15.2.14

El Diario 11 2 2-14:Seis ejemplos de cómo se arrasa impunemente la naturaleza...


Seis ejemplos de cómo se arrasa impunemente la naturaleza en España

[] Un tema del que a lo largo de los años hemos tratado ampliamente en este blog, ya que la Naturaleza y el Medio Ambiente han sido ninguneados por una casta política ignorante, saqueados por empresarios sin escrúpulos y todo ello con la complicidad judicial que, hasta hace poco tiempo consideraba a los ciudadanos defensores, casi como terroristas y, por tanto, demoraba al máximo la resolución o no hacía caso de estos graves delitos. Algo se ha avanzado desde entonces, algunos casos son ya sentenciados, pero se hace de mala manera y demasiado tarde, así que, cuando la justicia se aplica por fin, el daño medioambiental está ya realizado y con escasa posibilidad de retorno a la situación precedente. Es decir, la justicia parece no entender lo que es la suspensión cautelar, como también ocurre lamentablemente con otros casos urbanísticos o de construcciones ilegales.
"ELDIARIO* : La justicia llega muchas veces tarde cuando se trata de proteger el medio ambiente. El 6 de febrero pasado, el Tribunal Supremo confirmó que el complejo turístico Marina de Valdecañas (en Cáceres) es ilegal. La sentencia llega tras ocho años de vericuetos judiciales y con buena parte de las edificaciones levantadas en una isla que cuenta con tres figuras legales de protección medioambiental. "Al final existe casi una impunidad para las administraciones respecto a la vulneración de las leyes medioambientales", analiza José María Trillo-Figueroa, el abogado de Ecologistas en Acción que ha ganado el caso de Valdecañas contra la Junta de Extremadura.

Desde que se anuncian los proyectos hasta que los jueces firman las sentencias, la política de hechos consumados arrasa con el patrimonio natural. La cuestión llega en ocasiones tan al absurdo que se realizan –y se pagan con dinero público– estudios de impacto ambiental de infraestructuras que llevan lustros funcionando. En la Comunidad de Madrid, una carretera convertida en autovía por decreto del Gobierno de Esperanza Aguirre está siendo evaluada ahora mismo. Fue declarada ilegal en 2008. El Supremo confirmó ese veredicto en 2011, año en el que el Tribunal de Justicia Europeo condenó a España por esta carretera. Los coches circulan desde hace más de cinco años. Y sumando.

En la promoción de Valdecañas, la primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia fue el 9 de marzo de 2011. "Ya habíamos pedido una suspensión cautelar de la obra y, al ganar, solicitamos la ejecución provisional hasta que se viera el recurso". Los magistrados admitieron la petición, pero con el depósito de una fianza.

Los jueces reconocieron no tener "criterio alguno, tan siquiera orientativo, para fijar el importe de la fianza". Así que convocaron a las partes. El Gobierno extremeño, en defensa de la construcción, pidió que Ecologistas en Acción aportara 39 millones de euros, ya que la promotora Marina Isla de Valdecañas había presentado un informe de daños que ascendía a 175 millones.

Los jueces impusieron el 14 de marzo de 2012 una caución final de 41 millones de euros. No hubo demolición. "También pedimos que no se siguieran dando licencias para las viviendas con el objetivo de no seguir generando derechos de terceros que complicarán todavía más la ejecución, sin éxito", remata el abogado.

La fórmula se repite. La autovía madrileña se inauguró recién publicada la primera sentencia que exigía "la restauración" de la zona a su estado anterior. Mientras la Comunidad de Madrid recurría al Supremo, la ejecución de la sentencia exigía una fianza de 497.367 euros, que no se materializó.

En el Puerto de Santa María (Cádiz) las promotoras Jale Construcciones y Las Beatillas aprovecharon una licencia municipal para ampliar un cortijo con fines hosteleros para construir un palacio de congresos con 1.700 metros por planta más subterráneo, un restaurante de 284 metros cuadrados, cinco pistas de pádel con vestuarios y duchas, una carpa de 700 metros cuadrados, un parque infantil, un aparcamiento de 4.500 metros cuadrados y una urbanización de 11.684 metros.

"Sólo se concedió licencia para la ampliación del cortijo", explicó en su momento el Tribunal Supremo. Los magistrados describieron así la situación: "Nos descubre una conducta dirigida a conseguir por la vía de los hechos consumados lo que jurídicamente era inviable. Un alarde de antijuricidad urbanística".

El Ayuntamiento del Puerto de Santa María había concedido el permiso de obras en 2001. La Junta de Andalucía decretó la demolición del complejo en septiembre de 2003. El Tribunal Superior de Justicia andaluz dio el visto bueno al desmantelamiento en 2005 y el Supremo, el 2 de febrero de 2011.

El complejo, ahora abandonado, sigue en pie."Es como un pueblo fantasma", cuenta hoy a eldiario.es Juan Clavero, ecologista de la zona. La Junta tuvo que convocar un concurso para la demolición en 2005 que nunca llegó a concretarse. "Jale desapareció. Pretendía aprovechar la ampliación del cortijo para que se recalificara todo el pelotazo anexo", recuerda Clavero.

Al otro lado de la península, en Cantabria, el Gobierno regional ha decidido recientemente adelantar el dinero (tres millones de euros) para echar abajo una urbanización ilegal nacida hace casi diez años. El Ejecutivo firmó un convenio con el Ayuntamiento de Piélagos, la promotora Fadesa y la Sareb para dar ese paso.

En un ya lejano 23 de marzo de 2004, el Pleno del Ayuntamiento aprobó el plan para construir 395 viviendas en las laderas del monte La Picota, junto al Parque Natural de las Dunas de Liencres. Tres años después y con 140 viviendas construidas, los jueces cántabros calificaban el plan de "dentellada al monte" y de "ruptura de armonía del paisaje que no ha hecho sino contribuir a su degradación".

"La agresiva modificación de la topografía del Monte Picota y las forzadas soluciones para poder implantar 395 viviendas" eran, según el TSJC, "una clara vulneración de la Ley del suelo".

El consistorio y Fadesa alargaron el proceso hasta el Supremo, que dictó sentencia en noviembre de 2011. La urbanización todavía está en el monte. 124 de las viviendas son ahora propiedad de la Sareb. El Gobierno cántabro asegura que, una vez que se los cedan, entrará en los terrenos este año para demolerlas. Pero el convenio para esa operación recoge que, destruidas las casas, la parte más baja de la montaña pueda ser urbanizada con 100 viviendas. El alcalde, Enrique Torre (PP), lo justifica: "La sentencia anuló el Plan Parcial anterior, pero el suelo sigue siendo urbanizable".

En Valladolid, hace más de seis años, las Cortes de Castilla y León aprobaron una ley –de 28 de marzo de 2007– llamada Proyecto Regional Ciudad del Medio Ambiente. Con la ley se trasmutaba un terreno en la ribera del río Duero, y que caía dentro de los Lugares de Interés Comunitario (LIC) y Red Natura 2000, en suelo urbanizable para 780 viviendas, hoteles, instalaciones deportivas, zona industrial y edificios institucionales en el Soto de Garray en Soria.

Al redactar una ley singular, el Ejecutivo, promotor del proyecto al que pensaba dedicar unos 100 millones de euros, se saltaba el control de los jueces sobre la legalidad de su plan. Sólo el Tribunal Constitucional podría opinar sobre este movimiento. Y sentenció en su contra el 5 de diciembre de 2013. Declaró la ley nula por no ser "medida razonable ni proporcionada".

Eso sí, durante seis años, las grúas y las constructoras ya habían levantado una buena parte con cargo al erario público. La impulsora de esta idea fue la entonces vicepresidenta regional María Jesús Ruiz (PP), que ahora pertenece al Grupo Parlamentario Popular en el Senado y es la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático.

Legalización a posteriori

Y si esta manera de funcionar se agota y las leyes imponen la extinción de proyectos, la dilación en los palacios de justicia permite cambiar la ley. Ante una sentencia negativa, da tiempo a modificar las leyes para salvar empresas.

El Parlamento regional de Extremadura aprobó con fecha 29 de marzo de 2011 –sólo 20 días después de que los magistrados declararan ilegal la promoción de Valdecañas– una modificación de la Ley del suelo. En su exposición de motivos señala: "Los recientes pronunciamientos judiciales han venido a plantear algunas consideraciones acerca del contenido regulador de la vigente redacción".

El cambio introducido en el artículo 11, que se dedica al "suelo no urbanizable", especifica que "la mera inclusión de unos terrenos en la Red Ecológica Natura 2000 no determina por sí sola su clasificación como terreno no urbanizable pudiendo ser objeto de una transformación urbanística". Además, permite que a los Planes Generales se les incorpore esta cláusula. "Las Administraciones tratan de homologar a posteriori los proyectos tras las sentencias que, de esa manera, no se cumplen", cuenta el abogado Trillo-Figueroa.

En mayo de 2013, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anulaba una licencia de actividad de la Fundación Pardo-Valcarce que, bajo el paraguas de prácticas formativas para personas con discapacidad, celebraba eventos en una carpa montada en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. La ley del parque prohibía estas actividades. La Fundación ni se inmutó. Y replicó que una ley de 2012 le permitía desarrollar actividades para "el desarrollo rural sostenible". La sentencia subrayaba que sólo podría hacer estas acciones de integración social "sin instalaciones".

La Fundación Pardo-Valcarce está presidida por la exconsejera de Caja Madrid Carmen Cafranga. Cafranga comparte un negocio en Subastas Segre con Lourdes Cavero, la esposa del presidente de Madrid, Ignacio González. Los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid salieron en ayuda de la fundación y presentaron un incidente de nulidad contra la sentencia.

En un auto de septiembre de 2013, los seis magistrados encargados resolvieron no sólo rechazar esta petición porque "en realidad está manifestando su disconformidad con la fundamentación [de la sentencia firme] [...] que entiende desfavorable", sino que, además, la Comunidad de Madrid actuó en defensa de "un interés netamente privado", el de la fundación presidida por Cafranga, por lo que le multó "por temeridad".

¿Fin de la actividad? En absoluto. Con este panorama, la Asamblea de Madrid aprobó en su Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de diciembre de 2013 una modificación directa de la Ley del Parque Regional donde se ubica la finca de la fundación. Se levantaba la prohibición de instalaciones en las zonas en las que cae la celebración de estos eventos sin licencia.


* El Diario - Raúl Rejón - 11.2.14
Foto: Modificación del monte La Picota con su urbanización, declarada ilegal.- eldiario

10.2.14

El Pais 9 2 2014: El urbanismo salvaje, en el banquillo

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/09/valencia/1391970562_506465.html

 

El urbanismo salvaje, en el banquillo

Los tribunales han suspendido siete planes generales y 14 PAI en dos años

La falta de informes medioambientales o recursos hídricos son las principales causas

 

Ezequiel Moltó Alicante 9 FEB 2014 - 21:06 CET

 

El plan general de San Miguel de las Salinas, en la imagen, preveía la construcción de 40.000 viviendas y el TSJ lo anuló. / DAVID RODRÍGUEZ

 

Primero fue la crisis la que paralizó el sector de la construcción, y luego los tribunales han ido enterrando varios macroproyectos urbanísticos se gestaron con el auge del ladrillo. En los últimos dos años en se han anulado siete PGOU (Benissa, Dénia, San Miguel de Salinas, Monforte del Cid, Castellón, Les Useres y Enguera) y 14 PAI en otras tantas localidades valencianas, según los datos de la Consejería de Infraestructuras. Entre los planes parciales cuestionados destacan el de Rabassa en Alicante, con cuatro sentencias en contra, el Plan Parcial Marina Golf de Cabanes o el de Benicàsssim Golf.

 

“El poder judicial se ha despertado, después de la época en la que la consejería aprobaba planes sin los requisitos necesarios, ahora se empieza a poner orden”, asegura Carlos Arribas de Ecologistas en Acción, una asociación que ha impulsado varios contenciosos administrativos en los tribunales que han permitido frenar estos proyectos. Distinta es la opinión de Ángel Sáez, alcalde de San Miguel de Salinas, del PP. “El pasado de este pueblo fue negro, pero ahora se han cargado el futuro”, sentencia tajante un regidor dolido porque desde que en 2007 comenzara a tramitarse el PGOU, con un máximo de 40.000 nuevas viviendas, todo han sido trabas. Según el alcalde cuando se inició la tramitación del PGOU no estaba vigente la normativa europea de la Ley Estratégica Medioambiental, pero cuando se aprobó, sí. “Los ecologistas nos denunciaron y han ganado”, admite el regidor que recuerda que un municipio “sin un PGOU no tiene norma urbanística y es una ciudad sin ley”. El Ayuntamiento y los técnicos de la consejería preparan un recurso que presentarán antes el Tribunal Supremo contra la decisión del TSJ valenciano de anular este PGOU, que carecía de la Evaluación Ambiental Estratégica. “Estoy muy disgustado, me preocupa el futuro de mi pueblo y pienso en mi hija y mis nietos”, confiesa Sáez.

 

Enrique Climent, presidente de Abusos Urbanísticos No, atribuye estos varapalos judiciales a que “había en la calle un clamor popular contra el urbanismo salvaje, y los jueces se lo tomaron en serio”. La falta de información pública, la ausencia de recursos hídricos o de estudios de impacto medioambiental son los principales motivos por los que se han anulado la mayoría de estos proyectos. Los constructores observan con preocupación esta situación. Jesualdo Ros, secretario de Provia, la asociación de promotores inmobiliarios de la provincia de Alicante, solo pide un “marco estable para poder desarrollar” proyectos. “Los empresarios necesitamos certeza, no es posible que se tarde 15 años en tramitar un PAI y luego lo tumben”, se queja el representante de los constructores.

 

Juan Giner, director general de Evaluación Ambiental de la consejería de Infraestructuras, atribuye tal cantidad de reveses judiciales a la “época en la que se politizaron las confederaciones que siempre cuestionaban la falta de agua”, comenta en referencia a la etapa socialista. Giner destaca además que todas estas sentencias “solo cuestionan aspectos técnicos, pero ninguna incide en el modelo territorial valenciano”. Por su lado, Moisés Cruz de la Plataforma Anticorrupción Salvemos la Huerta de Almoradí, considera que estos PAI se aprobaron “con un claro afán especulador” para urbanizar el vasto territorio de La Vega Baja. En Almoradí, municipio con 20.000 habitantes, el PGOU contempla otras 11.000 nuevas viviendas, y ahora los técnicos de la consejería han tumbado la propuesta por “no ajustarse ni a la demanda inmobiliaria real ni a la previsible evolución demográfica”.

 

El alcalde, Antonio Ángel Hurtado, del PP está muy molesto. “Siempre hemos ido de la mano de la consejería, hemos hecho lo que nos han pedido los técnicos de ordenación del territorio y ahora los de medio ambiente ponen pegas”, se queja el regidor que el próximo viernes tiene previsto reunirse con la consejera, Isabel Bonig, para buscar una salida.

 

Los alcaldes consultados también apuntan otro problema: los constantes cambios normativos. En el caso de Almoradí el PGOU se empezó a diseñar siguiendo los criterios de la LRAU (Ley Reguladora de la Actividad Urbanística), al año siguiente se aprobó la LUV (Ley Urbanística Valenciana) y en pocos meses una normativa europea obligaba a incorporar una memoria de la estrategia medioambiental.