal de ministros de la Unión Europea en Málaga. Necesitaban llamar la atención y lo han conseguido. Descartan emplear la vía judicial contra promotores o ayuntamientos porque creen que tardarían demasiados años en lograr una sentencia. Lo más curioso es que parece que han descubierto ahora, y no hace veinte años, otra vía de actuación que nunca antes les había preocupado: el empadronamiento masivo para ejercer una presión política en las próximas elecciones municipales. Llega la integración social por pura necesidad.
La Opinion/Malaga 18 3 2010
Los extranjeros protestan para que no derriben sus casas ilegales
![[]](http://3.bp.blogspot.com/_D_1hQzHT2G8/S6Hd1bmqu1I/AAAAAAAAMpI/vXJmGRT1TlE/s1600-h/M%C3%A1laga,+protesta+extranjeros+abusos+urban%C3%ADsticos++-+laopiniondemalaga.es.jpg)
LLA OPINIÓN/Málaga* : Siempre se les cita pero hasta ahora no se sabía quiénes eran. Ellos se definen como "compradores de buena fe", pero ayer perdieron la paciencia y se concentraron en la plaza de la Marina para exigir una solución a su problema. En cierta manera, se rebelaron contra el sistema. Un millar de extranjeros llegados desde todos los rincones de la provincia se dio cita ayer en la capital para protestar por los abusos urbanísticos convocados por la asociación ´Save Our Homes Axarquía´(SOHA).
En un ambiente festivo, foráneos propietarios de casas irregulares ubicadas en la Axarquía, el Valle del Guadalhorce, la Costa del Sol Occidental o incluso en diversos rincones de Almería se rebelaron contra la Junta de Andalucía, administración a la que hacen responsable de la situación que atraviesan.
Así lo expuso el presidente de SOHA, el británico Philip Smalley: "Nos sentimos engañados y estafados". ¿Por qué? El caso prototípico es el siguiente: extranjeros que se instalan en diversos puntos de la provincia a principios de la década, compran un terreno y tramitan los permisos en los ayuntamientos, pagando sus tasas y, según creían, con todos los papeles en regla para hacerse una casa. Pero en el último bienio, han recibido inquietantes cartas de la Junta y de los consistorios, en las que se les comunica que sus viviendas están en situación ilegal y habría que plantearse demolerlas. Por ello, se han impugnado sus licencias ante los juzgados.
El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, no se dejó impresionar por el acto de fuerza, convocado bajo el lema ´Castigad a los culpables, no a las víctimas´. De hecho, pidió "paciencia" a los extranjeros, ingleses y alemanes en un 90%. Y, de paso, les reclamó que "no ejerzan presión". "Hay que buscar soluciones pero sin exigirlas. No caben las leyes de punto final, sino el análisis caso a caso tras un breve inventario de licitaciones de cada municipio", agregó.
SOHA y otras organizaciones afines piden tres cosas en una carta remitida al jefe del Ejecutivo andaluz, José Antonio Griñán: si se demuele, que los propietarios sean compensados; que se inicie un proceso de regularización de forma inmediata y que se paralice ya la expedición de órdenes de derribo y multas. Mario Blánquez es británico, portavoz de Los Verdes en Alcaucín y miembro de SOHA. Su caso es paradójico –¿un verde hablando de una regularización masiva?–, pero lo defiende con vehemencia: "La gente tiene órdenes de demolición, aun con la documentación en regla y pagando sus impuestos. Calculamos que puede haber más de 50.000 casas en esta situación en Málaga y 200.000 en Andalucía. No estamos a favor de lo que es ilegal, pero nosotros no podemos pagar los platos rotos. Ni sus alcaldes apoyan a la Junta". El problema es que muchos de ellos pueden perder la inversión realizada, cercana o superior a los 600.000 euros en muchos casos.
La intervención más dura fue la de la eurodiputada británica Marta Andreansen, del Grupo de la Europa de la Libertad y la Democracia: "El Gobierno español o resuelve el problema de las irregularidades urbanísticas o se podrían bloquear parte de los fondos europeo destinados a las regiones afectadas".
En España hay 400.000 afectados –incluyendo a algunos nativos–, ya que "tienen órdenes de demolición de sus casas o amenazas de ello con la excusa de que están construidas en terrenos ilegales".
La buena fe se esgrime como defensa ante lo que parece inevitable. Además, ironías del destino, la manifestación se celebró un día después de que el Consejo de Gobierno de la Junta aprobara un reglamento de disciplina urbanística que da competencias a los alcaldes para tirar casas en el plazo de un mes, lo que se ha bautizado popularmente como el ´derribo exprés´. Sólo se podrán regularizar las que tengan algún encaje legal; el resto, si nadie lo remedia, se echará abajo. Se endurecen las sanciones y se persigue el beneficio económico del promotor que no haya hecho las cosas bien.
Opiniones
Los alcaldes sonríen cuando se les habla de ´derribo exprés´. La regidora marbellí, Ángeles Muñoz, lo ve bien, pero la Junta, dice, "no ha sido tan diligente en 20 años en lo que respecta a Marbella". Su colega de partido y de comarca, Esperanza Oña –alcaldesa de Fuengirola–, cree que la medida "llega treinta años tarde", mientras que Torremolinos dice que no tiene viviendas ilegales en su territorio. Los socialistas, por su parte, aplauden con entusiasmo, al menos en público, la iniciativa, salvo algunos casos. José Sánchez, regidor de Álora, afirma que se trata de "una barbaridad más de la Junta de Andalucía". Hay de todo, por tanto.
Los alcaldes axárquicos llevan meses pidiendo una salida a su situación, angustiada, desde luego, debido a los numerosos procesos judiciales que soportan. Sin ir más lejos, Espadas se comprometió ayer a desbloquear los planeamientos urbanísticos de los municipios de la comarca más oriental de la provincia. El consejero dice que el plan de choque autonómico está dando sus frutos y habló del intenso trabajo que se ha hecho con los dieciséis municipios afectados, muchos de ellos con medios muy precarios para vigilar sus zonas.
En cuanto al ´derribo exprés´ –en sólo un mes, adiós a su apreciada casa–, la Junta asegura que analizará "caso a caso". No habrá una masiva demolición, pero tampoco una amnistía general similar a la del 77 con los presos políticos. "En caso de que la vivienda ilegal pueda ser reconducida a la ordenación urbanística, el propietario deberá compensar al municipio mediante una aportación económica o la entrega de terrenos", alegó Espadas.
En cuanto a las obras irregulares ya construidas, explicó que "el primer paso es inventariar las casas edificadas fuera de ordenamiento urbanístico y, a continuación, analizar en cada caso el planeamiento urbano y tomar decisiones respecto a las situaciones más delicadas". O sea, que va a tirar únicamente las que no tienen ningún tipo de salvación.
El edil de Urbanismo de Vélez, Salvador Marín (IU), cree que esto es más trabajo para los consistorios. "Se les endosan más responsabilidades a los ayuntamientos de la provincia".
Los que no lo ven nada bien son los ecologistas. Sí hay algo positivo: "Se acelera el proceso", pero también extremos negativos: es como poner al zorro a cuidar de las gallinas, vienen a decir. "La medida gravita en exceso sobre los ayuntamientos y supone que estas instituciones han mostrado en los últimos años una negativa expresa a erradicar la construcción de viviendas en suelo no urbanizable", dijo ayer Ecologistas en Acción.
En fin, que es un instrumento "insuficiente" y aclaran que ellos preferirían un texto algo más duro: de momento, lo que proponen es quitarles las competencias a todos los municipios sobre el urbanismo, crear un organismo de la Junta que se encargue del ´derribo exprés´ y solicitar más apoyo a la policía.
* La OPinión de Málaga - 18.03.10
Foto: Movilización. Un millar de extranjeros se manifestó ayer por las calles del Centro Histórico para pedir el fin de los abusos urbanísticos. - Carlos Criado, laopiniomdemalaga.es
Diario Sur 18 3 2010: Un millar de extranjeros...
Un millar de extranjeros se movilizan para pedir la legalización de sus casas
Los afectados rechazan la demolición de construcciones en suelo rústico y denuncian que están en peligro unas 50.000 viviendas
18.03.10 - 02:02 -M. ÁNGELES GONZÁLEZ | MÁLAGA.
La protesta fue bilingüe. Con discursos y pancartas en inglés y en español, unas mil personas, en su mayoría extranjeros afincados en Málaga, se manifestaron ayer por las calles del Centro de la capital para exigir a la Junta de Andalucía la regularización de sus viviendas, construidas hace años sobre suelo rústico no urbanizable, y sobre las que planea ahora la sombra de la demolición.
La asociación convocante de la marcha, Save Our Homes Axarquía (SOHA)-Salvad Nuestros Hogares-, cifra en 50.000 las casas que podrían ser declaradas ilegales en la provincia, muchas de ellas en la comarca oriental, donde la Junta estima que existen unas diez mil. A los concentrados ayer en la plaza de la Marina, en su mayor parte británicos residentes en municipios como La Viñuela, Alcaucín o Periana, se unieron otros de Campanillas, Cártama, Mijas o de Almería, que ven peligrar sus propiedades. Entre ellos también había numerosos españoles.
«Todos los días salen del juzgado nuevas órdenes de demolición», denunció Mario Blancke, socio de SOHA, que pidió en nombre del colectivo «comprensión y celeridad» al Gobierno andaluz. «Son casas que se han construido o comprado de buena fe, con abogados y pagando impuestos. ¿Dónde estaba la Junta cuando los alcaldes emitían las licencias de obra? ¿Y cuando se registraron las viviendas? La Junta lo vio y no hizo nada. Eso no es justicia», clamó ante centenares de personas que marcharon bajo el lema 'Castigad a los culpables, no a las víctimas'. Tras advertir de la importante contribución económica de los residentes extranjeros en España, Blancke lanzó una pregunta al aire: «¿Por qué queréis matar a la gallina que os está dando los huevos de oro?».
Los manifestantes, procedentes de varias asociaciones de afectados, aseguraron sentirse «engañados», como señaló el presidente de Soha, el británico Philips Smalley, cuya casa, en La Viñuela, ha sido declarada ilegal y espera que en cualquier momento le llegue una orden de demolición, algo que ya ha recibido el holandés Rob Van Zanten, afincado en Alcaucín. «Si no se soluciona, tendremos que irnos debajo de un puente», se lamentó José Francisco Ruiz, un malagueño que ve peligrar su casa y su empresa en Mijas porque «confié demasiado en los políticos».
Daily Mail (online) 17 3 2010: Hundreds of British expats stage march in Malaga....
Hundreds of British expats stage march in Malaga over plans to demolish 'illegal' holiday homes
By Fergal Macerlean
Last updated at 5:41 PM on 17th March 2010
Hundreds of furious expats have staged a march in Malaga today over Spanish government plans to demolish illegally built holiday homes in Andalucia.
The protest group took part in a rally in the southern city carrying placards in Spanish and English which read 'we've done nothing wrong' and 'citizens betrayed'.
Demolition orders have been served on a score of houses across southern Andalucia and the regional authority passed a law yesterday which means illegal properties can be bulldozed with just one month's notice.
Stress: Hundreds of British expats take to the streets in Malaga to protest against the demolition of holiday homes across Andalucia
The authority, which has semi-autonomous powers, is determined to rescind planning permission granted illegally by formerly corrupt councils.
Maura Hillen, president of the pressure group AUAN, said: 'In the wrong hands, this legislation would be like putting machine guns in the hands of babies.'
A conservative estimate states there could be as many as 100,000 illegally built properties across Andalucia, many of which are owned by British expats.
Anger: Helen Prior and Anna Sutton take part in the rally. Mrs Prior is living in her garage after her house was demolished two years ago
The owners, the majority of whom are pensioners, were either duped into buying homes by unscrupulous private sellers who had had their planning permission revoked or were granted permission incorrectly by councils.
Many of those served with demolition orders have developed serious health problems as a result of the stress of possibly losing their homes.
Helen Prior, 64, whose £350,000 villa in Almeria was bulldozed more than two years ago, took part in the march without her husband Len, also 64.
She said: 'The stress of this for two and a half years is unbelievable. It's exacerbated Len's heart trouble.'
The couple, who are due to receive compensation after a Spanish supreme court ruling, are still living in their garage - the only part of their house, called Tranquility, which wasn't razed to the ground.
Marta Andreasen, UKIP MEP, criticised a visit by Minister for Europe Chris Bryant to the region earlier this month.
She said: 'I don't think he achieved very much. I don't think his visit was very sincere.
'He's not doing anything to resolve the problems of the people who are already suffering.'
Many of the pensioners in the protest group, known as the Albox Eight, have suffered health problems after being served with demolition orders.
Terry Haycock, in his sixties, has suffered from partial blindness and facial paralysis; Muriel Burns, 70, has stress-related respiratory problems and her husband John Burns, 82, has developed a hernia. All three were unable to attend the rally.
There are fears among the expat community that the new laws could lead to more homes being demolished.
Phil Smalley, president of SOHA which organised the march, said his legally obtained planning permission had been annulled in the courts last month.
At a meeting with Ana María Moniz Sánchez, director general for the inspection of housing in Andalucia, he says he was told all illegal properties would be legalised or 'returned to dust'.
SOHA is campaigning for compensation for those
Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1258685/Hundreds-British-expats-stage-march-Malaga-plans-demolish-illegal-holiday-homes.html#ixzz0iUhutihu
17.3.10
El Mundo: Demonstration in Malaga/Mani en Malaga 17 3 2010
URBANISMO | Licencias irregulares
Vecinos de la Axarquía se manifiestan contra el derribo de sus viviendas
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Manifestación en contra del derribo de viviendas ilegales. | C. Díaz
Marta Sader | Málaga
Actualizado miércoles 17/03/2010 16:54 horas
Vecinos de Cártama, Mijas y la Axarquía se han manifestado este miércoles en la Plaza de la Marina de la capital malagueña para exigir a la Junta de Andalucía que se haga cargo del problema de las demoliciones de casas construidas de forma irregular en esos municipios.
Concretamente, los manifestantes piden que no se emitan nuevas órdenes de demolición de viviendas, que se pague de antemano una compensación razonable en caso de que exista la necesidad real de derribar la propiedad y que la Junta comience ya a realizar el proceso de regularización de casas, como prometió que haría hace 15 días.
La mayoría de los componentes de la marcha eran jubilados europeos que compraron sus casas hace años para vivir en la Costa del Sol un tranquilo retiro, que ahora se ve «perturbado por la Junta de Andalucía», según Mario Blancke, miembro de Los Verdes de Alcaucín.
Blancke ha denunciado el hecho de que se castigue a las víctimas en lugar de a los verdaderos culpables 'los Ayuntamientos', y ha remarcado también el sustancioso aporte económico con el que los extranjeros residentes contribuyen a la economía española, preguntándose en voz alta «por qué la Junta de Andalucía quiere matar a la gallina de los huevos de oro».
Marta Andreasen, diputada en el Parlamento Europeo y miembro del Partido Independiente de Reino Unido (UKIP) -y apodada por los organizadores de la marcha como «El castigo de Zapatero»- también se ha unido a la causa y ha ofrecido un discurso impulsando a los manifestantes a emprender acciones legales contra los Ayuntamientos y a escribir a sus representantes políticos en busca de ayuda.
Asimismo, Andreasen ha prometido que hará lo posible por bloquear los fondos europeos a las zonas afectadas hasta que el gobierno de España no se haga cargo del problema que, según la diputada, es de su competencia por haber dejado que las licencias de construcción fuesen aprobadas a un nivel tan local.
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EUROPA | Nuevo aviso de la eurodiputada británica Marta Andreasen
Las irregularidades urbanísticas amenazan el cobro de fondos europeos
- 'O el Gobierno español resuelve el problema o se podrían bloquear parte de los fondos europeos destinados a las regiones afectadas'
- Se calcula que hay 400.000 familias -extranjeros y españoles- perjudicadas
- Éstas tienen amenazas o directamente órdenes de demolición de sus casas
Efe | Málaga
Actualizado miércoles 17/03/2010 15:47 horas
Marta Andreasen.
Nuevo - y no es el primero en este sentido- e importante toque de atención al urbanismo español desde Europa. La eurodiputada británica Marta Andreasen, del Grupo de la Europa de la Libertad y la Democracia, ha aseverado que "el Gobierno español o resuelve el problema de las irregularidades urbanísticas o se podrían bloquear parte de los fondos europeos destinados a las regiones afectadas".
Andreasen, que ha participado en Málaga en una manifestación contra los Abusos Urbanísticos en Andalucía, ha indicado a Efe que está solicitando un debate a nivel del Parlamento Europeo así como una resolución para que el Gobierno "tome cartas en el asunto" y resuelva el problema de manera expeditiva. A raíz de esta protesta, el consejero andaluz de Vivienda ha 'exigido' a los británicos que 'no presionen' a la Junta.
"Parte de los fondos europeos destinados a las regiones españolas en las que hay irregularidades urbanísticas se podían bloquear hasta que el Gobierno solucione los problemas", ha sentenciado la eurodiputada británica.
Asimismo, ha señalado que en España hay 400.000 familias -entre extranjeros y españoles- "perjudicadas, porque tienen amenazas o directamente órdenes de demolición de sus casas con la excusa de que están construidas en terreno ilegal".
Andreasen ha pedido que 'la aplicación de cualquier ley no se haga de forma retroactiva'
Por ello, Andreasen ha pedido que "la aplicación de cualquier ley no se haga de forma retroactiva sino que se considere lo que está construido, se legalice y que a partir del momento en el que se resuelva la situación se aplique la ley como se tiene que aplicar".
En la marcha, organizada por la asociación de extranjeros 'Save our Homes Axarquía', han participado más de 300 personas afectadas, que han pedido a la Junta de Andalucía que no se emitan nuevas órdenes de demolición de casas, que se pague una compensación razonable en los casos en los que exista la necesidad de un derribo de vivienda y que comience el proceso de legalización.
El Pais 17 3 2010: Los alcaldes podrán demoler en un mes construcciones sin licencia
La Junta aprueba el reglamento que intenta impedir las edificaciones ilegales
DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 17/03/2010
No hay mejor forma de eliminar una construcción ilegal que evitar que se construya. El Reglamento de Disciplina Urbanística que aprobó ayer el Consejo de Gobierno introduce entre sus novedades más llamativas la figura del derribo exprés, un procedimiento de rápida tramitación que permitirá a los alcaldes, o de manera subsidiaria al titular de la Consejería de Ordenación del Territorio, ordenar en un plazo máximo de un mes una edificación que sea "manifiestamente incompatible con la ordenación urbanística".
Se consideran así aquellas construcciones sobre las que existe denegación de licencia; la parcelación o edificación en suelo calificado como no urbanizable y cualquiera que se alce sobre terrenos reservados a equipamientos públicos, o los actos realizados en terrenos de dominio público que no cuenten con la pertinente concesión.
El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, explicó que "se trata de evitar que cuando se detecta un movimiento de tierras o una cimentación, al cabo de los 12 meses haya una vivienda terminada y habitada".
Iniciado el expediente, los afectados tendrán entre 10 y 15 días para ser oídos y en un mes máximo se podrá dictar la orden de derribo.El reglamento, que desarrolla y "aclara" criterios que como recordó Espadas ya están formulados en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), trata sobre todo de propiciar a los ayuntamientos instrumentos de respuesta ágiles contra las ilegalidades. "Blindamos los procesos de forma más segura a como estaba hasta ahora, y se fijan unas reglas de juego si cabe más claras, de forma que no queden dudas ni resquicios, si es que a alguien le quedaban", explicó Espadas.
En la elaboración de la normativa se ha tenido muy en cuenta la práctica de irregularidades e ilegalidades de los últimos años, de forma que se han recopilado casos muy concretos. La huella de lo ocurrido en Marbella es especialmente evidente. Es el caso más conocido, pero la realidad es que en la comunidad existen decenas de miles de viviendas construidas en contra de las normas urbanísticas.
El reglamento introduce el "cumplimiento por equivalencia", para aquellas situaciones que si bien contravienen el ordenamiento urbanístico pueden tener cabida en él, estableciendo para ello una indemnización sustitutoria económica o en aportación de suelo, y siempre complementaria a la multa correspondiente. Es un sistema similar a la normalización diseñada por Manuel González Fustegueras en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella. "Hay que sacar muchas conclusiones de lo ocurrido", reconoció Espadas, quien explicó que "es necesaria una mayor implicación del conjunto de la sociedad".
La normativa, que según Espadas es "pionera en España", no sólo implica a ayuntamientos y a la Junta, también otorga responsabilidades en el control de la legalidad a colegios profesionales, registradores de la propiedad y a las empresas suministradoras de servicios. La experiencia enseña que viviendas construidas en contra de la normativa urbanística han sido escrituradas, inscritas en los registros, y han disfrutado con toda normalidad de suministros de agua, luz, gas, o teléfono. Según el consejero, uno de los objetivos primordiales de la norma es proteger al comprador de una vivienda en proyecto, para que tenga todas las garantías de legalidad.
El reglamento, por ejemplo, amplía el listado de hechos inscribibles en el registro, de forma que se deberán anotar si una vivienda tiene la licencia impugnada, si está pendiente de algún pronunciamiento judicial, o ha quedado fuera de ordenación. Hasta ahora, el registro no anota siquiera una sentencia firme de anulación de una licencia. Los colegios de arquitectos, antes de visar los proyectos de licencias, tendrán que comprobar que se ajustan a las determinaciones urbanísticas. Y las empresas de de suministros quedarán impedidas a suministrar servicios a las viviendas que no acrediten disponer de la licencia de primera ocupación.
En el régimen sancionador, las faltas muy graves serán sancionadas con multas de entre 6.000 y 120.000 euros, y son las referidas a actuaciones en suelo protegido o no urbanizable sin instrumento de planeamiento. El reglamento endurece la reprobación de las parcelaciones ilegales, con sanciones a partir de un 150% del beneficio obtenido. El régimen sancionador persigue además eliminar el beneficio económico del infractor, de forma que la cuantía de las multas puede elevarse si sumada al coste de la reposición de la legalidad queda por debajo del lucro obtenido.
DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 17/03/2010
No hay mejor forma de eliminar una construcción ilegal que evitar que se construya. El Reglamento de Disciplina Urbanística que aprobó ayer el Consejo de Gobierno introduce entre sus novedades más llamativas la figura del derribo exprés, un procedimiento de rápida tramitación que permitirá a los alcaldes, o de manera subsidiaria al titular de la Consejería de Ordenación del Territorio, ordenar en un plazo máximo de un mes una edificación que sea "manifiestamente incompatible con la ordenación urbanística".
Se consideran así aquellas construcciones sobre las que existe denegación de licencia; la parcelación o edificación en suelo calificado como no urbanizable y cualquiera que se alce sobre terrenos reservados a equipamientos públicos, o los actos realizados en terrenos de dominio público que no cuenten con la pertinente concesión.
El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, explicó que "se trata de evitar que cuando se detecta un movimiento de tierras o una cimentación, al cabo de los 12 meses haya una vivienda terminada y habitada".
Iniciado el expediente, los afectados tendrán entre 10 y 15 días para ser oídos y en un mes máximo se podrá dictar la orden de derribo.El reglamento, que desarrolla y "aclara" criterios que como recordó Espadas ya están formulados en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), trata sobre todo de propiciar a los ayuntamientos instrumentos de respuesta ágiles contra las ilegalidades. "Blindamos los procesos de forma más segura a como estaba hasta ahora, y se fijan unas reglas de juego si cabe más claras, de forma que no queden dudas ni resquicios, si es que a alguien le quedaban", explicó Espadas.
En la elaboración de la normativa se ha tenido muy en cuenta la práctica de irregularidades e ilegalidades de los últimos años, de forma que se han recopilado casos muy concretos. La huella de lo ocurrido en Marbella es especialmente evidente. Es el caso más conocido, pero la realidad es que en la comunidad existen decenas de miles de viviendas construidas en contra de las normas urbanísticas.
El reglamento introduce el "cumplimiento por equivalencia", para aquellas situaciones que si bien contravienen el ordenamiento urbanístico pueden tener cabida en él, estableciendo para ello una indemnización sustitutoria económica o en aportación de suelo, y siempre complementaria a la multa correspondiente. Es un sistema similar a la normalización diseñada por Manuel González Fustegueras en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella. "Hay que sacar muchas conclusiones de lo ocurrido", reconoció Espadas, quien explicó que "es necesaria una mayor implicación del conjunto de la sociedad".
La normativa, que según Espadas es "pionera en España", no sólo implica a ayuntamientos y a la Junta, también otorga responsabilidades en el control de la legalidad a colegios profesionales, registradores de la propiedad y a las empresas suministradoras de servicios. La experiencia enseña que viviendas construidas en contra de la normativa urbanística han sido escrituradas, inscritas en los registros, y han disfrutado con toda normalidad de suministros de agua, luz, gas, o teléfono. Según el consejero, uno de los objetivos primordiales de la norma es proteger al comprador de una vivienda en proyecto, para que tenga todas las garantías de legalidad.
El reglamento, por ejemplo, amplía el listado de hechos inscribibles en el registro, de forma que se deberán anotar si una vivienda tiene la licencia impugnada, si está pendiente de algún pronunciamiento judicial, o ha quedado fuera de ordenación. Hasta ahora, el registro no anota siquiera una sentencia firme de anulación de una licencia. Los colegios de arquitectos, antes de visar los proyectos de licencias, tendrán que comprobar que se ajustan a las determinaciones urbanísticas. Y las empresas de de suministros quedarán impedidas a suministrar servicios a las viviendas que no acrediten disponer de la licencia de primera ocupación.
En el régimen sancionador, las faltas muy graves serán sancionadas con multas de entre 6.000 y 120.000 euros, y son las referidas a actuaciones en suelo protegido o no urbanizable sin instrumento de planeamiento. El reglamento endurece la reprobación de las parcelaciones ilegales, con sanciones a partir de un 150% del beneficio obtenido. El régimen sancionador persigue además eliminar el beneficio económico del infractor, de forma que la cuantía de las multas puede elevarse si sumada al coste de la reposición de la legalidad queda por debajo del lucro obtenido.
16.3.10
12 h, 17 3 2010: Manifestacion / Protest March in Malaga
Manifestación contra los Abusos Urbanísticos en Andalucía
Marchamos en apoyo de las personas que tienen la desgracia de vivir bajo la amenaza de sufrir la demolición de su hogar por parte de la Junta de Andalucía.
Miles de extranjeros y españoles que compraron o construyeron sus casas de buena fe, ahora se encuentran ante la aterradora posibilidad de un derribo de sus hogares.
Esta marcha se organiza por parte de la asociación "Save Our Homes Axarquía" (Salvad Nuestros Hogares Axarquía - (http://www.soha.es/ ) en protesta contra las acciones de la Junta de Andalucía, y será asistida por vecinos de Cártama, Almería, Mijas y de otros pueblos y provincias de Andalucía.
Pedimos tres cosas de la Junta de Andalucía :
1. Que no se emitan nuevos órdenes de demolición de casas.
2. Que se pague una compensación razonable de antemano en estos casos en que exista la necesidad de un derribo de vivienda.
3. Que la Junta empiece a realizar el proceso de legalizacion.
También creemos que la Junta, en base a sus acciones, ejerce una política de castigar a las personas que han sido victimas inocentes de promotoras, políticos, abogados y notarios.
Marchamos bajo el lema "Castigad a los Culpables, no a las Víctimas".
La marcha empecerá con actos orales:
¡Unámonos y juntos luchamos contra esta injustícia!
Por favor, contacten con press@soha.es en caso de que necesiten información adicional o copias de los discursos.
*** Se trata de un evento organizado que cumple con todas las autorizaciones por parte del Ayuntamiento de Málaga.
Organizador:
SOHA (Save our Homes in Axarquia)
http://www.soha.es/
-------------------------------------------------------
March to Protest Against Urban Abuses in Andalucia
March in support of those unfortunate enough to live in a house under threat of demolition by the Junta de Andalucia. Thousands of Foreigners and Spaniards who bought or built their houses in good faith now face the frightening prospect of the demolition of their homes.
This march is organised by Save Our Homes Axarquia (http://www.soha.es/ ) in protest against the actions of the Junta de Andalucia, and will be supported by marchers from Cartama, Almeria, Mijas and other towns and provinces of Andalucia
We ask three things of the Junta:
1. That no new demolitions be ordered.
2. That where houses must be demolished reasonable compensation must be paid in advance.
3. That the Junta begin the process of regularisation.
We also believe that the Junta, by its actions, has a policy of punishing the innocent victims of unscrupulous developers, politicians, lawyers and notaries.
We march under the slogan of "Punish the guilty, not the victims".
Join with us and fight this injustice.
For more information and copies of the speeches contact Manifestación contra los Abusos Urbanísticos en Andalucía at press@soha.es
*** This is an organized event with all necessary authorizations from the Malaga Townhall.
Organizador:
SOHA (Save our Homes in Axarquia)
http://www.soha.es/
Marchamos en apoyo de las personas que tienen la desgracia de vivir bajo la amenaza de sufrir la demolición de su hogar por parte de la Junta de Andalucía.
Miles de extranjeros y españoles que compraron o construyeron sus casas de buena fe, ahora se encuentran ante la aterradora posibilidad de un derribo de sus hogares.
Esta marcha se organiza por parte de la asociación "Save Our Homes Axarquía" (Salvad Nuestros Hogares Axarquía - (http://www.soha.es/ ) en protesta contra las acciones de la Junta de Andalucía, y será asistida por vecinos de Cártama, Almería, Mijas y de otros pueblos y provincias de Andalucía.
Pedimos tres cosas de la Junta de Andalucía :
1. Que no se emitan nuevos órdenes de demolición de casas.
2. Que se pague una compensación razonable de antemano en estos casos en que exista la necesidad de un derribo de vivienda.
3. Que la Junta empiece a realizar el proceso de legalizacion.
También creemos que la Junta, en base a sus acciones, ejerce una política de castigar a las personas que han sido victimas inocentes de promotoras, políticos, abogados y notarios.
Marchamos bajo el lema "Castigad a los Culpables, no a las Víctimas".
La marcha empecerá con actos orales:
El 17 de Marzo de 2010 - a las 12:00 h
Plaza de la Marina
Málaga
¡Unámonos y juntos luchamos contra esta injustícia!
Por favor, contacten con press@soha.es en caso de que necesiten información adicional o copias de los discursos.
*** Se trata de un evento organizado que cumple con todas las autorizaciones por parte del Ayuntamiento de Málaga.
Organizador:
SOHA (Save our Homes in Axarquia)
http://www.soha.es/
-------------------------------------------------------
March to Protest Against Urban Abuses in Andalucia
March in support of those unfortunate enough to live in a house under threat of demolition by the Junta de Andalucia. Thousands of Foreigners and Spaniards who bought or built their houses in good faith now face the frightening prospect of the demolition of their homes.
This march is organised by Save Our Homes Axarquia (http://www.soha.es/ ) in protest against the actions of the Junta de Andalucia, and will be supported by marchers from Cartama, Almeria, Mijas and other towns and provinces of Andalucia
We ask three things of the Junta:
1. That no new demolitions be ordered.
2. That where houses must be demolished reasonable compensation must be paid in advance.
3. That the Junta begin the process of regularisation.
We also believe that the Junta, by its actions, has a policy of punishing the innocent victims of unscrupulous developers, politicians, lawyers and notaries.
We march under the slogan of "Punish the guilty, not the victims".
The march will begin with speeches at:
12.00 pm 17th March 2010
Plaza De La Marina
Malaga
Join with us and fight this injustice.
For more information and copies of the speeches contact Manifestación contra los Abusos Urbanísticos en Andalucía at press@soha.es
*** This is an organized event with all necessary authorizations from the Malaga Townhall.
Organizador:
SOHA (Save our Homes in Axarquia)
http://www.soha.es/
15.3.10
El Pais 15 3 2010
Costas veta una serie en TVE sobre la destrucción del litoral
El Gobierno exige retirar dos minutos de imágenes de corrupción - El guionista denuncia "censura como la de las fotos de Valencia"
RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 15/03/2010
El Ministerio de Medio Ambiente ha bloqueado la emisión de un documental para TVE que encargó Cristina Narbona en 2006 sobre la destrucción del litoral y que fue financiado con 1.292.874 euros de dinero público. El Gobierno exige retirar dos minutos de vídeo en el que se superponen imágenes del Telediario sobre la corrupción urbanística como uno de los males del litoral. El responsable de la serie, el catedrático de Costas de Granada Miguel Ángel Losada, se niega a retirar ese fragmento: "Desgraciadamente, la corrupción es parte de nuestra historia. Esto es una censura como la de las fotos de la Diputación de Valencia".
EL CAPÍTULO MÁS POLÉMICO
El ministerio dice que quiere evitar "interpretaciones tendenciosas"
Narbona acordó en 2006 financiar el documental con 1,2 millones de euros
La serie Las riberas del mar océano es de todo menos neutra, especialmente, el capítulo 12, dedicado a la legislación. Bajo imágenes aéreas realmente espectaculares un locutor narra: "La costa concentra una parte sustancial de los delitos contra el medio ambiente y el urbanismo, de viviendas ilegales y de sentencias de demolición. Tras ella se esconde la complicidad social con la corrupción urbanística, que se manifiesta por la connivencia de algunos funcionarios, cargos públicos, profesionales y empresas de suministro. Todos ellos han consentido las actividades ilícitas y las prácticas corruptas. ¿Por qué hay tantos desmanes, abusos y corrupciones?".
Más adelante añade: "Gran parte del litoral español está en manos privadas, urbanizado, alterado profundamente o destruido. En muchos casos no existen las servidumbres de paso, protección y acceso al mar". Sobre El Algarrobico (Almería), se pregunta si se insiste de nuevo "en el desarrollo económico a toda costa".
En el documental hablan juristas como Tomás de la Quadra, el fiscal coordinador de Medio Ambiente, Antonio Vercher -que define el deterioro ambiental como "un suicidio colectivo, algo brutalmente lamentable"- o Fernando Palao, el redactor de la Ley de Costas de 1988. Éste, que fue secretario de Estado en Fomento hasta hace un año, pide "una aplicación más estricta" de la norma y ha calificado en público de "pintoresca" la actuación del actual equipo de Costas con los chiringuitos.
La serie cita casos concretos de abusos como la urbanización en el Prat de Cabanes y plantea desmontar los poblados en primera línea en Chilches y Moncófar (todos en Castellón). El vídeo los sitúa dentro del dominio público y se pregunta si no sería más lógico trasladarlos en vez de regenerar las playas artificialmente.
"La serie no tenía absolutamente ninguna directriz política. No sólo eso, sino que me dieron libertad total para alcanzar unos objetivos que estaban bien definidos. Ni TVE ni yo somos una agencia de publicidad", explicó ayer por teléfono Losada, que lideró la serie junto al periodista Julio de Benito, ya fallecido. Losada añade que por respeto a De Benito no puede cambiar el documental que cerraron. La serie ha sido rodada durante más de dos años con personal de TVE.
El convenio entre el ministerio y la Universidad de Granada establece 10 objetivos del documental. El primero de ellos: "Transmitir que el litoral es de todos los ciudadanos y que todos tenemos el derecho y el deber de usarlo y protegerlo, de respetar y hacer respetar su ordenación, organización y control".
Los responsables del ministerio vieron la serie hace meses y plantearon seis objeciones técnicas. Según Losada, él las aceptó salvo la de retirar dos minutos en los que, con imágenes del Telediario, se suceden casos de corrupción: Telde, Andratx, Marbella... Losada justifica su resistencia: "Esas imágenes son fundamentales. Es parte de la historia de este país y no lo digo yo, sino los periódicos todos los días. Lamentablemente, es una parte de nuestra historia y si la ocultamos estamos condenados a repetirla".
Una portavoz del ministerio admitió ayer en un correo electrónico que, además de las objeciones técnicas, el departamento que dirige Elena Espinosa "solicitó que se eliminaran dos minutos de un capítulo de 45 en el que se afirmaba que el problema del litoral era la corrupción urbanística". Y justificó: "En opinión del ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, la situación del litoral español responde a una mala planificación urbanística y a un exceso de edificabilidad, con independencia de que la corrupción sea, lamentablemente, una realidad en zonas de la costa".
Losada detalla cómo fue esa reunión, el pasado 24 de febrero en el ministerio: "Dijeron que el secretario general del Mar [Juan Carlos Martín Fragueiro] dio la orden de que con esas imágenes el capítulo 12 no se emitiría. La serie son 13 capítulos engarzados y como guionista no consiento que se cercene y no autorizo que se emita si no es la serie completa".
Medio Ambiente considera que "no ha vetado ni censurado ningún capítulo" de esta producción y argumenta que "una serie de carácter divulgativo y didáctico, avalada por el mismo, no puede contener ningún tipo de error o inexactitud ni dar pie a interpretaciones tendenciosas". "El ministerio y TVE", concluye, "están a la espera de que puedan realizarse estos cambios para que se pueda emitir una serie que considera de un gran interés".
Miguel Ángel Losada admite que la serie "muestra cosas flagrantes contra la Ley de Costas y contra la Constitución". "Las imágenes desde el aire son, muchas de ellas, muy dolorosas porque muestran un deterioro de una franja única e irrepetible convertida en una franja para cimentar edificios".
En el caso subyacen las diferencias entre la gestión del actual equipo y el de Narbona, mucho más beligerante en público contra los abusos urbanísticos en el litoral. Hay varios ejemplos del cambio, que fuentes del sector justifican por la crisis económica, la presión de países europeos contra las expropiaciones y por el miedo a perder votos. En diciembre de 2008, el ministerio envió al Congreso una reforma legal que suavizaba la Ley de Costas para permitir vender las casas construidas legalmente en la playa antes de 1988. La reforma sigue encallada en la Cámara. La Estrategia de Sostenibilidad del Litoral de la pasada legislatura, que contemplaba derribos masivos para recuperar el dominio público, sigue en un cajón. El subdelegado del Gobierno en Almería revocó la decisión del Consejo de Ministros de expropiar El Algarrobico, algo que Greenpeace ha llevado a los tribunales, ya que considera que un subdelegado no tiene competencias para corregir una decisión del Consejo de Ministros.
EL CAPÍTULO MÁS POLÉMICO
-A MEDIAS. La serie Las riberas del mar océano nace del convenio firmado entre el Ministerio de Medio Ambiente, que aportaba 1.292.874 euros, y TVE el 12 de diciembre de 2006. Cada capítulo abre con los logotipos del ministerio y de TVE.
-LA CORRUPCIÓN. Incluye dos minutos de imágenes del Telediario sobre escándalos urbanísticos: Marbella, Andratx, Gondomar, Telde... El Gobierno exige eliminarlas; no considera que la corrupción sea la causa del desorden en el litoral.
- EXCESOS. El documental muestra imágenes aéreas de La Manga del Mar Menor y se pregunta por qué debe el Estado financiar la defensa frente a los temporales y señala casos como Marina D'Or o El Algarrobico.
- DERRIBOS. El equipo filmó derribos en el litoral en los dos años que duró el trabajo. La serie plantea que poblados situados en primera línea de costa -Chilches y Moncófar, en Castellón, por ejemplo- sean trasladados al interior.
-EL GUIONISTA. Miguel Ángel Losada, catedrático de Costas en Granada, ha sido el responsable del guión y aparece en el documental. Se niega a eliminar las referencias a la corrupción: "Desgraciadamente, es parte de nuestra historia".
-EQUIPO ANTERIOR. Los agradecimientos comienzan por la anterior cúpula del ministerio en Costas: la ministra Cristina Narbona; el secretario general, Antonio Serrano, y el director, José Fernández. No figura el actual equipo
El Gobierno exige retirar dos minutos de imágenes de corrupción - El guionista denuncia "censura como la de las fotos de Valencia"
RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 15/03/2010
El Ministerio de Medio Ambiente ha bloqueado la emisión de un documental para TVE que encargó Cristina Narbona en 2006 sobre la destrucción del litoral y que fue financiado con 1.292.874 euros de dinero público. El Gobierno exige retirar dos minutos de vídeo en el que se superponen imágenes del Telediario sobre la corrupción urbanística como uno de los males del litoral. El responsable de la serie, el catedrático de Costas de Granada Miguel Ángel Losada, se niega a retirar ese fragmento: "Desgraciadamente, la corrupción es parte de nuestra historia. Esto es una censura como la de las fotos de la Diputación de Valencia".
EL CAPÍTULO MÁS POLÉMICO
El ministerio dice que quiere evitar "interpretaciones tendenciosas"
Narbona acordó en 2006 financiar el documental con 1,2 millones de euros
La serie Las riberas del mar océano es de todo menos neutra, especialmente, el capítulo 12, dedicado a la legislación. Bajo imágenes aéreas realmente espectaculares un locutor narra: "La costa concentra una parte sustancial de los delitos contra el medio ambiente y el urbanismo, de viviendas ilegales y de sentencias de demolición. Tras ella se esconde la complicidad social con la corrupción urbanística, que se manifiesta por la connivencia de algunos funcionarios, cargos públicos, profesionales y empresas de suministro. Todos ellos han consentido las actividades ilícitas y las prácticas corruptas. ¿Por qué hay tantos desmanes, abusos y corrupciones?".
Más adelante añade: "Gran parte del litoral español está en manos privadas, urbanizado, alterado profundamente o destruido. En muchos casos no existen las servidumbres de paso, protección y acceso al mar". Sobre El Algarrobico (Almería), se pregunta si se insiste de nuevo "en el desarrollo económico a toda costa".
En el documental hablan juristas como Tomás de la Quadra, el fiscal coordinador de Medio Ambiente, Antonio Vercher -que define el deterioro ambiental como "un suicidio colectivo, algo brutalmente lamentable"- o Fernando Palao, el redactor de la Ley de Costas de 1988. Éste, que fue secretario de Estado en Fomento hasta hace un año, pide "una aplicación más estricta" de la norma y ha calificado en público de "pintoresca" la actuación del actual equipo de Costas con los chiringuitos.
La serie cita casos concretos de abusos como la urbanización en el Prat de Cabanes y plantea desmontar los poblados en primera línea en Chilches y Moncófar (todos en Castellón). El vídeo los sitúa dentro del dominio público y se pregunta si no sería más lógico trasladarlos en vez de regenerar las playas artificialmente.
"La serie no tenía absolutamente ninguna directriz política. No sólo eso, sino que me dieron libertad total para alcanzar unos objetivos que estaban bien definidos. Ni TVE ni yo somos una agencia de publicidad", explicó ayer por teléfono Losada, que lideró la serie junto al periodista Julio de Benito, ya fallecido. Losada añade que por respeto a De Benito no puede cambiar el documental que cerraron. La serie ha sido rodada durante más de dos años con personal de TVE.
El convenio entre el ministerio y la Universidad de Granada establece 10 objetivos del documental. El primero de ellos: "Transmitir que el litoral es de todos los ciudadanos y que todos tenemos el derecho y el deber de usarlo y protegerlo, de respetar y hacer respetar su ordenación, organización y control".
Los responsables del ministerio vieron la serie hace meses y plantearon seis objeciones técnicas. Según Losada, él las aceptó salvo la de retirar dos minutos en los que, con imágenes del Telediario, se suceden casos de corrupción: Telde, Andratx, Marbella... Losada justifica su resistencia: "Esas imágenes son fundamentales. Es parte de la historia de este país y no lo digo yo, sino los periódicos todos los días. Lamentablemente, es una parte de nuestra historia y si la ocultamos estamos condenados a repetirla".
Una portavoz del ministerio admitió ayer en un correo electrónico que, además de las objeciones técnicas, el departamento que dirige Elena Espinosa "solicitó que se eliminaran dos minutos de un capítulo de 45 en el que se afirmaba que el problema del litoral era la corrupción urbanística". Y justificó: "En opinión del ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, la situación del litoral español responde a una mala planificación urbanística y a un exceso de edificabilidad, con independencia de que la corrupción sea, lamentablemente, una realidad en zonas de la costa".
Losada detalla cómo fue esa reunión, el pasado 24 de febrero en el ministerio: "Dijeron que el secretario general del Mar [Juan Carlos Martín Fragueiro] dio la orden de que con esas imágenes el capítulo 12 no se emitiría. La serie son 13 capítulos engarzados y como guionista no consiento que se cercene y no autorizo que se emita si no es la serie completa".
Medio Ambiente considera que "no ha vetado ni censurado ningún capítulo" de esta producción y argumenta que "una serie de carácter divulgativo y didáctico, avalada por el mismo, no puede contener ningún tipo de error o inexactitud ni dar pie a interpretaciones tendenciosas". "El ministerio y TVE", concluye, "están a la espera de que puedan realizarse estos cambios para que se pueda emitir una serie que considera de un gran interés".
Miguel Ángel Losada admite que la serie "muestra cosas flagrantes contra la Ley de Costas y contra la Constitución". "Las imágenes desde el aire son, muchas de ellas, muy dolorosas porque muestran un deterioro de una franja única e irrepetible convertida en una franja para cimentar edificios".
En el caso subyacen las diferencias entre la gestión del actual equipo y el de Narbona, mucho más beligerante en público contra los abusos urbanísticos en el litoral. Hay varios ejemplos del cambio, que fuentes del sector justifican por la crisis económica, la presión de países europeos contra las expropiaciones y por el miedo a perder votos. En diciembre de 2008, el ministerio envió al Congreso una reforma legal que suavizaba la Ley de Costas para permitir vender las casas construidas legalmente en la playa antes de 1988. La reforma sigue encallada en la Cámara. La Estrategia de Sostenibilidad del Litoral de la pasada legislatura, que contemplaba derribos masivos para recuperar el dominio público, sigue en un cajón. El subdelegado del Gobierno en Almería revocó la decisión del Consejo de Ministros de expropiar El Algarrobico, algo que Greenpeace ha llevado a los tribunales, ya que considera que un subdelegado no tiene competencias para corregir una decisión del Consejo de Ministros.
EL CAPÍTULO MÁS POLÉMICO
-A MEDIAS. La serie Las riberas del mar océano nace del convenio firmado entre el Ministerio de Medio Ambiente, que aportaba 1.292.874 euros, y TVE el 12 de diciembre de 2006. Cada capítulo abre con los logotipos del ministerio y de TVE.
-LA CORRUPCIÓN. Incluye dos minutos de imágenes del Telediario sobre escándalos urbanísticos: Marbella, Andratx, Gondomar, Telde... El Gobierno exige eliminarlas; no considera que la corrupción sea la causa del desorden en el litoral.
- EXCESOS. El documental muestra imágenes aéreas de La Manga del Mar Menor y se pregunta por qué debe el Estado financiar la defensa frente a los temporales y señala casos como Marina D'Or o El Algarrobico.
- DERRIBOS. El equipo filmó derribos en el litoral en los dos años que duró el trabajo. La serie plantea que poblados situados en primera línea de costa -Chilches y Moncófar, en Castellón, por ejemplo- sean trasladados al interior.
-EL GUIONISTA. Miguel Ángel Losada, catedrático de Costas en Granada, ha sido el responsable del guión y aparece en el documental. Se niega a eliminar las referencias a la corrupción: "Desgraciadamente, es parte de nuestra historia".
-EQUIPO ANTERIOR. Los agradecimientos comienzan por la anterior cúpula del ministerio en Costas: la ministra Cristina Narbona; el secretario general, Antonio Serrano, y el director, José Fernández. No figura el actual equipo
12.3.10
ABC 12 3 2010: Cantabria - Promotora ingresó 10,2 millones por exceso edificabilidad
12-03-2010 / 16:50 h
(Cantabria) POLITICA,MUNICIPAL
Promotora ingresó 10,2 millones por exceso edificabilidad, según instrucción
Este Juzgado instruye la investigación iniciada por la Fiscalía de Medio
Ambiente y Urbanismo por las presuntas irregularidades cometidas en la
construcción de las urbanizaciones "Bezana Lago" y "Bezana Bella", en Santa
Cruz de Bezana, en las que se podría haber cometido un delito de
prevaricación y otro contra la ordenación del territorio, según ha informado
hoy la Agrupación de Vecinos Independientes (ADVI).
ADVI, que está personada en esta causa como acusación particular, ha dado a
conocer hoy el contenido del último informe pericial, llevado a cabo por
encargo de este Juzgado e incluido dentro de las diligencias previas de la
instrucción.
La presidenta y portavoz de este colectivo, Milagros Bárcena, ha detallado
en una rueda de prensa que el informe pericial señala que la promotora de
Bezana Lago "sobrepasó el máximo de edificación permitida" al construir
locales comerciales en la planta baja de la urbanización y viviendas en la
planta bajo cubierta (áticos) que no estaban incluidos en el proyecto de
construcción.
De los más de 15.000 metros cuadrados construidos en exceso, una superficie
de 7.634 -inicialmente prevista para trasteros de las viviendas de las
plantas inferiores- se dedicó a la construcción de áticos, y los restantes
7.563 a locales comerciales.
La venta de los locales comerciales supuso a la promotora unos ingresos
cercanos a los 4,2 millones de euros, mientras que la de los áticos ascendió
a 5,9 millones, según el informe pericial.
Éste analiza también el convenio urbanístico firmado en 1997 por el entonces
alcalde de Bezana, Jerónimo Antonio Velasco (PP), y el promotor de Bezana
Lago, José Manuel Rojo Toribio, para intentar legalizar este exceso de
edificabilidad.
A través de él, la promotora cedía al Consistorio la denominada "Finca Rada"
y la piscina construida en el interior de la urbanización, ambas valoradas
en 458.556 euros y más de 1,5 millones, respectivamente, si bien ninguna de
las dos está escriturada a nombre del Ayuntamiento.
Bárcena ha explicado que actualmente el Ayuntamiento utiliza "en precario"
la nave de la Finca Rada como sede de la Agencia de Desarrollo Local,
mientras que la piscina está siendo explotada de manera privada por el
promotor.
Ha señalado que el informe pericial considera que el convenio "no es más que
un trueque" entre el Ayuntamiento y la promotora y asegura que la
contraprestación que ha de recibir el Consistorio a cambio de la
legalización de un exceso de edificación "no está reglada urbanísticamente".
Al no estar regulada, el criterio de compensación se tendría que haber
establecido, según el informe, "en base a la valoración de cada una de las
aportaciones de las partes con carácter previo a la firma del Convenio".
A juicio de Bárcena -que ha calificado de "ejemplar" la instrucción del
Juzgado número 1 y la labor de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo -,
el informe pericial "ya indica" con esta afirmación "lo irregular e ilegal"
del propio convenio.
En su opinión, lo ocurrido con Bezana Lago constituye una "estafa" y una
"trama urbanística de grandes dimensiones e inimaginables beneficios", en la
que se han manejado unas "cifras de escándalo".
Ha confiado en que la investigación "va a poner a cada uno en su sitio y va
a depurar responsabilidades" de políticos, constructores, técnicos y
funcionarios que, según ha dicho, "no se van a ir de rositas".
Además, ha recordado que en esta trama urbanística ya figuran como
imputados, el ex alcalde de Bezana, Jerónimo Antonio Velasco (PP); el
arquitecto, Francisco Lorenzo Monteagudo, y la técnico jurídico, Elena
Ceballos.
ADVI ha vuelto a reclamar hoy la cesión de las propiedades que se
especifican en el convenio urbanístico y se ha preguntado por qué el
Ayuntamiento "perdona" a un constructor que ha incurrido en un exceso de
edificabilidad las compensaciones acordadas cuando el municipio "no tiene
nada" y carece de infraestructuras.
A su juicio, "lo más lamentable es que ningún partido político, a excepción
de ADVI -con representación en el Ayuntamiento desde 2003-, haya dicho
"absolutamente nada" sobre este asunto.
Sobre la urbanización "Bezana Bella", construida por la promotora Carabaza
Hidalgo, ha explicado que "es más de lo mismo" que lo ocurrido en Bezana
Lago, pero "más claro" aún. EFE-Cantabria 1005468
10.3.10
Las Provincias 10 3 2010: El Defensor del Pueblo condena el ladrillo...
Alicante
El Defensor del Pueblo condena el ladrillo a costa del agua
Enrique Múgica subraya en el Congreso que el agua «no pertenece al territorio por donde pasa»
10.03.10 - 01:10 -
M. BUITRAGO ALICANTE.
Presenta un amplio informe basado en más de 300 quejas sobre agua y urbanismo
No se pronuncia sobre trasvases o desaladoras: «La solución depende de cada caso concreto»
Una lluvia de sentido común cayó ayer sobre el Congreso de los Diputados, donde el Defensor del Pueblo se inmiscuyó con todas las de la ley en los abusos urbanísticos y en el conflicto territorial y político del agua con una lógica aplastante. «El agua no pertenece al territorio por el que pasa ni a sus habitantes, es un bien de dominio público», enfatizó Enrique Múgica cuando presentó el informe monográfico 'Agua y Ordenación del Territorio' ante la Comisión Mixta Congreso-Senado. Hizo una llamada al «gran consenso».
Las quejas recibidas por esta institución en los últimos años, y las correspondientes investigaciones, se han traducido en muchos tirones de orejas a las administraciones públicas por su pasividad y renuncia en casos relacionados con la vorágine urbanística o la contaminación de cauces, sin mencionar ningún territorio. La denuncia se hace extensiva a empresas y particulares que se benefician de la dejación oficial. En lo referido al ladrillo, Múgica lamentó la práctica de construir sin agua y recalcó que no se debe urbanizar sin tener antes la concesión. Las quejas analizadas han sido más de 300.
El informe realizado por un equipo de asesores rompe muchos tabúes y trata de poner racionalidad. El mensaje de que el agua no tiene dueño llega justo en el momento en el que se está debatiendo el Estatuto de Castilla-La Mancha y el devenir del Trasvase Tajo-Segura, azuzado por la pretensión de esta Comunidad de establecer una reserva de 6.000 hectómetros cúbicos. La reprimenda del Defensor del Pueblo ante quienes se otorgan la propiedad del agua que pasa junto a sus puertas afecta por extensión a Aragón, donde se fijó una reserva de 5.550 hectómetros del Ebro.
¿Qué contamina más?
Señala que las confederaciones hidrográficas pueden otorgar aprovechamientos de aguas entre unas cuencas y otras si consideran que es la forma más racional, aunque precisa que las obras de conducción deben estar justificadas porque provocan más impacto ambiental. Indica que hay que distinguir entre sequía y déficit estructural, como el que sufre la cuenca del Segura, y no se pronuncia de una forma concluyente si es preferible un trasvase a una desaladora. «Depende las circunstancias de cada caso concreto», apunta. «Esta institución no se decanta por una solución u otra, simplemente sugiere que se examinen y comparen todas las opciones para resolver un problema estratégico y se elija la mejor desde el punto de vista ambiental», argumenta al analizar los trasvases y las desalinizadoras. Cree que no es lo mismo que las obras de canalización estén realizadas o no, y recalca que el principal impacto de las transferencias de agua entre cuencas afecta al caudal del río cedente. También destaca que la parte negativa de las desalinizadoras son las emisiones de CO2 (por la generación previa de energía eléctrica) y el vertido de la salmuera al mar.
Enrique Múgica sostiene que no deben concederse nuevos derechos para los que no haya recursos hídricos suficientes. «Hemos de desaconsejar resueltamente la práctica de construir urbanizaciones, campos de golf, invernaderos e industrias sin que exista agua de antemano, en la confianza de que después se obtendrá de alguna parte una vez que estén terminadas las obras», explicó ayer en el Congreso.
Estas indicaciones del Defensor del Pueblo tienen detrás muchas quejas presentadas en los últimos años por particulares que compraron casas en urbanizaciones ilegales o que no tenían garantizado el suministro. Resuelve al respecto que debe existir una mayor coordinación normativa en materia hidrológica y urbanística, y recalca que los informes preceptivos de las confederaciones hidrográficas deben ser vinculantes y tenidos en consideración.
Mejor un camión cisterna
Al abordar los problemas coyunturales de abastecimientos, argumenta que se pueden construir canales siempre que los episodios de sequía tengan periodicidad y su impacto sea asumible. De lo contrario, opina que se puede resolver con fórmulas más rápidas, baratas y reversibles, como el transporte con camiones cisterna.
Los expertos que han realizado el estudio para el Defensor del Pueblo sostienen que las nuevas concesiones de agua para el crecimiento urbanístico deben calcularse con las demandas previstas en ese momento, teniendo en cuenta la población real -permanente y estacional-y su crecimiento vegetativo a corto plazo, pero no la expectativas derivadas del desarrollo urbanístico.
Incapacidad administrativa
Otra apartado se dedica a las actividades contaminantes y las infracciones urbanísticas, de tal forma que da un tirón de orejas a la Administración porque cree que a menudo las tolera y ampara. «La Administración actúa con frecuencia como ente nodriza del agente contaminante y no de guardián de quienes padecen la contaminación». También cree que no se ha demostrado capacidad para acabar con los robos de agua, aunque reconoce que existe una leve mejoría en los últimos años. Propone, por último, que se instalen contadores de agua en todos los casos.
El Defensor del Pueblo no menciona ninguna cuenca. Hace consideraciones genéricas. En este sentido, la cuenca del Segura es una de las que más medidas está tomando para gestionar el agua y controlar el urbanismo. «Esto es lo que hay. He presentado unos problemas que son importantes, acuciantes y permanentes. Son temas de vertebración de España. A ustedes les corresponde crear un gran consenso». Señaló Enrique Múgica a la pregunta de la senadora popular Begoña Contreras: «¿Y ahora qué? Ésta abogó por recuperar Plan Hidrológico Nacional tras «los seis años perdidos».
Desde el PSOE, Miguel Angel Heredia, aseguró que el actual invierno permite ser «optimista» sobre las reservas de agua y aseguró que España está hoy más pendiente de los daños causados por el exceso de agua que por la falta de ésta. «Nosotros somos partidarios de reforzar el papel autonómico en cuencas intrarregionales, sin devaluar ni desprestigiar el papel del Estado», añadió.
El Defensor del Pueblo condena el ladrillo a costa del agua
Enrique Múgica subraya en el Congreso que el agua «no pertenece al territorio por donde pasa»
10.03.10 - 01:10 -
M. BUITRAGO ALICANTE.
Presenta un amplio informe basado en más de 300 quejas sobre agua y urbanismo
No se pronuncia sobre trasvases o desaladoras: «La solución depende de cada caso concreto»
Una lluvia de sentido común cayó ayer sobre el Congreso de los Diputados, donde el Defensor del Pueblo se inmiscuyó con todas las de la ley en los abusos urbanísticos y en el conflicto territorial y político del agua con una lógica aplastante. «El agua no pertenece al territorio por el que pasa ni a sus habitantes, es un bien de dominio público», enfatizó Enrique Múgica cuando presentó el informe monográfico 'Agua y Ordenación del Territorio' ante la Comisión Mixta Congreso-Senado. Hizo una llamada al «gran consenso».
Las quejas recibidas por esta institución en los últimos años, y las correspondientes investigaciones, se han traducido en muchos tirones de orejas a las administraciones públicas por su pasividad y renuncia en casos relacionados con la vorágine urbanística o la contaminación de cauces, sin mencionar ningún territorio. La denuncia se hace extensiva a empresas y particulares que se benefician de la dejación oficial. En lo referido al ladrillo, Múgica lamentó la práctica de construir sin agua y recalcó que no se debe urbanizar sin tener antes la concesión. Las quejas analizadas han sido más de 300.
El informe realizado por un equipo de asesores rompe muchos tabúes y trata de poner racionalidad. El mensaje de que el agua no tiene dueño llega justo en el momento en el que se está debatiendo el Estatuto de Castilla-La Mancha y el devenir del Trasvase Tajo-Segura, azuzado por la pretensión de esta Comunidad de establecer una reserva de 6.000 hectómetros cúbicos. La reprimenda del Defensor del Pueblo ante quienes se otorgan la propiedad del agua que pasa junto a sus puertas afecta por extensión a Aragón, donde se fijó una reserva de 5.550 hectómetros del Ebro.
¿Qué contamina más?
Señala que las confederaciones hidrográficas pueden otorgar aprovechamientos de aguas entre unas cuencas y otras si consideran que es la forma más racional, aunque precisa que las obras de conducción deben estar justificadas porque provocan más impacto ambiental. Indica que hay que distinguir entre sequía y déficit estructural, como el que sufre la cuenca del Segura, y no se pronuncia de una forma concluyente si es preferible un trasvase a una desaladora. «Depende las circunstancias de cada caso concreto», apunta. «Esta institución no se decanta por una solución u otra, simplemente sugiere que se examinen y comparen todas las opciones para resolver un problema estratégico y se elija la mejor desde el punto de vista ambiental», argumenta al analizar los trasvases y las desalinizadoras. Cree que no es lo mismo que las obras de canalización estén realizadas o no, y recalca que el principal impacto de las transferencias de agua entre cuencas afecta al caudal del río cedente. También destaca que la parte negativa de las desalinizadoras son las emisiones de CO2 (por la generación previa de energía eléctrica) y el vertido de la salmuera al mar.
Enrique Múgica sostiene que no deben concederse nuevos derechos para los que no haya recursos hídricos suficientes. «Hemos de desaconsejar resueltamente la práctica de construir urbanizaciones, campos de golf, invernaderos e industrias sin que exista agua de antemano, en la confianza de que después se obtendrá de alguna parte una vez que estén terminadas las obras», explicó ayer en el Congreso.
Estas indicaciones del Defensor del Pueblo tienen detrás muchas quejas presentadas en los últimos años por particulares que compraron casas en urbanizaciones ilegales o que no tenían garantizado el suministro. Resuelve al respecto que debe existir una mayor coordinación normativa en materia hidrológica y urbanística, y recalca que los informes preceptivos de las confederaciones hidrográficas deben ser vinculantes y tenidos en consideración.
Mejor un camión cisterna
Al abordar los problemas coyunturales de abastecimientos, argumenta que se pueden construir canales siempre que los episodios de sequía tengan periodicidad y su impacto sea asumible. De lo contrario, opina que se puede resolver con fórmulas más rápidas, baratas y reversibles, como el transporte con camiones cisterna.
Los expertos que han realizado el estudio para el Defensor del Pueblo sostienen que las nuevas concesiones de agua para el crecimiento urbanístico deben calcularse con las demandas previstas en ese momento, teniendo en cuenta la población real -permanente y estacional-y su crecimiento vegetativo a corto plazo, pero no la expectativas derivadas del desarrollo urbanístico.
Incapacidad administrativa
Otra apartado se dedica a las actividades contaminantes y las infracciones urbanísticas, de tal forma que da un tirón de orejas a la Administración porque cree que a menudo las tolera y ampara. «La Administración actúa con frecuencia como ente nodriza del agente contaminante y no de guardián de quienes padecen la contaminación». También cree que no se ha demostrado capacidad para acabar con los robos de agua, aunque reconoce que existe una leve mejoría en los últimos años. Propone, por último, que se instalen contadores de agua en todos los casos.
El Defensor del Pueblo no menciona ninguna cuenca. Hace consideraciones genéricas. En este sentido, la cuenca del Segura es una de las que más medidas está tomando para gestionar el agua y controlar el urbanismo. «Esto es lo que hay. He presentado unos problemas que son importantes, acuciantes y permanentes. Son temas de vertebración de España. A ustedes les corresponde crear un gran consenso». Señaló Enrique Múgica a la pregunta de la senadora popular Begoña Contreras: «¿Y ahora qué? Ésta abogó por recuperar Plan Hidrológico Nacional tras «los seis años perdidos».
Desde el PSOE, Miguel Angel Heredia, aseguró que el actual invierno permite ser «optimista» sobre las reservas de agua y aseguró que España está hoy más pendiente de los daños causados por el exceso de agua que por la falta de ésta. «Nosotros somos partidarios de reforzar el papel autonómico en cuencas intrarregionales, sin devaluar ni desprestigiar el papel del Estado», añadió.
9.3.10
El Pais English edition 9 3 2010
British expats to get legal aid to combat real estate fraud
British residents in the Valencia region will be able to get a
helping hand in legal matters as of next month when the
British Consulate in Alicante employs a Spanish civil servant
with expertise in law to advise on home ownership, education,
health and social services.
A similar position is to be introduced in Málaga.
The move is the fruit of an accord between the Spanish
and British governments and the Valencia and Andalusia regional
administrations. The primary aim of the agreement
is to prevent a repeat of the Llíber urban fraud scandal,
where the local mayor, José Mas, was charged with granting
licenses on 300 illegally built homes. A similar case
has erupted in Albox, Almería, where eight homes belonging
to British expatriates are due to be bulldozed before April 9.
Chris Bryant, Britain’s secretary of state for Europe, was
in Málaga to finalize the details last Sunday. “The housing
market in Spain is not going to recover if pictures of bulldozers
knocking down expats’ homes are appearing in British newspapers,” he said.
British residents in the Valencia region will be able to get a
helping hand in legal matters as of next month when the
British Consulate in Alicante employs a Spanish civil servant
with expertise in law to advise on home ownership, education,
health and social services.
A similar position is to be introduced in Málaga.
The move is the fruit of an accord between the Spanish
and British governments and the Valencia and Andalusia regional
administrations. The primary aim of the agreement
is to prevent a repeat of the Llíber urban fraud scandal,
where the local mayor, José Mas, was charged with granting
licenses on 300 illegally built homes. A similar case
has erupted in Albox, Almería, where eight homes belonging
to British expatriates are due to be bulldozed before April 9.
Chris Bryant, Britain’s secretary of state for Europe, was
in Málaga to finalize the details last Sunday. “The housing
market in Spain is not going to recover if pictures of bulldozers
knocking down expats’ homes are appearing in British newspapers,” he said.
8.3.10
The Telegraph 8 3 2010
Bulldozing expats will hurt Spain, Foreign Office minister cautions
A Foreign Office minister warned Spain on Sunday that knocking down British expatriates' houses was hurting its economy.
By Bill Bond in Madrid
Published: 6:00AM GMT 08 Mar 2010
John and Muriel Burns have spent the past decade pursuing their dream of a Spanish idyll, tending the garden and caring for their pool Photo: SOLARPIX
Chris Bryant, Minister for Europe, said that the country was undermining efforts to create a recovery in its beleaguered housing market.
He was speaking yesterday during a visit to south-eastern Spain to meet British expatriates who have been told that their homes will be bulldozed after Spanish authorities declared their construction illegal.
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Mr Bryant cautioned: "The housing market in Spain is not going to recover quickly if pictures of bulldozers knocking down expats' homes are appearing in British newspapers.
"Everyone I've spoken to in Spain says they want to find a solution but wanting a solution and getting one are two different things."
He said: "Obviously it's not for the British Government to tell the Spanish what to do. But I'm pushing the message hard at all government levels that I meet here that they have got to put political willpower into these problems, whether it's an amnesty, whether it's a change in the law, whatever the solution is that is needed. That is the point I am pushing.
"I have to say also that there is an enormous difference between the Britons who just make a cursory legal deal – that is always ill advised – and those who have done everything they should or could have done but still find themselves in deep trouble."
Mr Bryant spent the weekend advising expatriates in Andalucia on issues ranging from property rights to health care. He visited Torrevieja, the fastest-growing town on the Costa Blanca, Malaga, the capital of the Costa del Sol, and the town of Albox, where eight British families are fighting demolition orders issued at the end of last year.
John and Muriel Burns were among the first to receive the demolition orders in Albox. The pensioners emigrated to Spain in 2001. "They did everything to dot the 'I's and cross the 'T's that they possibly could have to obtain the permission they required" to build their dream house, Mr Bryant said.
"But it turns out that the permission should not have been given. That was no fault of theirs whatsoever – but now they face the prospect of having their home demolished."
After hearing that his home would be bulldozed, Mr Burns declared that he and his wife would chain themselves to the house.
"If this building comes down, then we will be underneath it," he said.
Mr Bryant said he was able to tell worried Britons that the Andalusian regional government was appointing a full-time official to deal with the concerns of British expatriates. The official will provide advice on property regulations, health care and residence requirements. Mr Bryant warned: "People buying property anywhere abroad, not just in Spain, have to take at least twice as much trouble as they do at home to make sure everything is legal. It is so easy to go to a lawyer because he's cheaper.
"Then later you find out that he wasn't an independent lawyer at all, but was working all the time on behalf of the land developer and you are really stuffed."
http://www.telegraph.co.uk/expat/expatnews/7392959/Bulldozing-expats-will-hurt-Spain-Foreign-Office-minister-cautions.html
TelegraphNews
El Pais, El Mundo 8 3 2010
La colonia británica se blinda
En Alicante contará con un funcionario experto en Urbanismo y Sanidad
EL PAÍS - Alicante 08-03-2010
La colonia de residentes británicos en la Comunidad Valenciana, especialmente populosa en la provincia de Alicante, ha optado por reforzar su seguridad jurídica para prevenir posibles problemas en materia de urbanismo y sanidad. De esta forma, el consulado británico de Alicante contará a partir del próximo mes de abril con un funcionario español experto en legislación para proporcionarles asesoramiento en temas relacionados con el urbanismo, la educación, la sanidad y los servicios sociales. Esta iniciativa también se aplicará en el consulado británico de Málaga.
La medida es fruto de un acuerdo alcanzado por los gobiernos británicos y español con la Generalitat Valenciana y la Junta de Andalucía, informa Efe. Con ello se pretende evitar casos como el de Albox (Almería) donde hay una orden para derribar ocho viviendas en suelo no urbanizable propiedad de residentes ingleses o el caso de la masiva estafa de casas ilegales de Llíber también levantadas sobre suelo no urbanizable.
El anuncio se realizó al termino de un encuentro celebrado ayer en Málaga entre el secretario de Estado para Europa en el Ministerio británico de Asuntos Exteriores, Chris Bryant; el secretario de Estado de Cooperación Territorial español, Gaspar Zarrías, y el consejero andaluz de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas. Bryant, que animó los expatriados británicos a que se empadronen en España y ejerzan su derecho al voto, indicó que casi todos los países europeos han sufrido la crisis financiera mundial, y en España ha habido, además, un "problema con el mercado inmobiliario".
Tras definirse como "un británico que ama a España", Bryant expresó su voluntad de que los turistas "regresen", y apostilló: "Si las casas se caen por razones legales en España, eso no ayuda". Y abogó por "buscar una solución antes de que los problemas lleguen al juzgado".
---------------------------------------------------------------------------
El Mundo
El consulado vigilará los intereses urbanísticos de los británicos en Andalucía
Las comunidades autónomas de Andalucía y Valencia contarán con un funcionario en los consulados británicos de Málaga y Alicante que se dedicará a informar y prevenir a los ciudadanos de Reino Unido sobre las diversas cuestiones que puedan afectarles, fundamentalmente en asuntos urbanísticos, según ha anunciado el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías.
Zarrías, junto al consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, se ha reunido este domingo en el Consulado Británico de Málaga con el ministro británico para Europa, Chris Bryant, y el embajador del Reino Unido en España, Giles Paxman.
El secretario de Estado informó de que hace unos meses mantuvo varias reuniones con representantes británicos con el objetivo de poner en marcha procedimientos de colaboración y cooperación entre ambos países ya que un millón de ciudadanos del Reino Unido viven en España.
El acuerdo será efectivo, según dijo, en el plazo de un mes, y permitirá que un funcionario esté presente en el Consulado de Málaga y otro en el de Alicante para que los ciudadanos británicos puedan conocer y tener información acerca de cuestiones urbanísticas, sanitarias o de bienestar social, entre otras.
"Pretendemos hacer una labor informativa con carácter preventivo para que no se produzcan problemas puesto que una vez esté la maquinaria judicial es más complicado buscar soluciones", manifestó, refiriéndose a la situación de ocho familias británicas que viven en el municipio almeriense de Albox y que están afectadas por órdenes judiciales de derribo de sus viviendas.
En este punto, el ministro británico para Europa, cuestionado por la seguridad jurídica de España, apuntó que si las viviendas "caen por cuestiones legales eso no ayuda", de ahí, continuó, la importancia de esta medida.
"Es mejor buscar una solución antes de que llegue al juez y a pesar de que, en el caso de Albox, utilizaron abogados todavía están amenazados -por las sentencias de demolición- y eso a muchos ingleses les parece injusto", declaró.
Tanto Zarrías como Espadas subrayaron que la seguridad jurídica en España es "total y absoluta". "Los británicos saben que aquí funciona el Estado de Derecho y que hay leyes, todo se hace conforme a derecho", sentenció el secretario de Estado de Cooperación Territorial, quien reiteró que la puesta en marcha de este servicio es, precisamente, para dar información "antes de que se lleven a cabo actuaciones que conlleven problemas".
---------------------------------------------------------------------------
(For comments on the story, see http://www.theentertaineronline.com/news.php)
En Alicante contará con un funcionario experto en Urbanismo y Sanidad
EL PAÍS - Alicante 08-03-2010
La colonia de residentes británicos en la Comunidad Valenciana, especialmente populosa en la provincia de Alicante, ha optado por reforzar su seguridad jurídica para prevenir posibles problemas en materia de urbanismo y sanidad. De esta forma, el consulado británico de Alicante contará a partir del próximo mes de abril con un funcionario español experto en legislación para proporcionarles asesoramiento en temas relacionados con el urbanismo, la educación, la sanidad y los servicios sociales. Esta iniciativa también se aplicará en el consulado británico de Málaga.
La medida es fruto de un acuerdo alcanzado por los gobiernos británicos y español con la Generalitat Valenciana y la Junta de Andalucía, informa Efe. Con ello se pretende evitar casos como el de Albox (Almería) donde hay una orden para derribar ocho viviendas en suelo no urbanizable propiedad de residentes ingleses o el caso de la masiva estafa de casas ilegales de Llíber también levantadas sobre suelo no urbanizable.
El anuncio se realizó al termino de un encuentro celebrado ayer en Málaga entre el secretario de Estado para Europa en el Ministerio británico de Asuntos Exteriores, Chris Bryant; el secretario de Estado de Cooperación Territorial español, Gaspar Zarrías, y el consejero andaluz de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas. Bryant, que animó los expatriados británicos a que se empadronen en España y ejerzan su derecho al voto, indicó que casi todos los países europeos han sufrido la crisis financiera mundial, y en España ha habido, además, un "problema con el mercado inmobiliario".
Tras definirse como "un británico que ama a España", Bryant expresó su voluntad de que los turistas "regresen", y apostilló: "Si las casas se caen por razones legales en España, eso no ayuda". Y abogó por "buscar una solución antes de que los problemas lleguen al juzgado".
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El Mundo
El consulado vigilará los intereses urbanísticos de los británicos en Andalucía
Las comunidades autónomas de Andalucía y Valencia contarán con un funcionario en los consulados británicos de Málaga y Alicante que se dedicará a informar y prevenir a los ciudadanos de Reino Unido sobre las diversas cuestiones que puedan afectarles, fundamentalmente en asuntos urbanísticos, según ha anunciado el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías.
Zarrías, junto al consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, se ha reunido este domingo en el Consulado Británico de Málaga con el ministro británico para Europa, Chris Bryant, y el embajador del Reino Unido en España, Giles Paxman.
El secretario de Estado informó de que hace unos meses mantuvo varias reuniones con representantes británicos con el objetivo de poner en marcha procedimientos de colaboración y cooperación entre ambos países ya que un millón de ciudadanos del Reino Unido viven en España.
El acuerdo será efectivo, según dijo, en el plazo de un mes, y permitirá que un funcionario esté presente en el Consulado de Málaga y otro en el de Alicante para que los ciudadanos británicos puedan conocer y tener información acerca de cuestiones urbanísticas, sanitarias o de bienestar social, entre otras.
"Pretendemos hacer una labor informativa con carácter preventivo para que no se produzcan problemas puesto que una vez esté la maquinaria judicial es más complicado buscar soluciones", manifestó, refiriéndose a la situación de ocho familias británicas que viven en el municipio almeriense de Albox y que están afectadas por órdenes judiciales de derribo de sus viviendas.
En este punto, el ministro británico para Europa, cuestionado por la seguridad jurídica de España, apuntó que si las viviendas "caen por cuestiones legales eso no ayuda", de ahí, continuó, la importancia de esta medida.
"Es mejor buscar una solución antes de que llegue al juez y a pesar de que, en el caso de Albox, utilizaron abogados todavía están amenazados -por las sentencias de demolición- y eso a muchos ingleses les parece injusto", declaró.
Tanto Zarrías como Espadas subrayaron que la seguridad jurídica en España es "total y absoluta". "Los británicos saben que aquí funciona el Estado de Derecho y que hay leyes, todo se hace conforme a derecho", sentenció el secretario de Estado de Cooperación Territorial, quien reiteró que la puesta en marcha de este servicio es, precisamente, para dar información "antes de que se lleven a cabo actuaciones que conlleven problemas".
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(For comments on the story, see http://www.theentertaineronline.com/news.php)
7.3.10
News release / Nota de prensa 7 3 2010 Abusos Urbanisticos Almanzora No
AUAN Press release – 7th March 2010
Contact info@almanzora-au.org
ILLEGAL HOMES
UK FOREIGN MINISTER VISITS ALBOX
Representatives of the AUAN were very pleased to be invited to attend a private meeting between Chris Bryant, Minister for Europe, and four of the Albox families threatened with the demolition of their homes.
Also present at the meeting, were Giles Paxman, the British Ambassador, and Steve Jones, the British Consul. Mr Bryant, who was well informed on this subject, reassured the affected families that the British Government were both aware of and concerned about the situation in the area. He went on to say that, though the UK has no jurisdiction in the affairs of Spain, he would do everything in his power to help. He also referred to the detrimental economic impact this scandal has had on Spain.
Homeowners told him of the stress and legal expense they are suffering as a result of the demolition threat, despite having purchased their homes in good faith and being in possession of all the correct licences. They stressed to the minister that a quick and equitable solution was required to this problem. Maura Hillen (AUAN President) raised the disgraceful track record of the administration with respect to the payment of compensation to Helen and Len Prior and the difficulties surrounding the ‘one by one’ solution currently proposed by the Junta.
After speaking with the homeowners, the Minister went on to have a closed meeting with the Mayor of Albox, Jose Garcia. Before leaving, he spoke of a planned meeting with Juan Espadas, the Planning Minister of the Junta de Andalucia.
The AUAN are pursuing all possible avenues to bring about a solution to the problem of urban abuses in this area, including making sure the Foreign Office, UK MPs and MEPs are kept informed.
Together with any legal means available, diplomatic efforts and the pressure of public opinion are important ways to help us achieve our aim of finding a rapid and effective solution to the problem for the benefit of everyone who lives here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abusos Urbanísticos Almanzora No
Luchando para proteger nuestros hogares
Nota de Prensa AUAN –7 de marzo de 2010
Contacto: Patricia Sampson, Tel: 646506943 Email: info@almanzora-au.org
CASAS ILEGALES
EL MINISTRO DE ESTADO BRITÁNICO PARA EUROPA VISITA ALBOX
Representantes del AUAN (Abusos Urbanísticos Almanzora No) tuvieron la oportunidad hoy de asistir a una reunión privada entre Chris Bryant, el ministro de Estado británico para Europa, y cuatro de las familias Albojenses cuyas viviendas corren el riesgo de ser demolidas.
También asistieron Giles Paxman, el Embajador británico, y Steve Jones el Cónsul británico. Sr. Bryant era muy bien informado sobre el asunto, y quería tranquilizar las familias afectadas, asegurándolas que el gobierno británico es consciente y preocupado por la situación en la zona. Decía que, aunque el gobierno británico no tiene jurisdicción sobre los asuntos del estado español, haría todo lo posible dentro de su poder para ayudar. Hizo referencia al impacto detrimento del escándalo y el daño económico que ha resultado aquí.
Los propietarios le hablaban del nivel de estrés y de los gastos jurídicos que sufren debido a la amenaza del derribo, a pesar de haber comprado sus casas de buena fe, y a pesar de tener licencias correctas. Las familias subrayaron al Ministro que la situación necesita una solución rápida y justa. Maura Hillen, Presidenta del AUAN, planteaba el historial lamentable de la administración respeto a la indemnización de los Sres. Prior y los problemas relacionadas a la propuesta solución de la Junta de tratar de regularizar las casas una por una.
Tras charlar con los propietarios, el Ministro tuvo una reunión privado con el Alcalde de Albox, Sr. José García. Antes de salir, habló de una reunión prevista con Juan Espadas, el Consejero de Ordenación del territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía entre otras actuaciones.
El AUAN intenta seguir todos los caminos posibles para conseguir una solución al problema de abusos urbanísticos en nuestra zona, incluyendo mandar reportes a los representantes del ministerio de Asuntos Exteriores británico, los diputados y los eurodiputados, informándoles sobre la situación actual.
Junto con cualquier camino jurídico disponible, la diplomacia y la presión de la opinión pública son vías efectivas para ayudarnos a lograr el objetivo de conseguir una solución rápida y efectiva al problema, así que todos los ciudadanos saldrán ganando.
Contact info@almanzora-au.org
ILLEGAL HOMES
UK FOREIGN MINISTER VISITS ALBOX
Representatives of the AUAN were very pleased to be invited to attend a private meeting between Chris Bryant, Minister for Europe, and four of the Albox families threatened with the demolition of their homes.
Also present at the meeting, were Giles Paxman, the British Ambassador, and Steve Jones, the British Consul. Mr Bryant, who was well informed on this subject, reassured the affected families that the British Government were both aware of and concerned about the situation in the area. He went on to say that, though the UK has no jurisdiction in the affairs of Spain, he would do everything in his power to help. He also referred to the detrimental economic impact this scandal has had on Spain.
Homeowners told him of the stress and legal expense they are suffering as a result of the demolition threat, despite having purchased their homes in good faith and being in possession of all the correct licences. They stressed to the minister that a quick and equitable solution was required to this problem. Maura Hillen (AUAN President) raised the disgraceful track record of the administration with respect to the payment of compensation to Helen and Len Prior and the difficulties surrounding the ‘one by one’ solution currently proposed by the Junta.
After speaking with the homeowners, the Minister went on to have a closed meeting with the Mayor of Albox, Jose Garcia. Before leaving, he spoke of a planned meeting with Juan Espadas, the Planning Minister of the Junta de Andalucia.
The AUAN are pursuing all possible avenues to bring about a solution to the problem of urban abuses in this area, including making sure the Foreign Office, UK MPs and MEPs are kept informed.
Together with any legal means available, diplomatic efforts and the pressure of public opinion are important ways to help us achieve our aim of finding a rapid and effective solution to the problem for the benefit of everyone who lives here.
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Abusos Urbanísticos Almanzora No
Luchando para proteger nuestros hogares
Nota de Prensa AUAN –7 de marzo de 2010
Contacto: Patricia Sampson, Tel: 646506943 Email: info@almanzora-au.org
CASAS ILEGALES
EL MINISTRO DE ESTADO BRITÁNICO PARA EUROPA VISITA ALBOX
Representantes del AUAN (Abusos Urbanísticos Almanzora No) tuvieron la oportunidad hoy de asistir a una reunión privada entre Chris Bryant, el ministro de Estado británico para Europa, y cuatro de las familias Albojenses cuyas viviendas corren el riesgo de ser demolidas.
También asistieron Giles Paxman, el Embajador británico, y Steve Jones el Cónsul británico. Sr. Bryant era muy bien informado sobre el asunto, y quería tranquilizar las familias afectadas, asegurándolas que el gobierno británico es consciente y preocupado por la situación en la zona. Decía que, aunque el gobierno británico no tiene jurisdicción sobre los asuntos del estado español, haría todo lo posible dentro de su poder para ayudar. Hizo referencia al impacto detrimento del escándalo y el daño económico que ha resultado aquí.
Los propietarios le hablaban del nivel de estrés y de los gastos jurídicos que sufren debido a la amenaza del derribo, a pesar de haber comprado sus casas de buena fe, y a pesar de tener licencias correctas. Las familias subrayaron al Ministro que la situación necesita una solución rápida y justa. Maura Hillen, Presidenta del AUAN, planteaba el historial lamentable de la administración respeto a la indemnización de los Sres. Prior y los problemas relacionadas a la propuesta solución de la Junta de tratar de regularizar las casas una por una.
Tras charlar con los propietarios, el Ministro tuvo una reunión privado con el Alcalde de Albox, Sr. José García. Antes de salir, habló de una reunión prevista con Juan Espadas, el Consejero de Ordenación del territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía entre otras actuaciones.
El AUAN intenta seguir todos los caminos posibles para conseguir una solución al problema de abusos urbanísticos en nuestra zona, incluyendo mandar reportes a los representantes del ministerio de Asuntos Exteriores británico, los diputados y los eurodiputados, informándoles sobre la situación actual.
Junto con cualquier camino jurídico disponible, la diplomacia y la presión de la opinión pública son vías efectivas para ayudarnos a lograr el objetivo de conseguir una solución rápida y efectiva al problema, así que todos los ciudadanos saldrán ganando.
El Mundo 6 3 2010:
Secretario de Estado británico viaja a Almería para detener la demolición de las viviendas
El enviado de Gordon Brown se reunirá con el alcalde de Albox
El embajador británico ha pedido entrevistarse con el presidente de la Junta
Miguel Cabrera
Almería
Actualizado sábado 06/03/2010 17:58
El secretario de Estado británico para Europa, Chris Bryant, visita este domingo Albox para entrevistarse con los propietarios de su país de viviendas con sentencia judicial de derribo. Al menos cinco de las ocho familias británicas con orden de demolición de sus casas en el municipio estarán presentes en la reunión, que se celebrará a primera hora de la mañana en el chalé de uno de los afectados, John Burns, un constructor retirado de Leeds de 82 años, informaron fuentes de la asociación 'Abusos Urbanísticos Almanzora No'.
La misma fuente apuntó que a la conclusión de la visita está previsto que Bryant se reúna también con el alcalde de Albox, el socialista José García, quien prometió ayudar a los afectados desde que se conocieron las sentencias de demolición, dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que desestimó los recursos presentados desde 2006 por el Consistorio, que entonces gobernaba el popular Francisco Granero, y que dio licencia municipal a las ocho construcciones.
El impacto que está causando en Gran Bretaña la noticia de las posibles demoliciones de viviendas a sus ciudadanos, sobre todo jubilados que han decidido retirarse a la comarca del Almanzora para vivir, llevó también al embajador de este país, Giles Paxman, a solicitar una entrevista con el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, para abordar el problema e interesarse por posibles soluciones.
Las autoridades británicas han lamentado públicamente el papel de la Administración española en la gestión de este asunto, que afecta a miles de ciudadanos de su país, pues según dicen compraron sus casas de buena fe y se sienten engañados, no sólo por los constructores de las viviendas, sino también por los ayuntamientos y la Junta de Andalucía, que no hicieron nada para impedir las edificaciones ilegales.
Se calcula que en la comarca del Almanzora pueden existir hasta 8.000 viviendas ilegales, la mayoría de jubilados británicos que las compraron, en su mayor parte, entre los años 2000 y 2003, por cantidades cercanas a los 200.000 euros de media, pensando que adquirían una propiedad con todos los derechos de la ley.
Las actuaciones puestas en marcha por la Junta de Andalucía para hacer cumplir la legislación urbanística a partir de 2002 se ha traducido, hasta el momento, en una sola demolición, la casa del matrimonio Prior en Vera, hace dos años.
El enviado de Gordon Brown se reunirá con el alcalde de Albox
El embajador británico ha pedido entrevistarse con el presidente de la Junta
Miguel Cabrera
Almería
Actualizado sábado 06/03/2010 17:58
El secretario de Estado británico para Europa, Chris Bryant, visita este domingo Albox para entrevistarse con los propietarios de su país de viviendas con sentencia judicial de derribo. Al menos cinco de las ocho familias británicas con orden de demolición de sus casas en el municipio estarán presentes en la reunión, que se celebrará a primera hora de la mañana en el chalé de uno de los afectados, John Burns, un constructor retirado de Leeds de 82 años, informaron fuentes de la asociación 'Abusos Urbanísticos Almanzora No'.
La misma fuente apuntó que a la conclusión de la visita está previsto que Bryant se reúna también con el alcalde de Albox, el socialista José García, quien prometió ayudar a los afectados desde que se conocieron las sentencias de demolición, dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que desestimó los recursos presentados desde 2006 por el Consistorio, que entonces gobernaba el popular Francisco Granero, y que dio licencia municipal a las ocho construcciones.
El impacto que está causando en Gran Bretaña la noticia de las posibles demoliciones de viviendas a sus ciudadanos, sobre todo jubilados que han decidido retirarse a la comarca del Almanzora para vivir, llevó también al embajador de este país, Giles Paxman, a solicitar una entrevista con el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, para abordar el problema e interesarse por posibles soluciones.
Las autoridades británicas han lamentado públicamente el papel de la Administración española en la gestión de este asunto, que afecta a miles de ciudadanos de su país, pues según dicen compraron sus casas de buena fe y se sienten engañados, no sólo por los constructores de las viviendas, sino también por los ayuntamientos y la Junta de Andalucía, que no hicieron nada para impedir las edificaciones ilegales.
Se calcula que en la comarca del Almanzora pueden existir hasta 8.000 viviendas ilegales, la mayoría de jubilados británicos que las compraron, en su mayor parte, entre los años 2000 y 2003, por cantidades cercanas a los 200.000 euros de media, pensando que adquirían una propiedad con todos los derechos de la ley.
Las actuaciones puestas en marcha por la Junta de Andalucía para hacer cumplir la legislación urbanística a partir de 2002 se ha traducido, hasta el momento, en una sola demolición, la casa del matrimonio Prior en Vera, hace dos años.
4.3.10
Chris Bryant to hold public meeting in Torrevieja, March 6 at 5 p.m.
Note new time
Subject: Invitation - Saturday 6th March 2010, Torrevieja
CHRIS BRYANT – UK MINISTER OF STATE FOR EUROPE
Will be holding a Question and Answer session for people living in Spain or moving to Spain
Chaired by Her Majesty’s Ambassador, Giles Paxman
At 5 pm on Saturday 6th March 2010
At the Hotel Cabo Cervera, Torrevieja
Ctra. Torrevieja a La Mata s/n
03188 Torrevieja
Everyone is welcome to attend.
British Consulate
Plaza Calvo Sotelo 1, 03001 Alicante
( tel: 00 34 965 216 022 fax: 0034 965 14 05 28)
url: ukinspain.fco.gov.uk Visit FCO blogs at http://blogs.fco.gov.uk
"Promoting British Interests in Spain, with Commitment, Consistency and Confidence."
Subject: Invitation - Saturday 6th March 2010, Torrevieja
CHRIS BRYANT – UK MINISTER OF STATE FOR EUROPE
Will be holding a Question and Answer session for people living in Spain or moving to Spain
Chaired by Her Majesty’s Ambassador, Giles Paxman
At 5 pm on Saturday 6th March 2010
At the Hotel Cabo Cervera, Torrevieja
Ctra. Torrevieja a La Mata s/n
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