14.11.13

20 Minutos 9 11 2013: Los peores desastres urbanisticos...


Los peores desastres urbanísticos de España y sus consecuencias ambientales

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Ya se sabe que la construcción urbanística de los últimos años ha supuesto graves consecuencias ambientales y económicas en toda la geografía. Lógicamente, en unas zonas más que en otras. Así, todo el litoral costero y los alrededores de las grandes capitales se han llevado la palma. Los datos abruman, como el que haya casi un 20% de viviendas vacías en este país, con tanta gente además sin hogar. Actualmente hay técnicas sencillas para descubrir las infracciones urbanísticas, como las que presentan la vistas aéreas sucesivas por avión o por satélite. Algo que deberían utilizar más asiduamente municipios, autonomías y, también, la 'inepta' justicia a la hora de juzgar los delitos urbanísticos.

"20MINUTOS* : España posee algo más de 25 millones de viviendas, de las que casi tres millones y medio están vacías. La construcción urbanística de los últimos años ha supuesto graves consecuencias ambientales y económicas en toda la geografía, aunque más evidentes en las zonas costeras. Dos páginas web colaborativas recopilan imágenes aéreas y terrestres que evidencian las huellas de una construcción insostenible. Desde Consumer señalan los peores desastres urbanísticos en imágenes de España, los impactos urbanísticos destacados y las medidas para enmendar el daño causado.

Algunos de los datos de la denominada burbuja inmobiliaria hablan por ellos mismos: España, con una población de unos 47 millones de personas, poseía a finales de 2006 cerca de 23,5 millones de viviendas (a finales de 2012 poco más de 25,3 millones), según el Ministerio de Fomento. De este total, casi tres millones y medio están vacías, según los datos más recientes (2011) del Instituto Nacional de Estadística (INE). El impacto ambiental, visto por satélite La página web Nación Rotonda recopila imágenes tomadas por satélite del impacto ambiental producido en España por la construcción urbanística en los últimos 10-15 años. Gracias a una aplicación informática, sus visitantes ven fotos aéreas de distintos lugares de la geografía española con una línea vertical deslizante en medio. Al mover la línea hacia la izquierda o la derecha, se puede contemplar cómo era ese lugar antes y después.

Los autores, un equipo de cinco personas entre los que hay ingenieros de caminos, un arquitecto o un ilustrador, pretenden hacer un inventario lo más exhaustivo posible de los más de 8.000 municipios españoles. El material recopilado hasta ahora sirve ya para hacerse una buena idea de lo ocurrido. Uno de sus responsables, Esteban García, explica que según avanzan ven de forma más nítida dónde golpeó más fuerte el desarrollo: "Lo encontramos polarizado en la costa, especialmente sureste, y en Madrid y alrededores. Otras regiones fueron desarrolladas y explotadas con anterioridad".

En todos ellos, un denominador común, que da lugar al título de la página web: "Antes todo esto era campo". Y como símbolo de la inutilidad del impacto ambiental producido, las innumerables rotondas sin uso construidas por todas partes. El fotógrafo de naturaleza y escritor José B. Ruiz dirige el proyecto S.O.S. Paisajes del Mar.

En esta página web, también colaborativa como Nación Rotonda, reúne sus fotografías y las de otras personas de las zonas más castigadas por la construcción. "He recorrido desde hace más de 20 años nuestro litoral. Con algunas de mis imágenes he conseguido premios y reconocimiento internacional. Cuando he regresado a ciertas localizaciones he llorado de rabia e impotencia al ver cómo se ha destruido la belleza que perduraba durante miles de años. Nuestros hijos ya no conocerán muchos de estos lugares", asegura Ruiz.

En definitiva, los autores de estos trabajos quieren recordar a la sociedad un problema que agravó la crisis económica, la destrucción del medio ambiente y, en concreto, algunos de los problemas ambientales de España, como la desertificación.

Esteban García afirma que es complicado destacar alguno de los impactos urbanísticos: "El peor desastre es haber usado el mismo modelo sin adaptarlo al entorno ni a la sociedad concretas. Hay desarrollos similares en Valdemoro, Dos Hermanas, Cullera, Oviedo, etc. por toda la geografía española". Según este ingeniero de caminos, el impacto es muy grande cuando se acometen "actuaciones estériles", como la urbanización de grandes extensiones que luego no son edificadas.

Rafael Trapiello, otro de los autores de Nación Rotonda, piensa igual que su compañero, pero reconoce casos en especial chocantes: "Uno que ejemplifica a la perfección el disparate urbanístico de España en las últimas décadas es el Airpark Spain, una urbanización con aeropuerto privado y hangar en cada chalé en Alhama de Murcia". Este caso no se encuentra en la web por falta de fotografías anteriores para comparar.

En opinión de José B. Ruiz, "todas las provincias tienen zonas de su costa deterioradas y otras mejor conservadas. Sin embargo, los datos recogidos apuntan a que Barcelona, la Comunidad Valenciana, la región de Murcia y, en especial, Alicante, están a la cabeza en irregularidades, casos denunciados y destrucción del paisaje".


* 20 Minutos - EROSKI/CONSUMER. 09.11.2013
Foto: Vista de Jaén desde un satélite en 2004 (izda) y 2011 (dcha). (GOOGLE)

15.10.13

More British houses demolished in Andalucia

video
WOULD APPRECIATE YOUR HELP TO SPREAD THE NEWS WITH YOUR PRESS CONTACTS.


TWO British owned houses, located near the hamlet of Las Terreras in
the municipality of CANTORIA in ANDALUCIA, SPAIN, were demolished
today in an unannounced move by representatives of the Junta de
Andalucia, the regional administration, acting on a court order.

SEE ATTACHED PHOTOGRAPHS AND VIDEO.

The demolitions resulted from proceedings started by the regional
government in 2004 against a local promoter relating to the
construction of FOUR houses without the planning permission. A firm
sentence of demolition was applied to all four houses in June of this
year and the promoter was ordered to demolish the properties at his
own expense and to compensate the four British home owners, who, as
acknowledged in the court judgement, had acted in good faith.

However, it is understood that the home owners have yet to receive any
compensation in spite of today's demolition.

Today (14th October), two of the four houses were demolished following
an instruction to execute the demolition order issued by the
Provincial Court in September 2013. The remaining two houses, also
British owned, face the same fate. The houses were vacated at the time
of their demolition.

There are an estimated 300,000 illegal properties in Andalucia
according to government estimates.

Two more British families, purchasers in good faith have lost their
home, and it appears that they have not been compensated, which  AUAN
considers to be against their most elemental human rights.

Note to Editors: The home owners involved in this case are not members
of our association and we are not directly involved in these cases but
we can help with local contacts if you require it.

EUROPAPRESS (Spanish)
http://www.europapress.es/andalucia/almeria-00350/noticia-derriban-dos-casas-britanicos-no-urbanizable-inhabilitado-exalcalde-cantoria-20131014204742.html

El Confidencial 16 9 2013: Un pastor tumba un campo de golf y 15.000 chalets

Un pastor de Jumilla tumba un campo de golf y una urbanización de 15.000 chalés

 

Como una roca frente a la galerna. O como un mástil sin bandera ante el viento. Así ha resistido, y ganado, durante diez años Pascual Carrión, un pastor y agricultor de Jumilla cuyo empecinamiento para defender lo suyo ha dado al traste con la pretensión urbanizadora desmedida de una empresa apoyada por el Ayuntamiento. Su historia es reflejo de cómo se hicieron las cosas hasta el estallido de la burbuja inmobiliaria.

 

El martes pasado se llevó Pascual la última alegría. El Ayuntamiento de Jumilla dejó caducar el plazo para recurrir ante el Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que anuló el plan parcial de la macrourbanización Santa Ana del Monte Jumilla-Golf. Como su propio nombre indica, además de un par de campos del deporte del green, unas 15.000 viviendas unifamiliares iban a formar el complejo, en el que se pretendía incluir las 30 hectáreas de Pascual. Con la empresa promotora en suspensión de pagos desde 2008, parece imposible resucitar el proyecto.

 

A pesar de la buena, y definitiva noticia, el pastor no se dio ningún homenaje ni lanzó las campanas al vuelo. Sólo reconoce: "¡Me quedo con una tranquilidad!". Pero, ganar, lo que se dice ganar, no ha ganado nada: "Me quedo con mis tierras, como estaba hace once años, y con una operación de corazón por los disgustos. Eso es lo que le digo a quien me felicita". Y lo que les dirá a quienes lo hagan el próximo día 28, cuando cumple 60 años.

 

Porque fue en 2002 cuando Pascual empezó a batallar porque Iberdrola alteró mediante un amplio zigzag una línea de alta tensión que iba en dirección a Jumilla evitando pasarla por los campos que luego formarían parte del proyecto Jumilla-Golf, de la empresa oriolana San José Inversiones, pero cruzando las hectáreas del pastor: "Ya me parecía a mí entonces que venía algo detrás", confiesa.

 

Ahí comenzó la historia. La línea de alta tensión se la pasaron por su finca y en ella se erige con cinco torres, a pesar de que recurrió. A partir de ese momento, comenzó una serie de despropósitos disfrazados de promesas de progreso para el pueblo, con la pretensión del Ayuntamiento, gobernado entonces por el socialista Francisco Abellán, de realizar desarrollos urbanísticos para construir un total de casi 20.000 viviendas unifamiliares, casi tantas como habitantes ya tenía Jumilla (25.000).

 

Sólo quedaron tres de esos proyectos. Dos están recurridos en contencioso-administrativo por Izquierda Unida (IU), porque fueron aprobados sin pasar por el Pleno municipal. El otro, para disgusto del pastor, es el que empezó a desarrollarse en el paraje de Herrada del Tollo en 2006. "Tenían mucha prisa por hacerlo cuanto antes", recuerda el único concejal de IU en Jumilla, José Antonio Pérez, cuyo único voto ha sido decisivo para impedir algunos desmanes de la alternancia municipal PSOE-PP, con diez ediles cada uno.

 

A Pascual quisieron expropiarle sus tierras. Le ofrecieron hasta 2,6 millones de euros. Se negó a aceptarlos porque, como había pasado ya con otros propietarios cercanos expropiados, el dinero no aparecía por ninguna parte. Y porque, aunque pueda parecer difícil de creer, sobre todo en aquellos tiempos de desafuero inmobiliario, a él le importan más sus 300 cabezas de ganado, entre ovejas y cabras, sus pocos almendros y oliveras y su tierra, en suma, que el dinero.

 

30.000 euros para hacer la vista gorda

 

Ya habían intentado indemnizarlo con 30.000 euros para que hiciera la vista gorda ante el desvío inexplicable de la línea de alta tensión. No quiso. Prefirió recurrir a la vía legal, aunque la perdiera, momentáneamente. Esta la ha ganado ahora definitivamente. Y no le duelen los dineros que lleva gastados en ambos empeños. "Lo de la línea me costó 13.000 euros. 7.000 del informe técnico y 6.000 del juicio", explica.

 

En la anulación del Plan Parcial ha gastado algo más, unos 17.000, calcula. En total, casi la misma cantidad ofrecida "para taparme la boca" sobre la línea de alta tensión. No se calló entonces. Ni se calló después, cuando, siguiendo el signo de los tiempos, el Tribunal Superior de Murcia denegó en 2007 la suspensión cautelar del macroplán urbanístico porque debían prevalecer los "intereses generales" del municipio sobre los de Pascual, dándole la razón a la promotora San José Inversiones y al Ayuntamiento, que seguía gobernado por el socialista Abellán.

 

No se arredró y se fue al Supremo. Y allí, sí. Un magistrado decretó en 2010 la paralización cautelar de las obras estimando lo que decía Pascual: que no había agua para tanta gente como se pretendía meter en la urbanización. Y además, la que hay es de mala calidad, como recuerda el concejal de IU, José Antonio Pérez. "Aquí no se puede plantar nada de huerta con el pozo aquel de allí abajo: el agua es salobre. Mira la cuba que uso yo para traerme con qué dar de beber al ganado". En esa cuestión no entró entonces el TSJ de Murcia.

 

Entremedias de las dos sentencias, tres años, habían pasado unas cuantas cosas. Como que la promotora había entrado en preconcurso, primero, y en concurso de acreedores, después, dejando colgadas a unas 800 personas que entregaron cantidades a cuenta. Muchas de ellas son ingleses, según creen en Jumilla. "¡Qué vergüenza lo que ha pasado; que tenga que hablar la gente extranjera de lo sinvergüenzas que son los españoles, aunque la mayoría seamos honrados!", se indigna Pascual.

 

Antes de eso, los representantes de San José Inversiones habían andado intentando comprar más tierras y se había producido algún fiasco que otro cuando el dinero no estaba disponible en los actos de compraventa ante notario. Esa fue otra de las razones por las que el pastor se negó a vender y a que le expropiaran, a pesar de la suculenta cantidad. "Al dueño de la finca principal, Eleuterio, que fue el único que después me ofreció ayuda, le compraron San José y lo engañaron", asegura Pascual.

 

Al final, muy al final, el TSJ de Murcia ha terminado estimando, en julio pasado, el argumento de que no había agua para tanta boca como se quería meter allí. Con eso, Pascual se da por satisfecho, aunque haya llevado la lucha prácticamente él solo. "Si me muero, me moriré a gusto luchando por lo mío y por la verdad. Que yo no he estudiado, que soy 'analfabético', pero a mí no me engañan".

 

Aunque no renuncia a sus principios. Y esos son ahora aclarar el asunto de la línea de alta tensión de Iberdrola que sigue ahí, quebrada en zigzag y con las cinco torres en sus tierras. "Me tengo que pasar por el ayuntamiento a que me lo expliquen otra vez, que lo de los informes técnicos no lo tengo claro. Y le tengo que decir al alcalde [desde 2011, Enrique Jiménez, del PP] que a ver si se da tanta prisa en traerme el agua corriente como se dio el anterior [Francisco Abellán, del PSOE] en dar los permisos para la urbanización", suelta con toda la sorna que se puede permitir un David ante un Goliat en el suelo.

22.9.13

El Pais 21 9 2013: Todo menos la demolición

Todo menos la demolición

Las fiscalías alertan de “serios problemas” para el derribo de obras ilegales

Los dueños tratan de retrasarlo y las Administraciones no lo asumen por falta de fondos

·         Tretas contra la piqueta

·         Robledo: la guerra de los 15 años

Juana Viúdez Madrid 21 SEP 2013 - 22:56 CET67

 

En Mijas (Málaga) hay 8.000 construcciones irregulares. / julián rojas

 

El boom inmobiliario ha pasado, pero los ladrillos que se colocaron en pleno furor, cuando algunos concejales de Urbanismo miraban para otro lado, continúan bien pegados al suelo. Los fiscales de Medio Ambiente siguen teniendo “serios problemas” para conseguir que se ejecuten las demoliciones de las construcciones ilegales. Los propietarios tratan de retrasar la llegada de la piqueta todo lo posible, bien buscando fallos en el proceso, o agarrándose a nuevas normativas regularizadoras, como la Ley de Costas. Los Ayuntamientos o comunidades, que deben responder de forma subsidiaria porque ellos debían velar por la legalidad urbanística, alegan en muchas ocasiones de que no tienen fondos para asumirlo. “Nos damos contra un muro”, cuenta Patricia Navarro, la fiscal de Medio Ambiente de Cádiz.

 

La memoria de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente de 2012, hecha pública esta semana, destaca la situación “paradójica” en la que se encuentra esta medida legal. Aunque los derribos de construcciones irregulares se sigan acordando de manera más o menos fluida —se interponen unas 100 órdenes de demolición al año—, hay poco consenso en los tribunales sobre su necesidad o naturaleza.

 

La Fiscalía no dispone de una estadística de órdenes de demolición, algo que hace muy difícil calcular la cantidad de las que hay en España. Tampoco existen datos oficiales y globales de viviendas ilegales, pero las comunidades con problemas más sonoros son Andalucía, donde el Gobierno regional estima que hay unas 300.000 construcciones irregulares, 60.000 de ellas en Málaga, o Valencia, donde Greenpeace calcula hasta 50.000 casas ilegales solo en la zona costera. Cantabria también es conocida por sus desmanes urbanísticos, con 663 sentencias de derribo, según datos del Gobierno regional.

 

Casos a la baja por la crisis y el efecto ejemplarizante

§  Estabilidad. El número de procedimientos por infracciones urbanísticas mantiene cifras similares a las de los últimos años y en muchos casos va a la baja. Las fiscalías de Granada, Almería, Pontevedra, Cádiz, Jaén, Cantabria o Navarra han notado una disminución considerable.

§  Menos construcción. Los fiscales creen que la estabilidad en el número de procedimientos urbanísticos se debe a la crisis económica y, en parte, a las sentencias condenatorias que ya se han producido. En 2012, el 63% de los 715 fallos relativos a la ordenación del territorio obtuvieron una condena. En 2011, lo logró el 71% de las 569 sentencias.

§  20 hoteles ilegales. Una de las investigaciones más extensas y complejas de 2012 se ha desarrollado en Las Palmas de Gran Canaria. En la Operación Yate se investiga la construcción ilegal de una veintena de hoteles en el término municipal de Yaiza.

§  Autoridades municipales. Almería destaca el gran número de procedimientos penales abiertos contra autoridades municipales. En Sevilla tienen el caso de un secretario municipal que es, además, promotor.

§   

Las divergencias a la hora de sentenciar son todo un clásico. Sevilla habla de una “irreconciliable disparidad” con las demoliciones. Mientras tres secciones de la Audiencia sevillana las acuerdan con “bastante regularidad”, una cuarta no la aplica “como regla general”. Hasta 2012 han conseguido que se acuerden más de 100 derribos. En algunos casos, el propietario de la vivienda ilegal ha llegado a entrar en prisión porque no asumió la demolición como forma de responsabilidad civil.

 

Jaén también destaca por la “extraordinaria reticencia de los jueces” para acordar esta medida. De las 72 condenas por delitos urbanísticos y contra la ordenación del territorio en las que ha intervenido la fiscal de Medio Ambiente Isabel Uceda, solo dos llevaban aparejada la piqueta. Uno de los casos más llamativos es el de una urbanización levantada en el entorno del yacimiento íbero de Puente Tablas, en una zona residencial de la capital catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC). En este barrio hay chalés con órdenes de demolición y otros, colindantes, con condena, pero sin esta medida. Los propietarios ven en esa falta de unidad de criterio judicial una clara “inseguridad jurídica”.

 

Los ejemplos negativos son los más numerosos. La fiscalía de Cáceres se queja de la falta del “conocimiento más elemental por parte de determinados juzgadores” sobre las características de la orden de demolición, y en Valencia denuncian que su Audiencia ha dejado de aplicar o recurre a la anulación sistemática de todas estas órdenes. Aunque no se ejecuten, la buena noticia es que los jueces valencianos las están acordando con más frecuencia. Si en 2011 esta medida iba incluida en el 37% de las condenas, en 2012 ha subido hasta un 63%.

 

El contrapunto a esta situación, enquistada en los últimos años, lo ha puesto una sentencia del Tribunal Supremo. La resolución, del 21 de junio de 2012, reconoce los principales argumentos que la Fiscalía en defensa de la necesidad de imponer esta medida, como que es la única manera de reparar el daño causado por el delito. “La demolición es la responsabilidad civil”, ha declarado el fiscal coordinador de Medio Ambiente, Antonio Verger.

 

Hay infractores que apelan a la Ley de Costas para frenar ejecuciones

La fiscal Patricia Navarro pidió al Supremo que se posicionara sobre este asunto planteando un recurso de casación a una condena por una construcción ilegal en el Puerto de Santa María que no llevaba aparejado el derribo. El alto tribunal aceptó —y su decisión sienta jurisprudencia— que el derribo debe ser la “regla general” y no una excepción, algo que se deduce del nuevo contenido del artículo 319 del Código Penal, y que si no se aplica favorece la sensación de impunidad.

 

Cádiz tiene unas 40.000 viviendas irregulares y a finales de 2012 había 70 órdenes de demolición sin acometer. “En la zona de Chiclana, Chipiona o la costa, ha habido un crecimiento muy rápido y una vivienda ilegal sin demoler es un efecto llamada”, considera Navarro. Sobre su mesa hay órdenes de derribo de 2007 que todavía no se han ejecutado porque les plantean infinidad de incidentes para evitarlo. “Se solicita, por ejemplo, el indulto, y aquí no cabe, porque no se trata de una pena”, explica la fiscal gaditana.

Los propietarios están agarrándose a la posibilidad de beneficiarse de la nueva Ley de Costas, aprobada este verano, que reduce las zonas protegidas. También a decretos, como el que presentó la Junta de Andalucía en 2012 para regularizar el 90% de las construcciones irregulares, o a cambios en los planes urbanísticos de los municipios que les pudieran beneficiar.

 

Puede haber sentencias distintas para casas de una misma urbanización

Un colectivo de extranjeros afectados por los desmanes urbanísticos cometidos en el Valle del Almanzora (Almería), donde hay 12.000 construcciones ilegales, ha recurrido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De momento, un juez de Almería ha suspendido la orden de demolición de la casa de un matrimonio británico hasta ver el resultado de la demanda internacional. Gerardo Vázquez, letrado de la asociación, reclama un cambio urgente en el sistema. “Es un modelo bizantino, es evidente que han fallado los controles por la cantidad de viviendas ilegales que hay”, contempla. Los 300 socios de la asociación, la mayoría británicos jubilados, compraron casas en suelo rústico y los promotores pusieron pies en polvorosa. No tienen derecho a suministros básicos, como electricidad o agua, pero lo más grave es la sombra de la excavadora.

 

En Mijas (Málaga), hay 8.000 construcciones irregulares, pero el decreto de la Junta de Andalucía ha abierto la puerta a la regularización de la mitad. Las otras 4.000 luchan por encontrar un hueco legal que las salve. En este pueblo de la Costa del Sol ya ha habido varias demoliciones y el equipo municipal, del PP, reconoce que no son plato de gusto. “Intentamos encontrar soluciones legales, pero contra las viviendas con expediente de demolición no se puede hacer nada”, explican.

 

En Navarra han tenido que embargar de forma previa a los condenados para poder pagar esos derribos. En 2012 ha habido cinco sentencias. El caso típico es el de una caseta de huerta que se ha ido mejorando hasta convertirla en vivienda, en especial en la Ribera navarra. Todo un clásico del urbanismo español.

 

18.9.13

Varapalo del Parlamento Europeo a la Ley de Costas

El PE lamenta que Ley de Costas no mejore protección jurídica de viviendas y pide a la Comisión que investigue

 

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que ha recibido cerca de 60 denuncias de ciudadanos de la UE contra la Ley de Costas española entre 2008 y 2012, considera "deplorable" que con la nueva española aprobada en mayo "no se haya conseguido prácticamente mejorar la seguridad jurídica" sobre los derechos de propiedades. Por ello, cuestiona que esté "a la altura" de sus objetivos de "mejorar la protección concedida al medio ambiente costero", en un informe aprobado este martes por 16 votos a favor, tres en contra y seis abstenciones.

 

    De este modo, la Eurocámara ha instado a la Comisión Europea examinar "a fondo" si la nueva norma española cumple la legislación de la UE, incluida la ley de contratación pública europea cuando la infraestructura pública se construye en propiedades expropiadas.

 

   Los eurodiputados han aprobado este martes un informe crítico con la Ley de Costas elaborado tras la visita de una delegación encabezada por la eurodiputada liberal austriaca Angelika Werthmann, principal autora del informe, el 21 y 22 de marzo a Madrid. El texto traslada más de una decena de recomendaciones no vinculantes a las autoridades españolas.

PIDEN COMPENSACIÓN ECONÓMICA JUSTA

  Entre ellas, piden la creación de "un mecanismo de compensación financiera plena y justa para todos los propietarios legítimos cuyos hogares pudieran ser objeto de derribo o expropiación" por aplicar la Ley de Costas, rechazando así una enmienda del eurodiputado popular Carlos Iturgaiz para suprimir esta recomendación.

    

También han aprobado varias enmiendas del eurodiputado popular Peter Jahr en las que instan a las autoridades españolas a "conceder una compensación que refleje el valor de la propiedad de las personas afectadas por la Ley de Costas en lugar de conceder una concesión". Sin embargo, han rechazado otra enmienda de Iturgaiz que defendía que la sentencia del Tribunal Constitucional de 1991 "confirmó que las concesiones concedidas a todos los propietarios de viviendas legales dentro del dominio público marítimo-terrestre pueden ser consideradas como compensatorias".

 

 

Por lo que se refiere a las propiedades calificadas de "construcciones ilegales" en zonas costeras o próximas, los eurodiputados piden a las autoridades judiciales españolas que "investiguen y enjuicien más rápidamente a los agentes privados o autoridades públicas que han actuado al margen del marco jurídico formal concediendo licencias de construcción" y que "las víctimas" que compraron "de buena fe" tengan "una compensación plena y justa" de las autoridades españolas.

 

También reclaman en el informe aprobado "directrices claras" sobre la atribución de las concesiones a los actuales propietarios de viviendas en zonas costeras en base a "criterios objetivos y no discrecionales". No obstamte, reiteran sus "serios reparos" en general a la existencia de tales concesiones, rechazando una enmienda de Iturgaiz para eliminar este punto sobre las reservas a las concesiones.  

 

La eurodiputada verde Margrete Auken ha retirado, por su parte, una enmienda en la que pedía diferenciar mejor "las condiciones para los regímenes concesionarios" especialmente entre las concedidas como compensación a los propietarios y las nuevas concesiones para actividades económicas en dominio público, donde debería primar "las condiciones medioambientales más estrictas".  Sí han aprobado otra de Jahr que defiende un equilibrio proporcional entre la protección costera y de las propiedades en esta zona.  

RECLAMAN MORATORIA O PARALIZACIÓN

   También han reclamado "una moratoria o paralización de todos los casos pendientes ante los tribunales" sobre viviendas en zonas costeras que puedan ser "objeto de una modificación de la línea de demarcación para salvar del derribo aquellos edificios que después podrían quedar fuera del terreno público", rechazando así también otra enmienda de Iturgaiz para suprimir esta petición.  

 

 En relación con la delimitación del terreno público, la comisión europarlamentaria insta a las autoridades españolas a aplicar "criterios técnicos objetivos y a garantizar que donde se puedan necesitar derogaciones" se "justifiquen de manera clara y transparente", tras aprobar una enmienda de Iturgaiz, el único español que las presentó.

 

   Igualmente, instan a las autoridades españolas a mejorar la cooperación con las comunidades autónomas para promover y regenerar el medio ambiente costero "que con frecuencia se ha degradado gravemente en muchas ocasiones debido a obras frecuentes y excesivas de construcción y proyectos inmobiliarios de probada ilegalidad". "Las zonas de protección costera no deben ser utilizadas más para construir nuevas propiedades, edificios o viviendas", reclaman en el informe.

 

    Los eurodiputados piden, además, que se actualicen los datos sobre el registro de propiedad y catastro y que "todos los propietarios con intereses en las zonas de demarcación sean debidamente informados sobre sus derechos y sus posibilidades de acceso a la justicia", rechazando una enmienda de Iturgaiz para reconocer que la nueva Ley de Costas española "ha resuelto ahora los problemas con el registro de propiedades".

 

   Piden justicia "a tiempo y efectiva" en los procesos judiciales abiertos sobre propiedades porque "los retrasos excesivos en la administración de la justicia" es "inaceptable"  y subrayan la utilidad "posible" de remitir cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la UE.

 

   Los eurodiputados han aprobado otra nueva enmienda de Jahr para dejar claro que en las zonas declaradas como protegidas bajo la legislación europea o nacional deben ser protegidas "en lugar de reconstruir propiedad en ese terreno".

ESFUERZO DEL GOBIERNO

   Los eurodiputados sí han aceptado varias enmiendas de Iturgaiz que al informe, entre ellas, una en la que "reconocen que el Gobierno español  ya ha hecho un esfuerzo significativo aprobando una nueva legislación costera que resuelve la mayoría de los problemas pendientes" y "por tanto para proveer una mayor incertidumbre legal para los propietarios de propiedades".  

 

   También han aprobado otra enmienda que deja claro que la Comisión Europea siempre ha constatado que el régimen de propiedades sigue siendo una competencia del Estado miembro "y que sólo puede intervenir en circunstancias donde ha habido una presunta violación de la UE".

 

     La delegación, que se reunió con las autoridades españolas, ciudadanos afectados por expropiaciones y demoliciones y con representantes de las asociaciones ecologistas durante su visita, estuvo encabezada por Werthmann. También formaron parte de la delegación los eurodiputados 'tory' Marta Andreasen, la ecológica Auken y los populares Peter Jahr y Rainer Wieland, a los que acompañaron los españoles Iturgaiz (PP), Dolores García-Hierro (PSOE) y Willy Meyer (IU).


Bruselas pide compensaciones justas para los afectados por la antigua Ley de Costas española

 

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) ha pedido un sistema de compensaciones justo para todos los propietarios cuyas casas fueron demolidas o expropiadas en aplicación de la antigua Ley de Costas española. Así lo establece un informe aprobado por la mayoría de los miembros de la comisión parlamentaria, que realizaron hace unos meses una visita a Madrid para reunirse con las autoridades españolas tras haber recibido en la Eurocámara un gran número de quejas de ciudadanos europeos afectados.

Los eurodiputados "recomiendan a las autoridades españolas que establezcan un sistema de compensación financiera completa y justa para todos los propietarios legales cuyos bienes inmuebles hayan sido objeto de demolición o expropiación por aplicación de la Ley de Costas", dice el texto. Esa compensación, según el informe -aprobado con 16 votos a favor, tres en contra y seis abstenciones-, "debe reflejar el valor de la propiedad".

Recomienda al Gobierno mejorar la cooperación con las CCAA para regenerar el medioambiente

Asimismo, recomiendan a las autoridades españolas mejorar la cooperación con las comunidades autónomas para promover y regenerar el medioambiente costero, "que con frecuencia se ha degradado gravemente en muchas ocasiones debido a obras frecuentes y excesivas de construcción y proyectos inmobiliarios de probada ilegalidad".

Según reclama el informe, "las zonas de protección costera no deben ser utilizadas más para construir nuevas propiedades, edificios o viviendas". Igualmente, los eurodiputados reclaman que se actualicen los datos sobre el registro de propiedad y el catastro y que "todos los propietarios con intereses en las zonas de demarcación sean debidamente informados sobre sus derechos y sus posibilidades de acceso a la Justicia".

Por otro lado, reconocen en el texto "el esfuerzo significativo llevado a cabo por el Gobierno al aprobar la nueva Ley de Costas y resolver la mayoría de los problemas actuales", como "la situación de indefensión en que muchos europeos se han encontrado al construir de buena fe en la costa", así como "conciliar la protección de las costas españolas con el crecimiento económico".

Los eurodiputados expresan su temor a que la nueva ley no resuelva los problemas

Sin embargo, en otro informe sobre los trabajos de la Comisión de Peticiones del PE también aprobado, los eurodiputados expresan su temor a que "la nueva ley no resuelva los problemas de los peticionarios". Fuentes parlamentarias han explicado a Efe que los eurodiputados llaman así la atención sobre el hecho de que los eurodiputados confían en que se puedan resolver con la nueva ley los casos futuros, pero no las quejas anteriores a su aprobación.

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo visitó Madridpara analizar las denuncias presentadas por diferentes organizaciones y ciudadanos sobre la reforma de la Ley de Costas y estudiar si ésta vulnera las leyes europeas de protección medioambiental y propiedad privada. Participaron en esa visita, entre otros eurodiputados de distintas nacionalidades, los españoles Carlos Iturgaiz (PP), Dolores García Hierro (PSOE) y Willy Meyer (IU). Esta comisión parlamentaria ha recibido más de un centenar de quejas sobre la Ley de Costas en los últimos años.

 

27.8.13

Faro de Vigo 27 8 2013: Urbanismo delimita nueve núcleos...

 

SANXENXO

Urbanismo delimita nueve núcleos en donde la servidumbre de protección estaría a 20 metros

El gobierno local presenta a la junta de portavoces el proyecto para aplicar a las zonas de Arnosa, A Revolta, Foxos, Fontenla, Major, Seame, Festiñanzo, A Granxa y Cabicastro

redacción 27.08.2013 | 07:31

Vista de la costa de Major. // G. Santos

El gobierno local presentó ayer a los representantes de los demás grupos de la corporación el proyecto de delimitación de núcleos que podrían acogerse a lo establecido por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral por la modificación de la Ley de Costas, publicada el pasado mes de mayo en el BOE.

Esta norma introduce la posibilidad de que, en el plazo de dos años desde su entrada en vigor, se inste por la Administración urbanística competente la aplicación de este régimen, que permitirá la reducción de la servidumbre de protección de 100 a 20 metros, en las áreas que, a su entrada en vigor, no estuvieran clasificadas como suelo urbano pero que, en ese momento, reunieran determinados requisitos.

Entre las exigencias establecidas por esta disposición se encuentra la necesidad de contar con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica y estar consolidados por la edificación en al menos un tercio de su superficie. Se podrá aplicar a aquellas zonas que carecen de alguno de estos requisitos pero que pertenecen a áreas consolidadas por la edificación como mínimo en dos terceras partes de su superficie, en el caso de aquellos ayuntamientos con planeamiento; y en la mitad de su superficie, para los que carecen de él.

Una vez culminada la revisión de todo el término municipal, el gobierno local propuso a los representantes de la oposición determinar como núcleo a Arnosa (Vilalonga) con una superficie neta de 33.354 m2, 25 edificaciones anteriores a la Ley de Costas, 16,677 parcelas disponibles y un grado de ocupación del 149,90%. La relación incluye también a A Revolta (Noalla) con una superficie neta de 15.286 m2, 6 edificaciones anteriores a la Ley de Costas, 7,643 parcelas disponibles y un grado de consolidación del 78,50%; Foxos (Noalla) con una superficie neta de 11.964 2, 10 edificaciones anteriores a la Ley de Costas, 5,973 parcelas disponibles y un grado de ocupación del 167,42%; Fontenla (Noalla) con una superficie neta de 16.953 m2, 10 edificaciones anteriores a la Ley de Costas, 8,476 parcelas disponibles y un grado de consolidación del 117,98% y Major (Noalla) con una superficie neta de 25.790 m2, 9 edificaciones anteriores a la Ley de Costas, 12,895 parcelas disponibles y un grado de consolidación del 69,79%.

En el listado se encuentra Seame (Adina) que dispone de una superficie neta de 8.175 m2, 7 edificaciones anteriores a la Ley de Costas, 8,175 parcelas disponibles y un nivel de ocupación del 85,62%; Festiñanzo (Dorrón) con una superficie neta de 8.954 m2, 6 edificaciones anteriores a la Ley de Costas, 8,954 parcelas disponibles y un grado de consolidación del 67%; y A Granxa (Dorrón), que cuenta con 14.741 m2 de superficie, 22 edificaciones anteriores a la Ley de Costas, 14,741 parcelas disponibles y una ocupación del 149,24 %. Cabicastro, en Adina, forma parte asimismo de esta proposición dado que se trata de un núcleo ya existente.

El criterio aplicado en cuanto al grado de consolidación fue el más restrictivo, exigiendo un porcentaje mínimo del 66%.

 

17.8.13

Greenpeace 2013: Destruccion a toda costa & Costas Inteligentes - Vision para Un Futuro Sostenible


http://www.greenpeace.org/espana/es/reports/Destruccion-a-toda-costa-2013/


Destrucción a toda costa 2013



Análisis del litoral a escala municipal



Publicación - agosto 8, 2013
En las últimas dos décadas, la costa española ha perdido una superficie equivalente a ocho campos de fútbol al día.

Durante más de 13 años, Greenpeace ha denunciado la destrucción de un recurso tan preciado e importante como es el litoral. Cada año, con la elaboración de su informe Destrucción a Toda Costa, la organización ha analizado las principales amenazas del litoral.


http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/costas/Costas%20Inteligentes%20F.%20Prieto.pdf

COSTAS INTELIGENTES

Un estudio realizado para Greenpeace España

VISIÓN PARA UN FUTURO SOSTENIBLE EN 2030
LA COSTA COMO UN BIEN COMÚN
ANÁLISIS POR MUNICIPIOS DE LA OCUPACIÓN DEL SUELO
EN LOS PRIMEROS 500 METROS DE COSTA
Riesgos de colapso por privatización, arbitrariedad y falta de enfoque científico por la
nueva ley de costas de 2013

Malaga Hoy 9 8 2013: Málaga es la provincia con más suelo urbanizado...


Málaga es la provincia con más suelo urbanizado en toda la franja costera

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El problema de Málaga no es que se haya urbanizado demasiado, que también, sino que se ha hecho mal, sin pies ni cabeza, producto de una mala planificación costera. Esto se ha acrecentado en los últimos 15 años con la corrupción y la burbuja inmobiliaria que han llegado a asfixiar el poco espacio libre existente. Si alguien ve fotos de la primitiva Costa del Sol, la de hace 30-40 años, podrá comprobar las posibilidades de racionalización territorial que todavía tenía. Eso se lo han cargado especuladores sin escrúpulos y una clase político-financiera corrupta y criminal.
"MÁLAGAHOY* : Solo la crisis económica y el desplome del sector de la construcción ha sido capaz de poner fin a la voraz expansión del cemento y el ladrillo que durante décadas ha sufrido la costa malagueña. Pero lo hizo cuando ya se había urbanizado la mayor parte del litoral hasta el punto de que Málaga es la provincia española con menos suelo natural y más superficie ocupada en la franja de 500 metros. Dos terceras partes de este espacio, es decir, el 67% de la línea costera de la provincia ya había sido construida en 2005, fecha de la que data la información incluida en el estudio 'Destrucción a toda costa 2013' presentado por Greenpeace y del que se desprende que la costa española ha sido "destruida" a una velocidad de dos hectáreas diarias entre 1987 y justo antes de que comenzara la crisis.

En ese periodo, Málaga aumentó su superficie ocupada en un 15%, lo que demuestra que el destrozo que ha sufrido la costa por culpa del urbanismo viene de más atrás cuando la Costa del Sol comenzó a despegar como destino turístico en los 60 y 70.

La mayoría de los municipios costeros malagueños salen mal parados en el informe elaborado por la organización ecologistas para alertar sobre los efectos de la ocupación del litoral. Pero el ranking de los más urbanizados, según el porcentaje de superficie construida en los primeros 500 metros de costa, lo encabezan Fuengirola que tiene el 95% de su suelo urbanizado, seguido muy de cerca por Mijas con el 91%, y Torremolinos y Marbella con el 90%.

Son los ejemplos más extremos de los estragos causados por el urbanismo desmedido durante décadas. Pero hay otros municipios de la provincia en una situación bastante similar. Rincón de la Victoria, por ejemplo, tenía en 2005 el 88% de su primera línea costera urbanizada, Benalmádena el 85% y Málaga capital el 82%

Sin embargo, según Greenpeace, los que más rápido han destruido su patrimonio natural del litoral durante los años que se prolongó la burbuja inmobiliaria fueron Torrox y Casares.

Pero para la organización ecologista hay una serie de municipios costeros en España que deberían servir de ejemplo de "cómo no se debería gestionar el litoral". En ese top 25, únicamente aparece un municipio de la provincia y es Marbella que, para Greenpeace, representa "la esencia de la corrupción urbanística". No solo es el segundo municipio de España en cuanto a superficie ocupada en la primera franja de los 500 metros, con unas 1.189 hectáreas urbanizadas, sino que además es el municipio mayor de cien hectáreas que más superficie tiene ocupada porcentualmente, incluso más que Málaga capital.

Greenpeace también destaca en su informe que entre las zonas más amenazadas de la costa mediterránea por la subida del nivel medio del mar, en un hipotético escenario como consecuencia del cambio climático, está la provincia. De hecho, las zonas cuyas infraestructuras se encuentran en mayor riesgo por el aumento de la cota de inundación y rebase están situadas en el tramo entre Málaga y Algeciras.

En cuanto a los puntos con mayor riesgo de inundación por invadir el dominio público marítimo-terrestre destaca el barrio de Pedregalejo de la capital, que ha quedado fuera de regulación en la nueva Ley de Costas 2/2013.

El colectivo alerta en 124 años la franja de los primeros 500 metros estará totalmente construida y en 158 años la del primer kilómetro. Si se mantiene la tendencia de construcción de 1987-2005, el incremento anual de ocupación sería del 0,40% (0,43 hectáreas al día). O, lo que es lo mismo, la superficie ocupada total en 2030 llegaría hasta el 79% en Málaga.


* Málaga Hoy - RAQUEL GARRIDO - 9.8.13
Foto: Benalmádena Costa, may07 - J.Rojas (El País)

10.8.13

Publico 8 8 2013: Greenpeace - Los 10 puntos más aberrantes del litoral español


Los diez puntos más aberrantes del litoral español

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Greenpeace acaba de hacer público su informe anual 'Destrucción a toda costa 2013' donde analiza por municipios la situación en todo el litoral del país. A pesar de la crisis/estafa inmobiliaria, otro año más se vuelven a ver los mismos problemas de exceso de edificación en los primeros metros costeros, sobre todo en las zonas donde ha abundado el urbanismo salvaje. A continuación se muestran los peores ejemplos elegidos este año.

*PÚBLICO* : Como si una grúa gigante hubiera engullido el litoral sin saciarse. Este es el panorama visible en gran parte de las playas españolas después de casi dos décadas de burbuja inmobiliaria. Para hacerse una idea: entre 1987 y 2005, la costa ha perdido una superficie equivalente a ocho campos de fútbol al día, tal y como evidencian las imágenes recogidas durante este tiempo por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) dentro del proyecto europeo Corine Land Cover y que Greenpeace recoge en su último informe 'Destrucción a toda costa 2013'.

Por primera vez, la ONG ecologista analiza los primeros 500 metros de costa municipio a municipio. "La urbanización a escala municipal es una de las claves más importantes para analizar lo que ha pasado y puede pasar en un futuro inmediato" señala el estudio, sobre todo desde que la nueva Ley de Costas "otorga a los ayuntamientos una nueva herramienta para urbanizar, o no, su litoral".

El documento muestra por lo general un horizonte lleno de ladrillo que sólo ha venido a menos a raíz del parón provocado por la crisis económica. Pero existen municipios que tiene el dudoso honor de encabezar la lista de los que más han destruido su litoral a base de cemento.

La Comunidad Valenciana, Islas Baleares e Islas Canarias son las autonomías que han destruido su costa más rápidamente durante los últimos 18 años. Málaga, Alicante, Barcelona y Valencia, se revelan como las provincias con más costa urbanizada.

De una lista de las 25 peores localidades, el top 10 -ordenado alfabéticamente, no por la mayor o menos destrucción- lo conforman Calpe (Alicante), Calviá (Mallorca), Chiclana de la Frontera (Cádiz), Cubelles (Barcelona), Oliva (Valencia), Orpesa (Castellón), San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), Sant Josep de sa Talaia (Ibiza), Vera (Almería) y Zierbena (Bizkaia).

El top 10 de la destrucción de costa

CALPE

Con edificaciones verticales de gran altura, asemejándose a Benidorm como continuación de su núcleo urbano. Supone un fuerte impacto paisajístico. Tiene grandes urbanizaciones dispersas, con ocupación de salinas, marismas y zonas de gran valor ecológico. Las construcciones de las zonas ambientales de gran valor afectan a áreas de interés arqueológico. Todo construido con un gran desorden urbano. El 70% de su primera franja está ocupada y el incremento anual de la superficie es de casi un 0,5% anual. Todos estos impactos son muy recientes.

CALVIÁ

Tercer municipio del Estado en cuanto a superficie artificial ocupada en la franja de los 500 metros, con 1.150 hectáreas. Aunque tuvo en algún momento políticas de contención de la demanda con el derribo de algunos hoteles, el impacto ambiental y la ocupación siguen siendo muy importantes. El 63% de su primera franja está ocupada. Es la segunda ciudad de Mallorca y casi la mitad de la población es extranjera. Es el municipio turístico de mayor importancia de la isla, y el cuarto municipio de España en número de pernoctaciones.

CHICLANA DE LA FRONTERA

Pasa de 80.000 a 300.000 habitantes en verano. Destaca el gran número de segundas residencias, muchas de ellas ilegales. Entre 2003 y 2006 se enfrentó a 15 supuestas ilegalidades urbanísticas e incluso el TSJA anuló la aprobación definitiva de su PGOU (Plan General de Ordenación Urbana). De hecho, en 2007 Chiclana superaba a Marbella en el número de viviendas ilegales: 40.000. Su superficie artificial crece casi al 2% anual y la mitad de su franja costera ya está urbanizada en la actualidad.

CUBELLES

Su costa es una de las que presenta mayor presión del litoral catalán. Además, su grado de ocupación es superior al 75% y su incremento anual de la superficie artificial es del 1,6%. Sus playas están totalmente transformadas con espigones que intentan mantener la arena de las playas y un paseo marítimo que se extiende durante kilómetros y confina la arena en una pequeña franja. Son playas fuertemente erosionadas que se ven fragmentadas por una vía de tren paralela a la costa.

OLIVA

Casi la mitad de su franja de los primeros 500 metros está ya ocupada. No en vano, es el municipio que más ha aumentado su superficie artificial desde 1987 y ha multiplicado casi por siete el número de ocupaciones en la primera línea. No obstante, y a pesar de estos datos, ha sido indultado en la nueva Ley de Costas.

ORPESA

Uno de los mejores ejemplos de la burbuja inmobiliaria. Su construcción ha sido imparable, como muestra el hecho de que posee uno de los porcentajes más elevados de incremento anual de superficie artificial, casi un 2%. Marina D'Or, la mega urbanización construida en su totalidad en zona de servidumbre de protección, pertenece a este municipio. En 2020 tendría el 92% de sus primeros 500 metros de costa ya construidos de seguir con la tendencia actual.

SANT JOSEP DE SA TALAIA

Este entorno paradisiaco está acosado por grandes urbanizaciones, separadas unas de otras. Los accesos cancelados y hoteles en primera línea hacen que se haya privatizado de manera no formal el acceso público a la costa. La nueva Ley de Costas da vía libre a que se privaticen una gran parte de sus salinas. Todo esto, a pesar de que parte de la costa de Sant Josep está protegida bajo la Red Natura 2000.

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

El 41% de su costa ya está urbanizada. En Maspalomas se encuentra el primer destino mundial en la oferta de apartamentos y bungalows. Considerado el municipio turístico más importante de España por la extensa zona turística urbanizada de su costa (las tradicionales playas de San Agustín, playa del Inglés, Maspalomas y la más reciente de Meloneras). Es uno de los municipios con un tipo de turismo más depredador, lo que ha incluido a esta localidad en diferentes programas de reestructuración del turismo.

VERA

A pesar de ser una de las zonas de mayor riesgo de inundación, más de tres cuartas partes de sus 500 metros de litoral están ya urbanizados. Su superficie urbanizada se ha multiplicado por tres. Cada año, su superficie artificial aumenta un 2,7%, una de las tasas de crecimiento mayores de toda España. De continuar en estos parámetros, para 2020, ocuparía vez y media la superficie actual disponible.

ZIERBENA

Actualmente, el 61% de su franja de los primeros 500 metros está urbanizada, y durante los años de locura urbanística su superficie artificial aumentó un 1,17% por año. Las marismas y zonas de importante valor natural han sido sustituidas por la refinería de Petronor y actividades logísticas. Esta gran planta, propiedad de Repsol, fue amnistiada por el Gobierno socialista, lo que permitió que se invadiese la costa. Su deterioro no se ha frenado ya que dragados y nuevos planes urbanísticos siguen destruyendo la playa de La Arena.

Entre 1987 y 2005, la tasa diaria de construcción en los primeros 500 metros de costa fue de más de dos hectáreas diarias, pasando de 58.000 hectáreas a casi 72.000 en tan sólo 18 años.

En palabras de María José Caballero, directora de Campañas de Greenpeace "los datos de nuestro informe muestran una costa inundada de ladrillo. Sirven para reflexionar sobre lo que ha sucedido y decidir qué tipo de gestión del litoral queremos en el futuro."


* Público - BLANCA CAMBRONERO - 8.8.13
Foto: Calpe (Alicante), urbanismo caótico - greenpeace

28.6.13

El Pais 27 6 2013: El Supremo anula la aprobacion definitiva del PGOU de Benissa


El Supremo anula la aprobación definitiva del PGOU de Benissa


El fallo considera que el documento no cumplió con el debido trámite de información pública



EP Alicante 27 JUN 2013 - 19:49 CET


El Tribunal Supremo (TS) ha anulado la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad de Benissa (Alicante) por entender que, "a pesar de introducirse modificaciones sustanciales durante la tramitación" de la citada planificación, "no fue reiterado el trámite de información pública".

La sentencia de la sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo del TS, que ha contado con el voto particular de una magistrada, estima un recurso de la Asociación Valenciana de Defensa de los Derechos Humanos Medioamientales y en contra de los abusos urbanísticos, contra la sentencia de la sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), del 10 de marzo de 2009, que queda anulada.

Esta resolución desestimaba un recurso contra la desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto el 13 de diciembre de 2003 ante el consejero de Territorio y Vivienda contra la resolución de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante de 14 de abril del mismo año, que aprobaba definitivamente el PGOU de Benissa.

De este modo, el TS considera que "ha lugar" al citado recurso, dirigido también contra el acuerdo del director general de Urbanismo y Ordenación Territorial de 2 de octubre de 2003, que ordena la publicación de la aprobación definitiva del referido plan --BOP de Alicante número 262 de 14 de noviembre de 2003--, acuerdo que también es anulado.

Igualmente, el alto tribunal declara "nulo" el instrumento aprobado "por no ser conforme al ordenamiento jurídico", al tiempo que agrega que si la administración urbanística "decidiera sustanciar el procedimiento para la aprobación" del PGOU de la localidad alicantina, "deberá reponerse dicho procedimiento administrativo al momento inmediatamente posterior al acuerdo de aprobación provisional para su sometimiento a un nuevo trámite de información pública, a la vista de las modificaciones sustanciales introducidas con relación al documento aprobado inicialmente, sin hacer expresa condena al pago de las costas procesales causadas en la instancia y en este recurso de casación".

Entre los motivos planteados por la Asociación Valenciana de Defensa de los Derechos Humanos Medioamientales y en contra de los abusos urbanísticos, la sala atiende al que "suscita la polémica sobre la necesidad de sometimiento a nueva información pública en el supuesto de introducción de modificaciones sustanciales, alegando la prevalencia de la norma estatal básica sobre la autonómica, que la exonera".


"No es un mero trámite"



Así, citando jurisprudencia, especifica que la información pública en ese tipo de planeamiento "no es un mero trámite" en el procedimiento de su elaboración, sino un elemento "esencial por la especial incidencia" que tienen los planes urbanísticos en la vida de los ciudadanos, "máxime" cuando se produce, como aquí sucede, la aprobación de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana.

Del mismo modo, considera que se vulnera, por ello, el derecho a la participación pública en el planeamiento urbanístico si se aprueba el instrumento de planeamiento sin el correspondiente trámite de información pública, y también cuando se han introducido, sin ese trámite, modificaciones sustanciales en el planeamiento aprobado.

Por lo que respecta al voto particular, la magistrada entiende que "no existe ninguna contradicción ni confrontación" entre la norma estatal básica y la norma autonómica urbanística, y afirma que si el órgano jurisdiccional consideraba que la norma autonómica infringía una norma estatal básica, "en lugar de elegir entre la aplicación de una y otra norma legal, debió plantear cuestión de inconstitucionalidad".