26.4.11

ABC/Sevilla 22 4 2011


El derribo de casas ilegales empezará por las que están en zonas inundables

[]
ABC/Sevilla* : La Consejería de Obras Públicas y Vivienda trabaja en la elaboración de un decreto que dará amparo legal al proceso de normalización de los miles de inmuebles que se encuentran en situación ilegal o irregular al haberse construido en suelo no urbanizable, y en algunos casos en terrenos de especial protección medioambiental. Un porcentaje de ellos se verá inevitablemente abocado a desaparecer por derribo, y en primera línea se sitúan las casas construidas en zonas inundables. El coste de la regularización de la viviendas que cambien de estatus administrativo y los nuevos servicios a los que podrán acceder correrá por cuenta de los propietarios. Gloria Vega, secretaria general de Ordenación del Territorio y Urbanismo desde el pasado mes de noviembre, ha sido encomendada por la consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz, para llevar a cabo la ardua tarea de poner orden en un capítulo de su departamento, como es sacar de la opacidad administrativa a las miles de viviendas, tanto aisladas como en formato de parcelaciones, que desde hace años incumplen la normativas urbanística. Dos comarcas, la Axarquía malagueña y el Valle del Almanzora, en Almería, han sido las elegidas para iniciar las actuaciones.

Marco legal

«El decreto forma parte ­explica Gloria Vega­ de un proceso que la Consejería está impulsando para dar una solución a este problema que es sumamente complejo y diverso. Hace años comenzamos a trabajar con los ayuntamientos en la realización de un inventario de viviendas levantadas en zonas no urbanizables, y dada la problemática es muy difícil pensar que es posible en el marco de la legislación un proceso de legalización total». En decir que, en momento alguno se ha optado por «una amnistía generalizada».

Según la secretaria general, «en el actual marco legal hay barreras que marcan diferentes circunstancias», como son la viviendas aisladas y las que se encuentran agrupadas en parcelaciones urbanísticas. Pero incluso en el capítulo de las casas aisladas, modelo que predomina en la Axarquía, también se dan distintos casos. «Hay viviendas históricas que llevan casi toda la vida en suelo no urbanizable y que carecen de autorizaciones, pero que sin embargo son legalizables por su origen histórico. Se dan también las viviendas que se construyeron legalmente y que ahora no lo son, porque la normativa del momento permitía que se levantaran en suelo no urbanizable en determinadas circunstancias, que luego cambiaron con la aprobación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)». Con ello, las viviendas legales pasaron ­y así se consideran en la actualidad­ a irregulares.

Régimen distinto

El borrador de decreto que presentó días atrás Josefina Cruz al Consejo de Gobierno prevé dejar a esos inmuebles, indica Gloria Vega, «fuera de ordenación, y deberán tener un régimen distinto al de las viviendas que han surgido tras la LOUA, y que son ilegales desde el primer momento».

Existe, sin embargo, otra variante, es la de aquellas casas que se construyeron en zonas no autorizadas después de entrar en vigor la Ley, pero al haber pasado cuatro años desde que fueron finalizadas, en función de esta normativa no pueden ser objeto de medidas disciplinarias. «La solución es muy problemática. Las viviendas no son legales, no se pueden legalizar, pero tampoco se pueden tirar», asegura la secretaria general.

El decreto aborda todos estos «paquetes» y contemplará en el caso de las parcelaciones la idea es «desarrollar la LOUA, y en el de las viviendas aisladas se prevé el procedimiento específico, en el marco de esa ley, para diferenciar la vivienda que nació legal y se quedará fuera de ordenación, de la que nació ilegal y que no se puede legalizar porque han pasado cuatro años. A estas últimas se les va a reconocer su situación a través de un régimen específico».

Concretando aún más, las casas fuera de ordenación podrá acceder a «una licencia de ocupación», la aspiración de todos los propietarios, y las ilegales pero que han prescrito y no se pueden demoler, recibirán un reconocimiento que se denomina «asimilado a fuera de ordenación».

Término confuso

Reconoce Gloria Vega que el término es un tanto confuso, pero es el que figura en el reglamento de disciplina urbanística. «Suena como si fuera igual que fuera de ordenación, pero son regímenes diferentes, porque el primero tiene licencia de ocupación y puede acceder a los servicios (luz, agua, etc), y el segundo también dispondrá de servicios», pero con matices, con la fórmula del autoabastecimiento, y ofreciendo el propietario garantías al ayuntamiento en materia de habitabilidad, de seguridad o de vertidos que no afecten al medio ambiente.

«Las viviendas que no se podrán legalizar en ningún caso», subraya la secretaria general, «son la que están en suelos protegidos, las que no están finalizadas (la orden de paralización ha llegado cuando estaban en fase de estructura) y las que están afectadas por la LOUA y no han transcurrido cuatro años desde que fueron terminadas, periodo que marca la Ley para la prescripción. A ninguna de estas viviendas amparará el decreto, por lo que, llegado el momento, tendrán que desaparecer».

Advierte Gloria Vega que los trámites a seguir desde que se detecta una construcción irregular o ilegal hasta que se procede a su derribo son arduos. «Que no piense la gente que los mecanismos consisten en decir tú eres ilegal y mañana llega la grúa y procede a la demolición».

Puestos a priorizar, las primeras viviendas susceptibles de derribo son las que ocupan el dominio público hidráulico de zonas inundables. «Esas no tendrán arreglo ­subraya la secretaria general­ por el riesgo que tienen. Pero si por los estudios que se hagan se ve que los terrenos de dominio público no son inundables, las viviendas quedarán fuera de ordenación».

Hay otra excepción. Cuando por vía del planeamiento se puede llevar a cabo una actuación, una obra, «para evitar la inundabilidad», circunstancia que se puede dar en los núcleos considerados históricos y que eran legales en su origen.


* ABC - 22.04.11
Foto: Operación de derribo de una vivienda ilegal cercana a la capital cordobesa - abc

24.4.11

Levante: 24/04/11: Blanco etc.

INVERSIÓN | Mirando a la legislación

La mutación británica de la idea de casa 'made in Spain'
La amenaza de quedarse con las manos vacías merma la confianza al invertir
A pesar de la crisis, los ingleses siguen apostando por el sol español
Londres (Reino Unido) Actualizado jueves 21/04/2011 12:22 horas

"Cómo cambian los tiempos...", reflexiona Philips Richardson, agente
inmobiliario en Dalston (al Este de Londres), dedicado desde hace años a
vender 'el sol español' en su país. "Cuando mi hermano compró la casa en
Menorca era la época de la peseta. Por aquellos años, con una pequeña
jubilación uno podía ir allí y elegir la casa que quería".

La próxima visita a Londres de José Blanco y su portafolios repleto de
viviendas de bancos y promotoras para ofrecer 'garantías jurídicas' de que
los pisos españoles se pueden adquirir sin problemas muestra cómo ha
cambiado la percepción de los británicos -y el resto de países europeos- del
mercado inmobiliario peninsular.
A pesar de la crisis, los ingleses siguen apostando por el sol español. Más
de 800.000 de ellos viven en España y ocupan el primer lugar entre los
extranjeros compradores. Aún sin comprar tanto, el alquiler parece ser una
de las opciones que en este momento está funcionando. Por ello, empresas
como la de Margaret Ayling, propietaria de Ayling Internacional Property
Services, especializada en las zonas de Sotogrande y Gibraltar, lo incluyan
en su eslogan: "Tanto si compra, como si vende o alquila nadie os ofrece
más".

El mayor temor que sienten los ingleses a la hora de invertir en España es
que la propiedad ilegal
Pero la amenaza de quedarse con las manos vacías ante la posibilidad de
adquirir casas edificadas sin licencia o con un permiso que no se ajusta a
la legislación vigente empaña la confianza en el mercado actual español.
Por eso, legalidad y formalidad son las dos condiciones esenciales que se
anteponen ahora a cualquier amago de negociación. Todo tiene que estar muy
organizado para satisfacer el gusto de los británicos. Las fechas de
entregas y los precios no pueden escaparse de lo pactado. Por eso no es de
extrañar que el mayor temor que sienten los ingleses a la hora de invertir
en España sea el riesgo de comprar una propiedad ilegal, después de hacerse
público varios escándalos sobre el tema.

Nueva oleada, nuevos gustos
Los tiempos cambian y las preferencias inmobiliarias también. "En los
últimos meses hemos notado que hay una leve pero nueva oleada de británicos
que quieren trasladarse a vivir a España", asegura Lesley. "Buscan casas
antiguas o simplemente viejas, de esas que necesitan reforma. Les gusta
mucho ocuparse ellos mismos del estilo y la decoración de su futura vivienda
o negocio".
Hoteles rurales en antiguos caseríos, pequeños hostales, o casas lo de gran
tamaño como para poner un 'bed and breakfast' (holetes con encanto a la
inglesa) marcan la tendencia de inversión de los nuevos británicos que, con
la crisis, ven en nuestro país una opción mejor de la que ofrece en este
momento Gran Bretaña.
En este contexto y, a diferencia de lo que ocurría antes del 'crack'
inmobiliario, muchos constructores y promotores españoles comienzan a
dirigir su atención hacia el mercado británico. Esto ha supuesto el inicio
de un cambio de actitud sobretodo en relación al idioma. Así, no son pocas
las empresas del sector que se plantean la posibilidad de proveer material
de venta traducido para sus clientes ingleses.

Antes del euro
"Los británicos han estado enamorados de España desde hace muchos años y es
uno de los primeros países que les viene a la cabeza a la hora de comprar
una casa para vacaciones o reubicarse", insiste Lesley McEwan propietaria de
CadizCasa, una empresa inmobiliaria que ofrece los beneficios de la costa
andaluza al mercado inglés.

Vida de rico con dos duros, así era por aquel entonces España para muchos
extranjeros. Las cosas cambiaron con la entrada del Euro
Vida de rico con dos duros, así era por aquel entonces España para muchos
extranjeros, claro que las cosas cambiaron con la entrada del Euro. La nueva
moneda disparó los precios hasta las nubes y, en un abrir y cerrar de ojos,
el país flotaba dentro de la burbuja inmobiliaria. "La burbuja tenía que
estallar tarde o temprano, y estalló más tarde de lo que esperábamos",
afirma Margaret Ayling. "La construcción creció de manera desorbitada. La
locura era tal que incluso había personas (británicos) que adquirían tres o
cuatro propiedades para revender habiendo pagado sólo el depósito de compra.
Este es, sin duda, el momento más crítico por el que atraviesa el mercado
inmobiliario español, por lo menos, desde 1977, que es cuando nosotros
abrimos nuestro negocio", concluye.

21.4.11

La Provincia 18 4 2011

"Es fácil enriquecerse gestionando el suelo"

[]
LAPROVINCIA/Entrevista* : El magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, considera que con la reforma del Código Penal no van a desaparecer las infracciones medioambientales, aunque se hayan incrementado, casi el doble, los años de cárcel.
- En el Congreso Canario de Derecho Urbanístico usted disertó acerca de la reciente reforma del Código Penal y cómo ha afectado al derecho urbanístico. ¿Qué significó?
- Se ha incrementado, casi el doble, la duración de las penas privativas de libertad. Se ha establecido un sistema de multa proporcional, de tal forma que la cuantía de la multa la fija el juez en función de los beneficios obtenidos por el promotor. Además, se acuerda el comiso, esto es, la confiscación de las ganancias, de tal manera que, en ningún caso, resulte rentable infringir las leyes urbanísticas. Pero, sobre todo, la gran novedad está representada por el hecho de que aparece una nueva clase de delincuente. Se trata de la discutible apuesta de nuestro sistema penal a favor de la responsabilidad de las personas jurídicas.

- ¿Qué repercusión tiene esto para el infractor?

- Para que nos entendamos, a partir de ahora, el delito puede estar cometido por un promotor, un constructor y, además, por la empresa para la que ambos trabajan. El Código Penal establece un sistema propio de penas que pueden llevar a la suspensión, disolución, clausura y hasta intervención judicial de la empresa.

- Ésta es la tercera reforma que sufre el Código Penal desde que España está en Democracia. ¿Cree que aún le quedan pasos por dar en materia urbanística? ¿Existen demasiados agujeros en el derecho urbanístico por el que se cuelan los delincuentes?

- De entrada, creo que en el ámbito del urbanismo, como en cualquier otra actividad delictiva, existen numerosas vías de escape para el infractor. En muchos casos el delito exige la complicidad de los poderes públicos con capacidad decisoria sobre esta materia. Y ello dificulta enormemente la persecución del delito. Piense que sobre un enorme mapa cartográfico la utilización de un bolígrafo rojo o verde determina el aprovechamiento de los terrenos y su consiguiente valor económico. Para algunos es muy fácil sacarle ventaja a ese conocimiento anticipado del futuro valor de los terrenos.

- No han pasado aún cuatro meses de la puesta en marcha de las modificaciones del Código Penal, pero aun así ¿podrá hacer un balance de lo que está suponiendo? ¿Qué conclusiones ha extraído?

- Le aseguro que cuatro meses en la vigencia de una norma penal, teniendo en cuenta la lentitud de los procesos, no es tiempo para obtener conclusiones aprovechables. Pese a todo, creo que el incremento de las penas puede desplegar un efecto preventivo indudable. El legislador ha considerado procedente bajar las penas, por ejemplo, en los delitos relacionados con el tráfico de drogas o en las falsedades de tarjetas de crédito. Sin embargo, ha decidido incrementar de una manera sensible las penas de prisión en los delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo. Esa conjugación de penas privativas de libertad y sanciones económicas de naturaleza confiscatoria hará mucho menos rentable el delito. En cualquier caso, si alguien piensa que con la reforma van a desaparecer las infracciones medioambientales, creo que es un optimista. Es muy sencillo enriquecerse cuando se gestiona el aprovechamiento del suelo.

- ¿ Ha disminuido el número de delitos en materia urbanística? En caso afirmativo, ¿es consecuencia de la reforma del Código Penal o de la caída en picado del sector inmobiliario?

- El análisis de la evolución en la cifra de criminalidad exige más tiempo. Las estadísticas, tanto de la Fiscalía General del Estado como del Ministerio del Interior, son anuales. Lo que sí parece indudable es que la crisis del sector inmobiliario ralentiza también la toma de decisiones y, por tanto, las posibilidades de infracción.

- ¿Vivimos en un sistema jurídico que es demasiado permisivo con los autores de delitos urbanísticos?

- Yo creo que no, pero le aseguro que si había alguna duda al respecto, la reforma acaba con todas las suspicacias. El marco penal se ha agravado de forma más que significativa. A partir de ahora cualquier concejal que informe favorablemente la concesión de una licencia contraria a la legalidad vigente se enfrenta a una pena privativa de libertad de hasta cuatro años de prisión, además de la inhabilitación correspondiente, que puede alcanzar hasta los diez años.


* La Provincia - 18.04.11
Foto: Puerto Rosario (Fuerteventura) - bbc.co.uk

20.4.11

La Opinion Malaga 18 4 2011


El fiscal jefe no comparte la normalización urbanística que se pretende en la Axarquía

[]
LAOPINIÓN/Málaga* : El fiscal jefe de Málaga, Antonio Morales, ha asegurado que no comparte la normalización de la situación urbanística en la zona de la Axarquía a la que se pretende llegar con unas 11.000 edificaciones irregulares que existen en esa comarca a través de un decreto en el que se establezcan procedimientos para el reconocimiento de estas construcciones. «No comparto en absoluto esa normalización, todo lo contrario», aseguró Morales, quien destacó, en declaraciones a Europa Press, la «importancia y la gravedad» de eso delitos, ya que, según subrayó, «no quedan por un determinado tiempo, sino permanentemente, para el futuro hasta hipotecarlo».

Demolición

Así, Antonio Morales aseguró que esas construcciones pueden ser «económicamente rentables a corto plazo, pero a larga es un desastre turístico, económico y social y afecta a algo tan importante como el paisaje». «Existe el derecho a un paisaje limpio y sostenible, donde la sociedad vaya evolucionando a mejor», puntualizó.

«Perpetuar todos esos atentados que se han hecho a la naturaleza, al paisaje y al medio ambiente no se comprende fácilmente, sobre todo, cuando ha habido una lesión de bienes jurídicos tutelados por el ordenamiento jurídico», ha precisado el responsable de la Fiscalía malagueña.

En todo caso, añadió «se debería aplicar el rigor jurídico y lógicamente la demolición de todas estas construcciones ilegales y la vuelta a la normalidad y al paisaje primitivo de aquella zona, que es muy bonita».


* La Opinión Málaga - 18.04.11
Foto: Axarquía (Málaga), diseminados - laopiniondemalaga.es

AUAN: Comité de Peticiones de la UE 14 abril 2011 - Youtube en Espanol y fotografias

 

Maura Hillen ante el Comité de Peticiones de la UE

http://www.youtube.com/watch?v=bbHp-xzR5NA

 

Helen Prior ante el el Comité de Peticiones de la UE

http://www.youtube.com/watch?v=WzXT26E8mzY

 

Intervención de Marta Andreasen MEP – el comité de peticiones de la UE

http://www.youtube.com/watch?v=DNABRkWlhoE

 

Intervención de Willy Meyer MEP – el comité de peticiones de la UE

 

http://www.youtube.com/watch?v=cuNmC_1lCMM

 

 

Intervención de SRA MUÑIZ DE URQUIZA MEP – el comité de peticiones de la UE

http://www.youtube.com/watch?v=ZCnUkMNzYDw

 

 Tenga en cuenta la intervención tardía de la Sra Muñiz (Europarlamentaria) y que parece seguir el "tono" de las declaraciones de la Consejera de Obras Publicas y Vivienda del Parlamento Andaluz.

Intervención de Simon Busuttil MEP – el comité de peticiones de la UE

 

http://www.youtube.com/watch?v=a6YXXCYrkBc

 

 

 

18.4.11

AUAN in Brussels: YouTube

Statement of Maura Hillen to EU Petitions Committee
http://youtu.be/RkqzQuV8AO8

Statement of Helen Prior to EU Petitions Committee
http://youtu.be/Yn-zMydHxGQ

MEP Marta Andreasen in Petitions Committee
http://youtu.be/a8aKw_d1Ld4

MEP Sra Muñiz de Urquiza of the PSOE
http://youtu.be/xptp6m4sGJM

5.4.11

Telegraph 4 4 2011: Expats sue Spanish councillor for alleged discrimination

Expats sue Spanish councillor for alleged discrimination - Telegraph

The councillor charged with resolving the illegal homes issue affecting expats in Spain's Almanzora Valley is being sued by British homeowners.

Properties on a Spanish hillside
Expat homeowners in Almeria's Almanzora Valley are suing a government councillor over alleged discrimatory remarks. Photo: Design Pics Inc/Rex Features

By Sean O'Hare 5:06PM BST 04 Apr 2011

Josefina Cruz, councillor for public works and housing, referred to British expats as 'a group of people who are not of this country, who have settled here illegally in our territory...who are now demanding us to solve a problem that they have been responsible for creating'. She made the comments during a parliamentary debate last month.

12 Britons who own illegally built homes in the Valley and who belong to the organisation Abusos Urbanisticos Almanzora No (AUAN), campaigning for the legalisation of property in the region, are now collectively suing the councillor for alleged discrimination under Article 510.2 of the Spanish criminal code.

Maura Hillen, president of AUAN, said: “The members of our association who have made this complaint are victims of the chaotic planning system in Andalucia, which has clearly failed and continues to fail.

"They were assured that everything was alright when they bought their homes and now find themselves immersed in legal proceedings that could result in the demolition of their house.

"In some cases it is actually the regional government who challenged the building license granted by the town hall. In other cases the town hall or the promoter is subject to a criminal investigation. In none of these cases is the homeowner considered to be at fault.

"Because of this, and because of the situation in which thousands of people find themselves, the plaintiffs cannot let the remarks of the consejera pass because they are offensive and discriminatory and give completely the wrong impression.”

Josefina Cruz, councillor for public works and housing, referred to British expats as 'a group of people who are not of this country, who have settled here illegally in our territory...who are now demanding us to solve a problem that they have been responsible for creating'. She made the comments during a parliamentary debate last month.

12 Britons who own illegally built homes in the Valley and who belong to the organisation Abusos Urbanisticos Almanzora No (AUAN), campaigning for the legalisation of property in the region, are now collectively suing the councillor for alleged discrimination under Article 510.2 of the Spanish criminal code.

Maura Hillen, president of AUAN, said: “The members of our association who have made this complaint are victims of the chaotic planning system in Andalucia, which has clearly failed and continues to fail.

"They were assured that everything was alright when they bought their homes and now find themselves immersed in legal proceedings that could result in the demolition of their house.

"In some cases it is actually the regional government who challenged the building license granted by the town hall. In other cases the town hall or the promoter is subject to a criminal investigation. In none of these cases is the homeowner considered to be at fault.

Almanzora Valley witnessed an uncontrolled construction boom from 2000-6 when thousands of British families bought homes from developers who lacked the necessary building licences.

It is estimated that during this period more than £100 million was paid to developers by unsuspecting families, many of whom are now left without mains water and electricity and a final habitation certificate.

Of the 12,697 illegally built homes 920 of these homes were found on specially protected land, were less than four years old or were incomplete, and have been earmarked for demolition.

The remaining 11,777 homes will be subject to a special decree, currently being worked on by government officials, to define a uniform set of procedures that would allow them to be granted an occupation license and obtain access to services in a manner described as "self-sufficient", making it clear that public funds will not be used to resolve the situation.

The Andalucian regional government refused to comment.

2.4.11

AUAN: Nota de Prensa 1 4 2011 - SE PRESENTA QUERELLA CONTRA JOSEFINA CRUZ

 

Nota de Prensa AUAN –1 de abril de 2011

Contacto: Patricia Sampson, Tel: 638323706  Email: info@almanzora-au.org   

 

SE PRESENTA QUERELLA CONTRA JOSEFINA CRUZ

La asociacion" Abusos Urbanísticos Almanzora – ¡No!" (también conocida como "AUAN") informa que varios de sus miembros presentan este viernes a título individual una querella criminal contra la Consejera de Obras Publicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, Josefina Cruz Villalón; querellándose por un supuesto delito contra la Constitución Española, y concretamente por un supuesto delito previsto y penado en el artículo 510.2 del Código Penal, por razón de lo que los querellantes consideran son injurias discriminatorias, y a raíz de las declaraciones que la Consejera vertió en la Comisión de Obras Publicas y Vivienda del Parlamento Andaluz el día 9 de marzo de 2011.

Recordemos que la Sra. Cruz declaró en dicha fecha, según el diario de sesiones del Parlamento de Andalucia, entre otras cosas "Señorías, para confusión, la suya. Yo creo que usted no sabe lo que está defendiendo. No sé si está defendiendo la intrusión de personas, no sé si está defendiendo los intereses de un conjunto de personas que no son de este país, que se han instalado aquí de forma ilegal, no sé si está defendiendo esos intereses, señoría. No lo entiendo, de verdad que no lo entiendo.

Creo haber dicho en esta ocasión que hemos tenido reuniones al respecto también con el Embajador Británico, pero a mí me interesa, a mí me preocupa la situación general, y no me preocupa una situación parcial de un conjunto de personas que se han establecido ilegalmente en nuestro territorio. No entiendo..., luego, su confusión... No sé si está defendiendo la legalidad o no está defendiendo la legalidad. Señoría, no sé lo que usted está defendiendo, no sé de parte de qué y de quién está usted.

Nosotros estamos tratando de abordar un problema que se ha producido en Andalucía como consecuencia de la falta de respeto a la cultura del territorio, a la cultura del paisaje y a la cultura urbanística, y, por lo tanto, hay que adecuar, nosotros queremos dar respuesta dentro de la legalidad, dentro del planeamiento urbanístico, dentro de la ordenación del territorio y dentro del respeto a toda la legislación sectorial de espacios protegidos, de suelos forestales, de suelos protegidos por la legislación de vías pecuarias, de costa, etcétera, etcétera, etcétera. (…)

Mañana tengo prevista una reunión en la Almanzora, señoría. Mañana tengo prevista una reunión con los alcaldes. Señoría, yo me reúno con los alcaldes, que son los responsables locales de la ordenación de su municipio, y, a partir de ahí, se podrá darles información a los vecinos que están afectados, sean de una organización o no sean de ninguna organización, sean vecinos que se han establecido de buena fe o no de tan buena fe, y que ahora están demandándonos a nosotros que resolvamos un problema que son ellos los responsables de haberlo creado"..

 AUAN alega que dichos comentarios fueron ratificados posteriormente ante medios de comunicación y que no sólo son inaceptables en un estado democrático y moderno, miembro de la Unión Europea, sino que además son gravemente hirientes para mucha gente "de otro país", según las palabras de la Consejera, gente que invirtió los ahorros de toda su vida en una vivienda en España, la cual se les aseguraba que contaba con todos sus permisos, y que ahora se ven amenazados de ser desposeídos de su hogar.

Dice Maura Hillen, Presidente de AUAN, " los miembros de nuestra asociación que han presentado esta querella a título individual son víctimas del  caótico sistema urbanístico e inmobiliario de Andalucía, que evidentemente ha fallado y sigue fallando. Se les aseguró que todo estaba en orden cuando compararon y ahora se ven inmersos en procedimientos judiciales encaminados a la demolición de su vivienda. En algunos casos es la propia Junta de Andalucía la que impugna una licencia dada por el pertinente Ayuntamiento, en otros casos se investiga en vía penal la actuación del Ayuntamiento, en otros la del promotor, y en ninguno de los casos se considera que la culpa la haya tenido el comprador. Ante ello, y ante la situación en la que se encuentran millares de familias, los que ahora presentan la querella han considerado que no pueden dejar pasar de largo unos comentarios de La Consejera totalmente desacertados, y que consideran injuriosos y discriminatorios, y que dan al resto de ciudadanos una impresión totalmente errónea de la realidad." Hillen, añade, "estos comentarios no fueron emitidos por cualquiera en la plaza del pueblo, sino por un miembro del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, precisamente por la persona encargada de resolver el desaguisado urbanístico en dicha Comunidad Autónoma. Los comentarios son totalmente desacertados, y pueden dar una impresión totalmente errónea. Si no se tomasen medidas, se corre el riesgo de incitar a otras personas a tener la misma actitud anómala que la Consejera". Termina diciendo, "se está jugando con la vida de mucha gente, y tarde o temprano se ha de marcar una línea. Yo si fuese la Consejera dimitiría".

La querella la firma Bernardo del Rosal Blasco, conocido Abogado penalista y antiguo Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana.

 

1.4.11

AUAN Press Release 1 4 2011

AUAN: Press Release 1st April 2011: Brits lodge
Criminal complaint for discrimination against member of Andalucian Government

contact : info@almanzora-au.org
www.almanzora-au.org
Phone: 00 34 661329919

Twelve British members of AUAN (Abusos
Urbanisticos Almanzora No) have lodged a criminal
complaint against Josefina Cruz, Consejera for
Public Works and Housing of the regional
government of Andalucia for offensive statements
made in Parliament earlier this month.

The Consejera is being sued for an alleged crime
against the Spanish Constitution, specifically
under Article 510.2 of the Criminal Code because
of what the plaintiffs believe are discriminatory
insults relating to statements made by the
Consejera in a commission hearing of the
Andalucian Parliament on the 9th of March 2011.

According to the Diary of Sessions of the
Andalucian Parliament, the Consejera, in response
to questions about the illegal houses in the
region, is alleged to have stated, amongst other
things "I do not know if your are defending the
intrusion of people, do not know if your are
defending the interests of a group of people who
are not of this country, who have settled here
illegally, do not know if you are defending these
interests, ladies and gentlemen. I do not
understand, I really do not understand".

"I believe that I have said on this occasion
that we have also had meetings about this with
the British Ambassador, but I am interested in, I
am concerned with the general situation, and I am
not interested in the particular situation of a
group of people who have settled illegally in our
territory. I do not understand…, then, your
confusion… I do not know if you are defending
legality or not defending legality. Ladies and
gentlemen, I do not know what you are defending ,
I do not know where you are coming from."

"We are dealing with a problem which has resulted
in Andalucian as a consequence of a lack of
respect for the culture of the territory, and the
culture of the land and the culture of planning
and therefore, it is necessary to adapt, we must
give a response within the law, within urban
planning, within territorial planning, and with
respect for all the legislation relating to
protected land, forested land, land protected by
rights of way, coasts, etc, etc, etc (…)

Tomorrow I have scheduled a meeting in Almanzora,
ladies and gentlemen. Tomorrow I have scheduled a
meeting with the Mayors. Ladies and gentlemen, I
will meet with the mayors, who are responsible
for planning in their municipalities, and from
them, one can give information to affected
residents, whether they are in an organisation or
not in an organisation, whether they bought in
good faith, or not in good faith, and who are now
demanding that we resolve a problem that they are responsible for creating".

AUAN alleges that these comments, which were
later endorsed before the press, are not
acceptable in a democratic state that is also a
member of the European Union. They are also
gravely offensive to many "people from another
country", to use the Consejeras words, who
invested all of their life savings in a house in
Spain, having being assured that they had all
legal permits, only to find that they risk losing their home.

According to Maura Hillen, president of AUAN,
"the members of our association who have made
this complaint are victims of the chaotic
planning system in Andalucia, which has clearly
failed and continues to fail. They were assured
that everything was alright when they bought
their homes and now find themselves immersed in
legal proceedings that could result in the demolition of their house.

In some cases it is actually the regional
government who has challenged the building
license granted by the town hall. In other cases
the town hall or the promoter is subject to a
criminal investigation. In none of these cases is
the homeowner considered to be at fault.

Because of this, and because of the situation in
which thousands of people find themselves, the
plaintiffs cannot let the remarks of the
Consejera pass because they are offensive and
discriminatory and give completely the wrong impression."

Hillen added "These comments were not issued by
just anybody, but by a member of the regional
government of Andalucia. In fact, the person
charged with resolving the urban planning mess in
that region. The comments are incorrect and
completely misguided. If we do not take action we
run the risk of inciting others to take the same
view as the Consejera". She concluded, "This is
playing with too many peoples lives. We have to
draw a line somewhere. If I was the Consejera, I would resign".

The case is being brought by Bernardo del Rosal
Blasco, a well know criminal lawyer and a former Ombudsman in Valencia .