10.6.12

Huffington Post 7 6 2012: Neoladrillismo o como volver a tropezar....


Neoladrillismo o cómo volver a tropezar otra vez en la misma piedra

JUAN LÓPEZ DE URALDE* : El ayuntamiento de Tarifa ha aprobado la construcción de más de 300 viviendas y 1.400 plazas hoteleras junto a la playa de Valdevaqueros. Si no lo evitamos, este paraje único, libre de construcciones, y ubicado entre los Parques Naturales del Estrecho y los Alcornocales, puede caer bajo la nueva ola del ladrillo. No es el único. Como si nada hubiera ocurrido en España en estos últimos años, se suceden los nuevos proyectos urbanísticos en los lugares más bellos de nuestro litoral. Es el neoladrillismo.
Así, aquellos parajes que por estar peor comunicados, o por haber sido emblemas de la protección ambiental, se han librado del brutal urbanismo de la última década, están ahora muy amenazados. Se trata de lugares singulares de especial belleza, y hasta ahora prácticamente vírgenes, que lograron sobrevivir de la voracidad urbanística.
Hablamos por ejemplo de la playa de Es Trenc, en Mallorca. Un inmenso arenal que ha sufrido varias veces la amenaza de construcciones, pero que hasta ahora se había mantenido incólume gracias a la tenacidad de los grupos ecologistas, en especial del incansable GOB. En Murcia la amenaza se cierne sobre las costas de cabo Cope, hasta ahora ajenas al ladrillazo que inundó otras zonas de su litoral como La Manga del Mar Menor. En Almería es el Cabo de Gata el espacio sometido al riesgo de una nueva ola del ladrillo, como si no estuviera grabada en nuestra retina la imagen de ese espantoso hotel en la playa de El Algarrobico.

Pero ¿cómo es posible que esto ocurra con la que está cayendo precisamente como consecuencia de un urbanismo salvaje y de una burbuja inmobiliaria que no se supo o no se quiso parar? Ahí tenemos a Bankia, arrastrada al abismo precisamente por los activos tóxicos procedentes del ladrillo. Un abismo que parece arrastrarnos a todos y que, si no se remedia, va a costarnos miles de millones de euros de dinero público mientras se recortan servicios básicos para la ciudadanía.
Sin embargo, parece que esté modelo, el de los 5 millones de parados, sigue teniendo defensores en diferentes instancias y que podría volver.
La falta de alternativas de los grandes partidos le abre el camino. Ahora no vendrá de la mano de una banca fuertemente endeudada, sino a través de inversores o fondos extranjeros específicos que buscan dónde invertir.
El neoladrillismo no es masivo, ni se da en cualquier parte. Busca lugares de especial valor para proyectos de alto standing que puedan comercializarse perfectamente entre inversores extranjeros. Puede ser un buen negocio para ellos, pero en España sólo dejará más destrucción agotando todavía más el atractivo turístico de nuestra costa, a cambio de muy poco.
Ya hemos visto lo que nos ha traído la economía del ladrillo. Volver a escuchar los mismos argumentos de hace una década para justificar que se enladrille la playa de Valdevaqueros en Tarifa es inaceptable. No debemos permitirlo. No podemos consentir que una vez más se engañe a la gente con un falso desarrollo cuyas consecuencias ya conocemos. Tenemos que decir no. Otra vez no.

* Juan López de Uralde / EQUO

* El Huffington Post - 7.6.12

9.6.12

El Pais 6 6 2012: Transparency Int'l - La corrupcion alimenta la crisis

For TI’s report in English:

http://www.transparency.org/whatwedo/pub/money_politics_and_power_corruption_risks_in_europe

La corrupción alimenta la crisis, alerta Transparency International

ELPAÍS* : La corrupción y sensación de corrupción en los poderes públicos que desespera a los españoles tiene a dos de cada tres convencidos de que España es el país más corrupto de Europa y al 81% pensando que los partidos políticos son corruptos o muy corruptos. Otros tienen una opinión parecida de sí mismos (el 65% de los italianos otorgan a su país la medalla de oro en corrupción, con idéntico criterio que los españoles sobre sus partidos). A todos da la razón Transparency International (TI), la entidad sin ánimo de lucro volcada en la lucha contra la corrupción, que en su último informe destaca que España, junto a sus primos de Grecia, Italia y Portugal, adolece de una grave carencia de responsabilidad de los poderes públicos y una ineficacia, negligencia y corrupción tan enraizadas como faltas de control o sanción. “Ya no se pueden pasar por alto los vínculos entre corrupción y las crisis financiera y presupuestaria en estos países”, señala Transparency.

La entidad, radicada en Alemania, se ha hecho un nombre por sus estudios y revelaciones sobre cloacas políticas y económicas en todo el mundo. En el informe, que hoy hace público, titulado Money, Politics and Power: Corruption Risks in Europa (Dinero, política y poder. Peligros de la corrupción en Europa), Transparency se centra en la falta de claridad con que se adoptan decisiones en los países europeos.

Ya a primeros de año un Eurobarómetro revelaba que tres de cada cuatro europeos consideran que la corrupción es un grave problema en su país y cómo la mitad de ellos considera que la corrupción no ha hecho sino ir a más en los pasados tres años. La inmensa mayoría de los europeos estima que sea cual sea el nivel político institucional (local, regional o nacional) está minado por la corrupción y que políticos y responsables de los concursos públicos enseñorean a placer ese patio de Monipodio, que solo en la faceta de concurso públicos mueve del orden de 1,8 billones de euros anuales a escala comunitaria. Hace unos días, el Pew Research Center, un centro de estudios de Estados Unidos, revelaba que italianos (65%), españoles (63%) y griegos (52%) se tienen a sí mismos por los más corruptos de Europa.

En el año 2011 hubo destacados juicios sobre corrupción en Francia e Italia y escándalos que sacudieron a las opiniones públicas en el Reino Unido (gastos privados de parlamentarios cargados como públicos), Noruega (fraudes en pensiones), República Checa y Rumania (clientelismo puro y duro) y Bulgaria, Finlandia y Eslovenia (conflictos de intereses). La corrupción y los indicios racionales de corrupción llevan años campando por sus respetos en España, sin ahorrar poderes e instituciones. El 80,8% de los españoles tiene para sí que los partidos políticos son corruptos o extremadamente corruptos, según TI. El mismo porcentaje que en Italia, superados ambos ligeramente por la frustración de rumanos y por mucho por los afligidos griegos (87,9%).

Dice Transparency, refiriéndose a los países del sur de Europa, que en ellos “la corrupción consiste con frecuencia en prácticas legales pero no éticas” fruto de la opacidad en las reglas que rigen a los grupos de presión, el tráfico de influencias o la permeabilidad entre los sectores público y privado.

El informe subraya que la financiación de los partidos políticos no está debidamente regulada en Europa, pese a ser un área de alto riesgo de corrupción, y que los códigos de buena conducta de que se han dotado algunos parlamentos (no todos) están llenos de agujeros. Quienes hacen la ley hacen la trampa, viene a decir Transparency que en el suculento negocio de los contratos públicos constata que las legislaciones nacionales se ajustan a las directivas de la UE “aunque es un secreto a voces que en muchos países estas normas con sistemáticamente burladas y que eso se hace con impunidad”.

“Hay demasiados Gobiernos que escabullen su responsabilidad en la gestión de las finanzas públicas y de los concursos públicos”, indica TI. “Peor incluso, solo dos países [Noruega y Reino Unido] protegen adecuadamente de represalias a quienes deciden denunciar presuntos delitos o conductas no éticas”.

Transparency hace notar cómo la frustración popular con la gestión de la cosa pública lanzó en 2011 a millares de jóvenes a las calles “indignados (…) por la incompetencia y la corrupción de los políticos” en España, Grecia, Italia y Portugal. “Las administraciones públicas de estos países carecían del marco legislativo para responder de sus actos y de mecanismos de integridad y de modos para su puesta en práctica efectiva”, apunta TI. “España, Grecia y Portugal son casos claros de cómo la ineficacia, los abusos y la corrupción no están suficientemente controlados o sancionados”.


* El País - RICARDO MARTÍNEZ DE RITUERTO Bruselas 6 JUN 2012

 

6.6.12

La Voz Digital 3 6 2012: Cadiz - Decenas de ordenes de demolicion de viviendas...

Cádiz.- Decenas de órdenes de demolición de viviendas ilegales sin ejecutar

LAVOZDIGITAL* : La reciente filtración a la prensa de una posible amnistía que estudia el Gobierno central para sacar de la ilegalidad una bolsa de cientos de miles de viviendas que salpican el territorio nacional de norte a sur; el decreto ya aprobado por la Junta para regularizar 250.000 inmuebles en la Comunidad -unas 40.000 solo en la provincia gaditana- que se levantaron incumpliendo los planeamientos urbanísticos; o bajando un peldaño más en las administraciones públicas, las actualizaciones de los planes locales de ordenación, que van todos encaminados a ampliar la superficie urbana e incluir en esos espacios terrenos que antes estaban vetados a la construcción. Una limitación que sin embargo no fue óbice para que surgieran como setas casas y más casas que fueron constituyendo en algunos casos auténticos núcleos de población que crecieron al margen de la ley y las normas. Todo este conjunto de medidas, algunas en proyecto y otras adoptadas por administraciones de distinto color político, están teniendo una influencia directa en la lucha que desde hace años se libra en los juzgados para perseguir y castigar los atentados contra el suelo.

Pese a las numerosas sentencias firmes que ordenan la demolición de viviendas ilegales, no se están ejecutando. O lo que es lo mismo, ante las previsibles regularizaciones masivas que se están ya produciendo a nivel local, regional y ahora se especula con medidas de carácter nacional, los jueces están echando el freno y suspendiendo las ejecuciones. La Justicia se queda a medio camino, dictando condenas que no se cumplen de forma escrupulosa. Si esto ocurriera con otro tipo de delitos, que generan mayor alarma social, el escándalo sería mayúsculo.
Al frente de esta batalla en contra de las viviendas ilegales se sitúa el Ministerio Fiscal y colectivos ecologistas, que son los únicos impulsores de las denuncias contra las construcciones fuera de la ley. En el caso de Cádiz, la Fiscalía de Medio Ambiente ha sido uno de las más activas a nivel nacional en la persecución de estos delitos. El anterior fiscal delegado en esta materia, Ángel Núñez, fue muy crítico durante el periodo que ejerció esa responsabilidad con los ayuntamientos, a los que culpó de su desidia para frenar el desarrollo urbanístico al margen de las normas.
Su sucesora, Patricia Navarro, mantiene esa misma línea de combate y una de sus reciente iniciativas ha sido elevar al Tribunal Supremo un recurso para que se posicione sobre la ejecución de los derribos como parte de la condena a la que se enfrentan los procesados. El movimiento de la Fiscalía es tratar de buscar una suerte de jurisprudencia que sirva para unificar criterios ante las sentencias dispares que se están produciendo, con jueces que ordenan esta medida y otros que la consideran excesiva. La propia Navarro, que se encontraba estos últimos días en unas jornadas sobre esta materia en Segovia, confirmó a este medio que aún no ha habido pronunciamiento. Sería la primera vez que el Supremo se posicione.
Mientras llega esta decisión, la realidad es tozuda e indica que las órdenes de demolición se han paralizado en la práctica. En febrero, un pleno de la Audiencia Provincial acordaba dejar en suspenso esa medida en aquellos supuestos en los que la vivienda hubiera sido regularizada gracias a la aprobación definitiva del planeamiento urbano que le afecta. Solo cuando haya una aprobación y no una previsión, se suspenderá la medida. Una decisión que librará de la pica a miles de viviendas que serán legalizadas gracias a nuevos PGOUs como el de El Puerto o el POTA de la Costa Noroeste.
En estos momentos, la Fiscalía de Medio Ambiente tiene un registro de medio centenar de sentencias firmes sin ejecutar, en las que se ordena al procesado que tire el inmueble que levantó incurriendo en un delito contra la ordenación del territorio. Algunos de esos fallos, en los que no cabe recurso alguno, fueron dictados antes de 2008. Es decir, hay edificaciones en esta provincia sobre las que pesa una orden de demolición desde hace cinco o más años que siguen en pie, generando una «sensación de total impunidad», como subraya una y otra vez la fiscal delegada Patricia Navarro cuando se le pregunta por este asunto.
Desde noviembre de 2010
La última vez que actuó la pica por orden judicial se produjo en noviembre de 2010. Y fue un derribo parcial de una edificación levantada en Grazalema, en pleno Parque Natural, que desvió el cauce del río Guadalete. Un atentado ecológico que comenzó a fraguarse en 2005 y que generó un chorreo de denuncias de colectivos como Ecologistas en Acción. Un año después de arrancar los trabajos, la Justicia anulaba la licencia que otorgó la alcaldesa socialista María José Lara, que terminaría imputada en la operación que inició la Guardia Civil ('caso Pinsapar') junto a su tío, Antonio Mateos y predecesor suyo en el cargo. Una investigación que destapó una trama de cobro de comisiones, que llevó al exarquitecto municipal a la cárcel. Este profesional recibió en abril pasado la ratificación definitiva por vía contenciosa que debía tirar su casa, que había construido en suelo protegido. Un ejemplo de cómo gestores públicos han incumplido alegremente con las normas urbanísticas. Esta orden de demolición se suma a la carpeta de pendientes de ejecución y sin fecha de materialización.
Si a la ya crónica falta de diligencia en estos asuntos que han demostrado los ayuntamientos, que durante años han permitido que fuera creciendo un parque inmobiliario ilegal en sus municipios, la crisis también se cuela con sus efectos en este problema. Una vez más, la actual situación económica está siendo determinante o sirve de perfecta excusa para no acometer las órdenes de demolición que la Justicia dicta.
La Ley establece que si el propietario del inmueble no ejecuta esa medida, debe ser la Administración quien la lleve a cabo de manera subsidiaria. «La respuesta que estamos recibiendo es que no hay dinero para afrontar esos trabajos y se dejan sin hacer», reconoce la fiscal de Medio Ambiente. También se suma, como apuntan desde los ayuntamientos, que no hay ofertas por parte de empresas especializadas para hacerse cargo de esos trabajos «porque socialmente están mal vistos».
La presión ejercida por los dueños de viviendas ilegales, que han llegado a constituir hasta formaciones políticas con capacidad de decisión (el caso del Partido Vecinal de Chiclana que se ha hecho cargo de las carteras de Urbanismo y Obras en virtud del pacto de gobierno sellado con el PP) se está traduciendo en más influencia. Algo que viene advirtiendo la Fiscalía de Cádiz, que ha denunciado en reiteradas ocasiones como estos colectivos son 'lobbies' de poder.
Pero la provincia de Cádiz no es ni mucho menos una excepción; si bien, dada su situación geográfica con uno de los litorales más apreciados del país está sometida a más ataques contra el suelo que cualquier provincia del interior. Aunque también en los lugares sin costa, los desmanes urbanísticos se siguen dando. Así, en la última memoria hecha pública por la Fiscalía Superior de Justicia de Andalucía, el responsable del Ministerio Público en Córdoba, denunciaba la permanencia de las construcciones ilegales, de lo que responsabilizaba a «la escasez de órdenes de demolición y el generalizado incumplimiento de las que se acaban dictando. Para que la persecución de estos ilícitos y su sanción puedan tener alguna efectividad, es imprescindible eliminar el ilícito beneficio que produce el delito urbanístico».
Tal y como se está aplicando la ley en estos momentos, los fiscales reconocen que los condenados por edificaciones ilegales «terminan consiguiendo sus propósitos» porque en la práctica solo están afrontando el pago de una multa, las condenas de cárcel no se ejecutan porque en la mayoría de los casos los procesados no tienen antecedentes; mientras que observan cómo sus viviendas se libran de la pica y solo tienen que esperar la llegada de algún proceso regularizador que incluya su propiedad entre las zonas urbanizables.


* La Voz Digital - SILVIA TUBIO - 3.6.12
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz). viviendas 'ilegales' carretera Sanlúcar - diariodecadiz.com

 

2.6.12

El Pais 2 6 2012: La amnestia urbanistica...


EDITORIAL


Consentir la ilegalidad


La amnistía urbanística que propone Fomento desaira a los jueces y se inhibe ante la corrupción



El País 2 JUN 2012 - 00:00 CET


El Gobierno se dispone a afrontar el problema de las urbanizaciones ilegales construidas en toda España, en especial en el litoral, con un proyecto de amnistía urbanística difícil de aceptar por los ciudadanos que hayan adquirido legalmente su vivienda (una gran mayoría) y pagado puntualmente los impuestos. Fomento ha enviado a las comunidades autónomas, para recoger las alegaciones oportunas, un documento en el que se plantea, a través de modificaciones en las leyes del Suelo, de Propiedad Horizontal y de Economía Sostenible, que las sentencias para demoler una edificación ilegal queden suspendidas cuando se demuestre que tales viviendas las habita un tercero (es decir, un comprador de la vivienda que la ha adquirido a un promotor) de buena fe.

Como suele suceder, la declaración de intenciones del documento nada tiene que ver con los efectos que produciría si se convierte en una amnistía efectiva y menos aún con los objetivos políticos que deja traslucir. Un cambio legal de esta naturaleza acabaría con la inquietud de decenas de miles de compradores de viviendas en urbanizaciones con licencias irregulares. Resolvería también un atasco administrativo, puesto que los tribunales tramitan con excesiva lentitud las causas contra las promociones ilegales y la ejecución de los derribos se eterniza. La amnistía reconocería así, de forma implícita, la incapacidad de la legislación y del aparato jurídico español para aplicar con presteza las soluciones adecuadas.

Pero esta condonación urbanística colocaría en desventaja a los municipios y ciudadanos que actuaron correctamente, los que han sufrido el rigor de los trámites y pagado las tasas e impuestos correspondientes. Y dejaría en situación desairada a los jueces que han dictado las demoliciones de acuerdo con leyes y reglamentos que respeta una mayoría de la población. Equivaldría a una claudicación. No es posible suspender demoliciones aprobadas judicialmente, de la misma forma que no se puede amnistiar a un defraudador fiscal condenado con sentencia firme.

Tampoco es aceptable medir o pesar la buena fe del comprador. Quien compra una vivienda está obligado a cerciorarse, porque nada le exime de cumplir la ley, si satisface los requisitos administrativos necesarios. Exactamente por la misma razón que no se le olvida comprobar que no tiene cargas hipotecarias.

La propuesta de Fomento tiene lecturas políticas desfavorables. Una interpretación verosímil es que el Gobierno pretende granjearse los votos de los compradores implicados, de buena o mala fe, en promociones ilegales. Sería además un error que la economía que quiere recuperar el Gobierno estuviera fundada en la construcción y en una nueva etapa de recalificación masiva de suelos. El problema político es que los votantes no ven hoy las consecuencias de una burbuja inmobiliaria, con sus secuelas de desorden urbanístico y corrupción, con los mismos ojos que en 1999.

1.6.12

La Voz de Almeria 1 6 2012: El gobierno prepara una posible amnistia para las casas...

 

 

El Gobierno prepara una posible amnistía para las casas que deban derribarse

En el Almanzora hay más de cincuenta viviendas ilegales sobre las que pesa una orden de demolición

Guillermo Mirón [ 01/06/2012 - 07:00 ]

Ana Pastor, ministra de Fomento [ LA VOZ ]

Las partes implicadas en la problemática urbanística de las casas ilegales han acogido con optimismo la noticia de una posible amnistía por parte del Ministerio de Fomento para aquellas construcciones ilegales sobre las que pese una orden de demolición. Por el momento, el Gobierno central, según diversas fuentes, ha remitido a ayuntamientos y comunidades un documento que más adelante podría aplicarse como legislación urbanística y que impediría el derribo de casas ilegales que estén envueltas en un proceso judicial en su contra, siempre y cuando hayan sido adquiridas de buena fe por parte de sus inquilinos.

“Será causa de imposibilidad legal de ejecutar una sentencia o acto administrativo firmes en virtud de los cuales haya de demolerse una edificación, el hecho de que los propietarios de todo o parte de la misma hubieren adquirido su derecho”, reza el documento elaborado por Fomento. En el Valle del Almanzora existen decenas de casas ilegales sobre las que, en la actualidad, pesa una orden de demolición.

Procesos judiciales
Sin embargo, esta medida, en caso de ser aplicada, no supondría la paralización del proceso judicial, por lo que las personas implicadas en estas causas -habitualmente promotores, arquitectos o responsables políticos- no obtendrían beneficio alguno. Alfredo Najas, abogado especializado en materia urbanística, cree que “el impacto que puede tener en el Almanzora” de salir adelante la propuesta “puede ser muy amplio, aunque hay que dejar claro que no va a solucionar todos los problemas, sino que solamente afectará a las viviendas que estén totalmente terminadas y ocupadas”. El letrado ponecomo ejemplo 11 casas en el término municipal de Albox cuya licencia, otorgada en 2002, se declaró nula y afirma que “estas posibles modificaciones legislativas acabarían con estas situaciones”, aunque advierte que “hay que tener cautela” ya que se trata de “un borrador” y no acabaría con “todos los problemas existentes”.

Llamamiento de AUAN
Por parte de la asociación mayoritaria de británicos afectados por los procesos contra este tipo de edificaciones, Abusos Urbanísticos Almanzora No (AUAN), Gerardo Vázquez, abogado de este colectivo, ha realizado un “llamamiento” a “políticos, alcaldes y asociaciones” para que “apoyen esta iniciativa”.

Vázquez ha valorado “positivamente” los detalles del borrador que se han dado a conocer hasta el momento, del mismo modo que considera que la normativa “debe tener en cuenta la realidad social que existe, por lo que espera que desde Fomento y los “responsables de esta iniciativa tengan en cuenta el punto de vista de los afectados. Que no se haga en un despacho alejado de la realidad. Que cuenten con nosotros. Estamos dispuestos a colaborar por una solución”, ha manifestado.

 

El Pais 30 5 2012: Fomento estudia una amnistia para miles de viviendal ilegales

 

 

Fomento estudia una amnistía para miles de viviendas ilegales

ELPAÍS* : El Ministerio de Fomento estudia una amnistía que, de aprobarse así, afectaría a decenas de miles de viviendas ilegales. Se trata de eludir la demolición en edificaciones con sentencia firme en contra, siempre que haya un tercero de buena fe ocupando el inmueble. Así figura en un documento de reforma de la legislación urbanística enviado a comunidades y Ayuntamientos para alegaciones. Esto afectaría a decenas de miles de edificaciones (imposible saber el número) por toda España, pero principalmente en el litoral: Marbella, la costa cántabra, la Axarquía de Málaga, Almería... Fuentes del ministerio afirman que se trata solo de un “documento técnico sin respaldo político abierto a sugerencias”.

Fomento ha preparado un documento de 58 páginas “a favor de la rehabilitación, la regeneración y la renovación urbanas”, en el que incluye cambios en la Ley del Suelo, la de Propiedad Horizontal, la de Economía Sostenible y un decreto ley de 2011 de racionalización del gasto público. El ministerio insiste en que queda un largo camino por delante, que muchas partes pueden sufrir cambios y que es un texto muy técnico, “sin respaldo político”, para recibir sugerencias y alegaciones.

El texto intenta facilitar la renovación y rehabilitación de viviendas, la salida natural para el sector de la construcción. El borrador destaca que “existe actualmente suelo capaz de acoger nuevos crecimientos urbanísticos para los próximos 45 años” mientras que “el stock de la ya construida, sin vender y vacía, está tan sobredimensionado”, que la construcción de vivienda nueva ha caído un 88%.

Entre reformas para facilitar la rehabilitación, figura un cambio en la Ley del Suelo de calado. Ahí, con una redacción algo críptica, señala que “será causa de imposibilidad legal de ejecutar una sentencia o acto administrativo firmes, en virtud de los cuales haya de demolerse una edificación, el hecho de que los propietarios de todo o parte de la misma hubieren adquirido su derecho” de acuerdo con el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, el que hace referencia a la inscripción en el registro de los terceros de buena fe.

Es decir, que quienes compraron casas en Marbella que luego fueron declaradas ilegales, si lo hicieron con todos los papeles municipales, no deberían temer el derribo. En muchos casos (el Puerto de Santa María, la Axarquía de Málaga, el interior de Almería o la costa cántabra), los Ayuntamientos dieron licencia a chalés y urbanizaciones en terreno rústico. Esas licencias fueron anuladas por los tribunales cuando las casas estaban ya vendidas e inscritas.

Un caso típico es el de la comarca de la Axarquía, en Málaga, donde puede haber unas 10.000 viviendas construidas sobre terreno rústico. Allí, los dueños parcelaban terrenos en los que solo estaba permitido una casa para los aperos de labranza y levantaban chalés con el visto bueno de los municipios. Con frecuencia eran vendidos a británicos que luego descubrían que eran ilegales.

Aunque se actuara por la vía penal contra los regidores que dieron licencias, ejecutar la demolición de las viviendas era mucho más complicado. En la costa de Cantabria también hay urbanizaciones enteras con sentencia de derribo y con cientos de propietarios que compraron con permiso.

El texto de Fomento añade que para beneficiarse de este cambio legal, las construcciones deberían cumplir cuatro condiciones. Las viviendas deben estar terminadas (no se aplica a obras aún en marcha). Además, la compraventa debe ser posterior al fin de la obra, de forma que no sea el promotor quien se beneficie de la amnistía, y no debe exceder la licencia o el plan urbanístico que fue declarado ilegal. Por último, no puede estar en dominio público (cauces de ríos o en primera línea de playa) ni de defensa y no suponer un riesgo para las personas.

La norma no afectaría a las casas construidas directamente sobre la playa, el dominio público marítimo-terrestre. Para las levantadas allí legalmente antes de la Ley de Costas, de 1988, el Ministerio de Medio Ambiente prepara una reforma de la Ley de Costas. Según ha anunciado a su Consejo Asesor, lo construido en terrenos degradados podrá desafectarse de forma sencilla. Ese es el trámite para convertir el dominio público en privado y afectaría a barrios enteros como El Palo, en Málaga.

La última memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo relata la dificultad para ejecutar las sentencias de demolición y cómo en algunas zonas hay un conflicto social por el tema. La Fiscalía de Cádiz resalta la existencia de “verdaderos grupos de presión para la regularización de viviendas ilegales, evitándose con ello las procedentes demoliciones”. “Los autores de construcciones ilegales constituidos en asociaciones se convierten en auténticos lobbies o grupos de poder que tratan de imponer la línea a seguir a los Ayuntamientos en el ejercicio de la disciplina urbanística [...] Tales grupos no solo exigen la legalización de sus edificaciones —muchas de ellas incursas en procedimientos penales— sino que, con base en su supuesta incapacidad de hacer frente a los gastos, tratan además de que todo lo que supone la ejecución de infraestructuras, dotaciones y servicios públicos [...] se financie con fondos públicos”.

En enero pasado, la Junta de Andalucía, del PSOE, aprobó un decreto que daba “reconocimiento jurídico” a entre 300.000 y 350.000 viviendas aisladas. “Son viviendas que no pueden ser demolidas ni legalizadas”, explicó la entonces consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz Villalón.

El documento de Fomento también plantea un cambio en la Ley de Propiedad Horizontal para favorecer la aprobación de ciertas obras en las comunidades de vecinos. Para instalar obras de telefonía o paneles solares, solo hará falta un tercio de los votos de los propietarios, frente a los tres quintos actuales. Para los postes de recarga de coches eléctricos en el aparcamiento bastará con notificarlo a la comunidad.


* El País - RAFAEL MÉNDEZ - 30 MAY 2012
Foto: Vista aérea de urbanizaciones levantadas en Marbella. / JULIÁN ROJAS