Un millar de extranjeros se movilizan para pedir la legalización de sus casas
Los afectados rechazan la demolición de construcciones en suelo rústico y denuncian que están en peligro unas 50.000 viviendas
18.03.10 - 02:02 -M. ÁNGELES GONZÁLEZ | MÁLAGA.
La protesta fue bilingüe. Con discursos y pancartas en inglés y en español, unas mil personas, en su mayoría extranjeros afincados en Málaga, se manifestaron ayer por las calles del Centro de la capital para exigir a la Junta de Andalucía la regularización de sus viviendas, construidas hace años sobre suelo rústico no urbanizable, y sobre las que planea ahora la sombra de la demolición.
La asociación convocante de la marcha, Save Our Homes Axarquía (SOHA)-Salvad Nuestros Hogares-, cifra en 50.000 las casas que podrían ser declaradas ilegales en la provincia, muchas de ellas en la comarca oriental, donde la Junta estima que existen unas diez mil. A los concentrados ayer en la plaza de la Marina, en su mayor parte británicos residentes en municipios como La Viñuela, Alcaucín o Periana, se unieron otros de Campanillas, Cártama, Mijas o de Almería, que ven peligrar sus propiedades. Entre ellos también había numerosos españoles.
«Todos los días salen del juzgado nuevas órdenes de demolición», denunció Mario Blancke, socio de SOHA, que pidió en nombre del colectivo «comprensión y celeridad» al Gobierno andaluz. «Son casas que se han construido o comprado de buena fe, con abogados y pagando impuestos. ¿Dónde estaba la Junta cuando los alcaldes emitían las licencias de obra? ¿Y cuando se registraron las viviendas? La Junta lo vio y no hizo nada. Eso no es justicia», clamó ante centenares de personas que marcharon bajo el lema 'Castigad a los culpables, no a las víctimas'. Tras advertir de la importante contribución económica de los residentes extranjeros en España, Blancke lanzó una pregunta al aire: «¿Por qué queréis matar a la gallina que os está dando los huevos de oro?».
Los manifestantes, procedentes de varias asociaciones de afectados, aseguraron sentirse «engañados», como señaló el presidente de Soha, el británico Philips Smalley, cuya casa, en La Viñuela, ha sido declarada ilegal y espera que en cualquier momento le llegue una orden de demolición, algo que ya ha recibido el holandés Rob Van Zanten, afincado en Alcaucín. «Si no se soluciona, tendremos que irnos debajo de un puente», se lamentó José Francisco Ruiz, un malagueño que ve peligrar su casa y su empresa en Mijas porque «confié demasiado en los políticos».
