Alicante
El Defensor del Pueblo condena el ladrillo a costa del agua
Enrique Múgica subraya en el Congreso que el agua «no pertenece al territorio por donde pasa»
10.03.10 - 01:10 -
M. BUITRAGO ALICANTE.
Presenta un amplio informe basado en más de 300 quejas sobre agua y urbanismo
No se pronuncia sobre trasvases o desaladoras: «La solución depende de cada caso concreto»
Una lluvia de sentido común cayó ayer sobre el Congreso de los Diputados, donde el Defensor del Pueblo se inmiscuyó con todas las de la ley en los abusos urbanísticos y en el conflicto territorial y político del agua con una lógica aplastante. «El agua no pertenece al territorio por el que pasa ni a sus habitantes, es un bien de dominio público», enfatizó Enrique Múgica cuando presentó el informe monográfico 'Agua y Ordenación del Territorio' ante la Comisión Mixta Congreso-Senado. Hizo una llamada al «gran consenso».
Las quejas recibidas por esta institución en los últimos años, y las correspondientes investigaciones, se han traducido en muchos tirones de orejas a las administraciones públicas por su pasividad y renuncia en casos relacionados con la vorágine urbanística o la contaminación de cauces, sin mencionar ningún territorio. La denuncia se hace extensiva a empresas y particulares que se benefician de la dejación oficial. En lo referido al ladrillo, Múgica lamentó la práctica de construir sin agua y recalcó que no se debe urbanizar sin tener antes la concesión. Las quejas analizadas han sido más de 300.
El informe realizado por un equipo de asesores rompe muchos tabúes y trata de poner racionalidad. El mensaje de que el agua no tiene dueño llega justo en el momento en el que se está debatiendo el Estatuto de Castilla-La Mancha y el devenir del Trasvase Tajo-Segura, azuzado por la pretensión de esta Comunidad de establecer una reserva de 6.000 hectómetros cúbicos. La reprimenda del Defensor del Pueblo ante quienes se otorgan la propiedad del agua que pasa junto a sus puertas afecta por extensión a Aragón, donde se fijó una reserva de 5.550 hectómetros del Ebro.
¿Qué contamina más?
Señala que las confederaciones hidrográficas pueden otorgar aprovechamientos de aguas entre unas cuencas y otras si consideran que es la forma más racional, aunque precisa que las obras de conducción deben estar justificadas porque provocan más impacto ambiental. Indica que hay que distinguir entre sequía y déficit estructural, como el que sufre la cuenca del Segura, y no se pronuncia de una forma concluyente si es preferible un trasvase a una desaladora. «Depende las circunstancias de cada caso concreto», apunta. «Esta institución no se decanta por una solución u otra, simplemente sugiere que se examinen y comparen todas las opciones para resolver un problema estratégico y se elija la mejor desde el punto de vista ambiental», argumenta al analizar los trasvases y las desalinizadoras. Cree que no es lo mismo que las obras de canalización estén realizadas o no, y recalca que el principal impacto de las transferencias de agua entre cuencas afecta al caudal del río cedente. También destaca que la parte negativa de las desalinizadoras son las emisiones de CO2 (por la generación previa de energía eléctrica) y el vertido de la salmuera al mar.
Enrique Múgica sostiene que no deben concederse nuevos derechos para los que no haya recursos hídricos suficientes. «Hemos de desaconsejar resueltamente la práctica de construir urbanizaciones, campos de golf, invernaderos e industrias sin que exista agua de antemano, en la confianza de que después se obtendrá de alguna parte una vez que estén terminadas las obras», explicó ayer en el Congreso.
Estas indicaciones del Defensor del Pueblo tienen detrás muchas quejas presentadas en los últimos años por particulares que compraron casas en urbanizaciones ilegales o que no tenían garantizado el suministro. Resuelve al respecto que debe existir una mayor coordinación normativa en materia hidrológica y urbanística, y recalca que los informes preceptivos de las confederaciones hidrográficas deben ser vinculantes y tenidos en consideración.
Mejor un camión cisterna
Al abordar los problemas coyunturales de abastecimientos, argumenta que se pueden construir canales siempre que los episodios de sequía tengan periodicidad y su impacto sea asumible. De lo contrario, opina que se puede resolver con fórmulas más rápidas, baratas y reversibles, como el transporte con camiones cisterna.
Los expertos que han realizado el estudio para el Defensor del Pueblo sostienen que las nuevas concesiones de agua para el crecimiento urbanístico deben calcularse con las demandas previstas en ese momento, teniendo en cuenta la población real -permanente y estacional-y su crecimiento vegetativo a corto plazo, pero no la expectativas derivadas del desarrollo urbanístico.
Incapacidad administrativa
Otra apartado se dedica a las actividades contaminantes y las infracciones urbanísticas, de tal forma que da un tirón de orejas a la Administración porque cree que a menudo las tolera y ampara. «La Administración actúa con frecuencia como ente nodriza del agente contaminante y no de guardián de quienes padecen la contaminación». También cree que no se ha demostrado capacidad para acabar con los robos de agua, aunque reconoce que existe una leve mejoría en los últimos años. Propone, por último, que se instalen contadores de agua en todos los casos.
El Defensor del Pueblo no menciona ninguna cuenca. Hace consideraciones genéricas. En este sentido, la cuenca del Segura es una de las que más medidas está tomando para gestionar el agua y controlar el urbanismo. «Esto es lo que hay. He presentado unos problemas que son importantes, acuciantes y permanentes. Son temas de vertebración de España. A ustedes les corresponde crear un gran consenso». Señaló Enrique Múgica a la pregunta de la senadora popular Begoña Contreras: «¿Y ahora qué? Ésta abogó por recuperar Plan Hidrológico Nacional tras «los seis años perdidos».
Desde el PSOE, Miguel Angel Heredia, aseguró que el actual invierno permite ser «optimista» sobre las reservas de agua y aseguró que España está hoy más pendiente de los daños causados por el exceso de agua que por la falta de ésta. «Nosotros somos partidarios de reforzar el papel autonómico en cuencas intrarregionales, sin devaluar ni desprestigiar el papel del Estado», añadió.
