La Opinion/Malaga 18 3 2010

Los extranjeros protestan para que no derriben sus casas ilegales

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LA OPINIÓN/Málaga* : Siempre se les cita pero hasta ahora no se sabía quiénes eran. Ellos se definen como "compradores de buena fe", pero ayer perdieron la paciencia y se concentraron en la plaza de la Marina para exigir una solución a su problema. En cierta manera, se rebelaron contra el sistema. Un millar de extranjeros llegados desde todos los rincones de la provincia se dio cita ayer en la capital para protestar por los abusos urbanísticos convocados por la asociación ´Save Our Homes Axarquía´(SOHA).

En un ambiente festivo, foráneos propietarios de casas irregulares ubicadas en la Axarquía, el Valle del Guadalhorce, la Costa del Sol Occidental o incluso en diversos rincones de Almería se rebelaron contra la Junta de Andalucía, administración a la que hacen responsable de la situación que atraviesan.

Así lo expuso el presidente de SOHA, el británico Philip Smalley: "Nos sentimos engañados y estafados". ¿Por qué? El caso prototípico es el siguiente: extranjeros que se instalan en diversos puntos de la provincia a principios de la década, compran un terreno y tramitan los permisos en los ayuntamientos, pagando sus tasas y, según creían, con todos los papeles en regla para hacerse una casa. Pero en el último bienio, han recibido inquietantes cartas de la Junta y de los consistorios, en las que se les comunica que sus viviendas están en situación ilegal y habría que plantearse demolerlas. Por ello, se han impugnado sus licencias ante los juzgados.

El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, no se dejó impresionar por el acto de fuerza, convocado bajo el lema ´Castigad a los culpables, no a las víctimas´. De hecho, pidió "paciencia" a los extranjeros, ingleses y alemanes en un 90%. Y, de paso, les reclamó que "no ejerzan presión". "Hay que buscar soluciones pero sin exigirlas. No caben las leyes de punto final, sino el análisis caso a caso tras un breve inventario de licitaciones de cada municipio", agregó.

SOHA y otras organizaciones afines piden tres cosas en una carta remitida al jefe del Ejecutivo andaluz, José Antonio Griñán: si se demuele, que los propietarios sean compensados; que se inicie un proceso de regularización de forma inmediata y que se paralice ya la expedición de órdenes de derribo y multas. Mario Blánquez es británico, portavoz de Los Verdes en Alcaucín y miembro de SOHA. Su caso es paradójico –¿un verde hablando de una regularización masiva?–, pero lo defiende con vehemencia: "La gente tiene órdenes de demolición, aun con la documentación en regla y pagando sus impuestos. Calculamos que puede haber más de 50.000 casas en esta situación en Málaga y 200.000 en Andalucía. No estamos a favor de lo que es ilegal, pero nosotros no podemos pagar los platos rotos. Ni sus alcaldes apoyan a la Junta". El problema es que muchos de ellos pueden perder la inversión realizada, cercana o superior a los 600.000 euros en muchos casos.

La intervención más dura fue la de la eurodiputada británica Marta Andreansen, del Grupo de la Europa de la Libertad y la Democracia: "El Gobierno español o resuelve el problema de las irregularidades urbanísticas o se podrían bloquear parte de los fondos europeo destinados a las regiones afectadas".

En España hay 400.000 afectados –incluyendo a algunos nativos–, ya que "tienen órdenes de demolición de sus casas o amenazas de ello con la excusa de que están construidas en terrenos ilegales".

La buena fe se esgrime como defensa ante lo que parece inevitable. Además, ironías del destino, la manifestación se celebró un día después de que el Consejo de Gobierno de la Junta aprobara un reglamento de disciplina urbanística que da competencias a los alcaldes para tirar casas en el plazo de un mes, lo que se ha bautizado popularmente como el ´derribo exprés´. Sólo se podrán regularizar las que tengan algún encaje legal; el resto, si nadie lo remedia, se echará abajo. Se endurecen las sanciones y se persigue el beneficio económico del promotor que no haya hecho las cosas bien.

Opiniones

Los alcaldes sonríen cuando se les habla de ´derribo exprés´. La regidora marbellí, Ángeles Muñoz, lo ve bien, pero la Junta, dice, "no ha sido tan diligente en 20 años en lo que respecta a Marbella". Su colega de partido y de comarca, Esperanza Oña –alcaldesa de Fuengirola–, cree que la medida "llega treinta años tarde", mientras que Torremolinos dice que no tiene viviendas ilegales en su territorio. Los socialistas, por su parte, aplauden con entusiasmo, al menos en público, la iniciativa, salvo algunos casos. José Sánchez, regidor de Álora, afirma que se trata de "una barbaridad más de la Junta de Andalucía". Hay de todo, por tanto.

Los alcaldes axárquicos llevan meses pidiendo una salida a su situación, angustiada, desde luego, debido a los numerosos procesos judiciales que soportan. Sin ir más lejos, Espadas se comprometió ayer a desbloquear los planeamientos urbanísticos de los municipios de la comarca más oriental de la provincia. El consejero dice que el plan de choque autonómico está dando sus frutos y habló del intenso trabajo que se ha hecho con los dieciséis municipios afectados, muchos de ellos con medios muy precarios para vigilar sus zonas.

En cuanto al ´derribo exprés´ –en sólo un mes, adiós a su apreciada casa–, la Junta asegura que analizará "caso a caso". No habrá una masiva demolición, pero tampoco una amnistía general similar a la del 77 con los presos políticos. "En caso de que la vivienda ilegal pueda ser reconducida a la ordenación urbanística, el propietario deberá compensar al municipio mediante una aportación económica o la entrega de terrenos", alegó Espadas.

En cuanto a las obras irregulares ya construidas, explicó que "el primer paso es inventariar las casas edificadas fuera de ordenamiento urbanístico y, a continuación, analizar en cada caso el planeamiento urbano y tomar decisiones respecto a las situaciones más delicadas". O sea, que va a tirar únicamente las que no tienen ningún tipo de salvación.
El edil de Urbanismo de Vélez, Salvador Marín (IU), cree que esto es más trabajo para los consistorios. "Se les endosan más responsabilidades a los ayuntamientos de la provincia".

Los que no lo ven nada bien son los ecologistas. Sí hay algo positivo: "Se acelera el proceso", pero también extremos negativos: es como poner al zorro a cuidar de las gallinas, vienen a decir. "La medida gravita en exceso sobre los ayuntamientos y supone que estas instituciones han mostrado en los últimos años una negativa expresa a erradicar la construcción de viviendas en suelo no urbanizable", dijo ayer Ecologistas en Acción.

En fin, que es un instrumento "insuficiente" y aclaran que ellos preferirían un texto algo más duro: de momento, lo que proponen es quitarles las competencias a todos los municipios sobre el urbanismo, crear un organismo de la Junta que se encargue del ´derribo exprés´ y solicitar más apoyo a la policía.


* La OPinión de Málaga - 18.03.10
Foto: Movilización. Un millar de extranjeros se manifestó ayer por las calles del Centro Histórico para pedir el fin de los abusos urbanísticos. - Carlos Criado, laopiniomdemalaga.es