24.1.13

El Pais 18 1 2013: Ley Costas vulnera cuatro directivas europeas



La Ley de Costas vulnera cuatro directivas europeas

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ECOTICIAS* : WWF ha denunciado ante la UE la modificación de la Ley de Costas, que se encuentra ahora en trámite parlamentario. La organización ha presentado una queja ante la Comisión Europea porque considera que esta reforma vulnera la normativa europea. De hecho, WWF argumenta que supondría un impacto profundo en nuestro litoral, aumentaría su desprotección y fomentaría la inseguridad jurídica.
WWF ha presentado una queja ante la UE porque considera que la modificación de la ley de costas, aprobada por el Consejo de Ministros a finales del pasado año, va en contra de los pilares básicos defendidos por la UE en materia de medio ambiente. De hecho, la organización denuncia que la reforma de la Ley de Costas podría vulnerar las siguientes Directivas europeas.

· Riesgo de Inundaciones
(Directiva 2007/60/CE)

La modificación incumpliría la legislación relativa al riesgo de inundaciones. WWF insiste en su queja en que la reforma conllevaría la ocupación de zonas susceptibles de inundarse. De hecho, omite lo que se refleja en el Atlas de Áreas Inundables (1) encargado por el propio MAGRAMA. Además, ignora las previsiones realizadas por los expertos sobre los impactos del cambio climático en los próximos 75 años (período ampliado a las concesiones a particulares e industrias en la costa), sobre los bienes e infraestructuras situadas en el litoral. Esto podría dar lugar a daños en "personas y bienes" de los que se derivarían responsabilidades legales para sus promotores.

· Calidad de las aguas
(Directiva 2000/60/CE)

Para WWF, también incumpliría la obligación de garantizar la buena calidad de sus aguas. No en vano, la reforma de la ley fomenta la desprotección de la franja costera, poniendo en riesgo importantes ecosistemas litorales, como salinas, dunas y marismas. Todo ello a pesar de que estos espacios impiden la regresión de playas y aseguran un buen estado de los recursos pesqueros, etc. Asimismo, no se han evaluado las consecuencias que sobre este aspecto tendría también el fomento del urbanismo en la costa y de los usos industriales.

· Tratamiento de aguas residuales urbanas
(Directiva 91/271/CEE)

WWF destaca que tampoco ha respetado lo que refleja la normativa sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas. La organización pide al gobierno que no se plantee generar más residuos. De hecho, sigue sin resolver los problemas que ya existen en esta materia por la insuficiencia de sistemas de depuración. La estacionalidad de la población en la costa y el urbanismo excesivo han supuesto que las infraestructuras estén mal dimensionadas y no sean útiles, especialmente en verano.

· Participación pública y acceso a información
(Directiva 2003/4/CE)

Por último, WWF recuerda que no se ha permitido a las ONG acceder a la cartografía ni a los criterios usados por el Gobierno para la exclusión de los diez núcleos urbanos y Formentera del Dominio Público.

Desde que se presentó, WWF ha alertado de que su aprobación supondría un varapalo para la riqueza de nuestro litoral y fomentaría la inseguridad jurídica. De hecho, el proyecto favorece los intereses privados en detrimento de un bien público y del interés general, reduce la servidumbre de protección y amplía el plazo de concesiones.

Juan Carlos del Olmo, Secretario General de WWF España, ha declarado: "Fomentar la ocupación del litoral es una temeridad que con seguridad dará lugar en el futuro a responsabilidades". Y añade: "La reforma va en contra de la legislación europea y es de tal calado que resulta urgente que la Comisión Europea y el Parlamento europeo se pronuncien sobre ella antes de su aprobación en el Parlamento español".


* Ecoticias - 18.1.13
Foto: Benalmádena Costa - J.Rojas (El País)

20.1.13

El Pais 18 1 2013: El Supremo anula el PAI de Benicassim...

El Supremo anula el PAI de Benicàssim que aprobó el TSJ

Lorena Ortega Castellón

 

El plan preveía urbanizar dos millones de metros cuadrados y construir más de 2.000 viviendas con golf 

El Tribunal Supremo ha declarado nulo de pleno derecho el acuerdo municipal por el que se aprobó definitivamente del PAI Benicàssim Golf en 2005 al considerar que la decisión se tomó sin el informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para asegurar los recursos hídricos y porque el desarrollo urbanístico se extendía hasta la zona húmeda denominada Cuadro de Santiago, que debe protegerse. El Supremo deja sin cobertura así al primer proyecto de golf que se presentó en la provincia de Castellón, ya que el fallo no puede ser recurrido. Además, reprende al Tribunal Superior de Justicia valenciano por “infringir” la normativa medioambiental. El plan preveía urbanizar dos millones de metros cuadrados y construir más de 2.000 viviendas.
El Supremo dice en su fallo “no compartir” la decisión del TSJ “para quien el silencio de la CHJ hay que entenderlo favorable a la suficiencia de recursos hídricos” y resuelve que el organismo tenía obligación de emitir un informe al respecto. Por ello estima el recurso presentado por Acció Ecologista-Agró contra la sentencia anterior. “La estimación de este motivo (la falta del informe) sería suficiente para que declaremos nulo el plan”, recoge la sentencia. Sin embargo, el alto tribunal va más allá.
Acció Ecologista denunció que una parte de la superficie sobre la que se extendía el plan es una zona húmeda (el Cuadro de Santiago), por lo que no debía haber sido clasificada como suelo urbanizable, sino como especialmente protegida. Sin embargo, el TSJ lo desestimó con el argumento de que si no estaba incluido en el Catálogo de Zonas Húmedas aprobado por el gobierno valenciano, no requería tal catalogación. “El tribunal, al declarar ajustado a derecho el plan ha infringido lo establecido Ley 4/1989 de Conservación de los Espacios Naturales Protegidos y de la Flora y la Fauna Silvestre, y la Ley de Aguas”, sostiene el Supremo.


Para este tribunal, “el hecho de que una zona húmeda no esté incluida en el Inventario Nacional de Zonas Húmedas o en el Catálogo correspondiente que, al efecto, se apruebe en las Comunidades Autónomas en uso de su potestad para establecer normas adicionales de protección, no puede ser obstáculo para la debida conservación y restauración de dichas zonas húmedas”.


Es en base a este precepto por el que la sala del Supremo concluye que la no presencia en el catálogo “no es razón para dejar de evitar el desarrollo urbanístico en una zona húmeda, como sucede con el Cuadro de Santiago”. Por esta razón, estima el recurso de Acció Ecologísta-Agró y dicta la anulación de pleno derecho del acuerdo plenario.

 

 

18.1.13

How to support the British couple's appeal to the European Court of Human Rights

We need your help! All contributions gratefully received in support of AUAN's initiative  to raise funds to pay the legal costs of bringing Spain before the European Court of Human Rights.


A group of British pensioners have decided to take on the might of the Spanish State in the European Court of Human Rights
AUAN Press Release, 8th January 2013
Having exhausted all hope of a preventing the demolition of their home via the Spanish courts a retired British couple from Albox, Andalucía, are now taking their case directly to the European Court of Human Rights. This move is backed by AUAN and SOHA, two organisations representing hundreds of homeowners in similar circumstances in Spain....

For further information, see AUAN's Press Release issued on January 8 and the article in the Telegraph on January 10, both items appear earlier in this Blog:

 http://fedfaun.blogspot.com.es/

and AUAN's web site:

http://www.almanzora-au.org/

How to Donate

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The AUAN is a registered association under Spanish Law (NIF No: G04608261).

15.1.13

La Verdad 12 1 2013: Murcia - Fiscal apunta al alcalde por 'cumulo de ilegalidades'...


Murcia .- El fiscal apunta al alcalde por el «cúmulo de ilegalidades» en Nueva Condomina

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LAVERDAD* : Anticorrupción dice que el alcalde no puede alegar ignorancia en un asunto de tamaña trascendencia y le advierte de que eso solo agravaría su responsabilidad.
Un informe del Fiscal Anticorrupción de Murcia, Juan Pablo Lozano, redactado y remitido al juzgado hace apenas un mes, permite por vez primera, desde que en 2008 se iniciaron las diligencias judiciales sobre el 'caso Umbra' de supuesta corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Murcia, conocer al detalle el «cúmulo de ilegalidades» que supuestamente se cometieron en torno al proyecto Nueva Condomina. No solo eso. También es la primera vez que transciende a la opinión pública un documento sumarial en el que se pone cerco, con un amplio argumentario jurídico, al máximo responsable político de ese convenio urbanístico, el alcalde Miguel Ángel Cámara, a quien el fiscal imputa haber actuado «con ceguera jurídica».

Y contra el interés general
El informe de Juan Pablo Lozano no tenía por qué dirigirse, en principio, contra el alcalde Cámara y 'número 2' del PP, ya que su objetivo declarado es ofrecer argumentaciones para que se mantenga la imputación contra el exresponsable de la Gerencia de Urbanismo y autor de la redacción del convenio Nueva Condomina, Pedro Morillas, quien ha solicitado el sobreseimiento de los cargos que pesan contra su persona.
Sin embargo, el fiscal aprovecha ya esa coyuntura para apuntar al también imputado Miguel Ángel Cámara como primer impulsor y último garante del macroproyecto urbanístico y, a la vez, para esbozar las principales razones por las que no podría excusarse de las posibles responsabilidades penales que pudieran establecerse.
Comienza el fiscal recordando que ya anteriormente, cuando se inició la investigación judicial, denunció una serie de «irregularidades administrativas cometidas en la aprobación del proyecto Nueva Condomina, infracciones de tal gravedad que se las calificaba indiciariamente como constitutivas de delitos de prevaricación y fraude». Y añade que ya entonces «se observaba todo un cúmulo de ilegalidades administrativas que siempre beneficiaban al promotor (el presidente del Real Murcia, Jesús Samper), por encima de los intereses generales y que fueron bendecidas por todos los funcionarios intervinientes a fin de conseguir el logro político deseado: un nuevo estadio de fútbol».
Aunque advierte el responsable anticorrupción de que ese objetivo (el nuevo campo de fútbol) es perfectamente legítimo, advierte de que «la decisión política no puede ir contra la Ley y el Derecho», ni siquiera «aunque la misma sea avalada por los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento de Murcia, despreciando interesadamente los informes contrarios de la Comunidad Autónoma, que fueron intencionadamente soslayados en la tramitación del plan parcial».
En esta línea, apunta a la experiencia para asegurar que algunos altos funcionarios, incluso cuando no existe una dádiva de por medio, pueden cometer ilegalidades para obtener los favores de los superiores políticos, trepando así «hacia puestos de responsabilidad y nombramiento de jefaturas de servicio o similares (...), y siendo incluidos como personas de confianza». Cuando eso ocurre, «las normas prohibitivas son flexibilizadas en todo lo que perjudique al proyecto que defiende su superior, y las normas discrecionales son interpretadas con pasmosa generosidad, resolviendo cualquier duda a favor del proyecto, al margen de los cauces de interpretación jurídica y vulnerando los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad que en teoría debe presidir el actuar funcionarial».
Tal es lo que, en su opinión, ocurrió con Nueva Condomina, que resume con la advertencia de que «lo que no vale es tomar atajos y, evitando actuar según el procedimiento legalmente establecido y contrariando la normativa legal vigente, anteponer el fin, por legítimo que sea, al cumplimiento de la legalidad».

Irregularidades en el convenio.

Perjuicio de 18 millones
«Las ilegalidades en Nueva Condomina», como las denomina el Fiscal Anticorrupción, se habrían cometido tanto con la redacción del convenio (en la que intervinieron Morillas; la jefa de los servicios jurídicos municipales, Ana María Vidal, y el entonces secretario municipal, José Luis Valenzuela, ya fallecido) como con la tramitación y aprobación del plan parcial en la zona norte del municipio.
Una de las «ilegalidades» de mayor calado consistió, siempre según el fiscal, en eximir a Jesús Samper de abonar al Ayuntamiento el 10% del aprovechamiento urbanístico, ineludible por ley, y habérselo conmutado por la entrega del campo de fútbol, cuando debía haber recibido ambos bienes. Y todo ello «mediante una serie de incomprensibles argumentaciones, cuyo resultado último fue la causación de un perjuicio de 18 millones de euros».
Lozano recuerda que el Ayuntamiento acabó recibiendo ese dinero en contra de su propia voluntad, obligado «por imposición de una sentencia judicial», ya que insistía en que no debía cobrarle a Samper.
Otra supuesta vulneración de la ley se habría cometido «al calificar como sistema general para el campo de golf unos suelos calificados como NF (forestales y de protección específica), sin que dicho uso sea compatible, pese al reparo opuesto por la Comunidad Autónoma y sin que exista informa alguno del Servicio de Planeamiento».
Exceso de edificabilidad

Un 60% más de viviendas

En la tramitación del plan parcial participaron los altos funcionarios Morillas y Valenzuela, no así ya Ana María Vidal, y la principal ilegalidad habría consistido en aumentar la edificabilidad en Nueva Condomina hasta los 0,63 m2/m2, cuando la ley entonces vigente solo permitía llegar al 0,4 (se otorgó así a Samper permiso para un 63% más de viviendas de las en apariencia posibles) y, otra vez, pese a la advertencia de ilegalidad cursada por la Administración regional.
Para ello, señala Lozano, «se aplicó parte de un Plan General que todavía no estaba en vigor (no había sido publicado en el BORM) y parte del Plan General del año 2001, escogiendo a conveniencia lo que interesaba en cada caso».
Ese exceso de edificabilidad supuestamente ilegal habría permitido a Jesús Samper obtener un 'regalo' de 190.000 metros cuadrados más para construir, con un total de 1.548 viviendas extra, «tal y como se reiteró por dos veces en los informes de los servicios jurídicos de la Comunidad». Informes que no fueron atendidos.

La ignorancia no es excusa

Pone a Cámara en la diana
Recuerda el Fiscal Anticorrupción de Murcia en su recién elaborado informe que «las autoridades políticas imputadas, el señor Cámara, alegaron su desconocimiento de las cuestiones técnicas y jurídicas, amparándose siempre en que existían informes favorables en tales expedientes, para excusar su responsabilidad».
Pues bien, considera Juan Pablo Lozano que esa pretendida ignorancia no le exime de culpa. «La alegación de no saber nada, cuando existe la obligación de saber dada la importancia y cuantía del asunto en cuestión, no es excusa, sino que agrava la situación personal». Sobre todo teniendo en cuenta, reseña, «que no todas las cuestiones sobre las que se les preguntaron eran de carácter técnico», y también habría eludido ofrecer respuestas aduciendo ignorancia.
«En un expediente -insiste el fiscal- en el que se ventilan más de 24 millones de euros para el Ayuntamiento de Murcia, el conocimiento del alcalde debe ser exhaustivo. Y es la decisión política previa favorable al convenio, por el principio de oportunidad y dirección política, lo que necesariamente motiva los posteriores informes técnicos que dan viabilidad a tales decisiones».
Dicho de otra forma, Lozano considera que primero se decidió por parte de Cámara sacar adelante el proyecto Nueva Condomina, y luego se utilizaron los informes para darle apariencia de legalidad.

«Un falsario 'mantra budista'»

Sentencias que no exculpan
El responsable anticorrupción de la Fiscalía Superior deja traslucir su indignación cuando señala que «conviene desde ya rechazar la falta alegación que repiten, cual mantra budista, todos los imputados (al igual que el falsario mantra de las 41 denuncias presentadas por la Fiscalía de Murcia, de las que 38 habrían sido archivadas), acerca de la legalidad del PGOU de Murcia y de los convenios». Y recuerda que «las dos sentencias del TSJ que se han pronunciado sobre los convenios urbanísticos en nada afectan a esta denuncia de la Fiscalía, sino que, más bien al contrario, la refuerzan».

Soslayando a 'Maco' Navarro

«El responsable político»
A lo largo del todo el documento, Lozano señala que fue el alcalde el principal impulsor del proyecto, desde sus orígenes, y enumera las razones por las que está imputado como último «responsable político». Recuerda de esta manera que «lo primero que hizo Cámara fue, sin expediente alguno y sin informe de ninguna clase, firmar un protocolo con el Real Murcia el 12-7-1999, se supone que por un mero afán político bienintencionado de conseguir un nuevo estadio de fútbol para Murcia». Un protocolo que «no fue objeto de publicidad ni comunicado de prensa alguno» y que se constituyó en «el embrión» del proyecto Nueva Condomina, animando a Samper a adquirir una gran extensión de terrenos para promover la ya entonces comprometida recalificación urbanística.
«Se infiere la presencia de una importante voluntad política en la búsqueda de un nuevo estadio -continúa el fiscal- por los indudables réditos políticos que ello podía suponer. El convenio, que habría sido materia de la Concejalía de Urbanismo, fue asumido directamente por la Alcaldía, soslayando al entonces concejal Navarro (Ginés, 'Maco' Navarro), crítico sobre determinadas cuestiones de las negociaciones ya entonces existentes».
«Esa asunción, legítima», advierte el fiscal anticorrupción, convierte al alcalde en el responsable político del convenio». Argumento con el que insiste en que Cámara no puede alegar ignorancia y aducir que se vio simplemente arrastrado por los informes técnicos.
Lozano destaca que desde el momento en que se firmó el primer protocolo entre el alcalde y el presidente del Real Murcia «comenzaron a surgir problemas entre Cámara y el concejal de Urbanismo». Así, mientras Ginés Navarro era partidario de realizar un concurso (abierto a otras empresas que quisieran construir un estadio a cambio de la aprobación de un plan urbanístico), «el alcalde y el concejal de Deportes apostaron por un proyecto conjunto con el Real Murcia».
Incluso Metrovacesa -promotora del centro comercial Thader y rival de Nueva Condomina- llegó a hacer dos propuestas para construir el campo de fútbol, a las que el Ayuntamiento ni siquiera respondió. «No consta pronunciamiento alguno de los técnicos municipales aportados al expediente de Nueva Condomina ni a estos autos», constata el fiscal.

«Con ceguera jurídica»

Imputación contundente
Algunas afirmaciones del fiscal anticorrupción ponen de manifiesto, por su contundencia, que no va a cejar fácilmente en el empeño de sentar a Cámara en el banquillo por este asunto. «Se aprecian ilegalidades que son objeto de investigación para demostrar que los funcionarios municipales, primero, y después la autoridad política encargada (alcalde), actuaron, en expresión de un reputado penalista, con 'ceguera jurídica'».
En el mismo sentido apunta más adelante que «la actuación de los técnicos (Morillas y Ana Vidal) y de las autoridades que negociaron el convenio (Alcaldía) puede reputarse de fraudulenta, soslayando la ley en todo aquello que perjudicaba el interés político por conseguir un nuevo estadio de fútbol».
Acaba asegurando que «si se quería obtener un estadio sin coste para el erario público, sufragándolo con el valor de un aprovechamiento urbanístico, debería haberse realizado un expediente de venta del aprovechamiento municipal». Lo que ocurrió, al contrario, según Lozano, es que «una voluntad municipal, representada en el alcalde de Murcia, fue la que motivó la decisión, sin estar respaldada en informe alguno, utilizando meras razones de oportunidad y conveniencia sin justificación legal alguna, planteadas durante la negociación previa».


* La Verdad - RICARDO FERNÁNDEZ - 12.1.13

11.1.13

The Telegraph 10 1 2013: British couple in Spain take illegal home case to Europe

Expats hope to avoid wrecking ball by appeal to European Court of Human Rights in Strasbourg following rejections from Spanish legal system.

http://www.telegraph.co.uk/finance/personalfinance/expat-money/9791561/British-couple-in-Spain-take-illegal-home-case-to-Europe.html

A Yorkshire couple paid around £120,000 to have their dream home built in Albox in Andalucia Photo: Jane Mingay

11:08AM GMT 10 Jan 2013

A retired British couple who were told their Spanish home would be bulldozed are to take their case to the European Court of Human Rights (ECHR).

The pair, who are originally from Yorkshire but do not wish to be named, paid around £120,000 to have their dream home built in Albox, in Andalucia in southern Spain. The house was completed in 2001.

But in 2009 they were among a dozen Albox homeowners issued with demolition orders after the regional government deemed them to have been built on non-urban land. This was despite the fact the original planning licences were granted by the town hall.

The couple, both in their 60s, have since been fighting the order via the Spanish courts but their latest appeal was rejected by the TSJA, Andalucia’s highest court, in November 2012.

They are now preparing take the case to Strasbourg, with the support of expat-run campaign groups AUAN and SOHA, who together represent over a thousand homeowners in the Almanzora Valley and in the Axarquia, Malaga province.

 “We feel there is no other option,” said AUAN president Maura Hillen. “The husband is not in good health and they are weary and stressed out with the whole situation.”

She added: “There must be no more demolitions without prior compensation.”

“In the case of Helen and Len Prior (whose house was flattened in 2008 and who have since been living in a garage) the highest court in Spain deliberated for two years over whether or not their property should be demolished.”

Mrs Hillen explained the unnamed couple’s case would focus on the right to property guarantee laid out in the European Convention of Human Rights, which she said sadly "holds little sway in the Spanish judicial system".

“This is a David and Goliath struggle. This is not just about one couple or one case. It is about the fundamental principle that a person who acted in good faith should not be deprived of their home without prior compensation as a result of the action or inaction of the Spanish state. If this couple wins, we all win.”

There are estimated to be over 12,000 illegal homes in the Almanzora Valley alone, 11,000 in the Axarquia and up to 300,000 across the whole of Andalucia.

“We hope to bring other cases into the courts also to demonstrate a pattern of problems with the same root cause,” she said, adding that AUAN had at least one more case in the wings, with others nearing the final appeals process in Spain and "hundreds in the lower courts".

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AUAN Press Release: Ex-pat homeowners take Spain to European Court of Human Rights

Ex-pat homeowners take Spain to European Court of Human Rights

 

A group of British pensioners have decided to take on the might of the Spanish State in the European Court of Human Rights

 

AUAN Press Release, 8th January 2013

 

Having exhausted all hope of a preventing the demolition of their home via the Spanish courts a retired British couple from  Albox, Andalucía, are now taking their case directly to the European Court of Human Rights. This move is backed by AUAN and SOHA, two organisations representing hundreds of homeowners in similar circumstances in Spain .

 

The case echoes that of Len and Helen Prior whose home in Vera, Andalucía, was demolished five years ago on the 9th of January 2008 as the result of a planning dispute between the local council and the regional government. In both cases the properties had full building licences.

 

"We feel there is no other option" said AUAN president, Maura Hillen. "In the case of Helen and Len Prior the Spanish Constitutional Court , the highest court in Spain , deliberated for two years over whether or not their property should be demolished by which time the house had already been flattened.  And even if compensation is actually awarded by the Spanish courts, it can take up to fifteen years to receive any money. There must be no more demolitions without prior compensation'.

 

Philip Smalley, President of SOHA said, "While the problems that we face in the Axarquia are, in many ways, very different to those faced in Albox we all feel a shared wrong which must be righted. If only one of us can establish this fundamental right to live in peace in a home bought in good faith then surely this will help to shift the intransigence of the Spanish legal system and will be money well spent".

 

The case will focus on Article 1 of Protocol Number 1 of the European Convention of Human Rights which guarantees the right to property. This is a fundamental right, which according to AUAN "holds little sway in the Spanish judicial system".

 

"This is a David and Goliath struggle. This couple were on the brink of giving up when members of AUAN and SOHA put their hands in their pockets to fund the submission of this case. We cannot afford to fund this case any further but we intend to try to raise enough funds to see it through. We believe that this is not just about one couple or one case. It is about the fundamental principle that a person who acted in good faith should not be deprived of their home without prior compensation as a result of the action or inaction of the Spanish state. We feel that if this couple wins, we all win".   

Contact info@almanzora-au.org or call  661329919.

 

 


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Rebelion 7 1 2012: Greenpeace desvela 'relacion' Cospedal con Ley de Costas


Greenpeace desvela la 'relación' del marido de Cospedal con la reforma de la Ley de Costas

[]
REBELIÓN* : Ignacio López del Hierro vuelve a ser noticia. Todo, gracias a Greenpeace y su informe sobre "los intereses privados detrás de la reforma de la Ley de Costas" impulsada por Miguel Arias Cañete. La organización ecologista destaca la coincidencia en los caminos profesionales del ministro de Medio Ambiente y del marido de la presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Ambos han tenido cargos de responsabilidad en la empresa Bami Newco. Cañete como consejero; López del Hierro como vicepresidente. Tras la polémica que se desató el pasado marzo con la decisión de Red Eléctrica de fichar al marido de Cospedal, que rechazó el cargo a las pocas horas, López del Hierro ha visto ahora cómo su nombre aparece en un informe de Greenpeace sobre la 'Amnistía a la destrucción' que supone la Ley de Costas. Un texto dónde los ecologistas acusan al ministro de Medio Ambiente de beneficiar a diversas empresas con esta normativa.

Aunque el programa electoral del Partido Popular para las elecciones generales de 2011 no contemplaba, ni siquiera insinuaba, la reforma de la Ley de Costas, eran varios los pronunciamientos de miembros de este grupo que afirmaban que se pretendía reformar la Ley.

Y entonces recordamos estas declaraciones de la alcaldesa Rita Barberá en 2010:

"Evidentemente hay unas elecciones generales más o menos cercanas, máximo dos años, no llega"..."yo creo que habría que luchar para tener una moratoria (sobre la aplicación de la Ley de Costas) para que cada partido se moje en su programa electoral, qué hace con las competencias en el litoral para que se comprometan públicamente negro sobre blanco en su programa electoral". Declaraciones de Rita Barberá, alcaldesa de Valencia en verano de 2010 al presentar la campaña "Yo sí apoyo a los chiringuitos".

Poco después de las elecciones generales de 2011 y una vez conformado el equipo de Gobierno, Rajoy fusiona varias carteras ministeriales y nombra al frente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a un viejo conocido del litoral, el Sr. Miguel Arias Cañete. Repetía Arias Cañete en el puesto ya que fue también ministro durante el segundo mandato de José María Aznar (2000-2004).

Greenpeace ha desarrollado una investigación que destaca los posibles intereses privados del PP y los posibles beneficiarios a esta peculiar reforma. Durante el periodo 2004-2011, Cañete ha repartido su tiempo y sus intereses entre el Congreso de los Diputados y sus negocios privados en sectores varios. Las relaciones de Arias Cañete con el mundo empresarial no son ajenas a la opinión pública. Muchas cosas se han escrito sobre el amplio patrimonio del ministro, pues Cañete es de los diputados con mayor patrimonio. Tiene importantes acciones en la petrolera Ducar S.L. y en Petrologis Canarias S.L. Por otro lado, la relación con promotoras, inmobiliarias e inversiones similares, tampoco le es ajena. Arias Cañete también ha sido consejero de empresa relacionadas con el ladrillo.

Pero quizás, el ministro Arias Cañete no destaca por cuánto patrimonio posee sino "por lo que tiene", es decir, acciones en empresas contaminantes como petroleras y relaciones muy estrechas con el mundo inmobiliario. Estos aspectos le señalan como un ministro con una "peculiar" sensibilidad ambiental. Para el PP la Ley de Costas va a ser una herramienta más parecida a la regularización del suelo urbano y de bienes inmobiliarios. Esta peculiar visión del Partido Popular queda reforzada con lo que declaró Arias Cañete cuando presentó el proyecto de Ley, el 5 de octubre en Consejo de Ministros: sobre los cambios en la Ley expresó que "tienen que mejorar la confianza de los inversores extranjeros y permitir dar salida al stock de vivienda que muchas veces, por la imagen de España de inseguridad jurídica, lleva a frenar las inversiones en el litoral" .

Y aquí es donde subyace el quid de la cuestión. La costa es una parcela muy jugosa para el desarrollo de actividades empresariales y donde, a espaldas de la normativa medio ambiental, se han construido urbanizaciones e industrias. Para algunos la Ley de Costas no debe ser un escollo. Detrás del proyecto de reforma de Ley de Costas hay viejos conocidos del PP que han pedido o colaborado directamente para convertir esta normativa en un texto alejado de la protección ambiental.


* Rebelión - 7.1.13
Foto: Águilas (Murcia), bahía del hornillo - greenpeace 2006

en 10.1.13por Urbanismo PatasArriba []

Tema: NOTICIAS URBANISMO

1 comentarios:

Greenpeace dijo...

Ante el comunicado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de interponer una demanda contra Greenpeace por vulneración del derecho al honor de su presidenta, María Dolores de Cospedal, la organización ecologista comunica que no ha recibido ninguna notificación judicial al respecto.
Greenpeace reitera su posición publicada en el informe "Amnistía a la destrucción", en el que revela un posible conflicto de intereses del Partido Popular en la reforma de la Ley de Costas y donde se denuncian los principales elementos perjudiciales para el medio ambiente de dicho proyecto que está pendiente de aprobación en el Congreso de los Diputados. Greenpeace señala en dicho informe a los posibles beneficiarios de determinados articulados de la nueva normativa.
La organización ecologista denuncia que el proyecto de Ley busca privatizar la costa por parte de empresas y propietarios sobre terrenos públicos que pasan a manos privadas.

greenpeace
10 de enero de 2013 10:18

8.1.13

AUAN: Nota de Prensa: Una pareja de británicos jubilados llevan el Estado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Un grupo de jubilados británicos han decidido enfrentarse con el poder del Estado español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Después de haber agotado toda la esperanza de poder impedir la demolición de su casa a través de los tribunales españoles, una pareja de jubilados británicos de Albox, Andalucía, actualmente lleva su caso directamente ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este paso esta respaldado por AUAN y SOHA, dos organizaciones que representan a cientos de propietarios de viviendas en circunstancias parecidas en España. 

Hay ecos del caso de Len y Helen Prior, cuya casa en Vera, Andalucía, fue demolido hace cinco anos, el 9 de enero de 2008, como resultado de una disputa entre su Ayuntamiento y La Junta de Andalucía. En ambos casos las propiedades tenían todas las licencias necesarias. 

"Creemos que no hay otra opción", dijo la presidenta de AUAN, Maura Hillen. "En el caso de Len y Helen Prior el Tribunal Constitucional delibero durante dos anos sobre la cuestión de demoler o de no demoler la casa, mientras la casa ya había sido aplastada. E incluso si la indemnización es en realidad otorgada por los tribunales españoles, puede tardar hasta quince anos para recibir dinero.  No debe haber mas demoliciones sin indemnización previa." 

Philip Smalley, el presidente de SOHA dijo: "A pesar de que los problemas que tenemos en la Axarquía son, en muchos aspectos, muy diferentes a los que hay en Albox, compartimos todos una injusticia compartida que debe ser corregido. Si sólo uno de nosotros puede establecer este derecho fundamental de vivir en paz en una casa comprada de buena fe, entonces seguramente esto le ayudará a cambiar la intransigencia del sistema jurídico español y será un dinero bien gastado". 

El caso se centrara en el Articulo 1 del Protocolo No. 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que garantiza el derecho a la propiedad. Este es un derecho fundamental, que, según AUAN, "tiene poca influencia en el sistema judicial español". 

"Esta es una lucha de David y Goliat. Esta pareja estaba a punto de darse por vencido cuando los miembros de AUAN y de SOHA pusieron sus manos en sus bolsillos para financiar la presentación de este caso. No tenemos fondos para llevar el caso mas adelante, pero tenemos la intención de tratar de recaudar dinero suficiente para llevarlo a cabo. Creemos que esto no se trata solo de una sola pareja o de un solo caso. Se trata del principio fundamental de que una persona que haya actuado de buena fe no debe ser privada de su hogar, sin indemnización previa, como consecuencia de la acción, o de la inacción, del Estado español. Creemos que si esta pareja gana, ganamos todos."

Contacto: info@almanzora-au.org or 638 323 706 (Pat Sampson)

 

AUAN Press Release: Expat homeowners take Spain to European Court of Human Rights


A group of British pensioners have decided to take on the might of the Spanish State in the European Court of Human Rights 
AUAN Press Release, 8th January 2013 
 
Having exhausted all hope of a preventing the demolition of their home via the Spanish courts a retired British couple from  Albox, Andalucía, are now taking their case directly to the European Court of Human Rights. This move is backed by AUAN and SOHA, two organisations representing hundreds of homeowners in similar circumstances in Spain. 
 
The case echoes that of Len and Helen Prior whose home in Vera, Andalucía, was demolished five years ago on the 9th of January 2008 as the result of a planning dispute between the local council and the regional government. In both cases the properties had full building licences.
 
“We feel there is no other option” said AUAN president, Maura Hillen. “In the case of Helen and Len Prior the Spanish Constitutional Court, the highest court in Spain, deliberated for two years over whether or not their property should be demolished by which time the house had already been flattened.  And even if compensation is actually awarded by the Spanish courts, it can take up to fifteen years to receive any money. There must be no more demolitions without prior compensation’.  
 
Philip Smalley, President of SOHA said, “While the problems that we face in the Axarquia are, in many ways, very different to those faced in Albox we all feel a shared wrong which must be righted. If only one of us can establish this fundamental right to live in peace in a home bought in good faith then surely this will help to shift the intransigence of the Spanish legal system and will be money well spent”. 
 
The case will focus on Article 1 of Protocol Number 1 of the European Convention of Human Rights which guarantees the right to property. This is a fundamental right, which according to AUAN “holds little sway in the Spanish judicial system”. 
 
“This is a David and Goliath struggle. This couple were on the brink of giving up when members of AUAN and SOHA put their hands in their pockets to fund the submission of this case. We cannot afford to fund this case any further but we intend to try to raise enough funds to see it through. We believe that this is not just about one couple or one case. It is about the fundamental principle that a person who acted in good faith should not be deprived of their home without prior compensation as a result of the action or inaction of the Spanish state. We feel that if this couple wins, we all win”.   
 
 
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